El Tribunal Supremo ha rechazado una querella que interpuso la organización ultracatólica Hazte oír contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la entrada en España y posterior huida del expresident catalán Carles Puigdemont el verano pasado. La querella también se dirigía contra el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; responsables policiales en el momento de los hechos, como el director adjunto operativo de la Policía, el director de la Guardia Civil y el de los Mossos; o la directora del CNI, entre otros.
En un auto dictado el pasado mes de octubre, el alto tribunal inadmite la querella presentada por esta organización y por un particular, que "únicamente describe" las responsabilidades inherentes a los diversos cargos enumerados, pero no "concreta conducta alguna por parte de los mismos". Según el Supremo, los querellantes "nada indican de cómo ordenaron o de qué modo se valieron para que los integrantes de los diversos cuerpos policiales fracasaren" en la detención de Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando reapareció fugazmente en Barcelona, dio un breve discurso antes de la investidura de Illa como president y huyó del país sin ser arrestado.
Para rechazar la querella, en la que pedían investigar si los querellados incurrieron en omisión del deber de perseguir delitos, el tribunal recuerda su jurisprudencia: "no puede fijarse la competencia del Supremo más que cuando se comprueba que existen indicios fundados de responsabilidad frente a un aforado". Tras la reaparición en Barcelona del líder de Junts, contra el que sigue pesando una orden nacional de detención por malversación en el "procés", el juez del Supremo Pablo Llarena encargó y después envió a los juzgados de Barcelona varios informes policiales, al considerar que podría haberse incurrido en delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.
Las comisiones de Desarrollo Regional y de Empleo del Parlamento Europeo respaldaron este lunes la normativa que facilitará que España pueda redirigir fondos de cohesión a hacer frente a las consecuencias de la dana y que será sometida a votación por el conjunto del Hemiciclo en la sesión de diciembre. La normativa (bautizada como Restore) flexibiliza el uso de los fondos de Cohesión para que una parte de los mismos puedan ser redirigidos a la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres climáticos como las recientes inundaciones en España, así como para ofrecer cuidados sanitarios, alimentos o financiar programas de desempleo temporal.
Así, los países podrán redirigir a estas medidas hasta un 10 % de sus fondos regionales - el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo de Cohesión - y además podrán hacerlo sin necesidad de aportar recursos nacionales (el 100 % de la financiación será europea).
Pero para ello, la normativa debe ser adoptada antes por el Parlamento Europeo, que acordó seguir un procedimiento de urgencia, y el Consejo de la UE (la institución que representa a los gobiernos). El presupuesto de la Unión Europea para 2025 ya incluye una partida de 3.000 millones de euros de fondos de cohesión programados para responder a desastres naturales, pero no serán accesibles hasta que no se apruebe el reglamento Restore.
Con el paso de este lunes, el informe sin enmiendas de las comisiones parlamentarias de Desarrollo Regional y de Empleo pasará directamente al pleno de la Eurocámara, lo que agiliza su tramitación. Esta decisión fue adoptada sin objeciones al término del primer intercambio sobre la normativa por parte de los eurodiputados de ambas comisiones en un debate en la que todos los grupos parlamentarios se mostraron a favor de la propuesta.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Joaquín Aguirre que archive la investigación inicial sobre la injerencia rusa en el procés que la Audiencia de Barcelona frenó en una resolución del pasado de 4 junio, por considerar que se había prorrogado injustificadamente. En un escrito, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el fiscal Ricardo Sanz Gadea solicita el archivo de esa pieza inicial sobre lo que él mismo llama "trama rusa del procés", porque las pruebas que figuran en ella son insuficientes para enviar el caso a juicio.
La Audiencia de Barcelona frenó el 4 de junio esa investigación abierta por delitos de malversación y blanqueo de capitales, en una resolución que anulaba la prórroga acordada por el juez instructor en agosto de 2023 y las diligencias encargadas desde esa fecha y le ordenaba que archivara ya la causa o la enviara a juicio. Para sortear la decisión de la Audiencia, el juez instructor abrió el pasado 21 de junio otra pieza separada que luego remitió al Tribunal Supremo, en la que implica a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas en las supuestas relaciones con el Kremlin por el procés y pide que se les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal.
La pieza inicial sobre la llamada "trama rusa" se abrió en 2019, por los delitos de malversación y blanqueo de capitales, a raíz de una conversación intervenida al excargo de CDC Víctor Terradellas sobre un supuesto apoyo del Kremlin al procés. En el marco de esa pieza, el juez pidió a la Audiencia Nacional que le remitiera sus informes sobre la supuesta presencia de agentes de los servicios secretos rusos en España que el tribunal estaba indagando, a raíz de la declaración de un testigo protegido y de datos de la Comisaría General de Información. No obstante, la Audiencia respondió al juzgado que esa investigación fue archivada porque carecía de "toda relevancia penal", según menciona el propio fiscal en su escrito.
El Moviment Feminista de València ha convocado una marcha este lunes por las calles de València contra todas las formas de violencia machista y con las mujeres más vulnerables en las zonas afectadas por la dana en el punto de mira, para exigir un compromiso real de las instituciones en su erradicación ante el aumento de la violencia sexual.
Con el lema 'Contra totes les violències masclistes, Fartes d'Impunitat', la manifestación ha comenzado a las 19:00 horas en Porta de la Mar y ha seguido su recorrido por la calle Colón hasta la plaza del Ayuntamiento, donde mujeres supervivientes de violencia machista han leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la cabecera de la manifestación han estado presentes líderes del movimiento feminista y mujeres supervivientes de la violencia machista. A la marcha se ha sumado también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.
Este año ponen el foco en las mujeres que sufren una situación de mayor vulnerabilidad en las zonas afectadas por la dana, y piden recursos para la información, atención, protección y reparación de las mujeres afectadas por la dana, que se acondicionen de manera inmediata viviendas seguras para mujeres maltratadas y sus hijos, se estructure un sistema de ayuda para las mujeres en situación irregular y no se olvide a las mujeres prostituidas de las carreteras, rotondas y pisos que se han visto afectadas por la destrucción de la dana.
Mientras, de la Glorieta de Atocha partía la marcha de la Comisión 8M en la que participa la eurodiputada y exministra Irene Montero, quien ha defendido que las mujeres ya no se callan y rompen su silencio: "Necesitamos más feminismos porque sigue haciendo quien niega las violencias machistas".
Montero ha sido preguntada por la denuncia por agresión al exdiputado Íñigo Errejón y ha advertido de que siempre se ha protegido a los agresores y se cuestiona a las víctimas, pero eso es lo que ha cambiado el feminismo.
"Las mujeres ya no nos callamos y ya no toleramos esa impunidad de los agresores", ha indicado.
En esta línea ya se habían manifestado Amaya Ugarte y Ana Martínez, del Movimiento 8M, quienes han explicado sobre la denuncia a Errejón que "no es noticia que un hombre, sea político, sea quien sea, tenga actitudes machista, lo que es noticia es que las mujeres nos estamos organizando para denunciar esas violencias, por las vías que elegimos y por el modo que elegimos".
Sobre la división una vez más la conmemoración en las calles de este 25N, ambas han subrayado que la convocatoria de su movimiento es una marcha "inclusiva, abierta y en la que siempre van a caminar de la mano de las personas que buscan ampliar nuestros derechos".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha comprometido a seguir buscando el consenso en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de machista en el arranque de una de las dos manifestaciones por el 25N que recorren las calles de la capital.
El Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres se conmemora este lunes con marchas por numerosas ciudades, que en el caso de Madrid vuelve a mostrar las diferencias del movimiento feminista.
Redondo ha asistido junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, y a la titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáinz, a la marcha convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid que ha partido de la Glorieta de Cibeles, encabezada con el lema 'Combatir el sexismo para erradicar la violencia contra las mujeres'.
"Somos un referente a nivel internacional, y todos los avances se han producido con grandes consensos. El consenso es una clave esencial, y vamos a seguir buscándolo en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia machista, porque hay nuevos retos en el horizonte, nuevos peligros realmente terribles, que nos acechan como sociedad", ha manifestado la ministra.
Redondo ha reivindicado la política y ha pedido el apoyo de los hombres en esta lucha, antes de recordar a las 41 víctimas de la violencia machista en lo que va de año. Ha advertido de las nuevas formas de violencia, como la violencia vicaria, la que recorre las redes sociales, la pornografía que llega a los jóvenes y, muy especialmente, el negacionismo.
"El negacionismo que mata y niega la evidencia", ha lamentado la titular de Igualdad, que marcha junto a sus compañeras de gabinete con una pancarta en la que se lee: "Mujeres iguales y libres".
Alrededor de dos mil personas, según cifras de la Guardia Urbana, han participado este lunes en la manifestación en el centro de Barcelona de denuncia de las violencias machistas convocada este 25N por la plataforma Novembre Feminista bajo el lema 'Vergüenza y miedo para los agresores", informa Efe.
La marcha reivindicativa ha partido de Paseo de Gracia con Diagonal y ha estado formada por distintos colectivos de mujeres, personas del colectivo LGTBI, además de sindicatos y partidos políticos (todos a excepción de PP y Vox).
Tras la pancarta de feministas socialistas se encontraban, entre otras, las conselleras de Igualdad y Educación, Eva Menor y Esther Niubó, respectivamente, así como la directora del Instituto Catalán de la Mujer (ICD), Sonia Guerra.
A diferencia de otras ciudades como Madrid o Sevilla, en Barcelona, como viene siendo habitual, ha habido una gran manifestación central unitaria.
Entre pancartas y cánticos, han destacado mensajes como "La noche es nuestra", "Viva la lucha feminista", "Si nos tocan a una nos tocan a todas", "Ninguna agresión sin respuesta" o "Hasta que no me maten no me van a creer".
Entre los participantes, una mayoría de mujeres, aunque también se han sumado hombres de todas las edades.
Serafina, de 72 años, que dice no perderse una manifestación feminista, ha dicho echar en falta "más chicas jóvenes". "Esto es por ellas, que son las que tienen la vida por delante", subraya en conversación con EFE.
Una de las portavoces de 'Novembre Feminista', Marisa Fernández, ha explicado que el lema de este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hace referencia a los casos recientes de Dominique Pelicot e Íñigo Errejón.
En el manifiesto han pedido que los agresores y los poderes públicos que puedan ampararles "asuman responsabilidad" y que, de una vez por todas, "el miedo cambie de bando" en los casos de violencia machista.
"Exigimos la erradicación de todas las formas de violencia machista, señalar a los agresores que actúan de forma impune y presionar a las autoridades y los gobiernos para que tomen medidas efectivas", añaden.
"El caso Pelicot, la mujer que fue drogada por su marido en innumerables ocasiones para que un centenar de hombres la violaran durante más de una década, ha removido el mundo entero y demuestra la absoluta impunidad con la que opera el machismo, y ratifica que las violencias contra las mujeres son transversales y no entienden de clase, raza, edad o ideología", subrayan en el manifiesto.
En esta línea, han hecho mención igualmente al caso del exportavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón, quien, apuntan, "abre la puerta a cuestionar que la ideología tampoco es una garantía para las mujeres".
El Parlamento Europeo se iluminó este lunes de color naranja para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una causa que unió de manera casi unánime a los grupos políticos durante un debate donde se homenajeó entre otras a Gisèle Pelicot o a Giulia Cecchettin, cuyo asesinato en 2023 conmocionó a Italia. "El 'sólo sí es sí' debe quedar claro y consagrado en la ley. Las horribles experiencias de Gisèle Pelicot deben ser un punto de no retorno a la hora de reconocer la necesidad de una legislación sobre la violación que se base en el consentimiento, en Francia y en la UE. Necesitamos una 'ley Gisèle Pelicot'", pidió la socialdemócrata sueca Evin Incir.
Pelicot, a quien su marido sedó durante años para que otros hombres la violaran, también estuvo presente en las palabras de la líder del grupo liberal, Valérie Hayer, que mentó su reclamo de que la vergüenza "cambie de bando" e insistió en que el consentimiento debe ser "libre, claro, entusiasta y retractable". "Pienso en nuestras madres, abuelas, hermanas e hijas, aquellas que no se han quejado y aquellas por quienes no se ha hecho justicia. La definición de la violación en Europa debe incluir el consentimiento. Es una lucha de toda la sociedad, no de géneros", subrayó.
En su primera ley de violencia machista, aprobada meses antes de las últimas elecciones, la Unión Europea no logró incluir la definición del delito de violación basada en la ausencia de consentimiento; la insistencia casi unánime de todo el arco parlamentario no logró sortear el bloqueo de Francia y Alemania pese a sus jefes de Gobierno liberal y socialdemócrata respectivamente.
El fiscal especial Jack Smith solicitó este lunes desestimar el caso contra el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el asalto el Capitolio de 2021 antes de que asuma el poder, el 20 de enero de 2025. En un escrito judicial, Smith remarcó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y que la política interna del Departamento de Justicia le prohíbe proceder con acusaciones penales contra un presidente en ejercicio. Tras consultarlo con la Oficina de Asesoría Jurídica, Smith concluyó que "la acusación debe ser desestimada antes de que el acusado tome posesión".La jueza que lleva el caso, Tanya Chutkan, del tribunal federal del Distrito de Columbia, concedió el pasado 8 de noviembre una pausa al caso después de que así se lo solicitara el fiscal para tener tiempo para analizar las consecuencias del resultado electoral del pasado 5 de noviembre.
Trump, que ya fue presidente entre 2017 y 2021, está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 contra el actual mandatario, Joe Biden, y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El republicano se convirtió en mayo en el único expresidente de Estados Unidos declarado culpable en un caso penal, por falsificar documentos para hacer pagos irregulares a Stormy Daniels y tapar así su aventura con esa actriz porno, pero el juez aplazó la semana pasada sin fecha su sentencia.
El republicano dijo durante la campaña que en su primer día como presidente despediría a Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política. La victoria electoral de Trump, quien llegó a estar imputado por cuatro casos penales, le está permitiendo despejar su horizonte judicial.
Un enorme dispositivo policial ha impedido este lunes una marcha convocada por varios colectivos feministas en el centro de Estambul para protestar contra la violencia machista, aunque grupos pequeños han conseguido concentrarse momentáneamente en algunas zonas. La policía comenzó esta mañana a bloquear el acceso a la céntrica plaza de Taksim así como a la adyacente calle Istiklal, durante la década pasada escenario habitual de las marchas feministas, además de interrumpir el servicio de las líneas de metro y tranvía en el centro de la ciudad. Aún así, un centenar de activistas consiguió desplegar en un embarcadero en la orilla del Bósforo una pancarta que reivindicaba la "lucha contra la violencia masculina-estatal", así como carteles que pedían "derribar el patriarcado". "El asesino de mujeres es el régimen del AKP", rezaba un cartel, en referencia al partido islamista dirigido por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que gobierna Turquía desde 2002.
Se vivieron varios altercados entre agentes antidisturbios y activistas que intentaban derribar las barreras y la policía detuvo al menos a diez personas, según el diario Evrensel. A media tarde, otros grupos feministas habían convocado una protesta en Kadiköy, a la que acudieron cientos de mujeres, también entre fuertes medidas policiales, pero sin que se produjeran altercados. También en decenas de otras ciudades de Turquía se celebraban marchas y protestas, normalmente menores y sin enfrentamientos con la Policía.
Desde hace cinco años, el Gobierno impide regularmente las marchas de movimientos de la oposición por la céntrica calle Istiklal y las congregaciones en la plaza Taksim, hasta 2012 el escenario habitual para las protestas de los grupos de izquierda de Turquía. Además, el Gobierno turco decidió en 2021 abandonar el Convenio de Estambul para combatir la violencia machista, firmando originalmente en 2011 en esa ciudad turca, cuando Erdogan era primer ministro. El propio Erdogan justificó la salida en que, en su opinión, el documento había sido "secuestrado por un grupo de gente que intenta normalizar la homosexualidad, incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía". Cada año, entre 300 y 400 mujeres mueren por violencia machista en Turquía, país de 85 millones de habitantes, y en la gran mayoría de los casos, el agresor es la pareja, expareja o pretendiente. En ciertas regiones también se registran asesinatos cometidos por familiares para proteger el 'honor' familiar si una chica da lugar a habladurías en el vecindario.
Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, a un cayuco con 85 ocupantes de origen subsahariano y ha acudido en ayuda de otra embarcación precaria con unas 80 personas a bordo. El primer cayuco fue localizado a unos 16 kilómetros al sur de la isla y hasta allí se desplazó la Salvamar Adhara, que lo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga. Entre los ocupantes se encontraban cuatro menores.
La otra embarcación ha sido localizada por una avioneta a 80,4 kilómetros de la isla y hasta allí se ha desplazado la Salvamar Acrux que la escolta hasta el puerto herreno, al que llegará sobre las 20:30 horas. En este cayuco podrían viajar unas 80 personas, entre las que habría unos tres menores.