El candidato del PP al TC cree que no le afecta la prohibición que tienen los funcionarios de obtener contratos públicos

Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos que el PP propone como magistrado del Tribunal Constitucional (TC), se considera exento del veto que la ley impone a los funcionarios al impedirles desempeñar cargos en empresas que obtengan contratos públicos, y así lo ha afirmado en conversación con infoLibre. Administrador solidario de Estudios Jurídicos y Procesales SL hasta hace un año y como ha adelantado la cadena Ser la empresa de Arnaldo ingresó entre 2003 y 2008 un millón de euros gracias a ese tipo de adjudicaciones, en su mayoría otorgadas por administraciones del PP. Entre marzo de 2010 y julio de 2011 permaneció imputado en el caso Matas, como publicó infoLibre. Y las grabaciones policiales del caso Lezo captaron cómo le aseguraba en 2016 al expresidente madrileño Ignacio González que se movería para conseguir que el nuevo fiscal general fuese "bueno".

Tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, a cuyo Cuerpo de Letrados pertenece Arnaldo, prohíben de forma taxativa a todo funcionario desempeñar "cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros". Pero, según Arnaldo, esa prohibición no le afecta. ¿Por qué? Porque los obtenidos por su empresa no eran –dice– contratos de servicios sino de "asistencia y consultoría jurídica". "La legislación de contratos del año 2000 –continúa en su respuesta escrita a las preguntas de este periódico– distinguía nitidamente los contratos de servicios de los de asistencia y consultoría jurídica". Y esos –argumenta– "estaban excluidos de la aplicación del precepto" que prohíbe compaginar el puesto de funcionario público con cualquier cargo en el organigrama de empresas privadas que trabajen para el sector público.

infoLibre pidió el miércoles por la mañana a los portavoces del Congreso que explicasen si cabe alguna excepción al artículo del Estatuto del Personal de las Cortes que, calcando lo preceptuado en la Ley de Incompatibilidades, prohíbe a los funcionarios ocupar cargos en empresas con contratos públicos. Requirió también que aclarasen si el Congreso conocía los contratos suscritos por la empresa de Arnaldo con múltiples administraciones. Y si tenía compatibilidad concedida, así como en qué términos. El candidato del PP asegura que se le otorgó en 2002. Pero no ha detallado si contenía limitaciones de algún tipo.

¿Una excepción que ni siquiera se menciona?

Tras 24 horas de espera, los portavoces de la Cámara han denegado ofrecer explicación. Algunos  juristas consultados creen que la versión de Arnaldo no se sostiene. Otros, en cambio, entienden que puede haberse valido de un ardid de los indetectables en la letra de una ley pero que en última instancia consagran el refrán: quien hace la ley hace la trampa. Todos los sondeados coinciden en que tanto si es legal como si vulnera las claves de la legislación sobre incompatibilidades, el caso expuesto resulta "escandaloso", "intolerable" o moralmente inadmisible. 

Otro experto subrayó que cuando el Congreso declara esa incompatibilidad con "contratistas de obras, servicios o suministros" parece evidente que su deseo es "excluir a todo tipo de contratistas y no dejar un agujero legal". La prueba –prosigue la fuente en su razonamiento– es que, si hubiera querido excluir expresamente a los contratos de "asesoría jurídica", lo podría haber indicado. Exactamente igual que ya hace la legislación sobre incompatibilidades al abordar actividades que sí están permitidas a los funcionarios: por ejemplo, gestionar el patrimonio familiar, dar clases o colaborar con medios de comunicación. 

Las preguntas al Congreso sobre el artículo del Estatuto del Personal que establece un veto legal a que los funcionarios públicos operen con la Administración como empresarios privados –el 62.c, puedes verlo aquí– quedaron así sin respuesta oficial. En cambio, documentos también oficiales alojados en la web de la Cámara Baja confirman sin ninguna duda que el ahora candidato del PP  permanecía como miembro del Cuerpo de Letrados -es decir, no se encontraba en situación de excedencia- tanto en 2004 como en 2007. Es decir, en el grueso del periodo en que Estudios Jurídicos y Procesales hizo un gran negocio mediante contratos públicos.

Esa etapa es justamente aquella en que el Gobierno balear de Jaume Matas otorgó a dedo y bajo sospecha de amaño tres contratos a Estudios Jurídicos y Procesales SL: los dos primeros en 2004 y el tercero, en 2007. En ambas anualidades, el nombre de Enrique Arnaldo aparece en varios ejemplares del Diario de Sesiones. Lo hace en su condición de letrado asignado a trabajos de distintas comisiones parlamentarias. Puedes ver esos Diarios pinchando aquí, aquí, aquí y aquí.

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¿Podía afectar alguno de sus contratos con Baleares o cualquier otro de carácter público a su trabajo como letrado del Congreso, que tiene por misión asesorar en la confección de leyes y otras medidas con repercusiones legales? No se sabe. Arnaldo no respondió a la pregunta de si después de 2008 su empresa continuó prestando servicios a administraciones públicas. La serie contrastada empieza en 2003 y finaliza en 2008. Ese periodo es el que desgrana el informe de Hacienda incorporado a la pieza del caso Matas o Palma Arena. Se trata del llamado modelo 347, que se limita a enumerar quién y cuánto pagó a la empresa más de 3.000 euros cada año. La lista incluye también entre los grandes clientes de Estudios Jurídicos y Procesales SL al célebre y ya fallecido empresario Paco el Pocero, como ya informó este periódico.

Como publicó infoLibre, el candidato a ocupar uno de los asientos del tribunal de garantías permaneció imputado durante un año en el caso Matas precisamente por la adjudicación de tres contratos –a dedo y bajo sospecha de amaño– a Estudios Jurídicos y Procesales SL entre 2004 y 2007. Tal como ha adelantado la cadena SER y lo constatan los documentos de la Agencia Tributaria incorporados a la causa, entre 2003 y 2008 la empresa obtuvo multitud de contratos públicos, en su mayoría procedentes de administraciones y entes controlados por el PP. Además del Gobierno balear, participaron en su adjudicación ministerios del último Ejecutivo de Aznar, ayuntamientos, empresas públicas estatales o autonómicas y comunidades como la Generalitat valenciana, la de Madrid, Canarias e incluso Cataluña y la  Junta de Extremadura, esta bajo control socialista.