Los 320 millones de euros que tiene previsto donar la Fundación Amancio Ortega a hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para renovar equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores han provocado una ola de comentarios y reacciones en los últimos días. Profesionales sanitarios y colectivos de pacientes y supervivientes del cáncer no tardaron en agradecer el gesto al magnate después de que diversas delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), integrada por trabajadores y usuarios, rechazaran la donación al considerar que sienta un mal precedente y condiciona la organización del sistema.
Más allá del hecho concreto de la donación y de las diversas posiciones al respecto, está cuestión sí vuelve a poner sobre la mesa varios debates sustanciales: cuáles son las reglas que marcan la política sanitaria, cómo debe evolucionar el modelo de financiación o si será posible la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Todo ello, además, en un contexto de cierta debilidad, con un sistema sanitario público que intenta reponerse tras haber sufrido un recorte de 10.000 millones de euros en los años más duros de la crisis.
De ahí, en parte, que haya quien diga que cualquier recurso es bienvenido. Así se han pronunciado principalmente los pacientes. Por ejemplo, la gaditana Tina Fuertes de la Torre, que padece una metástasis ósea, ya ha recogido casi 100.000 firmas a través de la plataforma Change.org instando a que no se rechace el mecenazgo. También muchos profesionales y sociedades médicas, como la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), han agradecido públicamente las donaciones.
Cambio de modelo
El doctor Manuel Martín, presidente de la FADSP, pide ir a las cuestiones de fondo. A su juicio, estas donaciones pueden ser el caldo de cultivo perfecto para acabar "privatizando la financiación del sistema público de salud y mermando los presupuestos públicos". Denuncia que así está ocurriendo ya en Galicia, donde desde 2015 las Philips Ibérica y Varian Medical Systems Ibérica se encargan de gestionar los aparatos de imagen y radioterapia que utilizan los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Estas compañías obtuvieron el contrato, dotado en 88 millones de euros con una duración de ocho años, a través de la modalidad del diálogo competitivo, que da más margen de acción a la iniciativa privada. Precisamente los 17 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega donó a la sanidad pública gallega en octubre de 2015 se utilizaron para financiar parte de este contrato, tal y confirma un portavoz del Sergas. Cada acelerador –hay cinco ya instalados en Galicia y tres en proceso de puesta en marcha– permite dar radioterapia a 1.300 pacientes por año. Con los 15 mamógrafos se realizan unas 154.000 mamografías al año.
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que ve oportunas las donaciones, no cree que exista ese riesgo de privatización. De hecho, la propia asociación funciona como una fundación que da fondos al Estado para lucha contra el cáncer. "De momento, estas donaciones no han mermado los presupuestos previstos en Andalucía y Galicia, que son las dos comunidades en las que el programa está en marcha desde hace un año", señala una portavoz a preguntas de este diario.
No obstante, la AECC mantiene que cualquier tipo de colaboración que apoye la sostenibilidad del sistema público tiene que "garantizar el acceso universal y la equidad" y nunca puede tomarse como una "sustitución". "Además, el propio sistema tiene que garantizar la continuidad en el tiempo de estas prestaciones, su mantenimiento y su actualización. No tiene sentido dar dinero para una tecnología pero que luego no haya profesionales para poder mantenerla en el tiempo", dice la citada portavoz.
José María Abellán, presidente de la Asociación de Economía de la Salud y vicerrector de la Universidad de Murcia, entiende que esta donación, que es completamente insólita en la sanidad española, genere "recelos y suspicacias". No obstante, a su juicio, la arquitectura actual del sistema, que es universal, en gran medida gratuito y financiado con ingresos generales a través de impuestos, hace que este tipo de donaciones no pongan en riesgo su "carácter público". "El mecenazgo me parecería peligroso si nuestro sistema sanitario estuviese basado en la beneficencia, algo parecido a lo que había en la etapa franquista", subraya.
"Si acabáramos financiando el sistema masivamente con donaciones, sí se desvirtuaría la función de la planificación sanitaria. Pero no es lo que ha ocurrido en este caso. Estamos hablando de una inversión que era claramente necesaria y, por tanto, la donación de la Fundación Amancio Ortega me parece una buena noticia", opina, por su parte, Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en economía de la salud.
A su juicio, hay otras cuestiones que sí suponen una clara privatización del sistema, como la entrada de empresas de capital riesgo en la gestión de hospitales; o el crecimiento de los seguros privados de salud motivado por la situación de asfixia en la que se encuentra el sector público, con presupuestos cada vez más mermados y, en consecuencia, atascos en las listas de espera, cierre de plantas y quirófanos y recortes de personal. "Eso sí que es una mala noticia", subraya.
Juan Gérvas, doctor en Medicina especializado en medicina preventiva, sí cree que la entrada del mecenazgo en la sanidad pública "abre un camino preocupante". A su juicio, programas como el de la Fundación Amancio Ortega rompen uno de los principios fundamentales del sistema sanitario público, que es la equidad entre pacientes, porque establecen diferencias entre los que tienen una enfermedad y los que padecen otra.
Carácter finalista
Manuel Martín (FADSP) explica que el carácter finalista es otra de las razones fundamentales del rechazo a esta donación por parte del colectivo que lidera. Esta es una cualidad que tiene todo mecenazgo, pues los donantes suelen reservase el derecho a orientar a dónde quieren que vaya ese dinero. "Es una decisión de financiación con un afán determinado, que es condicionar la estrategia de lucha contra el cáncer volcando el esfuerzo en el diagnóstico precoz únicamente a través de aparatos de alta tecnología. Eso va en detrimento de la promoción de hábitos saludables destinados a mejorar la alimentación, limitar el consumo de tabaco...", señala.
Juan Gérvas también cuestiona esa orientación "únicamente biológica" de la medicina, obviando otras vertientes psicológicas y sociales. "Precisamente un estudio publicado esta semana en The New England Journal of Medicine comparando datos de países ricos con pobres constata que más gasto contra el cáncer no disminuye la mortalidad. De hecho, también está comprobado que el sobrediagnóstico causa graves daños, por los tratamientos innecesarios consiguientes y por vivir con la espada de Damocles de creer que se tiene cáncer", señala.
A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Fundación Amancio Ortega admite que se "traslada" a las administraciones autonómicas el "ámbito" al que se circunscribe el programa, que es la renovación y modernización del equipamiento tecnológico en los servicios de diagnóstico y tratamiento radioterápico del cáncer en hospitales públicos, si bien son los profesionales del sistema de salud de cada comunidad los que seleccionan los equipamientos concretos. "La intervención de la fundación se limita a comunicar a las administraciones autonómicas su intención de extender el programa y garantizar, mediante los acuerdos firmados, la donación de las cantidades necesarias", añade.
Esta cuestión también le genera cierta "reticencia" a José María Abellán, de la Asociación de Economía de la Salud. "Muchas sociedades científicas y organizaciones venimos insistiendo en el llamado hospitalocentrismo y en el hecho de que el sistema está orientado en demasía a la atención especializada y hospitalaria desatendiendo en gran medida la atención primaria", explica. Por eso cree que habría sido preferible haber podido realizar una "lista de prioridades" a las que dedicar este dinero.
"Quizá se podría haber destinado parte a reforzar la atención primaria o incluso los programas de salud pública, que son casi una anécdota en términos presupuestarios. Hay que tener en cuenta que las características de la población objeto de cobertura, con el tiempo, han cambiado. Con el aumento de la longevidad y la esperanza de vida lo que tenemos que hacer es prestar una atención debida a la cronicidad. Hay que modular un sistema que está principalmente orientado al tratamiento de pacientes agudos", subraya Abellán.
Por otro lado, a juicio de Martín el exceso relativo de uso de ciertas tecnologías genera "efectos adversos". En este sentido, recuerda que el National Cancer Institute de EEUU todavía no ha determinado que los mamógrafos digitales con tomosíntesis –como los que se comprarán para los hospitales públicos con el dinero de la Fundación Amancio Ortega– sean más eficaces que las mamografías en 2D a la hora de identificar cánceres iniciales y evitar resultados positivos falsos.
Lavado de cara
Otra cuestión que ha generado recelos es cuánto le cuesta realmente a Ortega esta donación y hasta qué punto responde a una estrategia de "lavado de imagen", como sostienen desde la FADSP. Según la última lista de Forbes, Amancio Ortega, con una fortuna de 66.359 millones de euros, es el cuarto hombre más rico del mundo. Su compañía, Inditex, es muy cuestionada por su presencia en Turquía, China, India y Camboya, países que están entre "los peores del mundo" para los trabajadores. Además, según un informe del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo el gigante textil eludió 585 millones en impuestos gracias a la ingeniería fiscal entre 2011 y 2014.
En España, las donaciones para actividades no lucrativas tienen desgravaciones fiscales que suponen un beneficio que, no obstante, siempre es inferior a la cantidad donada. Fuentes del sindicato de técnicos de hacienda Gestha explican a infoLibre que si esos 320 millones de euros llegaron a la Fundación Amancio Ortega a través de una aportación personal del magnate él se habría podido deducir el 35%, es decir 112 millones de euros. Si lo hubiera hecho a través de una de las empresas del grupo, el 40%, 128 millones. Por tanto, la cantidad realmente donada, descontada la deducción fiscal, sería de 208 en el primer caso y de 192, en el segundo.
Con estas cifras encima encima de la mesa a Manuel Martín, de la FADSP, le parece que esto es "una inversión, un buen negocio, no una donación". "De altruismo, nada", señala. Juan Gérvas coincide en el análisis. "No necesitamos donaciones sino obligaciones. La solidaridad está por encima de la caridad. Si Amancio Ortega o cualquier otra persona quiere dar dinero, me parece bien, pero que lo haga sin darse publicidad, de forma anónima y sin imponer dónde quiere que se gaste ese dinero", asevera.
La catedrática González López-Valcárcel, sin embargo, ve "desacertado" pensar que detrás de esta donación haya algo oscuro. "En este país estamos acostumbrados a pensar mal siempre, pero si con este tipo de acciones cambian los criterios éticos del país y los millonarios dejan de robar y empiezan a donar, es muy buena noticia", sentencia.
Los 320 millones de euros que tiene previsto donar la Fundación Amancio Ortega a hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para renovar equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores han provocado una ola de comentarios y reacciones en los últimos días. Profesionales sanitarios y colectivos de pacientes y supervivientes del cáncer no tardaron en agradecer el gesto al magnate después de que diversas delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), integrada por trabajadores y usuarios, rechazaran la donación al considerar que sienta un mal precedente y condiciona la organización del sistema.