Antes del verano. Es la fecha que ha fijado Pedro Sánchez para que España reconozca al Estado de Palestina. El momento elegido por el presidente del Gobierno no parece casual, ya que previsiblemente coincidirá con la campaña de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. El socialista quiere que este reconocimiento llegue de la mano de otros países de la UE, como Irlanda y Eslovenia, y, aunque inicialmente Sánchez quería llevar esta cuestión a las Cortes Generales —pese a que las mayorías no están claras—, el Gobierno español puede dar ese paso sin esperar al Congreso ni al Senado y tampoco a Bruselas.
Lo cierto es que la Cámara Baja ya instó al Ejecutivo hace casi una década, en noviembre de 2014, a reconocer a Palestina como Estado independiente. La resolución contó con el visto bueno de la práctica totalidad del Parlamento, incluyendo un PP que entonces tenía una holgada mayoría absoluta en el Congreso. Pero se quedó en una mera declaración de intenciones, a la espera de hacerlo "de manera coordinada" en el seno de la Unión Europea, pese a que se trata de una cuestión que no suscita consensos entre los diferentes Estados miembros.
Este reconocimiento, aunque tendría un valor simbólico y político, no implicaría ningún cambio práctico inmediato de gran calado, ya que hay otros países de la Unión Europea —Suecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Malta y Chipre— que ya lo reconocen. Desde hace casi una década, Palestina es un Estado observador no miembro de Naciones Unidas, lo que le ha permitido, por ejemplo, adherirse al Estatuto de Roma que regula el funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero a pesar de ello, el control efectivo que la Autoridad Palestina ejerce sobre el territorio que le corresponde sigue siendo prácticamente nulo.
"No va a cambiar nada", augura Pablo del Amo, coordinador de Descifrando la Guerra. En primer lugar, afirma, porque "si Israel no quiere reconocerlos, no va a haber ningún Estado palestino que sea mínimamente viable". Además, el analista cree que si se elige a la Autoridad de Palestina como responsable dicho Estado se puede generar "un problema" porque "cada vez tiene menos legitimidad" debido, entre otras causas, "a problemas muy fuertes de corrupción, un liderazgo que se ve muy alejado de las necesidades de la población y una sensación que comparten muchos palestinos de que es cooperante de la ocupación del régimen de apartheid que tiene Israel".
Pero más allá de reconocer a Palestina, ¿qué se puede hacer? Una de las voces que más ha hablado claro sobre el tema es Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, que en conversación con infoLibre plantea que se rompan "todo tipo de relaciones" con Israel —diplomáticas, comerciales, académicas y de colaboración militar—, que se suspenda el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Estado hebreo, que se le excluya de todos los programas financiados por la Unión Europea —entre ellos el programa Horizonte Europa—, que se ejecute un embargo comercial y armamentístico y que se apoye la iniciativa de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), entre otros. Una serie de medidas que también comparte Podemos.
Embargo comercial y armamentístico
El Ejecutivo español tiene en su mano poner fin al comercio de todo tipo, incluyendo el armamentístico, con Israel. En palabras de Ruth Ferrero-Turrión, profesora de Ciencia Política e investigadora sénior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, un "boicot comercial" pondría "muy nervioso" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que teme que se genere "un efecto contagio". La experta asegura que "es posible" hacerlo y que solo hace falta "voluntad política", pero se muestra pesimista sobre las intenciones del Gobierno español. A su juicio, ahora se está más en la "política de símbolos" que en la de actuaciones concretas y lamenta el "doble estándar" que tiene la Unión Europea respecto a Israel en relación a Rusia y la guerra de Ucrania.
Ferrero-Turrión destaca que Israel se encuentra ahora "en una deriva iliberal" similar a la de países como Hungría, Turquía o Rusia, pero que, a diferencia de lo que ocurre en esos estados, en el caso israelí no se toma ninguna medida en su contra por varios motivos, entre ellos porque "da tecnología punta" a occidente, "porque tiene un nicho en el mercado armamentístico" ya que "permite a Estados Unidos tener un pie en la región en la que controlar a Irán". A su modo de ver, con la resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que se pedía a Israel tomar medidas para acabar con el genocidio en Gaza, "todo aquel Estado que no tome medidas es cómplice".
Del Amo también denuncia la pasividad de la Unión Europea. "Las declaraciones son bastante tibias y sin ninguna acción aparente", subraya. "La conclusión, por cruda que sea, es que la UE y cada Estado miembro en el contexto actual no tiene suficiente poder ni capacidad de disuasión ni de convencer a Israel", asegura. En ese sentido, considera "bastante irreal" que países como Alemania o Francia vayan a impulsar un embargo comercial o armamentístico de forma generalizada. "Lo máximo que se puede esperar es la imposición de más sanciones a colonos y quizás que se cancele algún contrato de armas", ahonda.
Romper relaciones diplomáticas y académicas
Fue en el año 1986 cuando Felipe González abrió oficialmente relaciones con Israel. Lo hizo siete años después de que Adolfo Suárez se entrevistara con el entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, en la primera visita de este a un jefe de Gobierno occidental. Sin embargo, con la incorporación de España a la OTAN, el líder socialista reconoció oficialmente a Israel para poder integrarse en la Unión Europea. Después de González, el resto de presidentes españoles también impulsaron las relaciones con el país, pero sin descuidar tampoco a Palestina en una suerte de equilibrio que les permitía no tomar partido.
Ferrero-Turrión considera que "es complicado" romper relaciones diplomáticas con Israel y recuerda que en el caso ruso ni siquiera se ha hecho. Sin embargo, sí considera que se puede llamar "a consultas" a su embajadora en España o acabar con los acuerdos de colaboración a nivel universitario, como reclaman desde los movimientos sociales palestinos. "No se ha roto ningún acuerdo universitario, en el caso de la guerra de Ucrania fue lo contrario", señala. Es más, la profesora de la Complutense lamenta que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, conocida como CRUE, no haya habido ningún pronunciamiento.
Lo cierto es que España ya ha vivido esas primeras tensiones diplomáticas. Tras el ataque de Hamás y la contraofensiva de Israel, la embajada del país hebreo en España pidió a Sánchez que condenara las declaraciones "absolutamente inmorales" y "vergonzosas" de "algunos miembros del Gobierno" sin especificar qué declaraciones ni qué miembros, aunque todo indicaba a que se refería a las palabras de las entonces ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. Poco después, el presidente cuestionó que Israel respetara el derecho internacional humanitario, lo que provocó que la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas, lo que supuso dejar vacante su representación diplomática, aunque a principios de 2024 volvió.
Apoyar a Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia
Sánchez garantiza el apoyo de España a la UNRWA y prevé reconocer antes de julio a Palestina como Estado
España, si quisiera, podría sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica, que el pasado 29 de diciembre demandó a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. El pasado mes de enero el órgano señaló que Israel debía "tomar todas las medidas a su alcance" para evitar que se cometieran actos genocidas contra la población palestina en Gaza, e instó a las fuerzas de Tel Aviv a respetar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948), aunque no ordenó un alto al fuego inmediato, una de las peticiones más importantes del país africano.
"Según lo que dice el derecho internacional, si hay una provisión de la CIJ, los Estados están habilitados a cumplir con lo que dice el mandato. Por tanto, todo aquel que no tome medidas es cómplice", señala la investigadora sénior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. En respuesta a una nueva demanda urgente emitida por Sudáfrica el 6 de marzo, la CIJ obligó a Israel a asegurar la provisión "sin impedimentos y a gran escala" de servicios básicos y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde “la hambruna está instaurándose" y “las condiciones de vida catastróficas de los palestinos continúa empeorando".
Aunque las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los Estados, en muchos casos son ignoradas. Ya ocurrió, por ejemplo, en el marco del conflicto en suelo ucraniano, una iniciativa que España secundó. El tribunal ordenó a Rusia suspender de inmediato las operaciones militares en el país, pero la guerra continúa. Aunque Israel no cumpla, Ferrero-Turrión cree que "esta guerra está dejando a Israel en unos niveles de credibilidad muy bajos" y cree que "todos los que han sido cómplices" acabarán "pagando las consecuencias".
Antes del verano. Es la fecha que ha fijado Pedro Sánchez para que España reconozca al Estado de Palestina. El momento elegido por el presidente del Gobierno no parece casual, ya que previsiblemente coincidirá con la campaña de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. El socialista quiere que este reconocimiento llegue de la mano de otros países de la UE, como Irlanda y Eslovenia, y, aunque inicialmente Sánchez quería llevar esta cuestión a las Cortes Generales —pese a que las mayorías no están claras—, el Gobierno español puede dar ese paso sin esperar al Congreso ni al Senado y tampoco a Bruselas.