Lunes, 23 de abril de 2018. El entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, toma la palabra en rueda de prensa para hacer una firme defensa de quienes se lo juegan todo destapando prácticas corruptas. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse", asevera el holandés. La afirmación vale para los papeles de Panamá, LuxLeaks o Cambridge Analytica. Y se hace en plena presentación de la propuesta del Ejecutivo comunitario para dar cobertura normativa a los alertadores. Una directiva que recibió luz verde a finales de 2019 y que daba dos años a los Estados miembro para proteger a estos whistleblowers en sus ordenamientos jurídicos. España aún no lo ha hecho. Y el tiempo ha terminado.
La protección de futuros Hervé Falciani, Rui Pinto o Ana Garrido, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o lo que acabaría siendo la Gürtel, se marcó como una de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez para la primera parte de este curso político. Así, el Ejecutivo de coalición incluyó en su Plan Normativo de 2021 la transposición de esta directiva europea.
Lo hizo, en parte, por la existencia de unos plazos con los que tenía que cumplir. "Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en esta directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021", recogía la norma.
El tiempo se ha agotado este viernes sin que España haya cumplido con la obligación impuesta desde Bruselas. Y eso puede tener consecuencias. Cuando un Estado no transpone una directiva, el Ejecutivo comunitario tiene carta blanca para abrir un procedimiento de infracción y llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No sería la primera vez. El pasado mes de febrero, el TJUE condenaba a España a pagar 15 millones por no transponer a tiempo la normativa de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. Y unos meses antes, la Comisión Europea le abría un expediente sancionador por su retraso con la nueva directiva sobre servicios audiovisuales.
En el Ministerio de Justicia no parecen demasiado preocupados por ello. "Antes de que se abra un posible procedimiento sancionador habremos iniciado la tramitación, trasladando así un claro mensaje a Europa de nuestra voluntad inequívoca de cumplir con el mandato de la transposición", sostienen fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop, que aseguran que están "en contacto" con la Comisión Europea y que el Ejecutivo comunitario "tiene conocimiento de los avances en la elaboración del texto".
Ahora mismo, explican desde Justicia, la Ley está a la espera de que se cierren "algunos flecos pendientes". "En enero lo elevaremos al Consejo de Ministros", sentencian.
El Ejecutivo central lleva algo más de un año trabajando en esta materia. El primer paso se dio una vez superada la primera ola de la pandemia. En junio, el Ministerio de Justicia conformó un grupo de trabajo dentro de la Comisión General de Codificación, un órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos, para que se pusiera a trabajar en la transposición de la directiva. Coordinado por un catedrático de Derecho Administrativo y un abogado del Estado, e integrado por otros juristas y altos responsables de grandes empresas –Iberdrola y Abanca, en concreto–, al grupo se le dio medio año para elaborar una propuesta de proyecto de transposición.
Con esta primera fase superada, Justicia abrió una consulta pública para que también la sociedad civil pudiese participar. Durante veinte días se recibieron decenas de documentos de particulares y organizaciones. Escritos en los que se pronunciaban sobre los diferentes aspectos de la norma que desde el Gobierno se sometieron a opinión gracias al margen de maniobra que la directiva ofrece a los Estados para la transposición.
Así, por ejemplo, se preguntaba si era conveniente extender la protección prevista en la norma comunitaria, si debían admitirse las alertas anónimas, cómo tienen que gestionarse los canales de denuncia interna o si es necesario crear una autoridad administrativa independiente que se haga cargo de la recepción de las denuncias –una suerte de Agencia Antifraude estatal–.
Proposiciones paradas y regiones que avanzan por su cuenta
Mientras el Ejecutivo central trabaja en su propia propuesta, algunos grupos parlamentarios, de izquierda a derecha, han decidido llevar este asunto por su cuenta al Congreso. Lo hizo Vox, pero su iniciativa no logró superar la toma en consideración. Y lo hicieron Ciudadanos y una quincena de diputados de ERC, Compromís, BNG y Más País. Por el momento, están a la espera de ser elevados al Pleno para decidir si se da luz verde a su tramitación.
Ambos textos contemplan la creación de una autoridad independiente y cubren tanto a los alertadores del sector público como privado. Pero también presentan diferencias importantes. Así, por ejemplo, mientras que el de Ciudadanos solo se centra en los whistleblowers, el de la izquierda introduce también la figura del facilitador –aquellos que ayudan a revelar la información–.
Del mismo modo, algunas comunidades han decidido dar pasos por su cuenta. El pasado mes de junio, el Parlamento de Andalucía daba el visto bueno a la Ley contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante.
El texto recoge en buena medida la esencia de la directiva comunitaria. A partir de ahora, los alertadores en la región tienen derecho a no sufrir represalias por revelar corruptelas, a solicitar "la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias formuladas" o a no sufrir un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral, derechos que se aplicarán también "a terceras personas" que estén relacionadas con el alertador.
La norma andaluza, incluso, va un paso más allá en relación con la directiva europea. Así, por ejemplo, contempla la posibilidad de que se puedan formular denuncias de forma anónima ante la nueva Oficina Antifraude andaluza. En el caso del texto de Bruselas, no se recoge expresamente la prohibición de alertar anónimamente. Pero tampoco su validez, a pesar de que algunas de las directivas aprobadas en los últimos años sí contemplan expresamente esa posibilidad.
Francia, a punto de aprobarla
No solo España parece haberse enredado con la adaptación de su ordenamiento jurídico al texto comunitario. Por el momento, solo dos de los Veintisiete Estados miembro –Austria y Francia– han notificado a Bruselas la aprobación de algunas medidas nacionales relacionadas con la transposición, según la información que este miércoles facilitaba la Unión Europea.
Eso no quiere decir, no obstante, que los países se hayan olvidado de esta cuestión. Según el EU Whistleblowing Monitor, que elaboran diferentes colectivos con presencia por todo el Viejo Continente, 24 Estados se encuentran actualmente en proceso de transposición. Solo en tres casos figura, en gris, un "no iniciado": Luxemburgo, Chipre y Hungría.
En suelo galo, la transposición está casi lista. Hace justo un mes, la Asamblea Nacional daba luz verde de forma unánime al proyecto normativo para la protección de los alertadores, la conocida como Ley Waserman –por el apellido del parlamentario francés que actuó como ponente–, un texto que da vía libre a los denunciantes para que divulguen públicamente la información sin estar obligados a pasar previamente por sus superiores jerárquicos primero y luego por las autoridades –las etapas que hasta ahora se prevén en la conocida como Ley Sapin II– y que obliga a las empresas que tomen represalias contra estos alertadores a financiar su defensa.
Ahora, la iniciativa legislativa se encuentra en el Senado. Y bajo el asedio de diferentes grupos de presión. Así, por ejemplo, la Asociación Bretona de Empresas Agroalimentarias no ha tenido ningún problema en enviar correos electrónicos, desvelados por Mediapart, socio editorial de infoLibre, a varios senadores invitándoles a torpedear el texto y facilitándoles, incluso, propuestas de enmiendas para conseguirlo: "Debe modificarse para evitar su apropiación indebida por parte de activistas animales que, bajo la apariencia del bienestar animal, a menudo buscan el fin de cualquier explotación del animal y el fin del consumo de carne".
Lunes, 23 de abril de 2018. El entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, toma la palabra en rueda de prensa para hacer una firme defensa de quienes se lo juegan todo destapando prácticas corruptas. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse", asevera el holandés. La afirmación vale para los papeles de Panamá, LuxLeaks o Cambridge Analytica. Y se hace en plena presentación de la propuesta del Ejecutivo comunitario para dar cobertura normativa a los alertadores. Una directiva que recibió luz verde a finales de 2019 y que daba dos años a los Estados miembro para proteger a estos whistleblowers en sus ordenamientos jurídicos. España aún no lo ha hecho. Y el tiempo ha terminado.