El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado, sobre la modificación del delito de malversación, que sería "difícilmente entendible" que se hiciera algo que "dificultara" perseguir la corrupción en España.
De esta forma, y a preguntas de los medios por esta modificación, Vara ha considerado que "bien haríamos" en intentar "ser prudentes" hasta "no saber exactamente de qué se está hablando", aunque, en cualquier caso, ha recalcado que no entendería que el "enriquecimiento, por cualquiera de sus vías pudiera ser aliviado en el Código Penal".
No obstante, y en su opinión, ante las modificaciones propuestas de los delitos de sedición y malversación, el presidente extremeño ha considerado que son oportunas dos reflexiones.
La primera, ha dicho, tiene que ver con una pregunta que "está sin responder". "¿Estos cambios de los que se están hablando en el Código Penal hubieran servido para que Puigdemont y el resto de los fugados hubieran sido extraditados a España y estuvieran ya juzgados y condenados? ¿Sí o no?. Porque de que sea sí a que sea no para mí tiene importancia", ha apuntado.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sido elegida facilitadora de la negociación en materia de adaptación a los impactos del cambio climático de la XXVII Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra este año en Sharm El-Sheik (Egipto), siendo esta la quinta ocasión en la que Ribera es designada para el cargo.
Esta tarea la desarrollará junto a la ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Tecnología de la República de Maldivas, Sahuna Aminath. El papel de los facilitadores es acelerar e impulsar los acuerdos en las negociaciones de los puntos clave en las agendas de la Conferencia XXX.
La adaptación, junto con la agenda de pérdidas y daños producidos por los impactos del cambio climático, es uno de los puntos centrales de esta COP y una de las principales peticiones de los países africanos.
Al menos dos personas han muerto en la localidad polaca de Przewodow, en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, tras el posible impacto de dos cohetes perdidos, según ha adelantado la emisora local Radio ZET.
Según informaciones extraoficiales de la propia emisora, los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano en Przewodow. Agentes de la Policía, la Fiscalía y el Ejército polaco se encuentran ya en el lugar de los hechos.
Anteriormente, Marcin Lebiedowicz, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Hrubieszow, a unos 35 kilómetros al norte de Przewodow, había confirmado que la localidad había sido escenario de explosiones cuyas causas aún son desconocidas.
Los trabajadores y las trabajadoras de la Seguridad Social han sido convocados por UGT, CCOO y CSIF a una movilización el próximo viernes 18 de noviembre a las 11:00 horas ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para protestar contra la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del ministro José Luis Escrivá.
"El IMV, prestación que se asigna para su trámite a la Seguridad Social, y a la que se dedica en exclusiva un autobús a recorrer España en busca de posibles beneficiarios y beneficiarias, lejos de dar solución al conjunto de ciudadanía con especial vulnerabilidad, fracasa desde su puesta en marcha por la incapacidad de gestión del Ministerio y del INSS debido a la falta de personal y la mala organización", critican CCOO, UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado.
Según señalan, esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos "que precipitadamente se contrataron para dedicarse a ello en exclusiva" y para los que, según denuncian, "el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, produciéndose el cese como muy tarde en septiembre de 2023, perdiéndose su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos".
El Gobierno de coalición ha tardado menos de 24 horas en dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la ley que derogará el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán de 2017, confirmando así la tramitación exprés que el PSOE y Unidas Podemos pretenden dar a la reforma.
La iniciativa fue registrada el pasado viernes en el Congreso y, al tratarse de una proposición de ley de los dos grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley del Gobierno de coalición no tuvo necesidad de contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
Pasado el fin de semana, la proposición de ley fue calificada este lunes por la Mesa del Congreso, que la envió de inmediato al Gobierno para el trámite de dar su conformidad, ya que el Ejecutivo tiene capacidad de veto para iniciativas legislativas que considere que alteran su política presupuestaria, sea por merma de ingresos o por exceso de gastos.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado al Partido Popular al ponerse de parte de las eléctricas o querer eliminar el impuesto de patrimonio "mientras no se atiende a la población". "Pisotear el interés general en lo que hace todos los días las 24 horas el Partido Popular", ha denunciado la ministra ante la Cámara Alta.
Después de que el senador del PP, Carlos Floriano, acusara al Gobierno de estar "pisoteando el interés general" ante la reforma que se plantea del delito de sedición, Montero le ha respondido que "pisotear el interés general es ser condenado por financiación ilegal de partido como le pasó al Partido Popular".
"Pisotear el interés general es debilitar los servicios públicos para posibilitar las privatizaciones como hacen ustedes con la sanidad pública, pisotear el interés general es permanecer en la sede de Génova que se financió ilegalmente, pisotear el interés general es permanecer callado ante los presuntos casos de corrupción que se están produciendo en el Ayuntamiento de Marbella", ha añadido.
Ministros de más de 40 países que forman parte de la iniciativa Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) se han unido en la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP27) para establecer nuevos esfuerzos colaborativos, informar de las acciones adoptadas en cada país y reafirmar su compromiso con mantener a raya los principales contaminantes climáticos y con la salud humana y del planeta.
Según el informe de brecha de emisiones publicado la semana pasada por el Programa Mundial de Medio Ambiente de la ONU, la senda de emisiones llevaría al planeta a aumentar en hasta 2,8 grados centígrados la temperatura global del planeta, por lo que esta iniciativa para mantener el aire limpio es "más importante que nunca" para el PNUMA.
El enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, ha insistido en que reducir los contaminantes climáticos de vida corta es la solución más rápida que tiene el planeta para reducir la temperatura global y ha señalado que este instrumento es un instrumento para garantizar la ambición contra los gases de efecto invernadero.
"Desde trabajar para asegurar la Enmienda de Kigali hasta implementar el Compromiso Global de Metano, CCAC ha sido un socio fundamental para mejorar la ambición en estos gases de efecto invernadero críticos. Felicitamos CCAC en un año exitoso y esperamos avanzar más y más rápido juntos en el próximo año", dijo Kerry.
La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado que se debe "estudiar" la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, después de las revisiones de sentencias y rebaja de penas de prisión a varios condenados por abusos sexuales.
Al ser preguntada al respecto este martes en los pasillos del Senado, Montero se ha mostrado partidaria de "estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal" porque a su juicio es evidente que el objeto de esta ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores sino "todo lo contrario".
"Por lo tanto habría que estudiar tanto las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara y el propio texto legal", ha reiterado.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha traslado este martes la condena "rotunda" del Gobierno hacia los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL), por cuya actividad acabó en la cárcel el exministro José Barrionuevo, que en una entrevista ha reconocido que ordenó detener de manera ilegal a un etarra y liberar a Segundo Marey, al que confundieron con un miembro de ETA.
A una pregunta del PNV en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Bolaños ha señalado que "hay cosas que no deberían haber sucedido nunca". Dicho esto, ha indicado que la Justicia "ya condenó" a los autores y que "ya se cumplieron esas sentencias".
"El Gobierno rechaza y condena sin paliativos aquellos hechos, una condena rotunda, con toda claridad. Está en las antípodas que tiene este Gobierno de hacer la cosas", ha resaltado el ministro.
Los Estados miembros de la Unión Europea aumentaron el gasto en Defensa en 2021 un 6%, según el informe anual de la Agencia Europea de Defensa (EDA), que señala que en 2023 los Veintisiete previsiblemente recuperarán la falta de inversión militar de los años de la crisis económica.
La Revisión Anual Coordinada en Defensa (CARD) presentada este martes a los titulares de Defensa de la UE refleja que el gasto en Defensa creció en 2021 significativamente hasta los 214.000 millones de euros, lo que supone un avance del 6% con respecto al año anterior, y supone el cambio de paradigma por el nuevo entorno de seguridad en Europa con la guerra en Ucrania y los compromisos renovados de los aliados de la OTAN.
Con esta perspectiva, los compromisos de gasto apuntan a que la UE habrá recuperado el año pasado las infrafinanciación de la Defensa durante la crisis económica, cuando se vivió una década, desde 2008 a 2018, de gasto militar a la baja.
El Congreso ha incorporado este martes el impuesto a las grandes fortunas en la proposición de ley sobre los gravámenes a empresas energéticas y entidades financieras que se prevé aprobar este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y la próxima semana en un Pleno del Congreso que está pendiente de convocar.
Según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, la ponencia de la comisión ha analizado las enmiendas presentadas por los distintos grupos a la proposición de ley y sólo ha incorporado las presentadas conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, dejando las de la oposición para los siguientes debates.
Y entre las enmiendas incorporadas destacan las propuestas por los dos grupos del Gobierno para introducir un impuesto "temporal" a las grandes fortunas y ampliar a la banca extranjera con sucursales en España la aplicación del impuesto financiero.