Ecologistas en Acción pidió este viernes que Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, dimita de su cargo por la corrupción de Acuamed. "Parte de los contratos y facturas que se están indagando se aprobaron cuando era ministro de Agricultura", recuerda la ONG, para quien tendría que "asumir las responsabilidades políticas de haber permitido que se cometiesen esas irregularidades, ya sea por acción o por omisión".
La organización dice además que "resulta especialmente grave que continúe siendo comisario europeo cuando la sospecha de malversación en Acuamed también afecta a fondos europeos". Un dinero que han recibido "prácticamente todas las obras que se están investigando, sin ir más lejos la desaladora de Almanzora (22,7 millones de euros) y la presa de la rambla Gallinera (25,5 millones)".
El denunciante del ‘caso Acuamed’ alega “un acuerdo al máximo nivel” con Arias Cañete
Es por ello que "Ecologistas en Acción considera inaceptable que Miguel Arias Cañete continúe participando en la aprobación de proyectos legislativos y gestionando la financiación de programas europeos cuando, a la vez, está involucrado en investigaciones de fraude sobre estos fondos".
Y añaden también que ya antes de que asumiera este cargo, Cañete sufrió "serias críticas por la manifiesta incompatibilidad de su actividad privada, en el sector petrolero, con los fines que debería defender como comisario de Acción por el Clima".
En estos mismos términos se pronunció el 27 de enero la eurodiputada de IU Marina Albiol, que se encargó de recordar que Cañete se había reunido siendo ministro de Agricultura con FCC, la empresa a la que "poco después" se le aprobó una indemnización ("indebida" según el juez) de 40 millones de euros.
Ecologistas en Acción pidió este viernes que Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, dimita de su cargo por la corrupción de Acuamed. "Parte de los contratos y facturas que se están indagando se aprobaron cuando era ministro de Agricultura", recuerda la ONG, para quien tendría que "asumir las responsabilidades políticas de haber permitido que se cometiesen esas irregularidades, ya sea por acción o por omisión".