El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha manifestado este martes que espera que el nuevo Consejo defienda "con tanto ahínco" como él "las actuaciones de la Sala Segunda" -de lo Penal- del Supremo. "Yo deseo que los nuevos vocales, cuando se produzca la renovación definitiva, defiendan con tanto ahínco como yo he defendido actuaciones de la Sala Segunda; como defendí también de la Sala Primera, pero hoy a todos nos compete la defensa de la Sala Segunda", ha sostenido en la inauguración de la XXVI Escuela de Verano del Poder Judicial, que un año más se celebra en el Pazo de Mariñán, el municipio coruñés de Bergondo.
En su intervención, Guilarte ha mencionado las "voces críticas" de quienes, ha dicho, "no están de acuerdo con las resoluciones" de esta Sala. Para el magistrado, la Sala Segunda "se ha pronunciado siempre con claridad, asumiendo el principio de la legalidad".
Por eso, ha considerado que "cualquier duda o crítica" que se realice "debe respetar la independencia" de la que, ha opinado, "ha hecho siempre gala esa Sala, con Manuel Marchena al frente". "Gratitud a su funcionamiento y mi lealtad a lo que han hecho y a lo que siguen haciendo, y mi deseo de que todos en el futuro sigamos defendiendo su actuación", ha reivindicado.
Sobre el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ, Guilarte ha celebrado que "parece que esta vez sí", aunque, ha apuntado: "No me atrevo a decirlo con absoluta firmeza. Todos creemos que sí".
Un acuerdo que, ha sostenido, tiene "luces y alguna sombra". En relación con las "luces", ha reconocido que "era imprescindible" ante la "anormalidad" que suponía y que, ha añadido, "se ha superado". En esta línea, ha agradecido que haya "un cierto equilibrio político en las designaciones que se han producido", lo que "puede ayudar a que no se achaque un predominio de una u otra opción" como, ha lamentado, les ha sucedido a los magistrados salientes "durante tiempo".
En cuanto a las sombras, tras reivindicar que él ha ayudado a que se lograra la renovación, Guilarte ha expuesto que no se tomó ninguna de las decisiones de la denominada 'Vía Guilarte'.
El ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo ha abandonado la tarde de este miércoles la prisión Sevilla I, merced a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a siete años y un día de prisión que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos.
Después de que la Audiencia de Sevilla, merced a la decisión del TC, haya ordenado la puesta en libertad del exconsejero Vallejo, interno en la cárcel Sevilla I, el exconsejero ha abandonado la prisión poco antes de las 19.30 horas, siendo recogido por sus hijos.
Su abogada defensora, Encarnación Molino, ha celebrado que el Constitucional haya "acogido la tesis defendida todos estos años" por la representación de este ex alto cargo de la Junta de Andalucía.
Sumar ha decidido abstenerse mañana en la toma de consideración de la proposición de ley del PSOE y PP para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que las medidas propuestas son "correctas pero insuficientes".
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del grupo plurinacional, para destacar también que el sentido de su voto obedece a que el pacto entre PP y PSOE no deja opción viable de presentar enmiendas para "avanzar más" en medidas de "democratización" del Estado, particularmente en el ámbito judicial.
Ya la semana pasada Sumar, por medio de su portavoz parlamentario Íñigo Errejón, manifestó el malestar del socio minoritario con el Gobierno por no ser informado del contenido del texto legislativo antes de su registro.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este miércoles de que el camino del Tribunal Constitucional "revisando sentencias" del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía "sorprende a la sociedad española". A su entender, eso hace que los españoles "tengan dudas lógicamente" sobre esa actuación del tribunal de garantías.
"Se lleva a cabo un camino que sorprende a la sociedad española", ha declarado Gamarra, para añadir que también hay un debate desde el punto de vista jurídico del papel del Constitucional "no como una instancia de amparo, sino como una sala de revisión dentro del procedimiento judicial".
Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Constitucional también haya exonerado parte de la malversación por la que se condenó en el caso de los ERE al exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, quien permanece en la cárcel.
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por Vox en el Parlamento de Cataluña y por su portavoz, Juan Garriga, que se presentó contra el acuerdo de la Mesa de Edad de la Cámara catalana por el que admitió el voto delegado de los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig.
En una providencia de la corte de garantías, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Pleno aprecia que concurre en ese recurso "una especial trascendencia constitucional" dado que el asunto suscitado trasciende del caso concreto y "pudiera tener unas consecuencias políticas generales".
Por ello, el TC acuerda dirigirse al Parlamento de Cataluña para que en 10 días le remita una certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al acuerdo verbal de la Mesa de Edad del Parlamento de Cataluña de fecha 10 de junio de 2024 por el que se acordó admitir el voto delegado de ambos diputados. También requiere el acuerdo verbal de la misma fecha que desestimaba la reconsideración presentada por el Grupo Parlamentario de Vox.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que "ajuste y clarifique" los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre si permiten o no el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear según el reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos.
Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, donde ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente "el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria".
"Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descartado este miércoles que las cesiones electorales a la izquierda para la segunda vuelta de los comicios legislativos puedan abrir la puerta a un Gobierno de coalición con miembros de Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Mélenchon.
"No habrá coalición", ha zanjado Macron, en unas declaraciones pronunciadas en el Consejo de Ministros y de las que se hacen eco numerosos medios franceses, entre ellos Le Figaro, Franceinfo o BFM TV. "Un desestimiento (de candidaturas) no implica una coalición", ha sentenciado.
También el primer ministro, Gabriel Attal, ha marcado distancias con el partido de Mélenchon en una entrevista este jueves en France Inter: "Me separa todo de La Francia Insumisa". "Nunca firmaría una alianza con ellos", ha añadido, en alusión a una formación que para muchos en el frente macronista representa a la extrema izquierda, equiparable por tanto a la ultraderecha en términos de riesgo democrático.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en el lanzamiento de la fundación Avanza, una laboratorio de ideas que pretende ser referente para el PSOE con el objetivo de combatir el discurso de la ultraderecha y los bulos. En un acto al que ha asistido la plana mayor del partido, incluidos varios ministros y secretarios generales autonómicos, el también secretario general del PSOE, ha señalado que Avanza aportará conocimiento y análisis sobre asuntos complejos y "va a contribuir a desmontar las narrativas basadas en bulos y falsedades".
En este sentido ha celebrado que uno de sus campos de trabajo sean los riesgos que plantea la desinformación para la supervivencia de la democracia, tal como ha explicado previamente el presidente de este nuevo 'think tank', Manuel Escudero.
Sánchez señala además que Avanza será un "espacio abierto" a todas las ideas progresistas y pretende ir mas allá del ámbito del PSOE frente a "otros tanques de pensamiento cerrados y con ideas prefijadas".
Fuentes del PSOE apuntan que esta fundación pretende ser el laboratorio de ideas principal del PSOE, por delante de otras históricas como la fundación Alternativas o la Pablo Iglesias, para que juegue un papel similar al de FAES en el Partido Popular.
Sánchez ha destacado que en este momento los "progresistas" no tienen respuestas para hacer frente al avance de la ultraderecha y por tanto necesitan "recetas" para poder hacer frente a las "mentiras" que a su juicio vierte la ultraderecha de manera "impúdica".
El exconseller de Cultura de la Generalitat y diputado de Junts +, Lluís Puig, descarta por ahora volver a Cataluña después de que el Tribunal Supremo haya dejado fuera de la Amnistía el delito de malversación: "¿Cómo voy a volver? Estoy viviendo en países libres, europeos, democráticos, que respetan mis derechos fundamentales".
"No sé si al final tendré ganas de volver o no, porque es encontrarme con lo que hay y cuando tenga 90 años quizá no valdrá la pena", ha asegurado este miércoles en una entrevista de Rac 1 recogida por Europa Press.
Asimismo, ha lamentado "que se interprete el delito de malversación tres veces de manera diferente según convenga a algunas personas" y ha afirmado que pensaba—textualmente—que se acabaría aplicando algún tipo de justicia.
"¿Ahora qué hará el señor Llarena? Una nueva orden de detención europea? ¿O sabe que fuera de la frontera española hacen el ridículo?", ha preguntado Puig, que ha explicado que presentará recursos de reforma y de apelación y un recurso al Tribunal Constitucional.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha tachado este miércoles de "tremendamente grave" la "utilización" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional (TC) para "exonerar de responsabilidades penales" a cargos socialistas condenados en firme por el Tribunal Supremo en el caso de los ERE y ha advertido de que la presencia dentro de este órgano de "destacados miembros" vinculados al PSOE "empaña su imagen de imparcialidad".
A preguntas de los periodistas en Granada, Tellado ha incidido en que el caso de los ERE fue juzgado por el Supremo y "también por el conjunto de la sociedad andaluza, mandando al Partido Socialista a la oposición después de haber protagonizado el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país, donde se robaba nada más y nada menos—ha dicho—que el dinero de los parados andaluces para destinarlo a mordidas, comisiones, prostitución y drogas".
Así, ha considerado "tremendamente lamentable" y "grave" que el Gobierno "participe en esta estrategia", recalcando que "esto que está haciendo el Constitucional fue anunciado en pleno mitin por el presidente del Gobierno y por la vicepresidenta primera del Gobierno de España, que anticiparon decisiones que a continuación adoptó el Tribunal, poniendo de manifiesto que hay un canal claro entre el Gobierno y el Constitucional".
A juicio del PP esto evidencia que el Constitucional "sigue las órdenes al dictado del Gobierno para exonerar" a estos cargos socialistas y que este tribunal está asumiendo "unas funciones que no le corresponden" al revisar condenas en firme emitidas por el Tribunal Supremo en un "exceso de celo que no está justificado" en un Estado de Derecho.
Junto a ello, ha advertido de que la presencia de "destacados miembros y exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez dentro del Tribunal Constitucional pone en duda la labor que está haciendo en estos momentos" y su imparcialidad está siendo cuestionada, según ha sostenido, por "buena parte de la sociedad española".
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este miércoles que "el diálogo y el consenso es el camino más adecuado" para llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos mayoritarios que permita lograr el objetivo de reducir la jornada laboral.
"Creo que es importante que nos encaminemos y que vayamos hacia esa dirección de reducción de jornada laboral, pero me parece también clave que podamos llegar a ese objetivo en base al diálogo y al consenso social que, desde luego, ha traído tan buenos acuerdos durante estas últimas dos legislaturas", ha defendido.
Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en Valencia, mientras la CEOE sigue sin apoyar la propuesta actual del Gobierno de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas, que sí cuenta con el respaldo de CCOO y UGT. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este martes que el Gobierno lanzará la próxima semana una nueva propuesta.
Tras reivindicar los más de 15 acuerdos alcanzados por el Gobierno con sindicatos y empresarios, Alegría ha recordado que la reducción de jornada formó parte del programa electoral con el que el presidente Pedro Sánchez concurrió a las últimas generales y posteriormente se incluyó en el acuerdo de gobierno con Sumar.