El escándalo de las tarjetas no se ha cerrado para Izquierda Unida. No todavía. Y menos para la federación madrileña. La orden, aprobada por la ejecutiva federal de Cayo Lara este lunes, es seguir investigando la gestión y la presencia que IU tuvo en Caja Madrid, porque la salida hallada hasta ahora –la petición del acta de diputado a un responsable de segundo rango– no ha satisfecho a la dirigencia.
Era evidente ya desde la semana pasada que IU no quería pasar página ni cerrar "en falso" la depuración de responsabilidades por el caso de las visas black, porque sabe que le hace muchísimo daño puertas afuera, con una ciudadanía cansada por la erupción de escándalos de corrupción y con un Podemos en la cresta de la ola. Distintas federaciones, amén del Comité Federal del PCE, fueron aprobando un rosario de resoluciones, todas muy duras, con un punto en común: había que cargar contra aquellos que "por acción u omisión" ampararon las "prácticas fraudulentas, clientelares, especulativas y antisociales" de la entidad financiera.
Algunos textos pusieron nombres y apellidos –el de los excoordinadores autonómicos Ángel Pérez, hoy portavoz en el Ayuntamiento de la capital, y Miguel Reneses, secretario federal de Organización–, otros formulaban la petición de forma más genérica, pero todas miraban hacia la dirección federal y mostraban el descontento con la solución dada por IU-CM. La cúpula madrileña señaló al diputado Antero Ruiz, quien en 2009 tenía en sus manos la cartera de Política Institucional, de la que dependía la negociación de todos los asuntos relativos a la caja. A él le hizo "responsable" de consentir que la mano derecha de Miguel Blesa en la entidad, Enrique de la Torre, abonara con su tarjeta opaca la fianza del recurso que IU interpuso en ese año contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero no fue más allá. La comisión de investigación interna dio por finiquitados sus trabajos con esa conclusión. Ruiz, por añadidura, ha rehusado dejar su escaño.
Apoyo en el dictamen de la comisión de IU-CM
Las quejas llegaron a Lara, y las pudo oír en la reunión que mantuvo con sus barones regionales el pasado sábado en la sede federal, en la madrileña calle de Olimpo. Uno de los más exigentes fue el coordinador andaluz, Antonio Maíllo, jefe del territorio más poderoso en militancia y de mayor influencia en Madrid. Y ayer lunes Lara lo expuso ante sus compañeros de la ejecutiva: la caída de Antero Ruiz no había apaciguado los ánimos y las ansias de quienes exigían más cabezas. A su vez, intervinieron los cuatro miembros de la comisión de transparencia federal –Manuel Fuentes, Ramón Luque, Lola Sánchez y Antonio Cortés–, un órgano creado para recabar información de todos los territorios sobre la presencia de dirigentes de IU en empresas públicas y antiguas cajas de ahorro y para trabajar en coordinación con la federación madrileña para llegar "hasta el fondo de las responsabilidades políticas" que fueran necesarias.
Durante el debate, se evidenciaron posiciones contrastadas. Por un lado, la de quienes exigían actuar de forma implacable, con total contundencia –caso de Alberto Garzón, secretario de Proceso Constituyente y Convergencia, o del diputado valenciano y exsecretario de Comunicación Ricardo Sixto–, o quienes se mostraban más prudentes y advertían de que cualquier paso necesita de "pruebas" y que no se puede emprender una "caza de brujas", caer en una actitud "cainita" –tesis mantenida, por ejemplo, por Cayo Lara y los dirigentes de Izquierda Abierta y que en cierto modo comparten, aunque por motivos muy distintos, Reneses y su círculo–. En toda esta pugna, no obstante, hay reproches cruzados, porque quienes en esta cuestión entienden que no cabe disparar de forma generalizada culpan a los que son más rotundos de falta de firmeza en otros asuntos turbios que han aflorado en otras federaciones.
Al final, se acordó demandar una reunión entre la comisión de transparencia federal y la dirección de IU-CM para exigirle que siga investigando y ponga la lupa en más aspectos, según confirmaron a este diario distintos responsables de la cúpula de Lara. Para ello, el federal esgrimirá las conclusiones de la comisión de investigación madrileña, publicadas por infoLibre el pasado jueves. En uno de los puntos del dictamen, este órgano recomendaba que se creara una nueva comisión para recabar "una mayor información de todos los aspectos relacionados con la actividad de miembros de IU-CM en todos los órganos de Caja Madrid y Bankia".
Hasta la fecha, la dirección madrileña no había dado ningún paso en ese sentido: consideraba que la comisión primigenia había "finalizado" sus trabajos y había señalado a un responsable político (Antero Ruiz) y así lo manifestó de hecho el coordinador autonómico, Eddy Sánchez, en un comunicado no pactado con el resto de su equipo. Pero esa comisión sólo investigó el pago de la fianza del recurso. Nada más. No investigó el porqué de los sucesivos acuerdos para la estabilidad de la caja –que tenían como propósito el sostenimiento de Blesa–, o la gestión de los tres consejeros de administración que tuvo en la entidad: José Antonio Moral Santín, Rubén Cruz –ambos exmilitantes desde hace dos años– y Juan Gómez Castañeda.
"Negociación" con Madrid
La ejecutiva federal, en consecuencia, reclamará a IU-CM que asuma en su integridad el dictamen de la comisión de investigación. Que siga indagando, porque la defenestración de Ruiz no es una salida satisfactoria. Y debe escrutar la gestión política de la presencia de IU en Caja Madrid y un tema también importante y presuntamente oscuro: el dinero que llegaba a su propia fundación, la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales (Fundeste), cuyo patronato presidió Ángel Pérez y cuya actividad es prácticamente un misterio. Según publicó eldiario.es, la Fundación Caja Madrid donó a Fundeste 373.888 euros entre 2009 y 2011, superiores al máximo permitido.
La pelota, por tanto, vuelve a estar en el tejado de IU-CM, así que está por ver su respuesta. Tal y como confiaban varios miembros de la ejecutiva de Lara consultados por este diario, la resolución del conflicto pasa por la "negociación" con Madrid, pues es la federación la que tiene las competencias, al ser IU una organización federal, no centralista.
La cúpula también pactó actuar con la mayor urgencia posible. En principio, antes de la próxima reunión del Consejo Político Federal, prevista para el 15 de noviembre –se ha retrasado la convocatoria una semana–, debería sellarse una salida. De hecho, la pretensión es evitar que la cita del máximo órgano de dirección se contamine de este asunto. Ello exigiría adoptar alguna medida antes de esa fecha, bien en una reunión de la Presidencia Ejecutiva Regional –el órgano inferior, que compone una setentena de responsables–, o en un encuentro de la Comisión Ejecutiva –el escalón más bajo de poder–, con la participación de los barones regionales.
Lara pide exigir el mismo trato a PSOE y PP
La impresión que se llevaron algunos dirigentes fue que no habrá ni "causa general" ni tampoco se saldará la cuestión con la petición de renuncia de Antero Ruiz. Es decir, que hay que "hilar fino para coser fuerte", en expresión de un miembro de la ejecutiva presente en la reunión en Olimpo.
Lara fue abordado por el escándalo de las tarjetas en rueda de prensa en Olimpo. Molesto, recordó que hay que reclamar el mismo nivel de responsabilidades políticas a PSOE y PP, que también nombraron a consejeros en Caja Madrid y no han abierto ningún tipo de comisión interna. Así que IU, resaltó, ha dado "más pasos" que ninguna otra fuerza. Garantizó que a la federación, no obstante, no le temblará "el pulso". Cuando se tengan los resultados de la comisión de transparencia, "actuará". Eso es lo que queda por dilucidar en las siguientes semanas.
El escándalo de las tarjetas no se ha cerrado para Izquierda Unida. No todavía. Y menos para la federación madrileña. La orden, aprobada por la ejecutiva federal de Cayo Lara este lunes, es seguir investigando la gestión y la presencia que IU tuvo en Caja Madrid, porque la salida hallada hasta ahora –la petición del acta de diputado a un responsable de segundo rango– no ha satisfecho a la dirigencia.