El poder económico presiona para forzar al presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, a dejar a un lado sus planes de hacer una declaración unilateral de independencia. Estas presiones han sido más que patentes este jueves, a cuatro días del anunciado Pleno del Parlamenten el que el president valoraría los resultados del 1-O. Una cita que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional a raíz de una demanda de amparo del PSC.
El primer toque de atención llegó a primera hora de la mañana, cuando se informó de que Banco Sabadell había convocado a su consejo de administración para estudiar en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante ante la incertidumbre por la situación en Cataluña. A media tarde, se anunciaba que el cambio había sido aprobado.
Este viernes puede ser CaixaBank la entidad que siga los pasos de Sabadell. Su consejo de administración se reunirá también de forma extraordinaria para estudiar traslado de su sede social. En este caso, la ubicación sería Mallorca. La mudanza de sede social de CaixaBank requiere, no obstante, un paso previo por parte del Gobierno que, salvo cambios de última hora, recibiría luz verde este mismo viernes en el Consejo de Ministros.
La vía prevista es un decreto ley que facilita que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan realizarlo sin necesidad de que esta decisión requiera una aprobación por parte de la junta general de accionistas de la compañía. En definitiva, una vía exprés para engrasar la salida de Cataluña de las empresas que así lo deseen. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que ha sido la propia entidad financiera la que ha reclamado este cambio legislativo. El PSOE ha sido informado por el Gobierno al respecto y, en principio, estaría dispuesto a votar a favor cuando llegue al Congreso.
Con este cambio, CaixaBank podría trasladar su sede social en horas, tal y como ha ocurrido con Banco Sabadell.
La iniciativa fue adelantada por la agencia Reuters y fuentes de Economía consultadas por infoLibre rechazaron hacer cualquier tipo de valoración.
Técnicamente, implica un cambio en la Ley de Sociedades de Capital de 2015. Esta fija que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo que los estatutos digan lo contrario. Con la nueva redacción se eliminaría la salvedad de los estatutos, de forma que se facilitaría que CaixaBank pueda cambiar su domicilio social sin necesidad de pasar por la junta de accionistas, informa Europa Press.
Quedarse fuera del euro
Con estas iniciativas, las entidades pretenden, además de lanzar un claro mensaje al independentismo, frenar el miedo de sus clientes e inversores a que, en el supuesto de una declaración unilateral de independencia, se queden fuera de la zona euro. Además, suben unos grados la implicación del Gobierno. Hasta la fecha, el ministro de Economía, Luis de Guindos, había señalado que no había observado "ningún tipo de deslocalización" de empresas en Cataluña porque los inversores saben que "el escenario de la independencia no se va a producir".
Estas decisiones se toman en un momento en el que han aflorado divisiones dentro del bloque independentista sobre los próximos pasos a dar tras el 1-O. En sectores del Gobierno y del PP mantienen la esperanza de que con gestos como estos de dos de los principales bancos en España asentados en Cataluña, baje el nivel del pulso al Estado. "¿Qué tipo de inversores van a atraer si no hay seguridad jurídica? ¿Quién va a reconocerles? ¿Qué empresarios van a querer seguir allí si no hay garantía de nada?", se preguntan las fuentes consultadas. "Lo mejor que puede hacer Puigdemont es echarse a un lado", sentencian.
Mientras, el presidente de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà, consideró que una declaración unilateral de independencia (DUI) sería un "error" para la economía catalana y española.
La posición que defienden estos sectores económicos catalanes quedó reflejada este jueves en el editorial de La Vanguardia, el periódico más influyente de Cataluña, titulado La DUI sería un tremendo error. "La proclamación de la DUI sería un tremendo error, que acarrearía efectos potencialmente desastrosos para Catalunya. Los tendría porque, en el improbable caso de que prosperara, comportaría unos efectos económicos y sociales que han sido sistemática e irresponsablemente ocultados o minimizados por el soberanismo. Los tendría también porque, en el más probable caso de que no prosperara, nos podría situar en una nueva esfera administrativa de incierta evolución", se indica en el editorial.
El debate en el independentismo
La postura del rotativo barcelonés es la que defiende el sector más moderado del PDeCAT, que agrupa a dirigentes como el conseller de Empresa i Coneixement, Santi Vila; la coordinadora general del partido, Marta Pascal, o la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa. En un artículo publicado en el diario Ara este jueves, Santi Vila apostó por “dar una última oportunidad al diálogo” y reclamó que tanto Cataluña como el Estado se comprometan “por un tiempo” a no tomar “nuevas decisiones unilaterales".
Pero la idea de frenar la DUI sin más era, al menos hasta este jueves, minoritaria dentro del independentismo. El núcleo que lidera el proceso –Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y los presidentes de las organizaciones ANC y Omnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– defiende la declaración unilateral, pero eso sí, aplazando su entrada en vigor. Hay dos razones esenciales para ello: en primer lugar, una pragmática, ya que la DUI no garantiza que los soberanistas vayan a tener el control sobre el territorio. Y si el nuevo Estado no es capaz de controlar sus fronteras, sus puertos, sus infraestucturas, realmente no es un Estado. Y la segunda, más estratégica, ya que los independentistas saben que una DUI a las bravas contaría con el rechazo de las instituciones europeas y podría llevarles a perder el apoyo internacional cosechado tras las cargas policiales del 1-O.
Ahora el debate está, por tanto, en los términos de aprobación de la DUI. Una posibilidad estudiada por Puigdemont y su núcleo es que la aplicación de la declaración unilateral quede suspendida en caso de que se abra algún tipo de negociación con el Gobierno español, con el objetivo de acordar al final del proceso negociador en un referéndum pactado. Una segunda opción, que a priori cuenta con menos apoyos, es condicionar la entrada en vigor de la DUI a la ratificación por los ciudadanos en unas elecciones autonómicas.
En definitiva, los independentistas intentan encontrar una salida que les permita mantener su promesa de declarar la DUI, pero al mismo tiempo evitar la aplicación inmediata de una medida que ha provocado división entre sus propias filas y que tampoco gusta a la comunidad internacional.
Rajoy pide "evitar males mayores"
Mientras, el presidente del Gobierno ofreció este jueves una entrevista a la agencia Efe en la que, por enésima vez esta semana, pide a Puigdemont que vuelva a la legalidad para evitar "males mayores".
En las últimas horas, desde el Gobierno y el PP se han intensificado los mensajes a Puigdemont en los que se le recuerda que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por su desafío constante a las leyes y a la Constitución.
"Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes", dijo Rajoy, mencionando también al poder empresarial. Y advirtió de que hará "lo que crea mejor en el momento más oportuno".
Esto de que hará lo que crea "mejor" en el "momento más oportuno" enlaza directamente con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que permite adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley.
Aunque no es la opción favorita de Rajoy y su entorno más próximo, el Gobierno lleva semanas preparándose para este escenario, aseguran las fuentes consultadas. La opinión más extendida entre los colaboradores del presidente es que se activaría en el momento en el que haya una declaración unilateral de independencia. "Hay que reaccionar a hechos. No hemos estado de brazos cruzados hasta ahora. Pero no conviene precipitarse", señalan en la Moncloa.
En los últimos días, Rajoy ha intentando mantener vivo el bloque PP-PSOE-C´s en lo que tiene que ver con la respuesta al "desafío soberanista" y, a su vez, como explicó infoLibre, calmar los ánimos de un PP y un Gobierno en los que no hay unidad ni a la hora de defender que la actuación del 1-O fue la correcta ni a la hora de ubicar en el tiempo cuándo debe o debería haberse activado el 155.
Y aparece... Aznar
El ambiente interno se agitó todavía más este jueves cuando el expresidente del Gobierno José María Aznar recurrió a su fundación, Faes, para sacudir al hombre que eligió como su sucesor en el PP. La clave del mensaje de Aznar para Rajoy es sencilla: o actúa ya para solucionar la situación en Cataluña, o convoca elecciones para que lo haga otro.
"El Gobierno debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga. Buscando cuantos apoyos pueda, pero sin ellos si eso retardara o condicionara el cumplimiento de su mandato constitucional. La ley es el precio de la libertad, la libertad es el premio de la ley. Y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España", puede leerse en el texto de Daes.
Consciente del daño que hacen este tipo de mensajes en las filas del PP y en su electorado, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, salió en defensa de Rajoy. "No se pueden tomar decisiones en caliente", dijo recordando todas las decisiones que han tomado el Gobierno y los tribunales para frenar al independentismo.
En esa misma intervención en los pasillos del Congreso, Martínez-Maillo consideró que tiene "toda la lógica" que las empresas se planteen sacar sus sedes de Cataluña.
Y el turismo
Agbar traslada su sede social a Madrid
A última hora del jueves, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, metió en la coctelera otro de los sectores que, a juicio del Gobierno, ya se está resintiendo por culpa del 1-O: el turismo.
Nadal alertó del "frenazo" que la situación en Cataluña está provocando en la "inversión", el "turismo" y el "desarrollo digital", una situación que "complica sustancialmente" el "esfuerzo fructífero" realizado por las dos últimas generaciones en el país y que desde Cataluña están tratando de "romper" para llegar a "no se sabe" qué sitio.
Así lo puso de manifiesto, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su intervención en la clausura del Congreso E-Volución 2017. Nadal señaló que el sector turístico en Barcelona está experimentando un "frenazo" después de un comportamiento "muy bueno", con crecimiento de hasta "dos dígitos", a pesar del atentado que la Ciudad Condal sufrió el pasado mes de agosto. Una advertencia más que pone de manifiesto que el Gobierno intenta captar la atención del sector empresarial catalán más dudoso con el procés.
El poder económico presiona para forzar al presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, a dejar a un lado sus planes de hacer una declaración unilateral de independencia. Estas presiones han sido más que patentes este jueves, a cuatro días del anunciado Pleno del Parlamenten el que el president valoraría los resultados del 1-O. Una cita que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional a raíz de una demanda de amparo del PSC.