Es el sector económico número uno. El motor de la economía española, dominante hasta tal punto que se multiplican las voces de alerta por exceso de dependencia. Y, sin embargo, el Gobierno carece de un plan nacional o una estrategia vinculante para conducirlo. El turismo adolece en España de un nivel de planificación estatal mínimo. Actualmente, después de más de tres años sin plan de ningún tipo, el rumbo político viene determinado por unas "directrices" provisionales presentadas en enero de este año al Consejo de Ministros, un "documento de trabajo" todavía sin consensuar con las comunidades autónomas, que no despliega capacidad real para determinar ni condicionar las políticas. El problema tiene una vertiente medioambiental. Este vacío de planificación, que afecta de lleno a un sector que tiene un elevado impacto ecológico al mismo tiempo que puede verse seriamente transformado por el cambio climático, contrasta con la insistencia del propio Gobierno en la urgencia de la adopción de una agenda de medidas verdes.
En noviembre de 2007, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Turismo 2008-2012, que fijaba su "horizonte" en 2020. Entonces, hace 13 años, 2020 parecía lejos, pero ya está aquí sin que se haya producido el ya entonces anunciado modelo "sostenible". Es la palabra fetiche. El documento insistía en la necesidad de combinar "competitividad" y "sostenibilidad", una letanía que se repite sistemáticamente. Sigue siendo el eterno reto pendiente, como admite en sus análisis el propio ministerio del ramo.
Al filo de entrar en 2020, el año en el que el plan aprobado en 2007 fijaba su "horizonte", el historial de planificación es parco. En junio de 2012, con Mariano Rajoy (PP) como presidente, el Gobierno aprobó el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, que perdió su vigencia el 1 de enero de 2016. Se trataba de buscar "una política turística que apoye al sector para ser más competitivo y más sostenible". Lo de siempre. El reto que aún sigue pendiente.
Ese 1 de enero de 2016, con España en pleno boom turístico, se abría un largo periodo de vacío planificador, que coincide con una prolongada estación de inestabilidad política. Desde entonces, no hay nada consistente. Hasta el 18 de enero de 2019, ni siquiera hubo indicaciones. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a preguntas de infoLibre, explica que España ha estado esos más de tres años "sin un plan específico marco" para el sector turístico. En realidad serían casi cuatro años, porque lo que hay ahora es un simple "documento de trabajo" con "directrices" sin aprobar por el Consejo de Ministros.
Estrategia en elaboración
El departamento que dirige Reyes Maroto afirma que actualmente "está elaborando la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, una agenda nacional de turismo para afrontar los retos del sector en el medio y largo plazo, impulsando los tres pilares de la sostenibilidad: socioeconómica, medioambiental y territorial". Y añade: "Como documento previo al diseño de esta Estrategia de Turismo Sostenible se han elaborado unas directrices generales, presentadas en enero en Consejo de Ministros, analizando los retos futuros que deberá afrontar el sector turístico en la próxima década". Es un análisis, en suma. Estas "directrices" son un "documento previo al diseño" de la futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030, que todavía no está terminada. La propia web del ministerio identifica las directrices como un simple "documento de trabajo". No fue aprobado por el Consejo de Ministros, sólo presentado por la ministra Maroto, concretamente el 18 de enero de 2019, hace casi un año. Y ya es más de lo que ocurrió en los tres años anteriores.
Hay otro dato que da idea de la escasez de coordinación política en el ámbito turístico, pese a su descomunal peso socioeconómico. La Comisión Interministerial de Turismo, pensada para la coordinación en el seno del Gobierno, se reunió el 3 de octubre para abordar las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook. ¿Qué hacía especial la reunión? Dicha comisión no se reunía desde 2012, asegura el ministerio.
Un sector gigantesco y problemático
Las "directrices" del ministerio, un documento de 21 páginas sin memoria económica, dan un repaso a los grandes números del turismo nacional. España cerró 2018 con unos números récord: 82,6 millones de turistas internacionales, un 0,9% más que el año anterior. El peso del turismo alcanzó los 147.946 millones de euros en 2018, lo que supuso el 12,3% del PIB, una décima más que en 2017. Desde 2015 el peso del turismo en el PIB ha crecido 1,3 puntos, al pasar del 11,0% al 12,3%. La ocupación en las ramas económicas características del turismo alcanzó los 2,62 millones de puestos de trabajo. Ello supuso el 12,7% del empleo total de la economía, tres décimas más que en 2017, todo ello según la Cuenta Satélite del Turismo recién publicada por el INE. Un informe de American Express y el lobby World Travel & Tourism Council señala que el turismo es ya el sector con mayor aportación global a la economía, por delante de la construcción, con la que guarda una estrecha relación.
De modo que España está fiando más del 12% del PIB –en torno al 15%, según otros informes internacionales– a un sector inestable, movido por turbulentas dinámicas globales y con una elevada huella climática. El coste del boom turístico, al igual que sus beneficios, es conocido. Los récords que destacan los responsables políticos y las organizaciones patronales del sector ofrecen espectaculares números económicos en el haz de la moneda, pero problemas en el envés: encarecimiento del precio de la vivienda, especialmente del alquiler en las zonas más turísticas; gentrificaicón y turistización...
Se trata además de un ámbito proclive a la precariedad de las condiciones de trabajo. Los sindicatos sitúan una y otra vez el turismo como ejemplo de sector abonado para los abusos y el subempleo. No es casual que las camareras de piso se hayan convertido en el símbolo de la nueva pobreza laboral.
Los posibles efectos del cambio climático se ciernen sobre el turismo, que en el caso de España es muy dependiente de la aviación, señalada por su elevado impacto. No es sólo que el turismo contamine –todos los grandes sectores lo hacen–, es que el el cambio climático desplegará previsiblemente efectos que determinarán el modelo turístico. El informe Alerta climática máxima. Más desigualdad. El fin del turismo litoral, firmado por el investigador especialista en turismo Joan Boades, alerta de cómo el sector sigue centrado en la competitividad sin atender a los diagnósticos que apuntan a un recrudecimiento del cambio climático en las próximas décadas, con la consiguiente desertización y veranos cada vez más tórridos, a lo que se sumaría una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. A todo ello habría que añadir, según recoge el informe, un crecimiento exponencial de los "refugiados climáticos". El consenso científico apunta a que el Mediterráneo, España incluida, será una de las áreas más afectadas por el calentamiento global. "Se extremará la aridez de toda la región y, sobre todo, la frontera de la desertificación avanzará [...]", señala el informe. La Península Ibérica se vería afectada de lleno, perdiendo atractivo turístico. El informe prevé una "saharización" del Mediterráneo con un efecto directo sobre el sector clave de nuestra economía.
Hay alertas aún más terminantes. El secretario ejecutivo adjunto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Ovais Sarmad, ha afirmado durante la presente cumbre de Madrid que la actividad del turismo puede "desaparecer" por el efecto de la huella de carbono que genera ese sector y que se traduce en un 8 % de los gases emitidos en 2017.
"Brindis al sol"
¿Está preparado el país –más concretamente, el sector turístico y las autoridades– para estos desafíos? A juicio de Iván Murray, doctor en Geografía por la Universidad de Baleares y máster en sostenibilidad medioambiental, analista crítico del fenómeno turístico, no hay preparación en absoluto. "Los planes de los gobiernos han sido todos brindis al sol. Siempre habla de sostenibilidad, de cambiar la estrategia, pero es algo totalmente vacío de contenido. Lo único que se hace es ampliar la capacidad de alojamiento y aumentar las infraestructuras. Lo demás es marketing, desde los planes del Gobierno hasta los de las empresas", señala.
A juicio del autor de Capitalismo y turismo en España. Del "milagro económico" a la "gran crisis" (Alba Sud, 2015), el turismo conforma junto a la construcción un binomio que está "en la cúspide" de la economía. "Ahí, palabras al margen, nadie mete mano. Con la aviación, por ejemplo, nadie se atreve. En España es cuestión de Estado. Y es fácil observarlo. Siempre que hay una movilización que afecta al flujo turístico, como la de los controladores aéreos de 2010 o ahora en en Cataluña, hay mano dura", afirma Murray, que aboga por abrir el debate del "decrececimiento".
Sol y playa
Los sucesivos gobiernos se han centrado tradicionalmente en atraer más y más turistas. Esa es la historia del rumbo político en este campo. "España comenzó su apuesta por el turismo en los años 60, y creció con una fórmula de turismo masivo de sol y playa dirigido a las clases trabajadoras del mercado europeo. Con la llegada de la democracia y la integración en la UE, España se consolidó como el destino de sol y playa favorito de Europa. Durante los años 90, la Administración del Estado asumió el liderazgo que exigía un sector en expansión, acompañando a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. El Plan Futures I de 1992 fue la primera gran política de la Administración del Estado para dar respuesta a los retos que imponía la década de los 90 a los destinos y empresas turísticas. Esta estrategia permitió evolucionar el modelo turístico español hacia un modelo que ha conseguido el crecimiento continuo de ingresos y turistas", resume el ministerio en su documento de "directrices". Este documento señala que, desde 1992, se viene buscando mayor "competitividad", en una estrategia que ha "situado al país como líder mundial en el mercado de sol y playa".
El diagnóstico del ministerio reconoce puntos débiles: "progresiva precarización" laboral; "dependencia del producto sol y playa", así como de unos pocos países emisores como Reino Unido, Francia, y Alemania, que suponen más del 50% del total de visitantes; "alta estacionalidad", centrada en el verano; "desaprovechamiento del potencial turístico del medio rural"; nuevas plataformas digitales "que han pulverizado los modelos turísticos"; "saturación del espacio ciudadano" en algunas zonas urbanas; "obsolescencia de algunos destinos vacacionales"... Da idea de la superficialidad del documento el que no se nombran los espacios "saturados" ni los destinos "obsoletos".
A todo ello, el documento suma como "amenazas" el Brexit, la recuperación turística de los "destinos competidores" del Mediterráneo, "el cambio climático y su impacto sobre los recursos hídricos, los destinos de costa y la climatología", la despoblación del medio rural... Ante todas estas dificultades y retos, las "directrices" presentan cinco "ejes estratégicos" de actuación: "gobernanza colaborativa", "crecimiento sostenible", "transformación competitiva", "espacio turístico, empresas y personas" y "producto, marketing e inteligencia turística".
Falta un plan consensuado
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El economista Iñaki Gaztelumendi, consultor y máster en alta gestión de destinos turísticos, afirma: "Necesitamos una guía que diga adónde quiere ir España como destino turístico. Como país es necesaria una orientación". En España las competencias turísticas directas están transferidas a las comunidades autónomas, que vienen desarrollando normativas dispersas. Los observadores del sector coinciden en que, dada la inmensa velocidad con la que muta un sector animado por poderosos agentes multinacionales con abundante capital, la respuesta legislativa está siendo lenta. Los vacíos legales en el ámbito turístico forman también parte del abanico de motivos que explican las dificultades de los ayuntamientos que están intentando poner freno a las plataformas de alquiler turístico, sobre todo Airbnb.
Que la competencia directa sea autonómica no significa que el Gobierno no pueda impulsar normativa tocante al turismo y el Congreso aprobarla. La competencia fiscal o de planificación económica es estatal. También la capacidad para impulsar planificaciones consensuadas. A juicio de Gaztelumendi, el documento de "directrices" supone un cambio a mejor, porque al menos "identifica retos estratégicos". "En la propia nomenclatura se aprecia una declaración de intenciones. Pero falta concretar las intenciones en un documento consensuado con las comunidades que vincule a todas las administraciones".
Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, afirma que la acción política para gobernar el turismo es "muy insuficiente". Hay más palabras que hechos, a su juicio. Prieto destaca la paradoja que supone que incluso la patronal Exceltur venga demandando al Gobierno que impulse un modelo de turismo "de mayor calidad, que conserve mejor el medio ambiente, porque el modelo de masificación, sol y playa ya no tiene sentido". El director del Observatorio de la Sostenibilidad no cree que el replanteamiento deba venir exclusivamente por el impacto de la aviación –"supone un 4% de las emisiones, todavía no está ahí la pelota", dice–, sino por el agua y los residuos. "Por increíble que parezca, siguen sin funcionar depuradoras en zonas turísticas de primera línea. En cuanto a la gestión de los residuos, no hay preparación ni recursos para el reciclaje ante tal cantidad de turistas", señala. Hasta que no vea actuaciones en este sentido, señala, le seguirán pareciendo poco creíbles las proclamas de "sostenibilidad".
Es el sector económico número uno. El motor de la economía española, dominante hasta tal punto que se multiplican las voces de alerta por exceso de dependencia. Y, sin embargo, el Gobierno carece de un plan nacional o una estrategia vinculante para conducirlo. El turismo adolece en España de un nivel de planificación estatal mínimo. Actualmente, después de más de tres años sin plan de ningún tipo, el rumbo político viene determinado por unas "directrices" provisionales presentadas en enero de este año al Consejo de Ministros, un "documento de trabajo" todavía sin consensuar con las comunidades autónomas, que no despliega capacidad real para determinar ni condicionar las políticas. El problema tiene una vertiente medioambiental. Este vacío de planificación, que afecta de lleno a un sector que tiene un elevado impacto ecológico al mismo tiempo que puede verse seriamente transformado por el cambio climático, contrasta con la insistencia del propio Gobierno en la urgencia de la adopción de una agenda de medidas verdes.