Las principales empresas que cotizan en España siguen aumentando su presencia en países y jurisdicciones con baja fiscalidad u opacidad financiera. Esta es una de las principales conclusiones del informe La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del Ibex 35 [consultar, aquí], realizado por la ONG Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa tras analizar la información que estas compañías incluyeron en sus memorias de 2016.
La organización ha contabilizado hasta 1.380 filiales españolas de compañías del Ibex 35 en estas jurisdicciones: 87 de ellas se encuentran ubicadas en paraísos fiscales de acuerdo con la normativa española y la OCDE y 1.293 en "territorios con baja tributación para no residentes y que en algunos casos son denominados paraísos pero que en cualquier caso son considerados nichos fiscales" por tener estatutos singulares de imposición y regímenes fiscales preferenciales o de privilegio, según detalla el documento.
El número de filiales en estas jurisdicciones se ha incrementado un 7,5% respecto al año anterior. En cifras absolutas el aumento es de 96. Además, el 80% de ellas, un total de 1.099, o tienen carácter financiero u ofrecen dudas sobre si su ubicación responde a razones vinculadas con la producción o acción comercial de la empresa. En las otras 281, las empresas sí las utilizan para realizar en el territorio en cuestión alguna actividad de tipo productivo o comercial, si bien esa circunstancia "no elimina el riesgo de elusión fiscal".
El informe muestra claramente cómo el establecimiento de filiales en jurisdicciones opacas en las que impera el secreto en relación a las actividades realizadas por no residentes es una práctica muy extendida en las empresas del principal selectivo español, pues sólo Aena, la compañía que opera como gestora aeroportuaria y que es de carácter semipúblico, no tiene presencia en estos territorios.
Prácticamente un tercio de las 1.380 filiales contabilizadas en el informe, 420, pertenecen a los siete bancos que cotizan en el Ibex 35. Banco Santander es la entidad que mantiene más sociedades radicadas en territorios considerados como paraísos o nichos fiscales, un total de 349, el 25% del total. El banco que dirige Ana Botín figuró en 2016 entre los principales actores de los Panama Papers y los Bahamas Leaks por haber ejercido de intermediario en la creación de sociedades en territorios offshore.
En ambas filtraciones también resultaron señalados por haber operado de manera similar el BBVA, que cuenta con 53 filiales en jurisdicciones con baja fiscalidad u opacidad financiera, y Banco Sabadell, que cuenta con nueve. Además, el informe de la ONG Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa documenta que Bankia tiene otras cinco; Bankinter, dos; y Banco Popular y Caixabank, una cada uno.
En el cómputo global, por debajo de Banco Santander, la segunda compañía del Ibex 35 con más presencia en paraísos o nichos fiscales es la constructora ACS, que cuenta con 197. Le sigue la siderúrgica ArcelorMittal, con 128; la petrolera Repsol, con 97; y la textil Inditex, con 69. Por territorios, las jurisdicciones offshore más utilizadas por las empresas del principal índice bursátil son Delaware (EEUU), donde se ubican el 37,3% del total; Holanda, con el 12,5%; e Irlanda, con el 7,5%. Les siguen Luxemburgo (5,7%), Hong Kong (3,5%), Panamá (2,8%), Puerto Rico (2,7%), Suiza (2,5%), Singapur (2,5%), Uruguay (2,2%) e Islas Caimán (1,2%).
Pese a que la inmensa mayoría de las empresas analizadas no declara expresamente su presencia en estos territorios, la organización ha conseguido estos datos analizando el domicilio social de las compañías dependientes que conforman el perímetro de consolidación y de las que las compañías informan en sus anexos de las cuentas anuales. Esta es una información relevante dado que el 75% de los casos de corrupción a nivel internacional se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales.
El informe aclara que la definición de paraíso fiscal utilizada es más amplia que la que utiliza el Gobierno español porque se completa con la visión "más amplia y real" que ofrecen otras fuentes especializadas como el informe Hamon que publicó el Parlamento Europeo en 2009, el listado que la OCDE elaboró en 2012, o el documento publicado por la organización Tax Justice Network en 2015. A la hora de clasificar un territorio como paraíso fiscal se tienen en cuenta factores como que no tenga impuestos, que no intercambie información fiscal con otros países y que se permita a los no residentes aprovecharse de su política fiscal aunque no desarrollen ninguna actividad en el territorio.
Empresa y política
El informe dedica otro amplio apartado a la gestión que hacen las principales compañías cotizadas de sus relaciones con el poder político. En este apartado, la información también es escasa. Por ejemplo, en relación a los lobbys, el informe cita a Telefónica, Iberdrola y Gas Natural Fenosa como las compañías que ejercen una mayor actividad de lobby a nivel europeo si se toma como referencia el número de reuniones realizadas con representantes públicos documentadas por Transparencia Internacional.
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Además, el Observatorio resalta que sólo Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España se han inscrito al Registro de Grupos de Interés que puso en marcha en marzo de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), si bien su adhesión para las compañías es voluntaria. Además, en un registro similar de la UE aparecen registradas Indra, Repsol, ArcelorMittal, Gamesa e Iberdrola. Por otro lado, sólo Abertis y Enagás informan sobre un sistema interno de gestión de su actividad de lobby.
En relación a las puertas giratorias, el documento resalta que 21 de las 35 contaban en 2016 en sus consejos de administración con personas que habían ocupado cargos de responsabilidad política en los diez años anteriores a su nombramiento. Además, en 17 empresas tienen la condición de independientes. Son Endesa, Banco Sabadell, Repsol, Técnicas Reunidas, Telefónica, Red Eléctrica, Enagás, Iberdrola, Banco Santander, Acerinox, GNF, Amadeus, AENA, Bankinter, Ferrovial, Mediaset y Gamesa.
La opacidad también resulta llamativa en otro aspecto clave: las aportaciones a partidos políticos por parte de empresas. Desde 2015 existe la prohibición expresa de que los partidos puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones de empresas privadas, independientemente de que contraten o no con la Administración. Sin embargo, esas restricciones no se impusieron a las fundaciones de los partidos. Y la cuestión es que sólo Acciona y Red Eléctrica ponen negro sobre blanco en sus memorias su compromiso a no financiar a fundaciones dependientes de los partidos. En todo caso, ninguna informa de si ha realizado o no este tipo de donaciones.
Las principales empresas que cotizan en España siguen aumentando su presencia en países y jurisdicciones con baja fiscalidad u opacidad financiera. Esta es una de las principales conclusiones del informe La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del Ibex 35 [consultar, aquí], realizado por la ONG Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa tras analizar la información que estas compañías incluyeron en sus memorias de 2016.