El proyecto de Ley de Transparencia ha llegado al Senado y seis organizaciones que apuestan por la transparencia y el derecho a la información se han propuesto mejorarlo. ¿Cómo? Pidiendo a los ciudadanos que envíen correos electrónicos a los senadores. El objetivo final es que los miembros de la Cámara alta escuchen las reivindicaciones de estas plataformas y que introduzcan algunos cambios en el texto actual. No en vano, consideran que el proyecto actual es un avance insuficiente: "Nos situaría por detrás de 71 de los 96 países que cuentan con una ley de este tipo", aseguran.
"Queremos que todos los senadores reciban nuestras demandas", insiste Victoria Anderica, portavoz de Access Info Europe, una de las organizaciones que junto a la Fundación Civio, Qué hacen los diputados, la Open Knowledge Foundation, Open Kratio y el Proyecto Avizor impulsa la iniciativa. Anderica también cree que la campaña servirá para concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia del derecho a la información: "Debe ser un pilar de una democracia moderna y la transparencia debe estar en el ADN del Estado", dice.
Tres son las enmiendas principales que quieren introducir las organizaciones. En primer lugar, el reconocimiento del derecho de acceso a la información como derecho fundamental, algo que no se contempla en el proyecto. Anderica señala que eso implicaría que las exigencias de transparencia se aplicasen a todas las instituciones públicas y que el derecho a la información prevaleciese sobre otros derechos.
Además, en caso de colisión con otro derecho fundamental, como el derecho a la intimidad y su desarrollo en forma de Ley de Protección de Datos, no se rechazaría directamente la solicitud de información, sino que se valoraría en cada caso qué derecho pesa más. Anderica lo explica con un ejemplo: "Las declaraciones de bienes de senadores y diputados contienen información personal, pero voluntariamente han decidido que publicarlas causa mayor beneficio a la transparencia que perjuicio a la privacidad".
En segundo lugar se pide que no se excluyan varios tipos de información, como las notas, los borradores y los informes entre administraciones, que según el planteamiento actual no se verán afectados por la Ley de Transparencia. Finalmente, las organizaciones pro-acceso reclaman que el órgano de revisión que evalúe las peticiones inicialmente rechazadas por la administración y que los ciudadanos recurran sea verdaderamente independiente, algo de lo que por ahora consideran que no hay garantías.
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Poner en valor el Senado
"La gente no sabe lo que hace el Senado. Esta también es una forma de acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones", comenta Anderica, que cree que contactar directamente con un senador es una ocasión para que los representantes públicos expliquen su postura ante el texto actual y puedan escuchar a la ciudadanía. Preguntada sobre el éxito de anteriores campañas de Access Info y por las expectativas en torno a esta, Anderica recuerda que en 2011 la plataforma consiguió reunirse con el ministro de la Presidencia –por aquel entonces el socialista Ramón Jáuregui– tras una campaña de presión en Twitter en la que preguntaron por la Ley de Transparencia.
La campaña tendrá una duración total de un mes y se ofrecerán actualizaciones periódicas sobre las respuestas obtenidas por los ciudadanos. Por el momento, los correos electrónicos van llegando a los senadores y al menos dos de ellos ya han respondido: Andrés Gil García, del Partido Socialista, y José Manuel Mariscal, de Izquierda Unida. Ambos se han ofrecido a mantener reuniones presenciales con los impulsores de la iniciativa.
El proyecto de Ley de Transparencia ha llegado al Senado y seis organizaciones que apuestan por la transparencia y el derecho a la información se han propuesto mejorarlo. ¿Cómo? Pidiendo a los ciudadanos que envíen correos electrónicos a los senadores. El objetivo final es que los miembros de la Cámara alta escuchen las reivindicaciones de estas plataformas y que introduzcan algunos cambios en el texto actual. No en vano, consideran que el proyecto actual es un avance insuficiente: "Nos situaría por detrás de 71 de los 96 países que cuentan con una ley de este tipo", aseguran.