La falta de acuerdo entre la patronal y los estibadores acerca la huelga en los puertos

La reunión celebrada este jueves en Madrid entre la patronal de la estiba, Anesco, y los representantes sindicales de los trabajadores se saldó con un rotundo fracaso. O, como lo resumía la Coordinadora de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario: "Se cumplieron los peores pronósticos". Los sindicatos partían con la intención de lograr por parte de Anesco el compromiso de subrogación de los trabajadores, lo que permitiría mantener el empleo los más de 6.000 estibadores en los 46 puertos del Estado, y también la garantía de que las empresas formen parte de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) para mitigar el impacto de la liberalización del sector sobre las condiciones laborales y las formas de contratación. Según Antolín Goya, líder de la Coordinadora, Anesco no acepta estas dos condiciones, por lo que se utilizará "la única herramienta legal que les queda a los trabajadores": la huelga. La Coordinadora anunció este jueves que mantiene los paros previstos para el lunes, el miércoles y el viernes de la semana que viene, y que además realizará el preaviso de más. Anesco lanzó una pública petición de amparo ante el Ministerio de Fomento (PP) al considerar que las empresas se quedan sin protección. La crisis de la estiba se recrudece, aunque aún hay margen para un acuerdo que evite la huelga.

“La patronal ha dado un giro con respecto al planteamiento hecho la pasada semana [en una reunión el 22 de mayo en la que hubo un acercamiento de posturas no vinculante] y ya no se compromete con la subrogación de los trabajadores”, explica Antolín Goya, al frente de la Coordinadora, con el 80% de representación en la estiba y que, en esta ocasión, aseguró hablar en nombre de todos los sindicatos, entre ellos también CCOO y UGT. “Exigimos que cumplan con la palabra dada y garanticen todos los puestos de trabajo y también que se comprometan a formar parte de los CPE”, resumió Goya, que afirmó sentirse "engañado". Los trabajadores ya han aceptado un 10% de rebaja salarial si ganan más de 2.230 euros al mes (el 5% más que el triple del salario mínimo).

El tono de Anesco fue más tibio y en su comunicación tras la reunión evitó resaltar excesivamente las discrepancias, aunque sin esconderlas. En un comunicado, la patronal enfatizó que se había "acordado" constituir una comisión negociadora del convenio sectorial estatal, lo cual formaba parte de la hoja de ruta prevista. Pese a lo afirmado por la Coordinadora, Anesco asegura que "ha reiterado su compromiso para garantizar el empleo de los actuales trabajadores", pero pide un plazo de 15 días para analizar las necesidades de cada puerto. El problema es que el compromiso de subrogación puede adoptar múltiples fórmulas, más o menos vinculantes, y la Coordinadora no se fía de un compromiso genérico, sino que quiere una plasmación concreta. La intención de examinar las necesidades de cada puerto es vista como la puerta a un escenario de incertidumbre total, en el que la subrogación –su línea roja– quedaría en el aire.

Anesco tampoco ha aceptado de entrada la fórmula de subrogación propuesta por la Coordinadora, aunque la estudiará y presentará "alternativas". En principio, la propuesta de los estibadores está lejos de convencer a Anesco, porque –asegura la patronal– "amplía el ámbito de la garantía en el empleo a todos los trabajadores presentes y futuros, así como el ámbito temporal a perpetuidad". El decreto da manos libres para hacer y deshacer sus plantillas a las empresas, cuya representación patronal no está dispuesta a aceptar limitaciones en la negociación colectiva que supondrían regresar a un escenario similar al anterior a la sentencia europea de 2014, según la cual la forma de organización del trabajo de estiba era contraria a la libre competencia.

Anesco evidencia una posición mucho más rotunda en lo referente a la forma en que quiere que las empresas elijan a sus trabajadores. Hasta ahora la carga, descarga y manipulación de mercancías ha estado controlada por las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, las Sagep, que seleccionan, forman y asignan a los trabajadores a las empresas de estiba. Dichas empresas, que son las propias accionistas de las Sagep y cuyos clientes son las navieras, no tienen otra forma de contratar a un trabajador. El decreto de reforma del sector aprobado por el Congreso establece la progresiva eliminación de las Sagep, lo que abre la puerta a las compañías estibadoras para contratar a través de empresas de trabajo temporal (ETT). "La práctica habitual en los puertos españoles no permite que las empresas puedan decidir libremente la composición de los equipos de trabajo necesarios para cada actividad, por lo que existen situaciones de sobredimensionamiento y falta de competitividad", denuncia Anesco en su comunicado.

Cada parte tiene sus cartas. Los sindicatos tienen la fuerza del derecho a la huelga, con la consiguiente paralización de los puertos españoles, que canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. La patronal tiene la fuerza de la norma impulsada por el Gobierno, que supone una nueva relación de fuerzas que permite a las empresas despedir sin pagar indemnizaciones –las paga el Estado– y contratar sin cortapisas en un mercado liberalizado que allana el camino para la entrada de ETT. Anesco destacó este jueves que no está haciendo uso de las prerrogativas que le permite el decreto. Por ejemplo, el decreto establece un periodo transitorio para la desaparición de las Sagep en el que las compañías estibadoras tendrán que seguir contratando a través de las estos órganos, que garantizan mejores condiciones de empleo: el 75% de los contratos el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero. A juicio de la patronal, no utilizar los márgenes para empezar a prescindir de las Sagep desde ya es una muestra de voluntad. Pero lo cierto es que si las empresas, en el inicio de la negociación, empezaran actuando así todo el diálogo saltaría por los aires. Más que de buena voluntad, es una muestra de realismo negociador.

Anesco, en línea con la posición que suele adoptar el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP), dedica una parte fundamental de su posicionamiento a advertir de las consecuencias de las huelgas, "que tendrán un importante impacto en la economía nacional". La patronal hizo dos peticiones expresas: una, a los estibadores, para que desconvoquen las movilizaciones; dos, al Ministerio de Fomento, para que "que adopte las medidas pertinentes para que se pueda solucionar este conflicto ante el que las empresas se encuentran completamente desamparadas". Fomento ya ha dejado claro en varias ocasiones que considera que su cometido terminó, y que ahora le toca ponerse de acuerdo a los sindicatos y la patronal.

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Las negociaciones serán un proceso complejo, previsiblemente salpicado de altibajos. Ambas partes tendrán que ceder. Y ambas defienden de partida posiciones difícilmente compatibles. Con el decreto ley de reforma de la estiba ya aprobado, los estibadores temen despidos masivos y precarización de las condiciones de trabajo. No han logrado que el Ministerio de Fomento introduzca medidas en el decreto para mitigar el impacto de la liberalización sobre el empleo, así que sólo les queda la negociación con la patronal y el recurso de la huelga.

Anesco no está dispuesta a mantener el statu quo anterior cuando ahora hay un decreto que le otorga una posición de superioridad formal. Por ejemplo, ahora no tienen la obligación legal de mantener a los mismos trabajadores, que con las horas extra y los pluses de penosidad, nocturnidad, toxicidad y peligrosidad perciben sueldos muy por encima de la media española. Y además el Estado gastará hasta 300 millones de euros en pagar indemnizaciones por despidos de los trabajadores (aunque saldrán de empresas privadas y rentables) para facilitar que se puedan competir con los nuevos operadores, que llegarán con plantillas peor pagadas. Con ese punto de partida es difícil que acepten una subrogación total, ya que lo tienen fácil para despedir. Ademas el decreto también establece expresamente que las empresas no tienen la obligación de contratar a través de los Centros Portuarios de Empleo, que es precisamente lo que quieren los estibadores. La patronal tiene, tras la modificación impulsada por el Gobierno, la ley de su parte. Pero los estibadores tienen la fuerza suficiente para parar los puertos.

Sea cual sea la solución, tendrá un elevado coste para las arcas públicas. Las autoridades portuarias, públicas, pagarán los despidos de trabajadores de empresas privadas rentables para ayudarlas a ser competitivas frente a las ETT. Además del decreto ley aprobado al segundo intento por el Congreso, con los votos a favor de PP, PNV, UPN y Foro Asturias y la abstención de la antigua CiU, el Ministerio de Fomento ha elaborado un segundo decreto, pensado para facilitar el acuerdo entre las partes, engrasando la solución con dinero público. Esta segunda norma prevé un sistema de "concesión directa" de ayudas para "facilitar las salidas voluntarias de los trabajadores de mayor edad". Para las prejubilaciones será necesario tener una edad inferior en cinco años como máximo a la edad legal de jubilación. La cuantía del subsidio mensual será del 70%.