El rey emérito tuvo no una sino dos oportunidades de regularizar sus deudas con Hacienda antes de encontrarse en la actual situación en la que la Fiscalía del Tribunal Supremo le investiga por posibles delitos fiscales en años posteriores a su abdicación, es decir, cuando ya no goza del manto de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. No lo hizo en su momento y ahora se enfrenta a tres investigaciones distintas –aunque la primera está a punto de archivarse– por posible fraude en varios ejercicios tras 2014 y está por ver si esto no implica también un blanqueo de capitales por los movimientos u operaciones realizados con el producto de esos delitos fiscales.
La primera oportunidad que tuvo Juan Carlos I fue en 2012, con la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ofreció a los defraudadores regularizar su situación fiscal pagando un gravamen de sólo un 10%. Aunque la lista de las identidades de todos los que se acogieron a esa regularización excepcional nunca se conoció en su totalidad, en los últimos meses se ha sabido que el rey emérito no participó de este afloramiento masivo de activos, a la luz de las informaciones que se han venido conociendo sobre las posibles cuentas opacas en el extranjero que ha venido manejando, bien a través de su participación en fundaciones, bien mediante testaferros para ocultar los fondos.
El Gobierno de Rajoy dio unos meses para que los defraudadores sacaran a la luz todos los fondos o bienes que mantenían ocultos. Juan Carlos de Borbón era entonces rey y gozaba entonces de inviolabilidad, por lo que en ningún caso sus actividades habrían obtenido reproche penal, ni siquiera por posible blanqueo de capitales, según se desprende de las conclusiones que previsiblemente hará públicas la Fiscalía del Supremo antes de fin de año sobre la investigación de la presunta comisión de 65 millones de euros que el ex jefe del Estado habría recibido de Arabia Saudí y que después habría traspasado a Corinna Larsen. Según El Confidencial, los fiscales tienen claro que cualquier hecho cometido antes de 2014 está amparado por el artículo 56.3 de la Constitución, por mucho que haya indicios de delito.
La segunda oportunidad que tuvo el rey emérito fue justo el año de su abdicación. Aunque ya no estaban encima de la mesa las ventajas de la amnistía fiscal de dos años antes, sabía que el traspaso de la Corona a su hijo y con él, toda la seguridad que la institución le otorgaba, iba a desaparecer. Su aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, viéndolo con la perspectiva de los años y los hechos que se han ido conociendo sobre una posible fortuna millonaria en el extranjero, adquiere ahora toda su dimensión y hace comprender el porqué de esta condición jurídica singular cuando Juan Carlos de Borbón ya no iba nunca más a firmar leyes o decretos.
No es que el rey emérito no pueda ser investigado siendo aforado ante el alto tribunal. De hecho, ya lo está siendo en tres líneas de indagación diferentes incoadas por la Fiscalía. Pero con esto se evita que cualquiera pueda poner una querella en cualquier órgano judicial de España y se ahorre ser juzgado por tribunales ordinarios. Los magistrados del Supremo, además, son designados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces cuya veintena de vocales son nombrados, según la ley en vigor, por mayoría de tres quintos de Congreso y Senado, lo que requiere el acuerdo de los principales grupos políticos.
Juan Carlos I lleva más de seis años fuera de la Jefatura del Estado. En este tiempo, su actividad oficial se limitaba a la asistencia de actos públicos por la cual cobraba una asignación de la Casa Real de 161.000 euros anuales. Ha sido ahora cuando se ha descubierto que este no era el único dinero que ha manejado; el resto se cuenta por millones, supuestamente. Su asignación –la que le retiró el rey Felipe VI a principios de este año a raíz de la publicación de los escándalos de su padre– estaría al día con Hacienda; el resto, no.
En la última semana se han publicado diversas informaciones que revelarían gastos procedentes de cuentas opacas, fortunas en paraísos fiscales, posibles testaferros para ocultar estos movimientos y amigos muy generosos que le habrían permitido mantener su elevado tren de vida. En ningún caso se conoce la cuantía de lo que el rey emérito habría manejado estos años: laSexta habla de 100 millones de euros ocultos en un trust en la isla de Jersey, mientras que El Confidencial informa de casi ocho millones en Suiza hasta 2018 que podrían pertenecer a Juan Carlos I. Todo ello sin contar, claro está, que no haya más.
Seguir el rastro del dinero
No es ilegal tener dinero fuera de España. Si la fortuna del rey emérito se nutre de regalos de amigos millonarios, tampoco. El problema es que no ha declarado todo ese patrimonio a la Hacienda Pública, pues la Ley General Tributaria deja muy clara la obligación de informar al fisco sobre las cuentas situadas en el extranjero de las que sean “titulares o beneficiarios” o en las que “figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición”. Y Juan Carlos de Borbón dejó de ser inviolable a partir de 2014. La Fiscalía del Supremo está, por tanto, siguiendo el rastro del dinero después de recibir avisos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El delito fiscal se comete cuando lo defraudado supera los 120.000 euros por ejercicio.
Una defraudación fiscal de, según las informaciones mencionadas, al menos 18 millones de euros supondría, según ha declarado a infoLibre Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), “delitos fiscales agravados”. Delitos, en plural, porque Juan Carlos de Borbón habría estado evadiendo impuestos durante varios años y cada ejercicio defraudado conlleva una sanción penal, con hasta seis años de prisión y multas en consecuencia por las cantidades eludidas más los intereses de demora. Las sanciones tras una posible sentencia condenatoria en casos similares pueden llevar a la imposición de sanciones por hasta seis veces la cantidad defraudada.
Froilán y Victoria Federica, nietos del emérito, usaron tarjetas opacas para gastos en Uber, El Corte Inglés y clases de piano
No obstante, fuentes jurídicas especializadas en Derecho Tributario subrayan que, para Hacienda, lo importante es que el defraudador devuelva el dinero que ha venido evadiendo, sea cuando sea, antes de que haya una acusación formal o durante un posible juicio. No son pocos los casos en los que la acusación queda rebajada a una condena de cárcel simbólica a cambio de ponerse al día con los impuestos que en algún momento se han dejado de abonar al Estado.
Todo esto en lo que respecta a los posibles delitos fiscales, pero las diligencias incoadas por el Ministerio Público sobre el rey emérito también indagan en supuesto blanqueo de capitales. Expertos de la Fiscalía Anticorrupción explican a infoLibre que para que exista este delito, han de poder vincularse esos fondos con un ilícito previo. Es decir, un investigado puede mover grandes cantidades de activos, pero si éstos no proceden de una actividad delictiva, no habría blanqueo cuando se intentan introducir esos fondos en el circuito legal. Pero en el caso de los delitos fiscales, el ilícito previo podría estar en esa evasión de impuestos y de ahí podría desprenderse el lavado de dinero. Esto es, cuando el beneficio obtenido por el fraude fiscal se utiliza para realizar posteriormente operaciones con las que recuperar los activos para el circuito legal.
En cualquier caso, todo esto es lo que intentará desentrañar la Fiscalía del Tribunal Supremo en sus investigaciones. Mientras tanto, el rey emérito permanece fuera de España desde que se fue hace ya 100 días por "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de lo que considera su "vida privada". Sin embargo, las pesquisas del Ministerio Público son de hechos presuntamente cometidos no hace tanto, en la segunda investigación que abrió hace casi un año, y por movimientos de dinero muy recientes detectados por el Sepblac hace sólo unas semanas, en el caso de la tercera línea de indagación.
El rey emérito tuvo no una sino dos oportunidades de regularizar sus deudas con Hacienda antes de encontrarse en la actual situación en la que la Fiscalía del Tribunal Supremo le investiga por posibles delitos fiscales en años posteriores a su abdicación, es decir, cuando ya no goza del manto de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. No lo hizo en su momento y ahora se enfrenta a tres investigaciones distintas –aunque la primera está a punto de archivarse– por posible fraude en varios ejercicios tras 2014 y está por ver si esto no implica también un blanqueo de capitales por los movimientos u operaciones realizados con el producto de esos delitos fiscales.