Al país que quiere ser referencia en la transición energética para abandonar las fuentes contaminantes se le está colando el carbón por la puerta de atrás: concretamente, por Marruecos. España está consumiendo desde noviembre de 2018 energía eléctrica de su vecino africano, a través de los dos cables que cruzan el Estrecho y que representan la interconexión entre ambos países: está en camino un tercero. España siempre ha exportado electricidad a Marruecos y ahora la relación es de importación en el mismo año en el que se inauguran dos centrales térmicas de carbón en el reino alauita, extremadamente contaminantes y libres de las estrecheces medioambientales de la Unión Europea.
La polémica está servida: ¿está el Ejecutivo estableciendo las bases para el cierre de instalaciones y minas en España, comprometiendo los empleos de miles de personas, mientras que compra el producto de las térmicas marroquíes, mucho más sucias? La respuesta no es tan sencilla. Desgraciadamente, como dijera el exministro Rato en aquella declaración en el Congreso que se convirtió en meme, es el mercado, amigo.
Según los datos ofrecidos por Red Eléctrica Española (REE) en febrero de 2019, la tendencia se invierte entre octubre y noviembre del pasado año. En los meses inmediatamente anteriores, la venta de electricidad de España a Marruecos oscilaba entre los 200 y los 400 GW/h cada mes. En octubre baja a 36,4 GW/h, y a partir de ese punto, el saldo pasa a ser negativo y el país africano se convierte en vendedor. En enero de 2019 se llegaron a los 179,3 GW/h importados por España. La cifra no es del todo relevante teniendo en cuenta que la demanda peninsular en 2018 fue de 253.495 GW/h, de los cuales los intercambios internacionales representaron un 4,3%, pero a nivel simbólico generan rechazo. España subvenciona en parte las prácticas sucias del vecino mientras que ve morir sus propias centrales.
La Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos, la organización más activa en oposición a nuevas interconexiones eléctricas, apunta a la megacentral de Safi, que según sus datos cubre el 25% de la generación del país, con sus 1.500 MW, y que abrió en enero de 2018, al mismo tiempo que se inauguró la ampliación de la térmica de carbón en la ciudad minera de Jerada, cuyas minas, descubiertas a finales de los años 20, se explotan de manera ilegal causando miles de muertos.
La macrocentral de Safi, a 250 km al sur de Casablanca, consume cada día 10.000 toneladas de carbón, emitiendo muchos contaminantes, incluidas más de 20.000 toneladas de carbono (CO2), según los datos de la Red. Para la central de Jarada, explican, los datos respectivos son de 2.500 toneladas de carbón y 5.000 Tn de CO2. "Resulta que la intensidad de emisión de carbono de la generación eléctrica de Marruecos supera los 686 gramos de CO2 equivalente por KW/h generado, 3,5 veces más que en España (195) y un 16% más que Polonia (590)", aseguran los activistas.
Sin embargo, es difícil saber si la electricidad proveniente de Marruecos es de origen contaminante o no. Las fechas no coinciden exactamente y no se puede demostrar que lo importado de Marruecos ha sido generada en estas térmicas: "No hay manera de saberlo. Solo se pueden mirar los datos del mix del país y hacer suposiciones", explica Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía.
Además, el margen de actuación es limitado. El mercado eléctrico está liberalizado. Las distintas empresas generadoras de electricidad compiten en el llamado pool, donde se establece cada día el precio de cada KW/h. Las importaciones entran si el sistema necesita cubrir su demanda o, simplemente, si son competitivas. Y la electricidad generada por carbón en Marruecos es muy barata, porque carece del precio del CO2 que encarece esta generación en Europa. La ironía es dolorosa: la compramos por su precio, y su precio es tan bajo porque no tiene restricciones ambientales.
Ante el funcionamiento del pool, el Gobierno tiene las manos, en principio, atadas. "Hay poca capacidad política para hacer algo, se trata de oferta y demanda", explica Gallego. Pero añade: "Si el mercado no está funcionando", es decir, si permite sin cortapisas la compra de electricidad supuestamente sucia y participa de actividades industriales dañinas para el clima, "pues habrá que cambiarlo. No creo que haya que preservar su pureza", considera. Algunas empresas, sin embargo, consideran que sí es posible la imposición de un arancel medioambiental a la luz marroquí, como se hace con otros productos que se importan.
Transición Ecológica, según publicó el pasado martes El País, mandó en febrero una carta al comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, quejándose de su indefensión ante la entrada de electricidad supuestamente contaminante por parte de Marruecos, y la competencia desleal que representaba el país africano con su entrada en el mix español. Sin embargo, en el mismo mes, y con los datos ya en poder de REE, ambos países anunciaron un acuerdo para una nueva interconexión. El Periódico de la Energía publicó esta semana que la Comisión Europea, haciéndose eco de las demandas españolas, estaba investigando el asunto, pero el departamento de prensa del Ejecutivo comunitario ha desmentido a infoLibre que esta investigación esté teniendo lugar.
La noticia no ha sentado bien en las comarcas mineras, que al cierre de las minas que lleva planteándose décadas se le suma ahora la clausura de la mitad de las térmicas españolas antes de junio de 2020. A pesar de que las cifras no son comparables, no se entiende la decisión de prescindir del carbón nacional y comprarle electricidad presumiblemente proveniente del mismo combustible en Marruecos. "Me genera una impresión de desesperación y creo que es fruto de políticos mediocres", aseguraba en febrero el presidente del comité de empresa de Endesa en el Bierzo, Juan Sobredo (CCOO).
¿Son necesarias las interconexiones?
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El debate con las interconexiones es complejo. Como explica a infoLibre Cristóbal Gallego, dependiendo de las circunstancias, las consecuencias pueden ser positivas o negativas para el país, influyendo en el precio de la factura de la luz y en las emisiones de CO2 de la generación eléctrica española. El informe de la Comisión de Expertos invocada por el anterior Gobierno del PP para la transición energética explicaba, con respecto a la interconexión con Francia, que si el país galo demanda una gran cantidad de electricidad en base a un hipotético aumento de la conexión, España podría poner a funcionar sus centrales de respaldo (de gas) para satisfacer esa demanda, aumentando las emisiones. Y en el caso de Marruecos, las consecuencias son las explicadas: participar en la agresión al clima del vecino africano y, además, dejar en desventaja competitiva a las energéticas españolas.
Sin embargo, son una garantía de suministro. Sin interconexiones, en caso de problemas serios, España podría ver comprometido su sistema eléctrico y sufrir apagones. Las interconexiones con Francia, Portugal y Marruecos permiten importar energía con facilidad si se necesita, y la posición geográfica del país hace que sean los únicos tres países a los que el país se puede conectar. En cada caso hay que analizar cuidadosamente si las alusiones a la garantía de suministro responden, en realidad, a opacos intereses económicos o si realmente se trata de razones de interés general. Como en casi cada conflicto en torno del mercado eléctrico, la pugna se libra entre lo público y lo privado: adivinen quién suele ganar.
Al país que quiere ser referencia en la transición energética para abandonar las fuentes contaminantes se le está colando el carbón por la puerta de atrás: concretamente, por Marruecos. España está consumiendo desde noviembre de 2018 energía eléctrica de su vecino africano, a través de los dos cables que cruzan el Estrecho y que representan la interconexión entre ambos países: está en camino un tercero. España siempre ha exportado electricidad a Marruecos y ahora la relación es de importación en el mismo año en el que se inauguran dos centrales térmicas de carbón en el reino alauita, extremadamente contaminantes y libres de las estrecheces medioambientales de la Unión Europea.