El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la recusación del PP contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por la ley de amnistía.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el pleno de la corte de garantías, formado por cuatro progresistas y cuatro conservadores tras no participar los magistrados afectados por otras recusaciones, ha aprobado por 7 a 1 un auto de la progresista María Luisa Balaguer que desestima de plano el incidente de recusación por no tener base.
La mayoría de grupos del Congreso han respaldado este martes rebajar la actual tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), una medida que, como han recordado algunos portavoces, el Gobierno ya ha anunciado que quiere poner en marcha.
El Pleno de la Cámara Baja ha debatido una proposición no de ley del grupo socialista en ese sentido, a la que el PP ha presentado una enmienda y que no se votará hasta el próximo jueves. En la defensa de la iniciativa, el diputado socialista Manuel Arribas ha puesto el acento en la lista diaria de noticias de fallecidos en accidentes de tráfico y ha pedido no mirar para otro lado.
"No son titulares, estamos hablando de personas con nombres y apellidos, de familias destrozadas por conductores que piensan que con dos copas se pueden poner al volante", ha señalado Arribas, que ha recordado que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo en la conducción por encima de la velocidad.
El portavoz de Seguridad Vial del PSOE ha instado a "no esperar más" y a superar la idea extendida de que un consumo moderado es aceptable. "Cualquier gota de alcohol pone en peligro vidas", ha advertido.
El Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, superó este martes su primera moción de censura, presentada por la izquierda, gracias a la abstención de los diputados de la extrema derecha.
La moción de censura solo fue votada por 197 diputados de los 577 que tiene la cámara, lejos de la mayoría absoluta que hubiera hecho caer al Ejecutivo del jefe del Gobierno nombrado por el presidente, Emmanuel Macron, hace poco más de un mes.
La coalición de izquierdas, mayoritaria en la Asamblea Nacional con 193 votos, solo logró atraer a algunos diputados regionalistas y pocos díscolos del macronismo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó al pueblo libanés con "una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento similar al que vemos en Gaza" si este no se deshace del grupo chií Hezbolá.
En un comunicado emitido por su oficina este martes, el mandatario aseguró además que Israel ha matado a Hashem Safi al Din, el supuesto sucesor de Hasán Nasrala al mando Hizbulá, así como al posible reemplazo de este último, durante su campaña de bombardeos en Líbano.
De forma similar a como hizo con el pueblo iraní, al que animó a dar la espalda a sus líderes, Netanyahu recurrió a declaraciones con tintes de guerra psicológica para llamar a los libaneses a que "liberen al país de Hezbolá". "Tienen la oportunidad de salvar al Líbano antes de que caiga en el abismo", dijo, asegurando que si el país se libera de Hezbolá, la guerra, que deja más de 2.100 muertos del lado libanés, podrá terminar.
El mandatario hebreo aseguró que es Irán, y no Israel, quien ocupa Líbano a través del envío de armas para que el grupo paramilitar sirva a sus intereses.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha trasladado en una conversación telefónica a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que el Gobierno no retirará la ley de antecedentes que podría suponer que 44 etarras salgan antes de prisión, y le ha reprochado su "cambio de opinión" sobre la norma, que los populares apoyaron en el Congreso.
Según fuentes del Gobierno, Bolaños ha llamado este martes a la secretaria general del PP después de que Gamarra le haya pedido hablar sobre esta norma, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido retirar. El ministro ha recordado a Gamarra que en el Congreso, el PP votó a favor de la ley como el resto de grupos y, en el Senado, no presentó ninguna enmienda.
Bolaños le ha preguntado "por el inesperado cambio de opinión" de los populares, tras la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que advirtió este lunes de que la reforma de la ley orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE salía adelante, significaría que 44 etarras podrían salir antes de prisión.
Según estas fuentes, la norma sirve para aplicar el derecho europeo en España y ha justificado su aprobación en que viene respaldada por un dictamen favorable del Consejo de Estado. Además, señalan que hay una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional que ya duda sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido este martes de que el Gobierno hará "todo lo posible" por evitar que se celebre un "aquelarre antiabortista" en el Senado y ha denunciado que existe una lucha global que intenta "devolver a las mujeres a la caverna".
"Nos vamos a oponer radicalmente a ese aquelarre antiabortista que el PP pretende celebrar con la extrema derecha en el Senado (...) No demos un paso atrás, esta es la gran batalla que hay que dar. Nos jugamos el ser o el no ser de las generaciones que vienen. La igual libertad, la igual dignidad de las mujeres no puede estar constantemente en cuestión. Basta ya, no somos cuestionables", ha aseverado.
La titular de Igualdad ha contestado así en el Pleno de la Cámara Alta a la intervención de la senadora de ERC Sara Bailac, que ha denunciado que el PP vaya a abrir las puertas del Senado "a sus amigos de la derecha y la ultraderecha de todo el mundo" que "pretenden degradar y suprimir los derechos fundamentales de las mujeres": "Han ido demasiado lejos", ha lamentado la política catalana.
Redondo y Bailac se referían al visto bueno de la Mesa del Senado para la celebración en diciembre de una cumbre internacional organizada por la Red de Políticos por los Valores (PNfV, por sus siglas en inglés), en la que participarán parlamentarios de países americanos, europeos y africanos que están en contra del aborto.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado este martes que será posible conseguir la financiación para Cataluña pactada con ERC dentro del calendario previsto en el acuerdo de investidura.
En su intervención inicial en el debate de política general que acoge esta semana el Parlament, Illa ha reiterado su compromiso en implementar el acuerdo de financiación alcanzado por PSC y ERC. "Esto pasará, habrá una nueva financiación para Cataluña en los términos acordados con ERC y en el calendario acordado con ERC", ha asegurado el president, que ha señalado que ya se está trabajando "con discreción" para hacer efectivo este acuerdo.
Illa es consciente de que cumplir este objetivo "costará", pero "será más fácil" si cuenta con un "apoyo amplio" del Parlament. Se ha mostrado abierto a escuchar propuestas de otros grupos que podrían sumarse al acuerdo, aunque ha advertido de que "deben ser propuestas viables y factibles, que toquen con los pies en el suelo, que no busquen entorpecer ni meter el dedo en la llaga para hacerlo descarrilar".
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecerá en el pleno del Congreso el próximo 23 de octubre presionada por sus socios parlamentarios ERC, Bildu y el BNG, que la acusan de "inacción" para hacer posible el acceso a una vivienda digna.
También Sumar lleva semanas pidiéndole que actúe para atajar los precios del alquiler y la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo hace unos días que, si fuera ella, "comparecería de motu propio y con carácter inmediato" para explicar qué está haciendo el Gobierno y que opinen los grupos parlamentarios.
Los partidos que han reclamado la comparecencia de Isabel Rodríguez están además molestos por las declaraciones que realizó el pasado 25 de septiembre, cuando apeló a la solidaridad de los propietarios como forma de contener la subida de los precios de alquiler.
"No podemos esperar que los especuladores se levanten solidarios para garantizar el derecho a una vivienda digna", ha señalado este martes en rueda de prensa el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello.
Aunque la Junta de Portavoces del Congreso no aprobará la comparecencia hasta la semana que viene, fuentes de la Mesa han asegurado a EFE que se producirá en la sesión plenaria del día 23.
La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la decisión del juez de abrir una nueva pieza separada para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por la supuesta injerencia rusa en el procés, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara cerrar el caso Volhov por prórrogas injustificadas.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Anticorrupción Ricardo Sanz-Gadea se opone a los recursos que presentaron ante la Audiencia las defensas de Puigdemont, el expresidente catalán Artur Mas y otros investigados por la nueva pieza separada que el juez Joaquín Aguirre abrió para sortear la orden de la Audiencia, lo que consideran un "fraude de ley".
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona impidió al juez seguir investigando las supuestas conexiones en Rusia para el procés y anuló las diligencias practicadas desde la prórroga que acordó en agosto de 2023, en un auto en el que le ordenaba enviar el caso a juicio, con los indicios recabados hasta esa fecha, o bien archivarlo.
Para sortear esa resolución, Aguirre abrió una nueva pieza separada -alimentada con pruebas procedentes las diligencias que la Audiencia había anulado- y envió un escrito al Tribunal Supremo para que investigara a una decena de personas, entre ellos Puigdemont y Mas, por los delitos de malversación y traición.
En su escrito, el fiscal sostiene que la nueva investigación se nutre del contenido de los teléfonos de los imputados en varias piezas del caso Volhov -entre ellas la que la Audiencia frenó- y argumenta que la pieza abierta por Aguirre "procesalmente sería posible y no incurriría en fraude de ley".
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anuncia la publicación en el BOE de 131 nuevas zonas tensionadas de Cataluña para limitar el precio del alquiler. "Cumplimos, una vez más, con el mandato de la Ley de Vivienda. Continuamos evitando la escalada de los precios y los movimientos especulativos del alquiler, poniendo a disposición de las comunidades todos los recursos necesarios para solucionar el problema de acceso a la vivienda en España", aseguran desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
Según explica el Ministerio, estas nuevas zonas responden a la petición de la propia Generalitat.
Asimismo, también valora positivamente la bajada del alquiler, alrededor del 3 y el 5%. "Con el índice de precios y el plan de medidas extraordinarias se ha conseguido revertir una tendencia de crecimiento de 11 trimestres continuados de los precios del alquiler", explican desde el Ministerio.
"Este es el camino y vamos a continuar trabajando en nuestro objetivo principal: garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a precio asequible", aseguran fuentes de Vivienda.
La comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de 2017 en Cataluña ha aprobado este martes un listado de 29 comparecientes, entre los que figuran el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Tras aprobar la semana pasada el plan de trabajo registrado por PSOE, Junts y Sumar que incluye una petición para que se desclasifiquen informes del CNI para conocer la relación del centro con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que atentó el 17A, este martes la comisión ha aprobado con el voto favorable de todos los socios parlamentarios del Gobierno las personas que acudirán a la comisión.
El primero de ellos, previsto para finales de mes, será el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, al que seguirán José Luis Olivera Serrano, exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) y el excomisario José Manuel Villarejo.
En el listado aprobado figuran también la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy Soraya Saenz de Santamaria y sus exministros Juan Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo, así como exresponsables políticos catalanes, entre ellos el expresident Puigdemont -propuesto por Junts- o el exconseller de Interior Joaquim Forn.