La patronal de las empresas estibadoras, Anesco, y los representantes sindicales de los trabajadores, liderados por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, prevén regresan este jueves a la mesa de negociación. El Congreso ya ha aprobado el decreto ley de reforma de la estiba, que liberaliza el sector, lo que abre la puerta a despidos y precarización de las condiciones laborales. El decreto da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014 según la cual la forma en que se organizaba el trabajo de carga y descarga de los puertos era contraria a la libre competencia. Con la norma del Ministerio de Fomento aprobada y disipada la sombra de las multas de la Comisión Europea que Iñigo de la Serna esgrimió para justificar la urgencia de la reforma, el Gobierno se ha quitado presión y ha dado un paso al lado para dejar la pelota en el tejado de la patronal y los sindicatos, a los que les toca negociar un complicado acuerdo que debe atenuar el impacto sobre el empleo de la adaptación a las normas de la UE.
El margen para el acuerdo es estrecho, coinciden ambas partes, pero lo consideran posible y no descartan incluso que se alcance en breve, porque todos tienen mucho que perder. Los sindicatos tienen la fuerza del derecho a la huelga, con la consiguiente paralización de los puertos españoles, que canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. La patronal tiene la fuerza de la norma impulsada por el Gobierno, que crea un nuevo statu quo laboral que permite a las empresas despedir sin pagar indemnizaciones –las paga el Estado– y contratar sin cortapisas en un mercado liberalizado que allana el camino para la entrada de empresas de trabajo temporal.
Las partes se reunieron el 22 de mayo y hubo un acercamiento de posturas no vinculante. La Coordinadora de Trabajadores del Mar llegó a trasladar tras la reunión mensajes de abierto optimismo, aunque Anesco, patronal en la que existen distintas posturas sobre los límites a los que debe llegarse en las posibles cesiones, se ha encargado de enfriar las expectativas. Es más, el propio estatus de la patronal ha estado en cuestión: sectores duros han defendido dejar de ser un interlocutor laboral con los estibadores, aunque finalmente la asamblea de Anesco se decantó por mantener la negociación colectiva entre sus cometidos y seguir adelante con las conversaciones. No obstante, la tensión sigue ahí: de las ocho jornadas de huelga que había convocadas, los sindicatos retiraron cinco pero mantuvieron los paros para lunes, miércoles y viernes de la semana próxima. infoLibre repasa los principales escollos para llegar a un acuerdo.
1. La línea roja de la subrogación
La carga, descarga y manipulación de mercancías ha estado controlada por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores a las empresas de estiba. Hay más de 6.000 estibadores en 46 puertos del Estado. Las Sagep van cediendo a los estibadores a las empresas que trabajan en los puertos, según la demanda. Dichas empresas, que son las propias accionistas de las Sagep y cuyos clientes son las navieras, no tienen otra forma de contratar a un trabajador. El decreto establece la desaparición de las Sagep, como exige la UE, para lo que da un periodo de transición de tres años, y permite que entren en los puertos nuevos operadores que empezarán a trabajar con plantillas peor pagadas, lo que les ofrece una ventaja competitiva sobre las sociedades estibadoras ya instaladas.
Para eliminar esta desigualdad, el Gobierno recoge en el decreto que los despidos los paguen las autoridades portuarias, de carácter público, una medida que costará unos 300 millones de euros y que incluso Bruselas ve con recelo. La puerta a los despidos y a la pérdida de derechos laborales queda abierta de par en par.
Los sindicatos, durante todo el proceso de elaboración del decreto, han reclamado al Gobierno que recoja en el mismo la subrogación. Es decir, que se estableciera por ley que las mismas empresas que integraban las Sagep contraten ahora a los mismos trabajadores. El Gobierno ha defendido que tal cosa era legalmente imposible, y que debía dejarse en manos de la negociación colectiva. En su reunión del 22 de mayo, los sindicatos y la patronal acordaron trabajar por la subrogación de todos los trabajadores, pero dejando abiertas las fórmulas.
La cuestión ha sido presentada por la Coordinadora como línea roja. Ambas partes coinciden en que es un tema complicado de resolver. Anesco no parece dispuesta a mantener el statu quo anterior cuando ahora hay un decreto que le otorga una posición de superioridad formal. La mejor prueba de la pérdida de fuerza que para los trabajadores supone el decreto es que ya han ofrecido bajarse el sueldo un 10% si ganan más de 2.230 euros al mes (el 5% más que el triple del salario mínimo).
2. Centros de Empleo Vs Sagep
Las Sagep tal y como hoy existen deben desaparecer por ley, pero la norma crea los Centros Portuarios de Empleo (CPE), que vienen a sustituirlas. La diferencia fundamental es que las empresas no tienen por qué pasar por los CPE para realizar contrataciones. Es decir, pueden ignorar los CPE y buscar a los trabajadores por su cuenta en un mercado liberalizado. Para amortiguar el trauma laboral, el decreto establece un periodo transitorio de tres años en el que las compañías estibadoras tendrán que seguir contratando a través de las Sagep: el 75% el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero.
Durante las negociaciones, las empresas de Anesco no están utilizando estos márgenes y aún no ha empezado a prescindir de estos órganos para la contratación, tal y como se acordó en a reunión del 22 de mayo. Pero la Coordinadora de Trabajadores del Mar quiere el compromiso por escrito de que las empresas permanecerán en los CPE, que actuarían como agencias de reparto del trabajo. Serían lo más parecido a las Sagep, pero sin serlo. El problema para los estibadores es que el decreto dice: "Las empresas estibadoras no tendrán la obligación de participar en los centros que se creen, ni tampoco la de contratar a los trabajadores puestos a disposición por ellos de forma prioritaria".
3. Medidas para mitigar el impacto de las ETT
Los trabajadores temen la irrupción de empresas de trabajo temporal (ETT) en el sector. Con el decreto en vigor, se pierden los cortafuegos a la entrada de estos agentes, que previsiblemente supondrán una devaluación del valor del trabajo de la estiba. El decreto aprobado en el Congreso eliminó un aspecto de la primera propuesta que los sindicatos consideraban totalmente inaceptable, el incentivo a los contratos de menos de siete días. Pero la Coordinadora, CCOO y UGT insisten en la necesidad de más medidas para mitigar el impacto de las ETT. Para ello pretenden que las empresas se comprometan al máximo con los requisitos de formación para el acceso al empleo, lo cual actúa en favor de la posición de los actuales trabajadores, ya que son los que acumulan experiencia. Y quieren que los CPE controlen la formación de los trabajadores.
Hay que considerar que el sector de la estiba no es un sector en crisis, ni con empresas en pérdidas. En un sector competitivo, a pesar de los salarios altos de los trabajadores, que con las horas extra y los pluses de penosidad, nocturnidad, toxicidad y peligrosidad perciben sueldos muy por encima de la media española. La Coordinadora insiste en que, por el carácter estratégico de esta actividad, es necesario que sea desempeñada con garantías por trabajadores con experiencia y bien formados. Cuanta menos formación exijan las empresas, cuanto menos reglada éste, más bajos serán los sueldos y más numerosos los despidos de los actuales estibadores, analizan fuentes del sector.
La falta de acuerdo entre la patronal y los estibadores acerca la huelga en los puertos
4. Los límites de las ayudas públicas
Es previsible que, si hay acuerdo, los estibadores y las empresas tengan que ceder. Pero hay una parte que ya ha cedido: el Gobierno. O, mejor dicho, el Estado. Sea cual sea la solución, si la hay, tendrá un elevado coste para las arcas públicas. Las autoridades portuarias, públicas, pagarán los despidos de trabajadores de empresas privadas rentables para ayudarlas a ser competitivas frente a las ETT que irrumpan, ligeras de carga laboral, en el mercado liberalizado y ajustado a los cánones europeos. El coste será de unos 300 millones de euros, según cálculos de Puertos del Estado. Pero eso es sólo el principio. Tantos los sindicatos como la patronal han ofrecido ya evidencias, durante sus propuestas a lo largo de la negociación, de que consideran al Estado como un gran amortiguador de los daños colaterales de la crisis de la estiba, por supuesto a base de fondos públicos. Y el Gobierno ha sido sensible a las peticiones de ambos. No obstante, ya ha puesto negro sobre blanco en un nuevo decreto cuáles son sus límites.
Además del decreto ley aprobado al segundo intento por el Congreso, con los votos a favor de PP, PNV, UPN y Foro Asturias y la abstención de la antigua CiU, el Ministerio de Fomento ha elaborado un segundo decreto, que no tendrá rango de ley, y cuyo borrador ha sido entregado ya a las partes. El texto enteramente pensado para facilitar el acuerdo entre ambas partes, engrasando la solución con dinero público. El decreto prevé un sistema de "concesión directa" de ayudas para "facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad". Para las prejubilaciones será necesario tener una edad inferior en cinco años como máximo a la edad legal de jubilación. La cuantía del subsidio mensual será del 70%. A lo largo del proceso negociador, los estibadores han reclamado el 80%. El Gobierno se ha negado. El margen para seguir apretando a Fomento, ahora que se ha quitado la presión de aprobar el decreto ley, se ha reducido drásticamente.
La patronal de las empresas estibadoras, Anesco, y los representantes sindicales de los trabajadores, liderados por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, prevén regresan este jueves a la mesa de negociación. El Congreso ya ha aprobado el decreto ley de reforma de la estiba, que liberaliza el sector, lo que abre la puerta a despidos y precarización de las condiciones laborales. El decreto da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014 según la cual la forma en que se organizaba el trabajo de carga y descarga de los puertos era contraria a la libre competencia. Con la norma del Ministerio de Fomento aprobada y disipada la sombra de las multas de la Comisión Europea que Iñigo de la Serna esgrimió para justificar la urgencia de la reforma, el Gobierno se ha quitado presión y ha dado un paso al lado para dejar la pelota en el tejado de la patronal y los sindicatos, a los que les toca negociar un complicado acuerdo que debe atenuar el impacto sobre el empleo de la adaptación a las normas de la UE.