Podemos e IU han acusado al juez Manuel Piñar de ejercer "activismo político" y "violencia institucional" al denegar la ejecución del indulto parcial concedido por el Gobierno a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.
La coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha subrayado que esta resolución del magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada es "muy grave y peligrosa", al "saltarse de facto" la medida de gracia acordada por el Ejecutivo y mantener en la cárcel a Rivas, informa Europa Press.
Para Serra, el comportamiento de Piñar revela, a su juicio, que algunos jueces ejercen "activismo político" desde su posición institucional para "atacar" a los derechos de las mujeres y el feminismo, máxime cuando en su fallo se arrojan "bulos".
De esta forma, ha recriminado la "rebeldía" de este magistrado contra el "indulto" del Ejecutivo, que ha definido también como "ataque a la democracia", y que busque poner de nuevo a Rivas como "chivo expiatorio" de los opositores a los avances de los derechos de las mujeres.
Preocupante "aviso" para quienes son víctimas de violencia
El Consejo de Ministros aprueba el indulto parcial para Juana Rivas
Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, también ha dicho en rueda de prensa telemática que esta resolución supone un "aviso a navegantes" a aquellas que son "víctimas de la violencia y protegen a sus hijos" de ella.
"Es muy mala noticia" ha relatado la también eurodiputada afirmando que se trata de un "claro" ejemplo de "violencia institucional", con una intención "claramente disciplinante" para las mujeres que denuncian casos de violencia de género.
De hecho, Rego ha aseverado que el fallo tiene un "sesgo patriarcal" muy "preocupante" para aquellos que aspiran a una sociedad más igualitaria, máxime cuando la relatora de la ONU para cuestiones de igualdad y derechos de las mujeres habla de la existencia aún de elementos de violencia "estructural".
Podemos e IU han acusado al juez Manuel Piñar de ejercer "activismo político" y "violencia institucional" al denegar la ejecución del indulto parcial concedido por el Gobierno a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.