El encarcelamiento de Puigdemont acelerará la causa sobre la amnistía en el Tribunal Constitucional

No tendría por qué ser así, pero si el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, vuelve a España como ha prometido para tratar de asistir a la sesión de investidura de Salvador Illa, lo más probable es que el Tribunal Supremo lo envíe a prisión. Pero esa decisión, que tendrá que tomar el instructor de la causa del procés en el alto tribunal, Pablo Llarena, provocará un efecto acelerador en el estudio de la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. Fuentes cercanas a este último órgano, que a diferencia del Supremo permanece activo durante todo agosto, aseguran que los primeros recursos de amparo contra las decisiones de aquel podrían llegar en unas semanas, a finales de este mes o principios de septiembre.

La posible detención de Puigdemont y su ingreso en prisión, volverán a convertir el caso del procés en una causa con preso, lo que significa que su tramitación deberá ser de nuevo preferente frente al resto. El hecho de que agosto sea inhábil a efectos procesales, no implica que sus magistrados puedan retrasar a septiembre sus decisiones sobre la situación personal del expresident si es finalmente detenido. Tanto Llarena como instructor, como la Sala de lo Penal, la instancia a la que se recurren las decisiones del primero, tendrán que resolver sobre las medidas cautelares que se adopten y los eventuales recursos que se presenten. El artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes".

En caso de que Puigdemont decida pisar de nuevo suelo español y sea detenido, Llarena tendrá un plazo máximo de 72 horas para convocar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la cual, tendrá que decidir si lo envía a prisión. En esa comparecencia, además de Puigdemont y su abogado, podrán estar presentes el resto de partes del proceso. Las acusaciones -la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acción popular de Vox- podrán solicitar al instructor las medidas cautelares que estimen convenientes. Terminado el acto, el juez tendrá que decidir de inmediato si lo envía a la cárcel o lo pone en libertad con alguna medida cautelar (comparecencias temporales, prohibición de salir de España, entrega del pasaporte una fianza...).

La posición que pueda mantener el Ministerio Público o la Abogacía del Estado es todavía una incógnita, pero es más que probable que Vox reclame la prisión incondicional. En ese caso, resoluciones previas de Llarena hacen prever que el juez la acordará. Su auto de 12 de enero de 2023, en el que aplicaba a todos los encausados la reforma penal que eliminó el delito de sedición, ordenó la detención de la exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, y de la líder de ERC Marta Rovira solo "a efectos de recibirles declaración por el delito de desobediencia que se les imputa", una infracción menor que solo implica una multa.

Sin embargo, ese mismo auto decretaba "la busca y captura e ingreso en prisión" de los tres exmiembros del Govern que escaparon de la justicia -Puigdemont, Comín y Puig- "como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos", que podrían llevar aparejadas penas de entre seis y 10 años de cárcel.

Fuentes judiciales aseguran que, pese a la literalidad de esa resolución, Llarena no está impelido a ordenar la prisión. El juez, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la decretará si no hay otra medida cautelar menos gravosa para el detenido que pueda garantizar su presencia en el proceso. Esas mismas fuentes consideran que el instructor del procés podría tener en cuenta el hecho de que sea el propio Puigdemont el que vuelve a España y se pone a disposición de la justicia y su arraigo personal, familiar y laboral en Cataluña para optar por una prisión eludible con fianza, o una libertad provisional con comparecencias diarias o semanales o la prohibición de salir de España.

En caso de que Llarena no se decida por esta vía y acuerde la prisión preventiva, Puigdemont podrá presentar un recurso de reforma contra el auto de prisión que tendrá que resolver el propio instructor. Si se ratifica en su decisión, cabrá un recurso más, el de apelación, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena. Si sus magistrados confirman la decisión de Llarena, Puigdemont tendrá vía libre para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fuentes judiciales aseguran que todo ese proceso podría tener lugar a lo largo de este mes.

Se da por seguro que, tanto en la comparecencia para decidir sobre su prisión, como en el recurso de reforma y el de apelación, y en el eventual recurso de amparo ante el TC que presente, el expresidente de la Generalitat invocará la ley de amnistía. La norma está paralizada en el alto tribunal que ya ha decidido que no es aplicable al delito de malversación. Respecto del de desobediencia, la Sala de lo Penal ha decidido elevar al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad que la bloquea hasta que ese órgano decida. Su texto ordena a los jueces el levantamiento de las órdenes de detención y el sobreseimiento libre (el que impide reabrir el caso) de las causas abiertas.

Fuentes cercanas al caso ven más que probable que, si la Sala de lo Penal ratifica la prisión preventiva, el recurso de amparo de Puigdemont -y el de los demás dirigentes del procés huídos- solicite al Constitucional que deje sin efecto la decisión del Supremo de manera cautelar y mientras se decide sobre el fondo del asunto, es decir, si deben ser amnistiados o no. Esos serán, previsiblemente, los primeros pronunciamientos de calado del órgano que preside Cándido Conde Pumpido sobre la ley de amnistía. Fuentes cercanas al Constitucional creen que sus magistrados tendrán sobre la mesa ese asunto en las próximas semanas o el mes que viene.