El Gobierno ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2 por ciento. Según explica, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir.
El veto de Moncloa, que al registrarse a última hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera "un parche" la ley.
Teniendo en cuenta sus firmas, la iniciativa suma a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones suman 178 votos en el Pleno del Congreso.
En concreto, la proposición de ley establece un incremento del 1,2% –coincidente con la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno– y fija que, en caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen acorde esta subida. La proposición también señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fije incluya la previsión de gasto.
El Congreso decide esta semana sobre los vetos del Gobierno
En su escrito de veto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno entiende que "el coste de esa medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente de financiación".
El Ejecutivo recuerda que su reforma de 2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del IPC la revaloración de las pensiones garantizando siempre una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y universales.
El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye. Por ahora, y a la espera de estudiar un informe preparado por los servicios jurídicos, el órgano de gobierno de la Cámara ha levantado tres de los 13 vetos recibidos, los relativos a proposiciones de ley para paralizar la LOMCE y para mejorar las condiciones de los trabajadores de empresas subcontratadas.
El Gobierno ha registrado un escrito en el Congreso reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2 por ciento. Según explica, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir.