Casi al límite del calendario, como empieza a ser tradición en la política catalana, ERC y Junts aparcaron este lunes sus diferencias y alumbraron un nuevo Govern —esta vez con el apoyo de la CUP— que devuelve Cataluña al terreno de juego de la legislatura española.
El desenlace tuvo lugar este fin de semana después de 87 días de negociaciones. Y todo hace pensar que el riesgo de repetición electoral, para el caso de que Junts no apoyase la investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonès, acabó por derrumbar las líneas rojas de unos y de otros. Sobre todo las de Junts, a la vista de las encuestas —publicadas y no publicadas— que en caso de vuelta a las urnas anticipaban un fuerte retroceso de los de Carles Puigdemont y un refuerzo del PSC, que con Salvador Illa a la cabeza ya ganó las elecciones del 14 de febrero.
El acuerdo del independentismo reedita la coalición que en los últimos años ha dirigido la Generalitat, pero con los papeles cambiados. A Junts no le ha quedado más remedio que acabar aceptando que la presidencia le corresponde a Esquerra —algo que Puigdemont se resistía a aceptar alegando que la diferencia entre neoconvergentes y republicanos había sido mínima—. Y ha tenido que plegar velas en su principal demanda: que el Govern quedase supeditado al Consell de la República, la organización que lidera Puigdemont desde Bruselas y que la estrategia del independentismo fuese la de la ruptura.
Para superar ese escollo, ERC y Junts le han dado una patada hacia adelante a los puntos más conflictivos —Consell y estrategia del independentismo se dilucidarán más adelante: quedan en manos de un “espacio estratégico” participado por partidos y organizaciones sociales soberanistas— y se han centrado en el reparto del Govern.
El nuevo ejecutivo catalán tendrá 14 departamentos —siete para ERC y siete para Junts—, uno más que el de la última legislatura. Y en él los dos socios se intercambiarán algunas de las carteras. Vicepresidencia, Economía y Hacienda, que en las dos últimas legislaturas habían estado en manos de ERC, pasarán a estar en posesión de Junts y estará encabezada por la vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi.
Esta conselleria asumirá la gestión de los fondos europeos, una de las principales disputas entre ambos partidos porque ERC prerendía crear un comisionado vinculado a Presidencia y Junts quería que estuviera vinculado al departamento de Economía, que es lo que finalmente ha ocurrido. Aunque supuestamente ambas formaciones tendrán capacidad de decisión sobre el dinero.
Junts también pasará a tener Acción Exterior, Salud y Justicia, hasta ahora en manos de ERC, y mantendrá Territorio, que perdería las competencias de sostenibilidad, pero asumiría las de Políticas Digitales.
En estas consellerias, Junts situará al diputado de Junts en el Parlament Josep Rius al frente de la cartera de Acción Exterior, mientras que visualizan una conselleria de Justicia encabezada por el exvidepresidente primero del Parlament, el jurista Josep Costa, o por el actual conseller de Interior, Miquel Sàmper.
ERC mantienen Educación y Agricultura y Acción Climática —los republicanos querían crear un nuevo departamento sobre la lucha contra el cambio climático y las competencias sobre el medio ambiente estarán en esta Conselleria y no en Territorio como hasta ahora—, y también asumirán Presidencia, Interior y Cultura, hasta ahora en manos de Junts, y Trabajo y Empresa —dos departamentos hasta ahora separados que ahora se unirán—.
Los republicanos liderarán la nueva cartera de Feminismos e Igualdad, una de las promesas de la formación durante la campaña electoral, y tendrán el puesto de portavoz del Govern, del que se hará cargo la número dos de la lista de ERC a las elecciones del 14 de febrero, Laura Vilagrà.
La conselleria de Asuntos Sociales se llamará a partir de ahora conselleria de Derechos Sociales, pasará de ERC a Junts y la liderará la diputada de los de Puigdemont en el Parlament, Teresa Pallarès. Investigación y Universidades, que es un departamento de nueva creación, podría liberarlo el actual conseller de Empresa, Ramon Tremosa, según otras fuentes consultadas.
El acuerdo pone en marcha la legislatura catalana pero aparentemente está muy lejos de resolver las incógnitas que plantean las diferencias internas del independentismo, agravadas durante estos meses de negociación infructuosa, y las que afectan a la relación con el Gobierno de España. En particular qué estrategia acabará por imponerse: la ruptura que preconiza Junts y que busca un nuevo desafío a la legalidad vigente —la CUP se mueve en la misma línea— o el diálogo a través de la mesa creada el año pasado por el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat con el objetivo de buscar una fórmula que reconduzca el conflicto social y político que estalló durante el último mandato de Mariano Rajoy. O si el desencuentro, como ya sucedió el año pasado, alcanzará tal intensidad que acabará provocando nuevas elecciones.
Esquerra, bajo la dirección de su líder, el todavía encarcelado Oriol Junqueras, más allá de la retórica republicana, quiere poner a prueba la voluntad de diálogo a través de la mesa, según las fuentes consultadas por infoLibre. No porque espere que Pedro Sánchez ceda a la demanda de un referéndum de autodeterminación sino porque confía en que la negativa a que el problema se resuelva en una votación acabará alimentando la mayoría social soberanista atrayendo hacia ella, entre otros, a los catalanes que hoy se sienten mejor representados por En Comú-Podem.
Junts, en cambio, no tiene ninguna expectativa con la mesa, una creación de ERC de la que los neoconvergentes nunca fueron partidarios. Y confía en que fracase a la primera de cambio y fuerce a ERC a volver a la estrategia de la confrontación.
En cualquier caso, la formación de gobierno en Cataluña abre la puerta a que la mesa vuelva a reunirse —sólo lo hizo en una ocasión, justo antes de la pandemia—, algo a lo que el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido en varias ocasiones. Sánchez sigue creyendo que el diálogo es una buena estrategia para contribuir a la normalización de la vida política en Cataluña y alejar cualquier posibilidad de un nuevo intento de gestionar unilateralmente la independencia. como sucedió en 2017.
La vicepresidenta Yolanda Díaz, que con toda probabilidad será ahora la representante de Unidas Podemos en la mesa de diálogo, hizo saber su decepción porque el nuevo Govern no vaya a reflejar la mayoría progresista votada por los catalanes el 14 de febrero. “Quiero poner en valor el trabajo de Jessica Albiach y En Comú Podem que hasta el último minuto han trabajado por un Gobierno progresista comprometido por el diálogo. Por ahora no ha sido posible, pero estoy convencida de que el cambio que Cataluña votó en las urnas será una realidad más temprano que tarde”, dando a entender que la coalición ERC-Junts no tiene futuro.
La decepción también fue la nota dominante en el PSC de Salvador Illa, que ve desvanecerse definitivamente el sueño de intentar una investidura después de conseguir que devolver a los socialistas al pódium electoral catalán. Es un “intento de repetir un fracaso” para Cataluña, declaró Illa a la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica. Dos partidos que llevan cinco años gobernando han tardado tres meses en alcanzar un preacuerdo que ni siquiera se atrevió a dar por definitivo: “Vamos a ver en qué acaba”, señaló.
Nadie en el PSC, en el PSOE o en el Gobierno de España cree que la coalición ERC-Junts vaya a ser estable. Una cosa es activar la legislatura y repartirse el Govern y otra muy distinta, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, hacer que el ejecutivo dure. Las relaciones entre Junts y Esquerra nunca han estado peor. Y no parece, según fuentes de Esquerra, que vayan a mejorar fácilmente.
Los indultos
La formación de Govern devolverá la situación en Cataluña al centro del debate político en España, un lugar de privilegio que perdió con la pandemia coincidiendo con el debate sobre los indultos a los dirigentes políticos y sociales condenados por el fallida declaración de independencia de octubre de 2017. En los próximos días el Supremo tendrá que pronunciarse.
A partir de ese momento será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tendrá que decidir si anula la sentencia para facilitar la normalización política catalana. O si recurre a la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal que, al reducir las penas, con toda probabilidad también sacaría de prisión a los dirigentes del procés que permanecen en ella.
El líder del PP, Pablo Casado, consciente de que una gran parte de la pugna entre su partido y Vox por el voto conservador depende de este asunto, adoptó este lunes un tono grave para anunciar que “si Sánchez acepta indultos, la legislatura habrá acabado”. Aunque no explicó cómo va a suceder tal cosa, porque sólo Sánchez puede convocar elecciones.
En el Gobierno tenían grandes esperanzas en que un Govern liderado por Esquerra pusiese a Cataluña en el carril de la normalidad política, pero no está claro que los acuerdos con Junts vayan a permitirlo.
Lo que si mantienen los republicanos es su independencia de criterio en el Congreso: no habrá unidad de acción del independentismo en la Cámara baja, como exigía Puigdemont en un intento de someter a Esquerra a las exigencias del soberanismo más radical, que le sigue siendo mayoritariamente fiel. Así que el Gobierno podrá seguir ensayando acuerdos con ERC, con el añadido de que ahora Esquerra tiene también la presidencia de la Generalitat.
Casi al límite del calendario, como empieza a ser tradición en la política catalana, ERC y Junts aparcaron este lunes sus diferencias y alumbraron un nuevo Govern —esta vez con el apoyo de la CUP— que devuelve Cataluña al terreno de juego de la legislatura española.