Bendodo acusa al PSOE de pasar "a cuchillo" a quienes se enfrentan a la dirección

Entidades sociales, como Andalucía Acoge, Cear y el Servicio Jesuita a Migrantes, han reclamado al Gobierno "medidas específicas" para los migrantes afectados por la dana para que no queden excluidos de la respuesta extraordinaria por los daños causados a la población.

En una carta remitida a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Trabajo, esas entidades, junto a Red Acoge, la Asociación Rumiñahui y Convive Fundación Cepaim, identifican las dificultades a las que se enfrentan las personas migrantes afectadas por la dana, como la de demostrar que cumplen con los requisitos necesarios o para la presentación de los documentos para la solicitud.

Las organizaciones de atención a los migrantes advierten de que las consecuencias económicas y sociales han dejado en evidencia la enorme desprotección de las personas en situación de irregularidad administrativa.

Reclaman medidas para facilitar su regularización como vía para proteger sus derechos y garantizar su seguridad, así como para flexibilizar los requisitos de quienes tienen que renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo.

El Ejército libanés acusó este jueves a Israel de haber violado el acuerdo de alto el fuego "en varias ocasiones" tras su entrada en vigor la madrugada del miércoles, 27 de noviembre, y afirmó que las fuerzas israelíes realizaron "incursiones aéreas y ataques" en el Líbano.

"Los días 27 y 28 de noviembre de 2024, tras el anuncio del acuerdo de alto el fuego, el enemigo israelí violó el acuerdo en varias ocasiones, mediante incursiones aéreas y ataques con diversas armas contra el territorio libanés", denunciaron las Fuerzas Armadas del Líbano en un escueto comunicado. Asimismo, añadió que "el Comando del Ejército está haciendo un seguimiento de estas violaciones en coordinación con las autoridades pertinentes", sin aportar más detalles.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego la madrugada del miércoles se han registrado varios incidentes en territorio libanés que han hecho saltar las alarmas ante los miedos de una posible ruptura de la tregua.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado a los rectores de las seis universidades públicas de Madrid a una reunión el 3 de diciembre para tratar sobre la financiación universitaria, después de que los consejos de gobierno de las universidades hayan aprobado este jueves "acciones consensuadas" ante su "infrafinanciación".

Esta postura común ha sido sometida a votación en los consejos extraordinarios celebrados este jueves, arrojando "unanimidad" en cinco de las seis universidades y una amplia mayoría no unánime en el consejo de la Rey Juan Carlos (URJC) donde ha habido una abstención, según han confirmado a EFE fuentes universitarias.

Tras ello, han publicado una carta abierta a la presidenta mostrando su “profunda preocupación” ante el borrador de Presupuestos del Gobierno regional para 2025, aprobado el 30 de octubre, que “no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva Ley de Universidades”. “Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad”, indica la carta.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves una modificación normativa para prohibir que las empresas que personalizan precios de forma automática no los puedan subir en aquellas situaciones que puedan calificarse de emergencia de protección civil, como lo es la dana.

En concreto, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha dado el visto bueno a un decreto ley con el que se ha reforma la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para los casos en los que no pueda fijarse con exactitud el precio de una oferta comercial por la naturaleza del servicio o del producto.

Son casos, según explica el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, en los que los precios se acaban personalizando de forma automatizada, como ocurre a la hora de contratar viajes en vehículos VTC o de alquilar un alojamiento de forma online.

En estos supuestos, no podrá haber incrementos del precio final de venta en "contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora", según detalla el texto.

Además, se ha acordado limitar el precio para la venta de vehículos a motor dentro del 'Plan Reinicia Auto+', aprobado para dar ayudas económicas a las personas, físicas o jurídicas, que necesiten comprar cualquier tipo de vehículo a motor porque lo perdieron durante la dana.

Los socios habituales del Gobierno han respaldado su actuación en favor de la paz ante la escalada bélica en Oriente Próximo, pero han pedido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que sea más ambicioso en las medidas mientras que el PP y Vox han enmendado de manera global toda su gestión. Ha sido durante la comparecencia este jueves del ministro en el pleno del Congreso para explicar la gestión del Gobierno tras los atentados de Hamas del 7 de octubre del año pasado y la posterior guerra desatada en Gaza y después en el Líbano.

Entre los apoyos del Ejecutivo, su socio de Sumar ha avalado todos los pasos que se han ido dando parar la guerra, como el reconocimiento del Estado palestino o el apoyo a UNRWA, aunque su portavoz de Exteriores, Agustín Santos, ha planteado impulsar otros pasos como revisar todos los acuerdos de asociación con Israel o "acompañar a los sectores israelíes que también han sido víctimas, como los rehenes y sus familias".

También ha valorado la acción del Gobierno el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, quien sin embargo ha lamentado la "incapacidad" de la Unión Europea para acabar con esta situación. Desde ERC, su diputado Jordi Salvador i Duch también ha respaldado la labor de Albares y ha agradecido al ministro que haya diferenciado entre "Gobierno de Israel, Estado de Israel y pueblo de Israel" porque, según ha dicho, "no son lo mismo".

La diputada de Junts, Marta Madrena ha abogado por no conculcar ni los límites que marcan los tratados internacionales, ni el derecho humanitario, y también ha pedido saber cuál será el siguiente paso tras el reconocimiento del Estado Palestino. En el turno del PNV, Aitor Esteban cree que el ministro se ha mostrado "muy optimista y buenista" porque la UE en Oriente Próximo "no pinta nada y menos España" y considera que Israel es "un Estado bullying".

A Podemos, como ha dejado caer Javier Sánchez, no le satisface lo que ha hecho hasta ahora Exteriores ante "el peor genocidio en lo que llevamos de siglo" y también ha vuelto a pedir al ministro documentación que acredite que no están atracando en puertos españoles barcos con armas para Israel.

Desde la bancada popular el diputado Carlos Floriano ha protagonizado la parte más crítica de la comparecencia al centrarse en el caso Koldo para atacar al Gobierno, preguntándole si es capaz de "asegurar" que ningún miembro del Gobierno tiene a "algún comisionista", en alusión a Víctor de Aldama, realizando labores de intermediación en el extranjero.

También Vox ha cargado contra el trabajo de Albares por comparecer en el Congreso para hacer "ostentación del supuesto liderazgo de España", ha reprochado el diputado Carlos Flores al referirse a la afirmación que ha hecho Albares asegurando que "ningún país ha hecho tanto como España para la paz en Oriente Medio".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitara España el Gobierno aplicaría la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI): "Vamos a cumplir con todas las obligaciones".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso tras su comparecencia sobre la política del Gobierno en Oriente Medio, el titular de Exteriores ha dicho, en el caso de que Netanyahu visitara España, que se aplicaría la orden de arresto que emitió la pasada semana la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí y contra el exministro de Defensa, Yova Gallant.

"La Corte Penal Internacional tiene un Estatuto de Roma del que España es fundador y que implica una serie de obligaciones, y nosotros vamos a cumplir con todas las que impone", ha apuntado.

Precisamente, durante su comparecencia en el Congreso, Albares ha anunciado una contribución adicional de 1,6 millones de euros para la Corte Penal Internacional (CPI).

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la designación de José Pablo López Sánchez como nuevo presidente de RTVE, cadena a la que volverá tras ser cesado en marzo como director de Contenidos Generales por diferencias de criterio en las decisiones de contratación.

Por 178 votos a favor, dos por encima de la mayoría absoluta, y sin la participación de PP, ni Vox, la propuesta de los socialistas de nombrar a José Pablo López presidente ha salido adelante con el apoyo de los socios del Gobierno.

Al igual que sucedió con la designación de los nuevos vocales de RTVE, para elegir a José Pablo López ha sido necesaria una segunda votación ya que en la primera no logró el respaldo de las dos terceras partes de las Cámaras, como exige el nuevo decreto. 

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha aclarado que las ayudas directas que percibirán los afectados por la dana no deben devolverse y que los beneficiarios de créditos no tendrán que pagar intereses, después de que el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya criticado al Gobierno por exigirlos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha tachado de "mentira" las informaciones que apuntan a que el dinero recibido por los damnificados tendrá que devolverse y ha recalcado que de los más de 16.000 millones comprometidos por el Gobierno unos 10.000 "son ayudas directas que no se tienen que devolver".

"Y por supuesto es mentira que estemos cobrando intereses por los créditos. Es sencillamente mentira", ha remarcado en su comparecencia.

Sin embargo, el presidente Carlos Mazón ha calificado de "inmoralidad" que el Ejecutivo "exija intereses" por las "ayudas" a los afectados por la catástrofe.

El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha trasladado su "plena confianza en la Justicia" ante su próxima declaración por el caso abierto contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha asegurado que "si se llamara Juan Pérez no habría caso".

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la XL Feria Agroganadera de Trujillo (Cáceres), Gallardo ha tildado el proceso judicial de una "estrategia bien planificada para erosionar al adversario político" y ha mostrado su tranquilidad porque "cuando uno no ha hecho nada, no tiene nada que temer".

A su juicio, el informe de la UCO no tiene ningún "reproche penal" y muestra que la Diputación de Badajoz "ha cumplido estrictamente la legalidad" en la contratación de Sánchez. Asimismo, Gallardo ha asegurado que tiene el apoyo de su partido y que se presentará a la reelección como secretario en Extremadura con "más ganas, más fuerzas y más ilusión".

"Se puede estar de acuerdo en la creación de una plaza sí o no, pero eso es una potestad de autoorganización de la propia Administración", ha apuntado a la vez que ha defendido el proceso de contratación de David Sánchez en la institución provincial.

David Sánchez inició su relación laboral con la Diputación en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios de música y seis años después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Así, Gallardo ha explicado que la plaza de Sánchez es una de las 57 creadas aquel año en el que también se modificaron otras 39 plazas, de las que ha defendido que se crearon "con rigor", a su juicio, "por muchas sospechas que se intenten trasladar".

El responsable de la Diputación ha mostrado su "tranquilidad" y sus "ganas de poder declarar y aclarar" la situación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que le ha citado como investigado junto a David Sánchez el próximo 9 de enero en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.