El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección Educativa, ha enviado desde el pasado 27 de septiembre a la Generalitat de Cataluña hasta tres requerimientos para que depure responsabilidades sobre alrededor de setenta supuestos actos de "adoctrinamiento en las aulas" producidos recientemente y en los que se habría fomentado el "rechazo hacia España" utilizando el horario lectivo para, presuntamente, "realizar actividades cargadas de ideología política".
En esos requerimientos recogen casos de centros educativos en los que los alumnos acudieron en horario lectivo a las movilizaciones convocadas para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los máximos responsables operativos del referéndum que tuvo lugar el 20 de septiembre, denuncias de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que aseguran que sus hijos están siendo víctimas de acoso escolar tras el 1-O o actos para reclamar la libertad y reivindicar a los presidentes de la ANC y Ómnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En los borradores, a los que ha tenido acceso infoLibre, se detallan los nombres de los centros.
infoLibre solicitó el pasado 18 de octubre al Ministerio de Educación información sobre cuántas denuncias se habían presentado ante la Alta Inspección Educativa en relación a supuestos procesos de "adoctrinamiento" de alumnos en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Cataluña desde 2011, así como sobre en cuantas ocasiones esta institución había actuado de oficio en relación a este asunto, pero no obtuvo respuesta. Este periódico reiteró la solicitud de información los días 20 y 31 de octubre y 8 de noviembre. Las preguntas, que quedaron sin responder, se pueden leer en la parte inferior de esta información [ver La caja negra].
El Ministerio de Educación argumenta que no puede ofrecer esa información porque, de hacerlo, estaría "vulnerando la legislación sobre protección de datos". En realidad, en las últimas semanas miembros del Gobierno, incluyendo el titular de este departamento, que también ejerce como ministro portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, han aportado datos que permiten incluso identificar a los centros donde se cometieron supuestamente actos de adoctrinamiento. En cambio, este periódico reclamó únicamente el número de denuncias o investigaciones abiertas, y ningún tipo de dato confidencial sobre colegios o alumnos.
Consecuencias de la opacidad
Esta falta de transparencia hace imposible hacer un análisis cuantitativo de la cuestión del supuesto adoctrinamiento en las escuelas catalanas ni determinar si tiene alcance más allá de este momento de grave crisis institucional y tensión social. Tampoco permite saber si entre 2011 –cuando el PP llegó al Gobierno– y la fase última del proceso independentista, la Alta Inspección Educativa no detectó casos de adoctrinamiento en Cataluña, si los detectó y no los denunció o si los denunció y no informó a la opinión pública.
Este curso hay matriculados en Cataluña un total de 1.003.619 alumnos en 3.503 centros educativos públicos y concertados. Los casos supuestamente documentados hasta la fecha por el Ministerio de Educación son alrededor de setenta.
En las últimas semanas la mayor parte de la comunidad educativa catalana ha negado que en sus aulas haya adoctrinamiento político. De hecho, su máximo órgano de representación, el Consejo Escolar de Cataluña –donde están representados miembros de las administraciones locales y autonómicas, sindicatos, AMPA, patronales de las escuelas privadas, entidades educativas, universidades y patronales empresariales– ha criticado en un comunicado las "mentiras" y "acusaciones infundadas" de aquellos que, sostienen, "no pueden aceptar la solidez del sistema educativo" cuyo objetivo "es seguir construyendo una escuela de calidad, con pasión y espíritu crítico".
Desde la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes, también creen que estos incidentes no son ni generalizados ni sostenidos en el tiempo. "Nosotros estamos en 2.294 centros educativos de Cataluña y no hemos recibido ninguna queja. De ser así nos habrían llegado de una u otra forma y lo habríamos denunciado porque defendemos a todas las familias", señaló recientemente Montse Conejo, su presidenta.
En contraposición, organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), creada en 2014 con el objetivo de promover y difundir las ventajas del bilingüismo y del trilingüismo y defender la "neutralidad política e ideológica" en los centros educativos, sí sostienen que los "hechos puntuales" denunciados en relación al referéndum del 1-O evidencian que existe adoctrinamiento en las escuelas catalanas. "Esta situación es consecuencia del perfil nacionalista catalán de las direcciones de los centros, las Ampas, los sindicatos de docentes, los consejos escolares...", señala Ana Losada, presidenta de la AEB.
Funciones
La cuestión del supuesto adoctrinamiento también ha puesto de actualidad el trabajo que realiza la Alta Inspección Educativa, un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas a través de las delegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas y funcionalmente del Ministerio de Educación. Sus directores son cargos de libre designación entre funcionarios del máximo rango (grupo A) aunque no tienen la obligación de ser docentes. Cada Alta Inspección Educativa realiza memorias trimestrales y anuales que, en la práctica, son una rendición de cuentas sobre su actividad que envía al ministerio y que no tienen carácter público.
Entre sus funciones está realizar labores de coordinación y conciliación entre el Estado y las comunidades. En concreto, hacer análisis sobre la adecuación de la legislación que aprueben la comunidades respecto de la normativa básica y de las competencias del Estado en educación, desde los presupuestos a otro tipo de normativas; hacer informes sobre la organización y el funcionamiento del sistema educativo en ese ámbito; o realizar labores de auxilio en la gestión de las becas estatales, así como en la homologación y expedición de títulos tanto universitarios como no universitarios.
La legislación establece que la competencia sobre inspección educativa es de las comunidades autónomas y que el organismo estatal es subsidiario, tal y como explicó el titular de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, en una comparecencia reciente en el Congreso de los Diputados. "Lo que tenemos ahora es un modelo de intervención subsidiaria que exige que la Alta Inspección Educativa se ponga de acuerdo con el servicio de inspección de la comunidad autónoma. Si no se encuentra una respuesta satisfactoria no hay más remedio que acudir a los tribunales", aseveró.
Ciudadanos llevó a esa cámara una moción en la que, entre otras medidas, pedía que la Alta Inspección pudiera hacer inspecciones en los centros –actualmente esa competencia corresponde únicamente a los inspectores de las comunidades autónomas– o elaborar informes sobre si los contenidos curriculares garantizan los derechos e igualdad de los alumnos, sobre todo en materia de derechos lingüísticos. También instaba al Ejecutivo a dotar de los medios adecuados a la Fiscalía, para poder perseguir "con diligencia" los delitos de odio en los centros.
La iniciativa, sin embargo, no salió adelante. El PSOE y Unidos Podemos votaron en contra y el PP se abstuvo porque, según los conservadores, la formación naranja no aceptó sus enmiendas, que contemplaban explorar la ampliación de competencias de este organismo pero en el curso de las negociaciones sobre el pacto educativo que se siguen en el Congreso desde hace meses.
Ciudadanos contraatacó después con una proposición de ley para la creación de una agencia independiente que sustituyera las funciones la Alta Inspección Educativa, que pasaría a ser una "autoridad administrativa independiente" pues aunque estaría adscrita al Ministerio de Educación, su director (mandato máximo de seis años) y sus cuatro consejeros serían nombrados por el Gobierno tras una terna propuesta por un comité técnico de selección. Esa iniciativa será debatida próximamente en la Cámara.
LAS PREGUNTAS QUE EDUCACIÓN NO RESPONDE
infoLibre se puso en contacto con el departamento de comunicación del Ministerio de Educación el pasado 20 de octubre para trasladar estas preguntas, cuya petición de contestación fue reiterada el 31 de octubre y 8 de noviembre.
1) ¿Cuántas denuncias se han presentado desde 2010 ante la Alta Inspección Educativa en relación a supuestos procesos de "adoctrinamiento" de alumnos en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Cataluña? ¿En qué han acabado esas denuncias?
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2) ¿En cuántas ocasiones desde 2010 la Alta Inspección Educativa ha actuado de oficio o a instancias de denuncias externas realizando requerimientos o actividades de inspección ante denuncias de familias que reclaman más horas de castellano en las escuelas o sobre supuestos procesos de "adoctrinamiento" de alumnos en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Cataluña?
3) ¿En cuántas ocasiones desde 2010 la Alta Inspección Educativa ha actuado de oficio o a instancias de denuncias externas realizando actividades de comprobación sobre los contenidos curriculares básicos en Cataluña?
Una vez advertido de que se publicaría la información indicando que Educación ocultaba los datos, un portavoz indicó que no respondían a las preguntas para "no vulnerar la ley de protección de datos". infoLibre no solicitó ningún dato personal, como se puede comprobar leyendo las preguntas planteadas.
El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección Educativa, ha enviado desde el pasado 27 de septiembre a la Generalitat de Cataluña hasta tres requerimientos para que depure responsabilidades sobre alrededor de setenta supuestos actos de "adoctrinamiento en las aulas" producidos recientemente y en los que se habría fomentado el "rechazo hacia España" utilizando el horario lectivo para, presuntamente, "realizar actividades cargadas de ideología política".