El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido al Tribunal Supremo (TS) anular las sentencias que le condenaron a penas de inhabilitación por no retirar pancartas del Palau de la Generalitat argumentando que uno de los magistrados que las dictó fue el mismo que autorizó, según él, el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su abogado Gonzalo Boye mediante el programa Pegasus.
En sendos recursos ante el TS, consultados por Europa Press, la defensa de Torra asegura que esa situación afectó a su derecho a un juicio con todas las garantías y a un juez imparcial, puesto que se le vulneró, entre otros, el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones con su abogado.
En ese sentido, recuerda que el Defensor del Pueblo constató en su informe sobre el caso Pegasus que el magistrado encargado de autorizar las escuchas contaba con un "elevado grado de detalle" sobre las personas a las que el CNI quería espiar.
Y concluye que Torra "sufrió, en este proceso, una situación efectiva de indefensión material, como consecuencia de las, sin duda alguna, ilícitas actividades del Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, impropias de un juez de un Estado democrático de Derecho".
Varias escuelas de una docena de ciudades de Serbia, así como los ministerios de Finanzas y Asuntos Exteriores, han tenido que ser evacuadas este jueves tras recibir amenazas de bomba.
El Ministerio de Educación de Serbia ha informado de que "varias" escuelas de ciudades como Valjevo, Kraljevo, Belgrado, Kosovska Mitrovica, Pozarevac, Jagodina, o Zrenjanin, entre otras, recibieron el aviso de la supuesta presencia de un artefacto explosivo en sus inmediaciones.
A su vez, el edificio en Belgrado en el que se halla la sede del Ministerio de Finanzas ha sido evacuado por los mismos motivos, al igual que el de Exteriores. Equipos especiales de la cartera de Interior se han desplazado a ambos lugares para llevar a cabo las investigaciones y labores pertinentes, ha informado la agencia estatal serbia Tanjug.
Los medios locales han señalado que el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido evacuado poco después de que el titular de la cartera, Nikola Selakovic, se hubiera reunido con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.
Varias instalaciones públicas como escuelas y hospitales también han recibido amenazas de bomba en las últimas semanas. También se han registrado incidentes similares en otros países de la región, como Montenegro, Croacia y Bosnia-Herzegovina.
En todos los casos, las amenazas se han enviado a través de correos electrónicos anónimos. Sin embargo, búsquedas posteriores no han revelado artefactos explosivos en ninguno de los casos.
La Comisión Europea presentará este viernes su dictamen formal sobre las opciones de Ucrania de ingresar en a la Unión Europea, una opinión que llegará después de que Francia y Alemania hayan expresaran en Kiev su apoyo rotundo a conceder el estatus de candidato.
De visita este jueves en Kiev, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; y el primer ministro italiano, Mario Draghi, acompañados también del presidente rumano, Klaus Iohannis, han reclamado otorgar "inmediatamente" a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión al bloque, despejando así las supuestas reticencias que existían en París y Berlín sobre la cuestión.
En este contexto, el colegio de comisarios, el órgano que reúne a los miembros de la Comisión Europea, se reúne este viernes tras mantener un primer debate orientativo a principios de semana sobre la adhesión de Ucrania en el que los miembros del Ejecutivo europeo trataron "los principales elementos para estructurar el debate".
Todas las señales apuntan a que Bruselas emitirá una opinión favorable en la que propondrá conceder el estatus de país candidato a Ucrania, tras revisar en tiempo récord su solicitud de adhesión y haber presentado en poco más de un mes el dictamen sobre sus posibilidades de ingresar en la UE, una vez Kiev respondió también con una agilidad sin precedentes a los cuestionarios técnicos.
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido al Tribunal Supremo (TS) anular las sentencias que le condenaron a penas de inhabilitación por no retirar pancartas del Palau de la Generalitat argumentando que uno de los magistrados que las dictó fue el mismo que autorizó, según él, el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a su abogado Gonzalo Boye mediante el programa Pegasus.
En sendos recursos ante el TS, consultados por Europa Press, la defensa de Torra asegura que esa situación afectó a su derecho a un juicio con todas las garantías y a un juez imparcial, puesto que se le vulneró, entre otros, el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones con su abogado.
En ese sentido, recuerda que el Defensor del Pueblo constató en su informe sobre el caso Pegasus que el magistrado encargado de autorizar las escuchas contaba con un "elevado grado de detalle" sobre las personas a las que el CNI quería espiar.
Y concluye que Torra "sufrió, en este proceso, una situación efectiva de indefensión material, como consecuencia de las, sin duda alguna, ilícitas actividades del Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, impropias de un juez de un Estado democrático de Derecho".
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha remitido este jueves a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la posibilidad de crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado.
"En materia fiscal, me remito a lo que haya explicado la ministra de Hacienda", ha indicado Calviño a su entrada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro en Luxemburgo, tras ser preguntada sobre la discrepancia en el Gobierno sobre la creación de este impuesto por decreto o a través de los Presupuestos Generales.
La víspera, en un encuentro organizado por Economistas Frente a la crisis en la Fundación Cajasol de Sevilla, Montero negó que existan discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno --PSOE y Podemos-- en lo relativo a establecer un impuesto a las empresas eléctricas, pero advirtió de que "hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha".
El Ministerio de Sanidad ha puntualizado que "no hay fecha determinada" para la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 en la población general, aunque ha señalado que "en algún momento se pondrá a todo el mundo". En concreto, ha matizado las palabras de la ministra Carolina Darias y ha explicado que de momento la cuarta dosis se limitará a los inmunodeprimidos, a los mayores de 80 y a personas que viven en residencias.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó con rotundidad este jueves en una entrevista en La Sexta que "habrá cuarta dosis para toda la población", ya que "así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública". Sin embargo, fuentes del Ministerio han detallado a Europa Press que "no ha habido más novedades" con respecto a las decisiones tomadas la semana pasada y que, por tanto, "no habido grandes cambios con respecto a lo anterior".
La estrategia de Sanidad, tal y como relatan estas fuentes, es empezar a vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años en una fecha aún indeterminada y después "ir bajando de grupo de edad a medida que vaya evolucionando la situación", es decir, como se ha realizado en las anteriores tres rondas de vacunación.
"Ahora lo que falta decidir es cuándo", ha apuntado la ministra. Darias ha expresado que "probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño". "También porque estamos esperando para esas fechas la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado el Gobierno a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas", ha remachado en la entrevista en Al Rojo Vivo.
Desde enero, esta cuarta dosis ya se está administrando a personas inmunodeprimidas, cinco meses después de recibir la anterior vacuna. La semana pasada la Comisión de Salud Pública recomendó la administración de la segunda dosis de recuerdo en la población más vulnerable, personas internas de residencias y personas mayores de 80 años. En aquel momento, en ningún caso, el ministerio habló de que se aprobara para toda la población.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha exigido este jueves al Partido Popular que se siente a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de las elecciones andaluzas para cumplir "sin condiciones" la Constitución. En declaraciones a los medios, la titular de Justicia ha señalado que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantienen el diálogo abierto con los conservadores para desbloquear la interinidad del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. "Le pido y, además, le exijo al PP que cumpla con la Constitución y que renueve ya el CGPJ", ha reclamado.
Llop se ha expresado así al acudir a la entrega del Premio Gumersindo de Azcárate de los Registradores para el Ministerio de Justicia y al ser preguntada sobre si el Gobierno ve posible renovar con el PP el CGPJ tras los comicios andaluces de este domingo. "El Gobierno, por supuesto, abre todos los cauces de diálogo y denuncia la situación de bloqueo desde hace más de tres años como consecuencia de las políticas del PP", ha asegurado Llop, que ha recriminado al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo no querer formar parte de un "gran acuerdo" para resolver una "cuestión de Estado", "como ha hecho siempre que ha estado en la oposición".
A este respecto, la ministra ha asegurado que en el encuentro que mantuvo esta semana con Vera Jourová, la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de evaluar el Estado de Derecho en los Estados miembro, la representante comunitaria le trasladó que lo urgente para España es "renovar y desbloquear" el CGPJ. "No contemplo otro escenario que no sea cumplir con la Constitución, que se cumple sin condiciones. Nadie tiene que pedir que se cumplan las leyes bajo ninguna condición", ha dicho Llop.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sus medidas no han funcionado porque la inflación de la cesta de la compra y los precios de la luz y el gas "estrangulan" la economía. Es más, ha recalcado que su "solución perfecta, duradera y rápida para bajar los precios de la luz y del gas" no ha funcionado porque "de momento" ha subido el precio.
Así se ha pronunciado en Úbeda (Jaén) tras reunirse con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) acompañado del coordinador general del partido, Elías Bendodo, y del vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Esta tarde visitará la empresa Patatas Fritas Santo Reino y después participará en un mitin en la ciudad.
Feijóo ha señalado que todas las previsiones económicas del Gobierno han sido "fallidas" y "lamentablemente se han ido corrigiendo a la baja", algo que, a su juicio, confirma que ha venido haciendo "un mal diagnóstico continuado del comportamiento de la economía española".
El líder del PP ha subrayado que "todas las empresas" se están viendo afectadas por el incremento del coste de materias primas y "todas las familias están sufriendo la inflación" con "enormes dificultades para llegar a fin de mes". Además, ha dicho que la luz y el gas siguen siendo "uno de los factores que estrangulan la economía" y "suponen un incremento exponencial de los precios prácticamente de todos los productos".
En este punto, Feijóo ha recordado que el Gobierno dijo a finales de marzo que tenía una "solución perfecta, duradera y rápida para bajar los precios de la luz y del gas" y ha añadido que "de momento lo que ha ocurrido, una vez que se ha implementado esa solución, es que ha subido el precio de la luz".
"Y seguimos sin saber quién va a pagar la diferencia entre el precio al que compramos el gas y el precio al que está autorizado su venta. Y también seguimos sin saber cuánto dinero le cuesta a los consumidores financiar esos precios de energía subvencionados cuando las interconexiones con Europa, Francia y Portugal funcionan. Seguimos por tanto sin saber en qué consiste el modelo y de momento el modelo no ha funcionado", ha manifestado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que Argelia es un vecino "estratégico" y "principal" para España y, respecto a los desencuentros que ha habido, ha afirmado: "Ahora y, en general, respecto a las relaciones con Argelia, es el momento de la diplomacia, que está trabajando de una forma seria, silenciosa, como debe ser para proceder a esa desescalada de la situación actual".
Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar las obras de construcción del complejo que albergará la nueva sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.
El ministro ha asegurado que con Argelia existen unas relaciones "consolidadas en el tiempo" y, en materia de seguridad, "una cooperación y una coordinación en beneficio de nuestras sociedades, tanto en la lucha contra el terrorismo", como en la lucha contra la criminalidad organizada y, dentro ésta, "contra las mafias que trafican con seres humanos".
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha referido este jueves a la situación y relación con Argelia y ha explicado que el Gobierno está "volviendo a tender puentes".
"Creo que la confianza es lo más importante para resolver este problema y hacerlo también con prudencia", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "la parte diplomática, en estos casos, es la más importante".
En este sentido, ha agregado que el Ejecutivo está estableciendo contactos con los homólogos de Argelia, tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como ella misma por la parte de Comercio, para tratar de encauzar un problema y buscando una solución acordada para recuperar la normalidad.
El Kremlin ha negado que los recortes de gas hacia países de la UE anunciados esta misma semana tengan una intencionalidad política y se ha ceñido a la versión de Gazprom, que ha atribuido la reducción en el suministro a problemas de carácter técnico.
"Sólo sabemos que hay un problema con las turbinas", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, después de que en los últimos días se hayan confirmado recortes en el flujo hacia Italia y, especialmente, hacia Alemania, a través del gasoducto Nord Stream, informa la agencia de noticias TASS.