El Ministerio de Economía de la socialista Elena Salgado y el Banco de España, cuyo titular era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, autorizaron en 2011 a José Luis OlivasJosé Luis Olivas, número dos de Rodrigo Rato en Bankia, a repartir entre los accionistas de Banco de Valencia en marzo de 2011, cuando la entidad atravesaba "una difícil situación", según reconoce el propio Banco de España en un informe de abril de 2014, hasta un máximo de 26,5 millones de euros en dividendos.
La petición de la operación, a la que ha tenido acceso infoLibre, la cursó el 14 de febrero de 2011 el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, que junto al propio José Luis Olivas y Aurelio IzquierdoJosé Luis Olivas fueron enviados a prisión por su presunta participación en inversiones irregulares en el Caribe mexicano que se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
El reparto de los fondos fue reclamado por los directivos que hundieron el Banco de Valencia diez días después (4 de febrero de 2011) de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicara un hecho relevante en el que se anunciaba que la agencia Fitch rebajaba su calificación sobre la deuda a largo plazo de Banco de Valencia, que pasaba a ser considerada como bono basura. El 24 de marzo fue el turno de otra agencia, en concreto de Moody's, que al igual que Fitch depreció la calificación de la deuda del banco a corto plazo al nivel de bono basura.
0,055 euros brutos por acción
Sin embargo, el consejo de administración, presidido por José Luis Olivas, contando con la autorización del Banco de España y del Ministerio de Economía, aprobó en su reunión de 26 de marzo de 2011 "una retribución a favor del accionista, complementaria al dividendo satisfecho con cargo al ejercicio de 2010, consistente en distribuir 0,055 euros brutos por acción", según consta en la comunicación dirigida a la CNMV, que fue publicada el 28 de marzo de 2011.
El Banco de España dio su visto bueno a la operación pese a tener conocimiento de que los datos internos del banco apuntaban, ya desde 2009, que la cartera crediticia de la entidad "se estaba deteriorando de manera rápida". Fuentes del caso justificaron a infoLibre la decisión del Banco de España, ya que aseguraron que el pago de los dividendos se realizó con cargo a las acciones propias o autocartera, por lo que no tenía efectos sobre la solvencia y los recursos propios de la entidad.
Los trabajos de inspección de junio de 2010 hicieron aflorar, tal y como reconoce el Banco de España en el mencionado informe de 4 de abril de 2014, "significativas reclasificaciones de riesgos a dudosos y subestándar, con unas necesidades de provisiones de 420,4 millones". Pero también detectaron "deficiencias en el procedimiento de gestión del riesgo de crédito", refinanciaciones con importes concedidos en algunos casos para el pago de "intereses futuros, que debían considerarse como inversión dañada".
Ausencia de un plan estratégico
Asimismo, los inspectores del supervisor se dieron cuenta de "la dificultad de la entidad para refinanciar sus vencimientos de deuda, pero sobre todo de la ausencia de un plan estratégico que abordara la búsqueda de soluciones ante la difícil situación que la entidad atravesaba".
Estas conclusiones fueron trasladadas a los directivos de Banco de Valencia, entre ellos el propio Domingo Parra, que manifestaron que no estaban de acuerdo con algunas calificaciones, "así como que pensaban que la inspección había sido demasiado dura y no compartían la opinión de la mala calidad de la cartera".
En una reunión posterior celebrada entre los responsables de Banco de Valencia y el Banco de España, los banqueros propusieron una ampliación de capital de 370 millones de euros, al mismo tiempo que se comprometieron a que Bancaja suscribiría la parte que le correspondiera,"y cargar a reservas una parte de los ajustes dentro del proceso de integración de Bancaja en Bankia".
26 millones para los accionistas
Pese a conocer los problemas de Banco de Valencia, ni el Banco de España ni el Ministerio de Economía se opusieron al abono de los dividendos. La mencionada comunicación de la CNMV en la que se informe del pago de los dividendos no especifica el total del dinero que se iban a repartir los accionistas. Pero esta cifra sí se incluye en la petición dirigida al Ministerio de Economía: "Solicito que tenga por presentado este escrito y en méritos al mismo se sirva conceder, previo informe del Banco de España, la oportuna autorización para disponer de la prima de emisión de acciones, en cuantía de hasta 26.557.924 euros, a fin de complementar la participación del accionista en el beneficio neto del ejercicio de 2010, a razón de 0,055 euros por acción".
Para justificar este nuevo complemento, el consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, adjuntó a la petición dirigida a la ministra Elena Salgado un documento en el que especificaba que los recursos computables a Banco de Valencia ascendían hasta los 1.673 millones de euros, de los que 1.272 euros correspondían a recursos propios básicos y 400 a recursos propios de segunda categoría. También explica la existencia de un exceso de recursos propios de 354 millones.
Una realidad diferente
Pero la realidad de Banco de Valencia, controlada por Bankia en un 38,33%, era bien diferente, tal y como consta en los informes de los peritos judiciales nombrados por el Banco de España para analizar las cuentas del Grupo, en el que se incluía el Banco de Valencia. A 31 de diciembre de 2010 el deterioro no contabilizado por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, era de 536 millones de euros: "Desde inicios de 2010 el Banco de Valencia está siendo inspeccionado por el Banco de España, que en noviembre de 2011 envió requerimientos a la entidad identificando un déficit de provisiones específicas de 562 millones, 393 millones netos de impuestos, que redujeron el ratio de capital principal a junio de 2011 del 7,2% al 4,9%", especifica uno de los dos informes judiciales del caso Bankia.
Además, el informe pericial recuerda que un dictamen de la consultora Price WaterhouseCoopers (PWC) de 25 de mayo de 2011, tan solo unos meses después de que se autorizara el reparto de los 26 millones entre los accionistas, apuntó la existencia de "una pérdida esperada no provisionada para inversión crediticia de entre 762 y 1.047 millones, y una pérdida no provisionada para activos inmobiliarios de entre 110 y 155 millones".
El informe apunta el origen de los deterioros de Banco de Valencia: "Es evidente que estos deterioros no se generaron en el segundo semestre de 2011 sino que venían de años anteriores, de lo que se deduce que los estados financieros de Banco de Valencia a 31 de diciembre de 2010 no expresaban la imagen fiel de la entidad".
Otro informe, esta vez del propio Banco de Valencia realizado en agosto de 2011 tras una inspección del Banco de España cursada en 2010, apunta al compromiso del consejo de administración de aumentar provisiones y capital en 200 millones de euros por la caída de las inversiones inmobiliarias.
Nueve meses después
Tan solo nueve meses después de repartir entre los accionistas los 26 millones de euros, el Banco de Valencia tuvo que ser intervenido de urgencia por el Banco de España. La entidad financiera valenciana, cuyo accionista mayoritario era Bankia, ha necesitado un total de 17.000 millones de euros para evitar su quiebra. Además, según los peritos del caso Bankia, la intervención del Banco de Valencia tuvo un efecto dominó sobre Bankia, ya que provocó un "riesgo reputacional" para Bankia, que días antes de la decisión del Banco de España se desligó de la entidad valenciana por decisión del propio Rodrigo Rato. Esta decisión de Rato también "descompuso las relaciones entre los representantes de Bancaja y Caja Madrid".
La decisión de Rato de desvincularse de este banco participado, según los peritos, "proyectó al mercado la idea de que ante una dificultad significativa de una entidad filial, dependiente desde 1994, el Grupo BFA-Bankia no era capaz de gestionar y solucionar de forma privada esta situación, conllevando un quebranto reputacional, que se tradujo en una bajada de calificación por parte de Moody´s, dos meses después de la intervención". Según los peritos del supervisor, las cuentas del Banco de Valencia tendrían que haberse integrado en su matriz desde el ejercicio 2010, en el que ya se habían detectado pérdidas de unos 537 millones.
Reclasificó su relación
Así, el 1 de octubre de 2011 BFA-Bankia reclasificó su participación en Banco de Valencia como si se tratara de un "activo no corriente en venta" no incluyéndose, por tanto, "en el perímetro de consolidación del Grupo BFA-Bankia, mediante decisión adoptada por el presidente ejecutivo, Rodrigo RatoRodrigo Rato. Dicha reclasificación, desde un punto vista contable, no cumple con lo indicado con las normas del Banco de España", especifican los funcionarios del regulador en el informe.
En concreto, y según las conclusiones de los peritos, Rato tomó esta determinación en solitario tras conocer que el Banco de Valencia necesitaría entre "800 y 900" millones de euros para sanearse. Tal y como prueba "una nota interna de Bankia", el presidente ejecutivo de la entidad financiera tomó la decisión de separar la entidad financiera valenciana de Bankia, que era su accionista mayoritaria. Una decisión, que según uno de los dos informes elaborados por peritos del Banco de España, que se adoptó sin el necesario respaldo del consejo de administración, algo que contravenía las normas del propio regulador y la normativa interna de BFA-Bankia.
El Ministerio de Economía de la socialista Elena Salgado y el Banco de España, cuyo titular era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, autorizaron en 2011 a José Luis OlivasJosé Luis Olivas, número dos de Rodrigo Rato en Bankia, a repartir entre los accionistas de Banco de Valencia en marzo de 2011, cuando la entidad atravesaba "una difícil situación", según reconoce el propio Banco de España en un informe de abril de 2014, hasta un máximo de 26,5 millones de euros en dividendos.