La secretaria de Ciencia, Investigación y Universidades del PSOE y ministra, Diana Morant, ha asegurado que el partido no va a mantener viva la enmienda que presentaron a la ley trans para limitar la autodeterminación en menores.
Precisamente este lunes la Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este lunes la ley Trans y de derechos LGTBI con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero el PSOE no ha logrado que se introduzca su enmienda para endurecer el cambio registral de los menores, que no ha sido respaldada ni siquiera por el PP.
Morant ha subrayado que el hecho de que no se haya apoyado esta enmienda del PSOE se enmarca en la "absoluta normalidad" y ha recordado que el partido está "contento" porque sí se han tenido en cuenta otras.
La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) ha advertido de que el 70% de las familias monoparentales, las que tienen un solo hijo, quedan "fuera" del anteproyecto de ley de familias aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
"Una ley de familias es necesaria porque es necesario reconocer toda la diversidad de las familias que existen en España, pero a nosotras nos parece que no estamos lo suficientemente recogidas, porque deja excluidas al 70% de las familias monoparentales, con un hijo a cargo. Se quedan fuera de la cobertura", ha explicado a Europa Press la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores.
Así, aunque ve positivo que se equipare a las monoparentales con dos o más hijos a las numerosas, recuerda que esto en realidad "corrige una discriminación que viene sucediendo desde 2008", cuando se equiparó a las viudas con uno o más hijos a las numerosas.
"Esto está bien que se corrija pero no nos parece bien que se deje de proteger al 70% de las monoparentales cuando los datos del INE nos dicen que un 54% de familias monoparentales están en riesgo de pobreza", ha subrayado Flores.
El Gobierno ha propuesto una rebaja del 9,21% a partir del próximo mes de enero en los cargos recogidos en la factura eléctrica de los hogares y las pymes -la tarifa 2.0TD correspondiente a los contratos que tienen una potencia contratada de hasta 15 kW (incluidos) y baja tensión-, según consta en el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio.
Los cargos, que incluyen, entre otros, las primas de las renovables o la amortización de la deuda del sistema eléctrico, es una de las partes fijas del recibo y la establece el Gobierno. La otra, los peajes -con los que se retribuyen a las redes- son fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La propuesta de cargos que realiza el Ministerio para 2023 prevé rebajas para el resto de consumidores dependiendo de la potencia contratada. Así, registrarán una bajada del 5,37% los de alta tensión, los consumidores de 6.4TD; del 14,69% para los de 6.3TD; del 12,46% para los de 6.2TD, y del 17,06% para los de 6.1TD.
El Pleno del Senado ha rechazado este martes por amplia mayoría las 87 impugnaciones a las secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 que se habían registrado, por lo que las nuevas cuentas siguen su tramitación con el análisis de más de 4.000 enmiendas parciales presentadas por los grupos.
El debate de totalidad y a las secciones, que se ha prolongado durante dos días con alrededor de un centenar de intervenciones, se ha saldado este martes con el rechazo por la mayoría del Pleno del Senado de las 87 impugnaciones presentadas a las secciones del proyecto de Presupuestos, después de que el lunes se rechazasen también los cinco vetos generales del PP, Cs, Vox, Junts y UPN.
Tras la votación de este martes, los Presupuestos continúan su trámite en el Senado y la Ponencia se reunirá este miércoles 14 de diciembre, cuando también se realizaría el dictamen de la comisión.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido hoy las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, contra la decisión del Gobierno de modificar el delito de malversación y suprimir el de sedición. Lo que sí ha rechazado es que vaya a haber un referéndum de independencia en Cataluña por ser "inconstitucional" ante las preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno es creíble ahora después de haber negado que fuera a reformar sedición y malversación.
Así se ha pronunciado la Portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse hasta en tres ocasiones sobre las valoraciones realizadas por Emiliano García Page. No ha querido comentar la afirmación de que no es tolerable ni de izquierdas pactar con los delincuentes, ni tampoco a lo dolido que está el presidente de Castilla la Mancha como español y militante del PSOE.
La ministra se ha limitado a defender la modificación de la malversación, alegando que introduce un tipo nuevo, aunque sin responder a las preguntas de los periodistas en las que recuerdan que baja la pena para algunos malversadores e incluso, en algunos casos, impide que vayan a la cárcel.
El PP, Vox y Ciudadanos han rechazado este martes en el Congreso la reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) planteada por el PNV tras el caso Pegasus, mientras que el PSOE ha reivindicado que lo deseable sería que este asunto se impulsara desde el Gobierno, con sus correspondientes informes jurídicos, y no como una iniciativa de un partido de oposición.
La tramitación parlamentaria de la proposición de ley ha sido defendida por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha sostenido que la actual legislación está "obsoleta" y ha reivindicado la necesidad de aumentar y mejorar los controles judiciales sobre los servicios de inteligencia, que el CNI tenga que dar cuentas a posteriori de sus actuaciones, elevar la dependencia de su máximo responsable a la Presidencia del Gobierno y mejorar su control parlamentario.
La iniciativa se registró en mayo al hilo de la polémica por el espionaje tanto a líderes independentistas como a miembros del Gobierno con el programa Pegasus, un asunto que costó el puesto a la hasta entonces directora del CNI Paz Esteban, quien fue sustituida en el cargo por Esperanza Casteleiro, que venía ejerciendo como secretaria de Estado de Defensa.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asumido este martes que la aprobación de la ley de vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé luz verde definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023.
"Es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar este año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene", ha señalado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Raquel Sánchez ha negado que la tramitación de esta ley esté bloqueada y ha defendido que desde que el Gobierno la remitió a las Cortes para su tramitación parlamentaria se ha estado trabajando "intensamente" con el resto de formaciones del arco parlamentario y se ha presentado más de 800 enmiendas.
La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado este martes la convocatoria de un nuevo pleno extra el próximo jueves para la aprobación de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Se trata de la tercera vez que los impulsores de la iniciativa recurren a un pleno extra para su tramitación, que se va a completar en poco más de un mes en la Cámara Baja.
Los partidos que forman parte del Gobierno ya recurrieron a este mecanismo del pleno extra en el primer examen parlamentario de la iniciativa, cuando se votó la toma en consideración a la una de la mañana, y una semana después repitieron para rechazar los textos alternativos de PP, Vox, Cs, Junts y CUP.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma penal pactada con ERC "se está convirtiendo de facto en una amnistía" a los dirigentes independentistas que delinquieron y no ha dado credibilidad a las palabras del Gobierno negando de forma rotunda que no habrá referéndum.
"Que lo niegue el Gobierno no tiene ninguna credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", recordando sus declaraciones en el pasado diciendo que no habría indultos o que no eliminaría el delito de sedición. Es más, ha recordado que también dijo que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont y podrá venir "riéndose de los españoles".
Así se ha pronunciado después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se va a celebrar un referéndum "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral" porque es contrario a la Constitución y supondría "cronificar" el conflicto.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha garantizado este martes "radicalmente" que el PSOE "no va a aceptar ningún referéndum de independencia" en Cataluña como el que ha vuelto a plantear ERC, a cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ha recordado que el Código Penal sigue contemplando el delito de rebelión y que, igual que se hizo en 2017, también podría volver a aplicarse el artículo 155 de la Constitución.
Así se ha pronunciado López en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras las palabras de Rufián en las que el portavoz independentista ha señalado que la reforma del delito de malversación que ha pactado con el PSOE está pensada para "futuros hechos" y "futuras generaciones" y no se ha negociado en base a la situación de los condenados por el 'procés'.
"Este grupo, este partido y este gobierno no va a aceptar un ningún referéndum de independencia en Cataluña, si alguien pide un referéndum pondremos sobre la mesa el Estatut, si alguien viene a hablarnos de independencia pondremos sobre la mesa el Título VIII de la Constitución", ha sentenciado el portavoz socialista.
El Ministerio del Interior ha criticado a Amnistía Internacional por sus afirmaciones "falsarias" y de "extrema gravedad" acusando a la Guardia Civil de participar en supuestas torturas durante el dispositivo por la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.
"Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar", ha señalado Interior en un comunicado.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska muestra su respeto por la labor de Amnistía Internacional pero, en el caso de la tragedia de Melilla, señala que no puede permitir "en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna".