Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas que se convertirán en magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, estuvo imputado durante año y medio en el caso Matas. Finalmente, el juez le levantó la imputación en julio de 2011. Tres contratos adjudicados por el Gobierno balear a su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL, y los pagos que tras el tercero efectuó esa misma sociedad a Jaume Matas fueron la clave de su imputación. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Arnaldo, que no atendió la llamada y a cuyo teléfono móvil profesional este periódico envió un mensaje para conocer si considera que haber estado involucrado en el caso Matas puede perjudicar su trabajo como magistrado del TC. Y el PP rehusó igualmente pronunciarse.
El caso Matas, más conocido como Palma Arena y del que también cuelga el caso Urdangarin, no es el único de corrupción donde aparece Enrique Arnaldo. En una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el 3 de noviembre de 2016, cuando el expresidente de Madrid, Ignacio González, ya estaba siendo investigado, el futuro magistrado del TC hizo este anuncio: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”. La señora era Consuelo Madrigal, entonces a punto de ser relevada como fiscal general del Estado. Y la conversación aparece incorporada al sumario de la Operación Lezo.
El origen de la imputación de Arnaldo en marzo de 2010 por la llamada pieza 5 del caso Matas se sitúa en tres contratos que, sin concurso y mediante procedimiento negociado, obtuvo del Gobierno balear su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL. En 2007, meses después de la firma del tercer contrato –"más bien un encargo", escribió luego el juez en uno de los autos incorporados a la causa– y cuando Matas acababa de cesar como jefe del Ejecutivo, el político recibió ese mismo año de la empresa de Arnaldo 31.320 euros.
Los pagos al expresidente balear prosiguieron en 2008 y en 2009: 18.000 el primer año y 10.000 en enero del siguiente. La explicación sobre esos abonos que Arnaldo, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), facilitó al juez y que se tradujo en su exoneración tras año y medio de investigaciones fue que Matas le había pedido trabajo. Su oferta era la de dar a Estudios Jurídicos y Procesales "los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que básicamente consistían en ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultoría económico- financiera".
Esa posterior y "cercanísima" contratación "privada" de Matas por parte de Arnaldo, remarcaba el juez dos meses antes de levantar en julio la imputación que pesaba sobre el futuro miembro del TC, no hacía "sino confirmar la estrecha relación entre ambos imputados". Que Matas hubiera realizado efectivamente trabajos para Arnaldo le libraba de ser sospechoso de haber colaborado en un delito de blanqueo, argumentó el juez. Pero aquello dejaba "incólumes los indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, o de otros tipos penales". No obstante, el magistrado accedió en julio a la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que sobreseyera la imputación. Como subrayó el magistrado, la defensa de Arnaldo había centrado su petición de archivo en "la falta de suficientes indicios incriminatorios respecto de la participación de su representado en los hechos objeto de investigación". La clave del sobreseimiento fue que una parte de los hechos podía considerarse prescrita –la de los contratos de 2004– y que sobre la más reciente no había datos suficientes para mantenerlo como investigado.
Un contrato de un año por el que cobró cuatro a través de prórrogas
El primer contrato de la Administración balear para Estudios Jurídicos y Procesales, de mayo de 2004, tenía por objeto la "implantación y organización de un Ente Público RTV en las Illes Balears" y su importe ascendió a 29.696 euros.
El segundo, suscrito ese mismo año, comprometía al bufete a dar "prestación de servicios para el asesoramiento técnico-jurídico en todas las cuestiones referentes a las competencias atribuidas al ente público" y garantizaba a Arnaldo 2.000 euros mensuales: los cobró mediante sucesivas prórrogas hasta que en abril de 2008 y sin Matas en la Presidencia balear el Govern zanjó la relación contractual.
La tercera contratación, por 12.000 euros, llegó para Estudios Jurídicos y Procesales en abril de 2007. Esta vez se le encomendaba elaborar un “dictamen sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales y de las campañas de presentación de logros y realizaciones de la legislatura”.
Dicho contrato, se lee en el auto que en mayo de 2011 había denegado sobreseer las diligencias respecto a Arnaldo, "fue precedido de un encuentro personal, en el despacho del propio Sr. Matas, encuentro en el que el entonces Presidente del Govern “encarga” al Sr. Arnaldo Alcubilla la elaboración de dicho informe". "Por tanto –prosigue la resolución– y respecto de este contrato, existe algo más que una mera sospecha sobre la comisión de un posible delito de prevaricación, cometido por quienes, sin ser órgano de contratación, y obviando los trámites oportunos –también existen para los contratos menores, en especial, la concurrencia del requisito de la necesidad de la contratación y que ésta responda al interés público-, “adjudican” en una conversación la elaboración de informes".
En un auto anterior, este fechado el 30 de marzo de 2010, el juez del caso Matas, José Castro, escribió esto: "La situación se hace más llamativa aún cuando el máximo representante de la entidad aludida, Don Enrique Arnaldo Alcubilla, es llamado por el Presidente del Govern en el mes de marzo de 2.007 para encargarle directa y personalmente un estudio sobre los límites de los poderes públicos en una campaña institucional que se tramita, dado su importe de 12.000 euros, como contrato menor y genera un inevitable recelo cuando se advierte que Estudios Jurídicos y Procesales abonó a Don Jaume Matas Palou en una cuenta que éste tenía abierta en Bancaja 31.320 euros repartidos en varios ingresos en los meses de septiembre y octubre de 2.007, abonos que en cuantía de 10.000, 8.000 y 10.000 euros se producen también en fechas 06/08/2008, 07/11/2008 y 20/01/2009, respectivamente, en la cuenta que Aremas LLC tenía abierta en la entidad Banco de Valencia". Aremas Llc era una sociedad creada por Matas en EEUU.
El candidato del PP al TC cree que no le afecta la prohibición que tienen los funcionarios de obtener contratos públicos
Vinculado al PP y habitual de la Fundación FAES, Enrique Arnaldo formó parte del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, entre 1996 y 2001. Allí coincidió con Enrique López, consejero de Justicia de Madrid y responsable de esa área en la dirección del PP. Es letrado de las Cortes y desde 2002 compagina esa labor con la de abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales.
Aquí tienes el auto por el que se desimputó a Enrique Arnaldo:
Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas que se convertirán en magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, estuvo imputado durante año y medio en el caso Matas. Finalmente, el juez le levantó la imputación en julio de 2011. Tres contratos adjudicados por el Gobierno balear a su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL, y los pagos que tras el tercero efectuó esa misma sociedad a Jaume Matas fueron la clave de su imputación. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Arnaldo, que no atendió la llamada y a cuyo teléfono móvil profesional este periódico envió un mensaje para conocer si considera que haber estado involucrado en el caso Matas puede perjudicar su trabajo como magistrado del TC. Y el PP rehusó igualmente pronunciarse.