El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que entrar ahora en un proceso de sustitución de la administración de la Generalitat Valenciana sería restar eficacia a la acción y a la respuesta que entre todos hay que dar a los afectados por las inundaciones en la provincia de Valencia.
En la rueda de prensa en la que ha informado de las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ha insistido en que queda mucho trabajo por hacer y ha subrayado: "Vamos a estar con nuestra gente hasta el final, con todos los medios, todo el tiempo que sea necesario".
Sánchez ha defendido la capacidad de respuesta del Estado autonómico ante catástrofes como la sufrida por Valencia, demostrada a su juicio durante la pandemia de covid, y ha pospuesto "el debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores o las mejoras que haya que hacer en nuestro sistema de Protección Civil". "Ya tendremos ocasión de hablar de ello, pero ahora estemos a lo importante y lo importante es estar con la gente", ha argumentado.
A su juicio, lo que quiere la ciudadanía es ver a las instituciones "no peleadas, sino trabajando codo con codo", como entiende que está haciendo el Gobierno de España "en aras de un bien común, que es la seguridad, la recuperación y la atención de las urgencias, que son muchas y muy graves por parte de los ciudadanos".
Las oficinas ante mortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con médicos forenses contabilizaban a las 20 horas de este martes 89 casos de desaparecidos activos a causa de la dana y posteriores inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID).
Esos casos activos corresponden exclusivamente a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El CID indica que es importante hacer constar que las denuncias de desaparecidos con expediente activo en las oficinas ante mortem no equivalen al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, pues puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado todavía.
Además, esos 89 casos activos por desapariciones denunciadas han de ponerse en relación con el número de personas fallecidas a las que ya se les ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) pero están pendientes de ser identificadas, que ascienden a 62.
Las formaciones que componen Sumar se reunirán nuevamente el miércoles para tratar de culminar la reestructuración del grupo parlamentario tras la salida del que era portavoz en el Congreso Íñigo Errejón, con "cierto consenso" entre las fuerzas para que la diputada Verónica Martínez sea la sustituta.
Fuentes del grupo parlamentario han indicado a EFE que la dirección mantuvo este martes "una larga reunión", dedicada a avanzar en la remodelación de su estructura en el Congreso, con muchos puntos a tratar por la "actual coyuntura", en referencia también a la catástrofe provocada por la dana en la Comunidad Valenciana.
Han confirmado que existe "cierto consenso" para que sea Martínez, que fue ex directora general de Trabajo, la diputada que sustituya a Errejón, que dejó su cargo en medio de acusaciones en redes y una denuncia formal por violencia sexual.
La nueva portavocía de Sumar sería la tercera en lo que va de legislatura tras la salida Errejón y de la gallega Marta Lois, que dejó su cargo para presentarse como candidata a las elecciones gallegas.
El dispositivo de búsqueda de los desaparecidos en Letur (Albacete), ha encontrado a última hora de este martes un cuarto cuerpo, también de hombre, que ahora procederán a identificar.
Así lo ha avanzado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha señalado que "se ha encontrado al final de la rambla, en una especie de delta que se ha provocado por todo el arrastre que llevaron las tres riadas".
El cuerpo se encontraba a cinco kilómetros, justo antes de llegar al río Segura, como lo ha indicado Ruiz Santos, que ha recordado que esa zona se había peinado "en numerosas ocasiones" pero que "son cinco metros de largo, con una anchura importante y en zonas con más de dos metros de sedimento".
Las ayudas directas para la reparación o reconstrucción de viviendas y daños en comunidades de propietarios causados por la dana en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía ascienden a un máximo de 60.480 euros en caso de destrucción total de la vivienda habitual.
La cantidad máxima subvencionable es de 41.280 euros por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual; de 20.640 euros por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual; de 10.320 euros por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual; y de 36.896 euros por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
La cuantía fijada para estas ayudas supone "cuadriplicar las cantidades máximas subvencionables previstas en el real decreto 307/2005", y, además, se han eliminado los umbrales de renta en algunos casos como en el de destrucción total de la vivienda habitual, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, se ha referido este martes al "bulo" que aseguraba que en el aparcamiento del centro comercial de Bonaire, en Aldaia (Valencia), había "muchos cadáveres", una información que "no era cierta", ya que no se ha encontrado ningún cuerpo sin vida.
"Como saben ustedes, en relación a este centro comercial se difundió un bulo afirmando que en el interior habían muchos cadáveres. No era cierto", ha remarcado en una rueda de prensa para dar cuenta de las actuaciones de la Policía Nacional durante los días posteriores a la dana que ha asolado la provincia de Valencia junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director general de Salud Pública, Pedro Gullón.
Pardo ha subrayado que los equipos de inspección y localización han intensificado los trabajos en las zonas con “mayor probabilidad de hallazgo de víctimas”, fundamentalmente en garajes, el interior de vehículos y espacios confinados, con estrecha colaboración con la Unidad Militar de Emergencias.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido que no se haga política con las necesidades urgentes que tiene Valencia tras la dana, y ha señalado que "las medidas económicas extraordinarias no pueden vincularse a los presupuestos" del Estado.
Mazón se ha referido así, en declaraciones remitidas a EFE, a las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en rueda de prensa ha subrayado este martes que serán necesarios unos "nuevos Presupuestos Generales del Estado" para dar "la respuesta más eficaz y equitativa posible" a la ciudadanía afectada por la dana.
Según el president de la Generalitat, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros ante la dana "son extraordinarias y urgentes", pero deben estar "fuera del cálculo parlamentario de mayorías".
Los juzgados de guardia de las zonas de la provincia de Valencia afectadas por la dana han decretado el ingreso en prisión para 15 de las 45 personas detenidas por su relación con actos de pillaje.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta medida ha sido adoptada por parte de juzgados de Torrent, Catarroja y Alzira en relación a actos de pillaje y saqueos desde el inicio del episodio de dana y hasta el mediodía de este martes, cuando se cumple una semana de la catástrofe.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que anula su participación en el Consejo Europeo Informal de Budapest, para poder atender la emergencia causada por la dana.
Así se lo ha comunicado, según ha anunciado a través de redes sociales, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. "Quiero agradecer su compromiso y solidaridad. La UE está con España", ha señalado.
El Partido Popular descarta dar su apoyo al Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado después de que el presidente Pedro Sánchez lo haya solicitado este martes por la catástrofe de la Dana a la que el Ejecutivo destinará un primer paquete por valor de 10.600 millones de euros. “Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer", dijo Sánchez.
Fuentes del PP aseguran que “de lo que se trata es de que los valencianos puedan recuperar lo que aún es recuperable, no de que Sánchez ‘esté bien’”. “Nuestros votos serán para que las víctimas reciban la ayuda suficiente para salir adelante y se reconstruyan los sectores productivos de las zonas afectadas”, remarcan. “Es un asunto lo suficientemente grave y urgente como para someterlo a las habituales maniobras interesadas de Sánchez. Hasta ahí podíamos llegar”, añaden.
Así, estas fuentes remarcan que “no van a aprobar” a Sánchez unos Presupuestos “que ni ha presentado” y le acusan de utilizar a las víctimas como “chantaje”: “ Las ayudas para los afectados pueden aprobarse fuera del debate presupuestario”, aseguran. “No es la política que piden y necesitan los valencianos”, zanjan. Informa Marta Monforte Jaén.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo apartar de la instrucción de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, por "interés directo o indirecto".
En un escrito a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso EFE, González Amador pide que se requiera a Sánchez Conde "para que se manifieste sobre los indicios expresados de concurrencia de hasta cuatro causas de abstención en la Causa Especial 20557/2024 y sobre si la misma se abstiene por alguna, varias o todas las expresadas causas".
El abogado de la pareja de Díaz Ayuso expone que en esta situación no se puede esperar del Ministerio Fiscal "la protección de los intereses de la investigación (secreto de las actuaciones) y de los fines de la institución del Ministerio Fiscal (promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad bajo el principio de imparcialidad.
Una de las primeras diligencias ordenadas por el instructor de la causa contra García Ortiz, y que fue declarada secreta, fue el registro del despacho de García Ortiz en la sede de la Fiscalía General y que se prolongo durante diez horas en busca de los correos que probarían si cometió un delito de revelación de secretos al informar la Fiscalía sobre el procedimiento abierto a González Amador.
De no abstenerse, la acusación que ejerce la pareja de Díaz Ayuso entiende que Sánchez Conde incurriría en una falta muy grave del artículo 68.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.