Paralizado el plan millonario de la Junta de Andalucía que pretendía destinar fondos a la sanidad privada para aliviar, dijeron, las listas de espera de la pública. El Tribunal Económico Administrativo tumbó el pasado 23 de noviembre el acuerdo marco con el que el presidente autonómico Juanma Moreno pretendía destinar 200 millones de euros para concertar pruebas diagnósticas de pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). ¿La razón? "Defectos legales insubsanables". "La Junta va a tener que volver a empezar desde cero", explica Luis González, responsable de Sanidad en CCOO Andalucía. Su sindicato ha sido claro: el plan era una "chapuza". Y así se ha confirmado, sobre todo porque el objetivo fundamental de la medida no ha funcionado: la espera en la sanidad autonómica es cada vez mayor. "Es un disparate, una auténtica barbaridad", lamenta González.
Concretamente, la decisión del tribunal adoptada la semana pasada acuerda el "desistimiento" del procedimiento de adjudicación del acuerdo marco con varios empresarios por el que se fijan las condiciones para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para pruebas diagnósticas en centros sanitarios y servicios privados de Andalucía y provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas, una medida anunciada por el Gobierno regional el pasado mes de febrero.
Poco después de conocerse la decisión, los sindicatos y la oposición lo celebraron. Desde CCOO aseguraron que la resolución mostraba que la "incapacidad de gestionar" del Gobierno de Moreno "está llegando a unos niveles más que inaceptables", una idea compartida por CSIF. "No es más que un síntoma de que se están externalizando más servicios de la cuenta", apuntaron. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, exigió por su parte explicaciones a Moreno, al que preguntó si la decisión del Tribunal Económico Administrativo demostraba que "su plan de conciertos privados es un nuevo 'error técnico' de su gestión de la sanidad pública andaluza".
La Consejería de Salud, por su parte, defiende su gestión. A preguntas de infoLibre, fuentes del departamento aseguran que la decisión jurídica tan sólo supondrá "un retraso efectivo" de la tramitación del acuerdo de alrededor de 20 días. "El Tribunal ha requerido una serie de modificaciones que se van a incorporar", añaden las mismas fuentes, que especifican que pretenden volver a sacar la licitación "a primeros de diciembre, después de incorporar las modificaciones".
En el acuerdo, el departamento que dirige Catalina García defendía la necesidad de contratar "conciertos" desde la administración andaluza "con empresas autorizadas al respecto, por carecer de medios propios suficientes para realizar las distintas actividades y pruebas diagnósticas y dada la experiencia acumulada en estos años".
Y es que los planes privatizadores de Moreno no son nuevos. Ni mucho menos. El líder regional, que ya se declaró hace tiempo inspirado políticamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció nada más llegar al poder en 2019 —entonces compartido con Cs— que uno de los objetivos de su Gobierno sería tomar medidas "urgentes" para disminuir las listas de espera. Lo haría, dijo entonces, mediante la aprobación de un plan de choque de 25,4 millones para rebajarla, de los cuales 15,5 se iban a dedicar a conciertos con contratistas como la Cruz Roja o San Juan de Dios. El que fuera entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, dijo entonces que si de hecho había que ampliar los conciertos no pasaba "absolutamente nada".
Ya en 2023, el Ejecutivo andaluz planteó la firma de conciertos con hospitales privados de otras comunidades que ahora se ha paralizado. El Ejecutivo, detallaron varias informaciones, destinaría 734 millones para este plan y serviría para concertar operaciones y pruebas diagnósticas en Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia.
"La única respuesta del Gobierno a las listas de espera ha sido apostar por la privada, y lo han hecho tanto que ésta ya ni siquiera es capaz de absorber tanta demanda. Han tenido que recurrir a provincias limítrofes", denuncia González.
Pero hay más ejemplos del objetivo privatizador de Moreno. Su Gobierno se ha estado acogiendo hasta junio de este año al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta ante la pandemia de covid-19 y adjudicar, así, millones de euros a la sanidad privada. En marzo, de hecho, la oposición de Juan Espadas exigió "explicaciones" por un "desvío" que, criticó, se había producido "sin marco legal y a dedo". El conservador amplió hasta en cuatro ocasiones ese procedimiento, pasando así por alto una instrucción de la Consejería de Hacienda que no sólo advertía de la pérdida de justificación legal para este tipo de contratos, sino también de que su uso sebía ser "residual".
Andalucía, a la cabeza en listas de espera
El objetivo, ha esgrimido siempre la Junta, nunca ha sido apostar por una privatización sanitaria, sino descongestionar las listas de espera. En la oposición, de hecho, el conservador criticó a la expresidenta Susana Díaz (PSOE) porque "la gestión socialista" había provocado la pérdida de 7.000 profesionales, la saturación de las urgencias y el aumento de las listas de espera. "Susana Díaz no es modelo de nada. Así que si queremos saber cómo gestionan los socialistas, miren a Andalucía. El modelo social del PSOE es el de las aulas prefabricadas, el de urgencias con 30 horas de espera, y el del 63% de paro joven", dijo.
La realidad es muy distinta. Si se observan los últimos datos disponibles en la web del Ministerio de Sanidad, que hacen referencia a la situación a 30 de junio, Andalucía está por encima de la media nacional en la tasa de pacientes en espera quirúrgica. Si en España hay 17,55 personas de cada 1.000 habitantes en una lista de espera, en Andalucía hay 23,24. En días de espera la situación es la misma: mientras que en el conjunto del país se tardan 112 días en poder someterse a una operación, en la comunidad gobernada por Moreno son 139.
El PSOE acusa al Gobierno andaluz del "desvío" ilegal de más de 100 millones a la sanidad privada
La lista de espera de consultas externas no es mucho mejor. En España, de media, hay 78,47 personas de cada 1.000 esperando ser atendidas, una cifra que en Andalucía asciende hasta las 101,57 personas. En el conjunto del territorio esperan 87 días en obtener la cita, pero en Andalucía ese tiempo llega a ser de hasta 121 días.
Hace exactamente un año, en junio de 2022, la tasa de pacientes esperando ser operados era de 16,64 por cada 1.000 habitantes (la media en España era de 16,09); la de personas en listas de espera de consultas externas, por su parte, de 110,45, un dato peor que el actual pero igualmente por encima del del conjunto del territorio, que estaba entonces en 79,30.
"Nos ocultaron las listas de espera más de un año. Anticipamos que habría más de un millón de andaluces en total y no nos equivocamos", sentencia González. Hay, concretamente, 1.034.292 andaluces.
Paralizado el plan millonario de la Junta de Andalucía que pretendía destinar fondos a la sanidad privada para aliviar, dijeron, las listas de espera de la pública. El Tribunal Económico Administrativo tumbó el pasado 23 de noviembre el acuerdo marco con el que el presidente autonómico Juanma Moreno pretendía destinar 200 millones de euros para concertar pruebas diagnósticas de pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). ¿La razón? "Defectos legales insubsanables". "La Junta va a tener que volver a empezar desde cero", explica Luis González, responsable de Sanidad en CCOO Andalucía. Su sindicato ha sido claro: el plan era una "chapuza". Y así se ha confirmado, sobre todo porque el objetivo fundamental de la medida no ha funcionado: la espera en la sanidad autonómica es cada vez mayor. "Es un disparate, una auténtica barbaridad", lamenta González.