"No creo que haya un fiscal general del Estado con tanto foco encima", asegura Dolores Delgado (Madrid, 1962). Su nombramiento, tras su paso por el Ministerio de Justicia, provocó enormes críticas por parte de la oposición, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar controlar la justicia. Delgado, que este lunes cumple ocho meses en el cargo, lo niega rotundamente: "No puedo ser arbitraria, tengo importantes controles", argumenta. "Haber sido antes ministra de Justicia es una de mis fortalezas, no una debilidad".
Esta entrevista de Delgado con infoLibre y elDiario.es se realizó el miércoles, en el primer día de la moción de censura de Vox, pero antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que detenía la reforma del Poder Judicial que presentaron PSOE y Unidas Podemos a la espera de que el PP acepte negociar. Durante esa moción, el nombre de la fiscal general del Estado salió en varias ocasiones a colación en el discurso de Santiago Abascal: "Con Dolores Delgado, Sánchez lanza el mensaje de que hace lo que le da la gana". "Los descalificativos chabacanos no me interesan", responde Delgado ante estas y otras críticas de Vox.
PREGUNTA. ¿Qué opina de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que han planteado PSOE y Unidas Podemos?
RESPUESTA. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene que estar en el marco constitucional y, además, derivar del consenso. Del acuerdo con los distintos actores jurídicos: los jueces, pero también abogados, fiscales, juristas… y ciudadanos. La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados. Por lo tanto, repito, tiene que existir un gran consenso en la regulación que queramos hacer del órgano de gobierno de los jueces. Partiendo siempre de la premisa de que los jueces y magistrados son servidores públicos que administran justicia.
P. Pero, ¿cómo lograr ese consenso en un momento en el que la renovación de un órgano constitucional lleva dos años sin producirse por el bloqueo del Partido Popular?
R. Es una anomalía del sistema constitucional y provoca una disfunción. Se trata de un órgano constitucional, cuyo funcionamiento tiene tiempos y plazos, y ello con específicas finalidades. Esta disfunción sí tiene una incidencia y un reflejo importante en determinados nombramientos.
P. Como los cinco nombramientos que aprobó el CGPJ en funciones en el Tribunal Supremo hace apenas unas semanas. Tres de ellos, hasta su jubilación.
R. Se trata de nombramientos que se proyectan en el futuro. ¿Cómo evitar esto? Pues a lo mejor la solución está en limitar la competencia del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre en funciones. Le pongo un ejemplo: en la Fiscalía General del Estado no tenemos una disposición específica en nuestro Estatuto orgánico. Sin embargo, se ha asumido no hacer nombramientos de libre designación mientras se está en funciones. La Fiscalía desarrolla una determinada política criminal, como en todos los países, ese es el sistema constitucional y democrático que tenemos.
P. ¿A usted le parece normal que tribunales superiores de justicia autonómicos hayan emitido comunicados criticando la acción de otro poder, en este caso del Legislativo? ¿Es normal que el Poder Judicial le esté diciendo al Legislativo qué leyes tiene que hacer?
R. Todo lo que sea participación profesional yo no la voy a criticar. Creo que en determinados cauces y límites la participación profesional es buena.
P. La cuestión es cuándo es participación y cuándo es presión: dónde está la línea.
R. Claro. La presión no es buena y menos cuando se hace desde espacios de poder, porque la presión no es diálogo: es fuerza. Esa es la diferencia entre convencer a través del diálogo, del discernimiento, del sosiego, de saber qué modelos tenemos en nuestro entorno próximo y lejano. En España hemos optado por un órgano de gobierno de los jueces con muchas atribuciones, no solamente de nombramientos sino también concernientes a la política criminal.
P. ¿Sería usted partidaria de rebajar esos poderes?
R. No. Lo que quiero decir es que a más poderes, mayor es la necesidad de que haya otros contrapesos. A más poderes, más necesidad de prever situaciones o circunstancias como las que estamos viviendo ahora.
P: Como que un poder en funciones esté haciendo nombramientos hasta la jubilación en el Supremo.
R. Exactamente. Es importante precisar lo que un poder judicial en funciones puede y no puede hacer.
Dolores Delgado durante la entrevista con infoLibre y elDiario.es. RED
P. Cumple ocho meses en el cargo. Su nombramiento estuvo rodeado de una enorme polémica porque venía de ser ministra de Justicia. Hay quien ve en ello una suerte de pecado original que condiciona su independencia. ¿Puede usted garantizar que su Fiscalía General del Estado es independiente del Gobierno?
R. Ocho meses después me someto al escrutinio de la ciudadanía sin mediaciones. Existen diferentes y variados sistemas de elección de fiscal general del Estado. Hay países, como Francia, donde el ministro de Justicia es quien desarrolla la labor de Fiscal General del Estado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama política criminal. La política criminal la determina el Ejecutivo. El Ejecutivo responde a lo que ha querido la soberanía popular a través de unas elecciones. El pueblo soberano ha elegido una conformación de Ejecutivo y le dice que desarrolle unas políticas: la económica, social, sanitaria, educativa, judicial.... Entre ellas está la política criminal. Quien tiene que desarrollar la política criminal es el Ejecutivo. Y designa para ello al fiscal general del Estado.
Hay países, especialmente los anglosajones, donde el Fiscal General del Estado es el ministro de Justicia. En otros, lo nombra el presidente. Casi siempre el fiscal general del Estado tiene una vinculación con el Ejecutivo porque es quien desarrolla, repito, la política criminal.
En España tenemos un sistema de nombramiento muy completo porque participan los tres poderes: se propone por el Ejecutivo al Rey, que es quien nombra al Fiscal General del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial. Y en el año 2007 se amplía el Estatuto para que el fiscal o la fiscal general del Estado comparezcan en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y exponga su trayectoria profesional y sus propuestas de acción.
La comparecencia en el Congreso es importante, es la sede de la soberanía popular. Allí expliqué que haber sido Ministra de Justicia era una fortaleza.
P. ¿Por qué cree que es una fortaleza?
R. Porque lo importante no es de dónde venga, sino cómo desarrolle mi función y que ello se pueda apreciar y someter al escrutinio de la ciudadanía. Sé que el foco está puesto sobre mi gestión. Creo que es bueno y una garantía de transparencia. Haber sido ministra de Justicia me ha dado una perspectiva de la justicia y un conocimiento de ella extraordinario, nacional e internacional. También de otros espacios como es el parlamentario en el desarrollo normativo, por ejemplo. Me ha permitido gestionar equipos y desarrollar proyectos de servicio público. Ahora, desde la Fiscalía General del Estado debo trabajar para la justicia desde otro espacio. Evidentemente, soy progresista. Pero ello, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no te invalida para el desarrollo de una función. La ley establece unos márgenes de interpretación para desarrollar distintas opciones de política criminal. Por ejemplo, la defensa de las víctimas, de los colectivos vulnerables, la lucha contra las formas de discriminación, perseguir la violencia de género, la defensa de los derechos sociales más elementales…
Por otra parte, la Fiscalía está conformada por profesionales muy cualificados, con una clara vocación de servicio público. Con cometidos específicos y procedimientos preestablecidos.
P. Como las causas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
R. Sí. Ese cúmulo de denuncias y querellas se trasladaron a la Fiscalía de la Sala Penal, la competente por la condición de aforados de los denunciados y querellados. El encargado de su estudio e informe es el teniente fiscal, Luis Navajas. Él se asiste y asesora de aquellos compañeros y órganos que cree oportuno, como la Secretaría Técnica, que es un órgano muy cualificado, de asesoramiento técnico para toda la Carrera Fiscal.
Si me preguntan por qué no me he abstenido en esos casos, la respuesta es sencilla: porque no he intervenido en ellos. ¿Por qué no he convocado a la Junta de Fiscales de Sala? Porque la Junta de Fiscales de Sala se reúne cuando concurren determinados requisitos, regulados en el artículo 15 y artículo 25 de nuestro Estatuto Orgánico. Nosotros somos juristas y la ley tiene que ir por delante.
P. ¿Quiere decir que no había necesidad de convocar a la Junta de Fiscales para decidir sobre la posición de la Fiscalía sobre esas querellas, como le han criticado?
R: La Junta de Fiscales de Sala no se reunió, por ejemplo, para las cien querellas que le presentaron a Aznar con la guerra de Irak. No se reunió con el procés, que ha sido la causa histórica por antonomasia de este país. Tampoco se reunió para algo muy importante, como la petición de imputación de Pablo Casado…
P. Cierto, aquello lo decidió el mismo Luis Navajas.
R. Sí. Lo decidió el mismo Luis Navajas. La Junta de Fiscales de Sala está para lo que está, y es para que cuando la fiscal general del Estado da una instrucción en relación a los miembros del Gobierno, tenga que hacerlo a través de ese órgano. O, dando yo una orden, cuando alguien se opone porque no está de acuerdo.
En la Fiscalía tenemos unos instrumentos normativos bastante completos, que son esos contrapesos de los que hablaba antes. A Montesquieu le hubieran encantado. Como fiscal general del Estado no puedo hacer lo que quiera. No puedo ser arbitraria, tengo importantes controles: desde mis propios compañeros hasta los tribunales. Mi relación con el Ejecutivo y con el Parlamento está reglada en el Estatuto y me tengo que ceñir a eso. No puedo hacer cualquier cosa.
Cuando era ministra de Justicia hice algo que GRECO aplaudió: hacer transparentes las relaciones de la ministra, que entonces era yo, con la fiscal general del Estado. Todas las comunicaciones las dejamos por escrito. Se publicaron en nuestra página web.
P. Luis Navajas denunció hace unas semanas presiones por parte de varios compañeros fiscales en el Supremo para actuar contra el Gobierno. Se abrió una investigación. ¿En qué estado se encuentra?
R. Se incoaron unas diligencias informativas. Hay que saber qué ha pasado. Saber las circunstancias. Hay algo que yo creo que es muy importante: la transparencia, la comunicación. Eso necesariamente enlaza con la libertad de expresión. Por lo tanto, yo no voy a mermar la posibilidad de que los compañeros y las compañeras hagan entrevistas, hablen… Yo misma estoy aquí haciendo una entrevista con ustedes.
La ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, a principios de mayo, escribió un artículo en El Mundo. Era un artículo duro, relativo a la situación del estado de alarma en el que nos encontrábamos. Vertía una serie de consideraciones y opiniones. Creo que hay que ser muy prudente a la hora de expresar algunos pensamientos por la persona que los expresa, por el cargo que ha ocupado. Madrigal fue fiscal general del Estado. Pero yo, aun no estando de acuerdo, pensé que debía de respetar esa libertad.
Traslademos esto al teniente fiscal, Luis Navajas. También está amparado por el derecho a expresar libremente unos hechos que vive en primera persona, que seguramente son el cúmulo de muchos acontecimientos que vive a lo largo de un período de tiempo, de mucha presión. A todos los niveles: presión mediática y presión profesional. Es una situación dura y él está también al final de su carrera, no había tenido vacaciones… Responde a su libertad de expresión y lo cuenta. Me parece bien.
Se refirió a cosas importantes, complicadas. En un momento en el que en la Fiscalía no teníamos traslado de denuncias o querellas, alguien le dijo que él debía asumir al menos una, según manifiesta Navajas.
A mí me preocupa saber cómo se produce eso que Navajas expresa en esa entrevista. Es el teniente fiscal del Supremo, el número uno de la carrera.
P. Se le presiona, según su testimonio, para que acepte al menos una querella contra el Gobierno.
R. Nos vamos ahora a otro punto: ¿quién se lo dice? Y ahí podemos enlazarlo con el artículo de El Mundo.
P. Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado nombrada por el Gobierno de Rajoy.
R. Era la fiscal general del Estado nombrada por un gobierno sustentado por el Partido Popular. Creo que debemos ser prudentes. Por ejemplo, el PP está diciendo que no puede ser fiscal general del Estado alguien que durante los diez años anteriores haya ejercido un cargo público. Pero también es verdad que un fiscal general del Estado que retorna a la carrera fiscal debe mantener una cierta distancia frente a determinadas causas que puedan afectar al partido político que le nombró. Yo creo que a mí se me exige un determinado comportamiento de neutralidad y de apariencia de neutralidad. Creo que tenemos que exigirlo a personas que han tenido la misma responsabilidad y que por prudencia deberían mantenerse al margen.
P. ¿Cree que Consuelo Madrigal no tuvo ni prudencia ni apariencia de neutralidad?
R. Yo creo que lo que dijo el teniente fiscal del Tribunal Supremo debe ser analizado. No voy a entrar a poner calificativos a los comportamientos. Debe ser analizado teniendo en cuenta todas las circunstancias.
Yo también me lo aplico a mí misma. No vale que para unos haya un criterio y para otros, uno diferente. La autonomía que se predica del ministerio fiscal tiene que ser exterior e interior. Y la autonomía interior, dentro de la carrera, es importante. La carrera no puede recibir presiones externas, pero tampoco debemos tener presiones internas.
P. Ya se conoce la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el que fue máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. ¿La va a recurrir la Fiscalía?
R. La estamos estudiando, pero la lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hay varios aspectos que creo que sí pueden tenerse en cuenta. Es una sentencia absolutoria. Ante un fallo así, tienen que existir o concurrir una serie de circunstancias que demuestren que ha habido una absoluta falta de probanza o una irracional interpretación de las pruebas. No estoy hablando de este caso concreto, pero creo que es importante también para él. La sentencia es muy contundente, muy sólida. El magistrado Ramón Sáez es un hombre muy meticuloso, exhaustivo y con gran capacidad de análisis. También hay que tener en cuenta que esta sentencia viene detrás de otra, la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el procés, que también hay que mirar. El procedimiento arrancó en 2017, con otro fiscal general del Estado que tuvo una intervención directa y activa.
P. El Supremo no apreció la rebelión que pedía la Fiscalía. La Audiencia Nacional absuelve a Trapero sin ver la sedición. Podríamos decir que han fracasado las tesis del Ministerio Fiscal. ¿Qué reflexión hace sobre esos dos reveses?
R. Es la grandeza del Estado de Derecho. No puedo decir otra cosa. Los fiscales aceptamos las decisiones de los tribunales y creo que eso nos hace fuertes y grandes profesionales. Somos humildes. Si no estamos de acuerdo, recurrimos. Así tiene que ser. El Estado de Derecho funciona.
P. ¿Desautorizan las sentencias las tesis de la Fiscalía o de la dirección de la Fiscalía antes de que usted llegara?
R: Cuando una sentencia te es desfavorable como fiscal no supone una desautorización. Si los elementos que se han llevado y el desarrollo del juicio han sido correctos, se trata simplemente de una distinta valoración de unos hechos con un encaje en un tipo penal. No voy a entrar en valorar decisiones anteriores porque estaban ya tomadas. Si usted me pregunta: “¿Lo habría hecho yo?” No lo sé.
P. Cataluña trufa la vida pública, también la acción de la Fiscalía. Sobre la mesa están ya los indultos a los presos del procés. ¿Cree que deberían ser indultados?
R. El procedimiento está reglado en una ley. Algunos dicen que hay que cambiarla, pero yo no entro en aspectos legislativos. Hay indultos, por ejemplo, en los que nos encontramos con víctimas muy generosas, algo que a mí me ha sorprendido como fiscal en casos de delitos muy, muy graves. Hay víctimas que necesitan una conciliación y son muy generosas. Es algo grandioso, de las mayores enseñanzas que he vivido como fiscal, especialmente en antiterrorismo.
Dejando esto aparte, el procedimiento tiene su trámite y habrá que informar teniendo en cuenta todos los aspectos y específicamente los contenidos en la sentencia, que en muchos casos es clave. Y luego es el Ejecutivo el que tiene que tomar la decisión sin que nuestros informes sean vinculantes. No me puedo aventurar y los que tomarán la decisión serán los fiscales del procés.
P. ¿Intervendrá usted de alguna manera?
R. No. Como antes les explicaba sobre la gestión de la pandemia y otras causas, tenemos unos procedimientos, un usus fori, y compañeros asignados que son grandes profesionales.
P. ¿Es partidaria de reformar o rebajar las penas por el delito de sedición?
R: Está claro que el mundo ha cambiado. Estamos en el siglo XXI y hay nuevas formas de atentar contra una democracia. Es así. Por ejemplo: desde aquí, desde este espacio tan bonito, podríamos dar un golpe de Estado cambiando o modificando estructuras online. Lo hemos visto hasta en las películas. Estamos hablando de temas distópicos, completamente futuristas… pero miren la pandemia. Es muy importante que adaptemos el Código Penal a la realidad. La propia ley ha ido evolucionando. Tenemos que seguir en ese camino, darle un repaso a la acción típica y a las posibilidades de cometer los mismos fines de la sedición de otra manera. Pero es bueno, repito, que sea por consenso, hablando con los operadores jurídicos y con la ciudadanía, con informe de los expertos y de los políticos. Con la sociedad. Parece que a veces se nos olvida.
P. Si se pregunta en Cataluña, la cuestión podría estar muy clara.
R. Yo creo que Cataluña también necesita mucha racionalidad jurídica.
P. ¿Quién va a decidir la posición de la Fiscalía sobre la posible imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias? ¿Va usted tomar parte de esa decisión?
R: No, no voy a participar ni intervenir. Está establecido: será el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que se asiste de aquellos fiscales de sala que él considera que pueden aportarle algo. Es importante señalar que contamos con la Fiscalía que ha llevado la causa en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, que es quien ha participado en la investigación y la instrucción. El criterio de la Fiscalía Anticorrupción es relevante para el teniente fiscal y me consta que ya remitió un informe.
P. Ese informe es bastante crítico con García Castellón.
R. No hablaría de crítica. Expone los hechos que habría transmitido al juez instructor si le hubiera dado traslado antes de elevar la exposición razonada.
P. ¿No es anómalo que eleve la exposición razonada sin consultar a la Fiscalía?
R. No existe una norma que establezca la obligatoriedad del informe. Lo que pasa es que el usus fori o la práctica sí conducen a ello.
P. ¿Se está utilizando la justicia contra el Gobierno? Me refiero a Pablo Iglesias, pero también a la pandemia.
R: Siempre hay un halo de tentación de manipular la justicia. Pasa en las situaciones normales, hasta en la calle. “¡Te voy a llevar al juez! ¡Te voy a mandar a mis abogados!”. Es el concepto de justicia como munición, como algo que se puede utilizar de parte. Por eso es tan importante que tengamos procedimientos muy transparentes de elección de determinados jueces, que la ciudadanía participe en determinadas decisiones, que los medios sean muy transparentes.
P. Dos ministros, Pablo Iglesias e Irene Montero, sufren desde hace meses un acoso en su casa sin que haya merecido ningún tipo de reproche desde el ámbito de la Justicia. ¿Debería actuar la Justicia o la Fiscalía?
R. La Fiscalía, en este caso la de Madrid, está actuando. Hay una línea quizá muy sutil entre la libertad de expresión, la crítica política y determinados hechos en los que concurren circunstancias que superan esa crítica. Es una causa abierta.
P. ¿En qué estado se encuentra la investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey emérito? ¿Cuándo se conocerá la calificación de sus hechos?
R. En la Fiscalía del Tribunal Supremo hay un fiscal delegado para delitos económicos que además es jefe de Sala Penal del Tribunal Supremo, uno de los cargos más importantes. Juan Ignacio Campos es un hombre que tiene una trayectoria extraordinaria. Le encomendé esta investigación y él la está llevando con su equipo de fiscales, personas muy capacitadas. Las investigaciones de este tipo son realmente complicadas. Por otro lado, son lentas porque en muchos casos dependen de comisiones rogatorias y de la cooperación judicial internacional.
P. Recientemente, el fiscal Campos dijo tras ver lo que había llegado de Suiza que se abrían nuevas perspectivas y un abanico de posibilidades.
R. Me parece un acto de transparencia, algo que quiero implementar para que exista como en otros países, como Francia. Que Campos, que es un hombre extraordinariamente discreto, se refiera a que tiene o que va a seguir investigando nos tendría que llenar de tranquilidad a todos porque quiere decir que va a agotar la investigación.
P. Si se confirma la existencia o movimientos entre cuentas del emérito posteriores a 2014, ¿defenderá su imputación y que devuelva ese dinero opaco?
R. Eso es hacer una predicción de futuro que depende de tantas cosas, de tantas diligencias y de las pruebas… No lo sé.
P. El estado de alarma ha estado vigente en Madrid, de forma muy discutida. ¿Faltan leyes para enfrentarse a esta pandemia?
R. Nos hemos encontrado en una situación inédita y con leyes de alguna manera obsoletas. En la Constitución sí está regulado el estado de alarma, excepción y sitio, pensado para otras circunstancias. Nos hemos encontrado con un choque o contrapeso de derechos fundamentales: a la salud, a la salud colectiva, la libertad deambulatoria… En la Fiscalía intentamos unificar criterios para coordinar respuestas.
No sabemos cómo afecta el virus en muchos ámbitos de nuestra salud. Hay mucho que desconocemos y tenemos que ir aprendiendo. Salvando las distancias, tenemos que aplicar lo mismo a las leyes y las normas. ¿Nos permiten en la actualidad articular respuestas inmediatas y rápidas? ¿Tenemos que decretar un estado de alarma que pasados 15 días haya que llevar al Parlamento para que sea autorizado o podemos articularlo de otra manera? No lo sé, pero debemos tener la capacidad de respuesta legal inmediata porque la situación lo requiere. Y repito, debe existir consenso.
P. ¿Ha seguido la moción de censura?
R. No, no la he seguido.
P. Ha sido mencionada en varias ocasiones como una herramienta de desgaste al Gobierno.
R. A lo largo de los años, las personas que estaban al frente de la Fiscalía General del Estado hemos sido campo de batalla política y arma arrojadiza. Esta persona mía es un arma, es un campo de batalla donde se pueden desarrollar las mayores barbaridades. ¿Va en el puesto? Pues no. Está la institución. Detrás y junto a mí hay compañeros y compañeras que trabajan día a día dejándose la piel, la vida. Yo misma lo pretendo. Antes [como ministra] demostré ser muy autónoma, muy independiente y ahora lo sigo demostrando, dándole a mis compañeros y mis compañeras las herramientas para que puedan serlo, peleando por una efectiva autonomía, también en lo presupuestario.
Los descalificativos cutres y chabacanos no me interesan. No me hago eco de ellos. Los que puedan tener un componente de género me hacen ser mucho más fuerte en mis convicciones. No admito ni una sola imputación que tenga su base en mi condición de mujer. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser como soy, la mujer que soy: una mujer luchadora como tantas otras, una persona que lucha y que trabaja. Así que lo cutre y lo chabacano no va a hacerme temblar en mis decisiones.
P. ¿Le afectan los ataques en lo personal?
R. Todos sentimos nuestras convicciones. A veces los ataques son absolutamente injustos e interesados, chabacanos, cutres, con incluso mentiras palpables que están ahí. En política parece que no tienen un coste o que te salen gratis. En otros ámbitos de la vida no ocurre. Tú no puedes mentir siendo fiscal, no puedes mentir siendo juez. Cuando recibo esos ataques, lo único que consiguen es fortalecerme en las convicciones, principios y valores.
P. ¿Ha hablado con el presidente del Gobierno desde que fue nombrada?
R. Cuando le llevé la memoria de la Fiscalía. Hablé primero con el rey, que me recibió el día 4 de septiembre. Estuvimos hablando muchísimo tiempo del contenido de la memoria, la situación de la Justicia y de la Fiscalía. Sin solución de continuidad me fui a llevársela al presidente del Gobierno en los mismos términos, pero fue el mismo día y fue la primera vez que le vi y que hablé con él desde que fui nombrada Fiscal General del Estado.
P. En esa memoria aparece siempre un dato, el mínimo porcentaje de denuncias falsas por violencia de género, menos de un 1%. Ese dato se ha convertido desde la llegada de Vox en una herramienta de la oposición contra la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Cómo califica esas acusaciones?
R. Hay realidades criminológicas que debemos tener muy presentes. La violencia de género mata, asesina, deja huérfanos, deja a mujeres en una situación indescriptible en cuanto a vulnerabilidad, se ceba en personas muy vulnerables. Es una realidad criminal que está ahí. Cualquier frivolidad que se cometa en relación a la violencia de género nos afecta a todos. A ustedes, a mí y a cualquiera, porque está afectando a nuestra convivencia. Tendría que salir de la disputa política. Tenemos que ser muy conscientes y sentirnos orgullosos de lo que está haciendo España y orillar a aquellos que lo nieguen.
P. ¿Echa de menos el Ministerio o la primera línea de la política?
R. No, no.
P. Le ha faltado decir que se ha quitado un peso de encima.
R. No, no, tampoco. Soy una servidora pública. Se puede creer o no, pero es como me siento. El servicio público es mi vocación. Por mejorar la sociedad, cambiar las cosas, avanzar, entender que vivimos en un mundo distinto y que tenemos que adaptarlo.
Llevo 31 años en la carrera fiscal. Me apasiona, pero tuve la oportunidad de hacer algo desde el Ministerio de Justicia, en el mismo sentido de servicio público, y me pareció igualmente apasionante. Creo que mis compañeros y mis compañeras, los jueces y fiscales, ustedes mismos tendrían que pasar por experiencias así. Me han dado por todos lados, es cierto. No soy política y quizás sea ese mi verdadero problema.
P. ¿Cómo le gustaría que recordasen su paso por la Fiscalía General del Estado?
R. Esa es su función [de los medios], no la mía. Me someto a ese juicio público. Lo que no comparto son los prejuicios.
El Gobierno nombra como teniente fiscal del Tribunal Supremo al fiscal que investiga al rey emérito
Me gustaría tener un Ministerio Fiscal más transparente, moderno, del siglo XXI, comprometido, internacionalizado y especializado. Que asuma la investigación porque somos hombres y mujeres de altísima cualificación profesional. Que tengamos en el horizonte a las víctimas siempre, porque trabajamos por y para las víctimas. Una Fiscalía donde los cargos de responsabilidad no sean solo de hombres.
P. ¿Hay machismo en la Fiscalía?
R. El porcentaje de mujeres es aproximadamente de un 65% y va incrementándose en las nuevas promociones. Ahora se trata de que ello se vaya reflejando en los cargos directivos. Contamos con jefas en las fiscalías de área comprometidas y entregadas, con proyección de futuro. Las fiscalías de área, las territoriales, son un verdadero semillero de jefaturas.
"No creo que haya un fiscal general del Estado con tanto foco encima", asegura Dolores Delgado (Madrid, 1962). Su nombramiento, tras su paso por el Ministerio de Justicia, provocó enormes críticas por parte de la oposición, que acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar controlar la justicia. Delgado, que este lunes cumple ocho meses en el cargo, lo niega rotundamente: "No puedo ser arbitraria, tengo importantes controles", argumenta. "Haber sido antes ministra de Justicia es una de mis fortalezas, no una debilidad".