La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, ha rechazado las nuevas medidas contra el aborto de Castilla y León porque "coacciona a las mujeres e incumple la Ley".
"Nos parece que el señor García-Gallardo y Vox lo único que pretenden es coaccionar a las mujeres e incumplir la Ley, que garantiza que la mujer pueda gestionar su maternidad sin sufrir ningún tipo de coacciones como serían estas medidas", ha denunciado Francisca García en declaraciones a Europa Press.
La Junta de Castilla y León anunció el pasado jueves que implantará medidas "provida" y de "fomento de la natalidad", como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
La Universidad de Complutense de Madrid ha informado este lunes que ha cesado en sus funciones el vicerrector de Política Económica, José Ignacio López Sánchez, uniéndose así al vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio Villarejo. Las dos renuncias se producen en medio de la polémica por el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como Alumna Ilustre el próximo día 24 de enero. La decisión nunca fue debatida por los miembros de la Junta de Ciencias de la Información, la facultad en la que estudió Periodismo la presidenta de la Comunidad de Madrid. El puesto de vicerrectora de Política Económica será cubierto por María Begoña García Greciano, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, mientras que el de Relaciones Institucionales lo desempeñará José María Coello de Portugal Martínez del Peral, de la Facultad de Derecho, informa Ana de la Torre.
El ministro británico para Escocia, Alister Jack, ha emitido este lunes una orden que impide que el proyecto de ley sobre la autodeterminación de género en Escocia, aprobado el pasado mes de diciembre, sea finalmente ratificado.
El ministro británico para Escocia ha lanzado un comunicado en el que ha confirmado haber tomado la decisión "tras una consideración minuciosa y cuidadosa de todos los consejos relevantes y las implicaciones políticas".
"Me preocupa que esta legislación tenga un impacto adverso en la funcionamiento de la legislación sobre igualdad en Reino Unido", ha reconocido Jack, quien ha incidido en que las personas transgenero "merecen el respeto, apoyo y comprensión" de las autoridades.
En este punto, Jack ha incidido en que no ha tomado esta decisión "a la ligera", pero que en vistas de las consecuencias adversas que el proyecto de ley escocés podría tener en el resto de territorios británicos era "necesario y correcto" vetarlo.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido este lunes al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco de que el requerimiento que le ha solicitado el Gobierno es un paso previo "en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa".
Asimismo ha señalado que el Gobierno utilizará todas las fórmulas para garantizar el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y para dar tranquilidad y seguridad jurídica a los profesionales sanitarios y para "proteger el ámbito competencial" al que se refieren este tipo de acciones, según ha trasladado.
Además le ha acusado de querer "ganar tiempo" para lograr esquivar la ley para cumplir las condiciones que a su juicio le marca su socio de gobierno, Vox. "Da la sensación que quieren ganar tiempo para buscar la fórmula que les permitiera sortear la ley al tiempo que atienden las condiciones de su socio de Gobierno, Vox", ha afirmado en referencia a las declaraciones que ha realizado este mismo lunes Mañueco.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ya tiene confirmadas más de 7.000 muertes civiles en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 por la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania, aunque asume que la cifra real de víctimas será "considerablemente mayor".
Naciones Unidas elabora su propio recuento a partir de informaciones contrastadas y hasta el momento tiene constancia de 7.031 muertos, entre ellos 433 menores de edad. Sólo en la primera quincena de enero han perdido la vida al menos 388 civiles.
Además, 11.327 personas han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva, de las cuales 827 serían niños o niñas. En este caso, la cifra de heridos incluye 284 personas que han sufrido algún tipo de daño por el conflicto entre el 1 y el 15 de enero.
La Unión Europea ha mostrado este lunes su "conmoción" por el asesinato de Mursal Nabizada, una diputada del antiguo Parlamento afgano depuesto por los talibán en un ataque bajo investigación ocurrido en su domicilio de Kabul.
La muerte de Nabizada y de su guardaespaldas es "otro recordatorio brutal" de la "difícil" situación que viven los afganos y de las amenazas de seguridad que sufren las mujeres bajo el régimen talibán, ha valorado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, en un mensaje en redes sociales.
En este sentido, la portavoz ha ofrecido las condolencias de la UE a la familia de la política y deseado una pronta recuperación a los heridos en el ataque. Su hermano resultó también herido en el atentado.
Se trata de la primera vez que resulta asesinada una expolítica afgana desde el retorno al poder de los talibán en agosto de 2021. Muchos políticos afganos, entre ellos varias legisladoras, buscaron refugio fuera del país tras el regreso al poder de los talibán.
Las defensas de los condenados de ERC por la causa del 'procés' ultiman los escritos que presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) mientras que los letrados de los condenados vinculados a Junts esperarán a que los magistrados revisen la sentencia dictada en 2019 para decidir las acciones legales que llevarán a cabo.
Fuentes jurídicas confirman a Europa Press que en los despachos de abogados a cargo de las defensas del procés están estudiando el horizonte penal de aquellos que fueron condenados por sedición y/o malversación toda vez que la semana pasada el propio tribunal les emplazó a pronunciarse sobre cómo afecta la última reforma del Código Penal a la sentencia por la que se condenó al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y a otros 11 líderes independentistas.
La nueva redacción de la norma deroga el delito de sedición y modifica el de malversación, dos de los delitos que fueron impuestos en la sentencia sobre el procés. En concreto, 4 de los 12 condenados lo fueron por sedición en concurso medial con malversación a penas de cárcel e inhabilitación -Junqueras (13 años), Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años)-, mientras que 5 fueron sentenciados solo por sedición -Carme Forcadell (11 años y 6 meses), Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y 6 meses), Jordi Sanchez y Jordi Cuixart (9 años)-.
El secretario primero del PSC, Salvador Illa, ha transmitido este lunes al Círculo de Empresarios Vascos que no habrá referéndum independentista en Cataluña y que no hay "camino para unilateralidad", desde el convencimiento de que "el procés ya no es el que era".
Illa ha estado este lunes de visita en Euskadi para mantener una comida-coloquio con el Círculo de Empresarios en el Puerto Deportivo de Getxo, después de reunirse en Bilbao con el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.
Según han informado a Europa Press fuentes de la asociación empresarial, en la charla se ha repasado la situación de Cataluña y su "encaje en el actual contexto de evolución autonómica", y se ha analizado "cómo pueden evolucionar en el futuro las singularidades autonómicas (vasca y catalana) en la Constitución".
También se ha abordado el tema de la "unilateralidad versus crecimiento", la situación del pacto presupuestario en Cataluña y la correlación de fuerzas en la comunidad catalana. Asimismo, se ha hecho un análisis del panorama político en Cataluña y su posible incidencia en la gobernabilidad de España en este momento.
La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentado este mismo lunes un recurso contra la decisión del instructor del procés, Pablo Llarena, de procesarla por un delito de desobediencia -debido a la derogación del de sedición por el que estaba encausada-, aduciendo que se trata de una imputación "de golpe", al tiempo que le ha instado a retirar la nueva orden de busca y captura emitida en su contra para evitar una detención "ilegal".
La defensa de Ponsatí, en un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, reprocha al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que haya dictado "en contra de una eurodiputada que goza de inmunidad, y sin solicitar el levantamiento de esta, una orden nacional de detención" por "un delito por el cual nunca fue procesada por este mismo y que, de intentarse ahora, resulta que se encontraría prescrito".
"Es más, no podemos olvidar que estamos ante delitos que no son homogéneos y, por tanto, el hecho innegable de no haber sido procesada jamás por el delito de desobediencia impide ahora, de golpe y sin anestesia, tratar de imputar a mi mandante un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia", alega.
La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, ha rechazado las nuevas medidas contra el aborto de Castilla y León porque "coacciona a las mujeres e incumple la Ley".
"Nos parece que el señor García-Gallardo y Vox lo único que pretenden es coaccionar a las mujeres e incumplir la Ley, que garantiza que la mujer pueda gestionar su maternidad sin sufrir ningún tipo de coacciones como serían estas medidas", ha denunciado Francisca García en declaraciones a Europa Press.
La Junta de Castilla y León anunció el pasado jueves que implantará medidas "provida" y de "fomento de la natalidad", como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha abierto este lunes la posibilidad de que el Partido Popular promueva movilizaciones "de condena y de rechazo" a la ley del 'solo sí es sí' en aquellos municipios y ciudades donde se están produciendo rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores, en incluso su puesta en libertad. Según ha recalcado, hay "mucha gente preocupada y enfadada".
En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Sémper ha recordado que los portavoces y concejales del Partido Popular en toda España están presentando mociones en sus municipios y en los Parlamentos autonómicos reclamando "una rectificación" en esa norma.
"Ante la honda preocupación que nos genera esta situación, no descartamos que en aquellos lugares y municipios donde se estén produciendo rebajas condenas para violadores o para agresores sexuales o su puesta en libertad, el PP promueva movilizaciones de condena y de rechazo", ha declarado.