Dos semanas después de que un listado de ordenador enviado a modo de informe por Hacienda al juez del caso Urdangarin cifrase en 13 las propiedades vendidas por Cristina de Borbón entre febrero de 2005 y noviembre de 2006 y elevase a 1,43 millones de euros la ganancia reportada por esas operaciones, el Gobierno anunció el viernes la dimisión de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria.
Pero la cadena de errores, remachada por un largo silencio oficial sólo roto al duodécimo día del fiasco y con eslabones perdidos para los que nadie ha dado aún explicación –por qué nadie detectó en casi ocho años la atribución errónea de esas 13 ventas o por qué no figura en la lista el único piso que sí vendió la infanta en 2006, según desveló infoLibre–, continúa blasonando como un borrón la fachada de un organismo tenido por cuasi infalible y esencial en múltiples casos judiciales de corrupción o fraude. Una vez constatada la existencia de error múltiple y continuado, fortuito o no, el caso ha tenido ya una consecuencia relevante: destapar los fantasmas de Hacienda, los agujeros, deliberados o fatales, de una organización con justo marchamo de eficiencia.
La admisión por parte de los notarios de que introdujeron el número 14 –el DNI de la infanta es el 00000014Z– en escrituras de herencia de 11 de las 13 propiedades se sumó el miércoles a la de Hacienda, que reconoció un error similar en la escritura de las otras dos fincas: un funcionario ya jubilado se equivocó al transcribir manualmente los datos en la única de compraventa de la serie, la de un piso y un garaje de San Juan de Alicante. Los notarios aseguran que el número 14 sólo figuraba en la casilla del DNI en las propiedades reflejadas en una escritura, mientras que, en las transmitidas a través de las tres restantes, el 14 aparecía en la casilla “otros”.
Por qué los encargados de extraer los datos de la base notarial infirieron que esos dos dígitos colocados en la casilla “otros” siempre equivalían al DNI del propietario que transmitía el bien es una incógnita: uno de los notarios involucrados en el enredo aseguró a infoLibre haber averiguado que el programa informático vigente hasta 2007 estaba configurado incorrectamente y que forzaba a anotar un código numérico –supuestamente el maldito 14– que condujo a la confusión. El ministerio, a quien este diario preguntó el miércoles si esa versión es exacta, tampoco tiene respuesta para ello.
El comunicado oficial del Consejo de Notariado difundido el miércoles incluye una reflexión crucial: si el funcionario que elaboró el informe para el juez –en realidad, un listado de ordenador sin análisis ni conclusiones– hubiera leído la ficha electrónica entera de cada escritura habría detectado el error. De haberlo hecho –y nadie ha explicado el porqué de lo que ofrece visos de desidia–, se habría percatado de que los nombres y apellidos de quienes dejaban en herencia esos bienes o de quienes vendían no eran precisamente los de Cristina de Borbón y Grecia. Y habría comprendido que ni la vivienda de lujo de Calella (Barcelona), ni el piso de la playa de San Juan de Alicante con garaje incluido, ni las cinco fincas del también alicantino municipio costero de Pilar de la Horadada, ni las otras cinco de la pequeña Valenzuela de Calatrava, en Ciudad Real, habían pertenecido jamás a ningún miembro de la familia del rey.
Estrategia de salvamento de la directora
Aun con lagunas, el reconocimiento del pecado original –la atribución errónea del DNI de la infanta– aclara en parte el origen del fiasco pero oscurece la imagen de pulcritud y eficiencia que acompañan a la Agencia Tributaria. Con argumentos bizantinos sobre en calidad de qué, si de auxilio judicial o de mera información, había solicitado el juez esos datos, Hacienda filtró tres días después del estallido del escándalo que los datos no se habían sometido al menor contraste antes de su envío al juzgado número 3 de Palma.
Ese mismo día, el magistrado había requerido a los cuatro registros de la propiedad correspondientes información exhaustiva sobre cada inmueble o finca supuestamente transmitido. La respuesta llegó esa misma semana. Y demostró que la infanta nunca había sido titular de esos bienes. El juez, aseguran fuentes del caso, daba por hecho que, sin necesidad de solicitud formal, Hacienda desharía el entuerto con rapidez. Pero no fue así.
De hecho, no fue hasta las nueve y media de la noche del martes 25 cuando, a través de un comunicado escueto y confuso, Hacienda confirmó que nada le obligaba en esta ocasión a comprobar la veracidad de datos. Al día siguiente, el Ministerio se aferró a esa afirmación cuando los periodistas insistieron. Es pronto para saber si la perseverancia en mantener esa tesis tendrá carácter definitivo o si pertenecía tan sólo a la fallida estrategia de cobertura y salvamento de Beatriz Viana, a quien, el mismo viernes en que se anunció su cese, Montoro prometió recuperar.
Pero si el origen del lío parece ya amortizado, los errores posteriores permanecen todavía insertos en una ecuación irresuelta. Y la tijera del cese encubierto de Viana, que entró en acción al filo del plazo límite para la presentación de las declaraciones de IRPF, se ha demostrado mellada, incapaz de penetrar hasta el fondo de una madeja de fallos tan concatenados y rocambolescos que han disparado las peores hipótesis. Entre ellas, la de que en realidad no hubo fallo alguno sino una operación camuflada de blanqueo destinada a justificar los casi tres millones de euros que los duques de Palma invirtieron en la reforma del palacete de Pedralbes, adquirido en 2004 por 5,8 millones de euros.
Dado lo asombroso del asunto, algunos técnicos especularon con la posibilidad de que un hacker hubiera manipulado las baseshacker . En esa hipótesis flotaba otro fantasma o precedente: el de la irrupción en el caso Urdangarin de Matías Bevilacqua, el detective detenido en 2011 en la operación Pitiusa por espionaje ilegal, que había trabajado para el CNI y a quien, como se supo en marzo, el abogado del yerno del rey contrató para, oficialmente, “indexar” el sumario por el que su cliente se arriesga a penas de cárcel. Bevilacqua fue interrogado y, que se sepa, la cosa no llegó a más.
Enfado del juez
Un somero análisis de los hechos indica que la opción del lavado de capitales –blanquear implica finalmente declarar al fisco el dinero sucio justificando su origen con una coartada limpia– era desde el principio muy poco verosímil, por mucho que en ciertos ámbitos persista la sospecha, más ligada a los precedentes del caso y al quién es quién de esta historia que a hechos o indicios reales.
Porque, muy probablemente, y siguiendo el hilo argumental del ministro Cristóbal Montoro, nadie habría visto fantasmas volar de no ser porque el contribuyente objeto de error es la mujer en cuya defensa y para evitar su desfile como imputada ante el juez del caso Urdangarin, José Castro, se movilizó de manera formidable y con éxito la estructura del Estado dos meses antes. Si, siguiendo ahora el principio de la navaja de Occam, la explicación más sencilla suele ser la correcta, muchos concluyeron que lo más sencillo aquí era creer en la teoría de la conspiración y no en la de la chapuza.
Así que la hipótesis de que algo turbio trataba de ocultar Hacienda en beneficio de una hija del rey bajo sospecha fue engordando alimentada por el hermetismo de los únicos que podían aclarar el desaguisado: el Ministerio y la Agencia Tributaria. Doce días en realidad si se tiene en cuenta que, comunicado del martes al margen, no fue hasta el miércoles pasado cuando Hacienda aceptó preguntas de los periodistas, buena parte de las cuales siguieron quedando sin respuesta.
Para las dos, no obstante, el fisco tendrá que dar respuestas al juez José Castro. Quienes le conocen aseguran que el enfado del juez por un lío de semejante naturaleza, que puede dar bazas a otros imputados cuyos manejos tributarios ha desnudado Hacienda en informes previos, ha ido creciendo por días. El magistrado no entiende, y eso subrayan fuentes de Palma, por qué Hacienda no se ha dignado aún en darle explicaciones. Y en dárselas de manera “prioritaria”, como deslizaba en el auto donde el pasado martes, y tras 10 días de espera, exigía al fisco un informe completo y comprensible sobre la génesis y el desarrollo de lo sucedido.
¿Existen "agujeros negros"?
En ese auto, el juez reclama respuesta para las dos incógnitas esenciales pendientes de solución: si Hacienda emprendió algún proceso de comprobación sobre la infanta que hubiera detectado un error afianzado durante casi ocho años y por qué en la lista de ventas no figura el único piso del que realmente se desprendieron la hija del rey y su marido, Iñaki Urdangarin, en 2006.
Para lo primero, sigue sin haber respuesta para el interrogante de esa ausencia en el informe. El Ministerio alega que ni siquiera pudo confirmar si sus funcionarios cruzaron alguna vez entre febrero de 2005 –fecha de las primeras ventas atribuidas erróneamente a la infanta– y junio de 2013 los datos de las bases proveídas por notarios y registradores y los de las configuradas con las declaraciones de IRPF y patrimonio. Sus responsables niegan la existencia de “agujeros negros”, es decir, de DNI intocables e inmunes a cualquier comprobación o inspección. El sindicato CSIF, la asociación de técnicos tributarios Gestha y la Organizaciónd e Inspectores de Hacienda (IHE) dan por hecho que, con o sin agujeros negros, nadie aplicó a la infanta Cristina los protocolos habituales.
Hacienda dispone de programas informáticos que automáticamente detectan las discrepancias entre, por ejemplo, las bases de transmisiones patrimoniales y las de IRPF. Si alguien figura como vendedor de un piso pero en su declaración de ese año no incorpora la ganancia patrimonial derivada de esa venta, el sistema hace saltar la alarma. Y Hacienda inicia sus comprobaciones. Un dirigente sindical de la Agencia Tributaria hacía el miércoles el siguiente razonamiento: “Es cierto que Hacienda podía haber detectado el error y haber decidido no alterar la base de los notarios porque los datos no son suyos sino del notariado, pero lo que entonces habría dicho el portavoz de la infanta no es que el informe era falso, sino que se trataba de errores ya comprobados que Hacienda había vuelto a cometer”.
Hacienda admite ante el juez Castro que no investigó a la infanta por las operaciones que se le atribuían
Plante de los notarios
La segunda laguna que presenta aún el caso ofrece aún un aspecto más oscuro, por inexplicable. Porque la única venta que realmente hizo la infanta Cristina está no sólo perfectamente documentada en el sumario del caso Nóos sino en las bases tributarias de Hacienda. Efectuada en marzo de 2006, el matrimonio ingresó 2,2 millones de euros. La infanta, que poseía el 25% de aquel piso de la barcelonesa avenida de Pedralbes, la misma zona de lujo donde se ubica el palacete, incluyó en su declaración de IRPF el medio millón largo correspondiente a su porcentaje de ganancia patrimonial.
Es decir, la Agencia Tributaria tenía perfectamente localizada la venta. Los responsables de Hacienda adujeron el miércoles que ese piso no figuraba en el informe dirigido al juez porque el notario “notificó erróneamente” los datos al Catastro. En 2006, los notarios debían notificar todas las operaciones inmobiliarias al Catastro, la mayor base de datos oficial de bienes raíces e inmuebles, y a la comunidad autónoma donde se ubica cada propiedad transmitida. Pero, esta vez, y apenas horas más tarde de haber asumido su cuota de error en cuanto a las 13 ventas inexistentes, el Consejo del Notariado se plantó: el fedatario público que escrituró el piso de la avenida de Pedralbes número 55 en el que los duques de Palma habían residido hasta su mudanza al palacete remitió al Catastro y a la Generalitat de Cataluña datos exactos, completos e inequívocos. Los nombres de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón constaban donde debían. Sus DNI, también. Y la identificación del comprador, la sociedad Premios Ángel de Pintura SL, igualmente. Todo, absolutamente terrenal y sin más espectro visible que el de los agujeros informativos pendientes de respuesta.
Dos semanas después de que un listado de ordenador enviado a modo de informe por Hacienda al juez del caso Urdangarin cifrase en 13 las propiedades vendidas por Cristina de Borbón entre febrero de 2005 y noviembre de 2006 y elevase a 1,43 millones de euros la ganancia reportada por esas operaciones, el Gobierno anunció el viernes la dimisión de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria.