"Esto es un fraude para el pueblo americano", clamaba tajante Donald Trump en la madrugada de este miércoles sembrando sospechas sobre el recuento del voto por correo en las elecciones presidenciales estadounidenses. Horas más tarde, sostenía sin pruebas vía Twitter: "Anoche estaba liderando muchos Estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaba el voto sorpresa". El recurso a la vía judicial, que no ha dejado de estar presente durante los días previos a los comicios, se hace cada vez más tangible. Lo que en Estados Unidos parecería estar normalizado, ¿sería viable en España? ¿Permite el sistema electoral y la legislación una impugnación similar? ¿Podría un líder político sostener que unas elecciones son frauduentas?
La politóloga Berta Barbet recuerda que el sistema electoral español está "más regulado" que el estadounidense y por tanto "las normas son más claras y pasan por una ley", así que es "más difícil que haya asuntos que se diriman en los juzgados". En Estados Unidos, por el contrario, "dificulta el control que cada Estado tenga sus regulaciones". Para la experta, por tanto, es difícil imaginar que un candidato pueda impugnar de esa manera un proceso electoral en España. "La credibilidad del voto está muy controlada, el sistema de apoderados funciona bien, no hay dudas de que el resultado es cierto", indica. Si acaso, un Gobierno podría "jugar a ilegalizar partidos" o alguna estrategia similar.
Ernesto Pascual, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), recuerda que la principal clave reside en las diferencias entre los sistemas electorales: en las presidenciales, el norteamericano "es mayoritario y por tanto el ganador se lo lleva todo", mientras que el español es proporcional. Lo primero que se requeriría ante una sombra de fraude son pruebas. Pero además, en el sistema proporcional "hay muchos partidos representados, todos o la mayoría deberían quejarse". Por otro lado, coincide, la diferencia fundamental es que "el sistema español está regido por una ley electoral", mientras que en Estados Unidos "hay casi tres mil sistemas electorales: cada Estado tiene sus propias normas y muchos las derivan, así que hay casi tantas leyes como condados".
Coincide con él el politólogo Roger Senserrich. "En España llegamos tarde a la democracia y cuando se diseña el sistema electoral se hace una copia de lo que mejor funciona en todas partes". Resultado: un sistema "muy bueno y eficaz", con una Junta Electoral Central "independiente", muy "difícil de intervenir por parte de tribunales y poderes públicos", así como un recuento "muy rápido y listas cerradas".
En el supuesto, reflexiona, de que un candidato o un partido decidiera impugnar las elecciones "podría intentarlo utilizando todos los poderes a su disposición, pero sería muchísimo más difícil que en EEUU". En el país norteamericano, "la debilidad es que el sistema está muy descentralizado, cada Estado tiene leyes distintas y en algunos están en manos de los condados". Además, "el secretario de estado", que se encarga del proceso electoral en cada territorio, "es más independiente en unos sitios que en otros". El sistema, por tanto, "es débil", una suerte de "Frankenstein de legislación". Esto tiene una doble lectura: lo cierto es que resulta sencillo "encontrar algo que llevar a los tribunales, pero también es verdad que el gobierno federal tiene muy difícil intervenir, porque no tiene poder".
Otra de las diferencias más importantes tiene que ver con la forma de acreditar la identidad del electorado. "En España todos tenemos un DNI", señala Barbet, pero los estadounidenses emplean otros documentos como "el carnet de conducir o el pasaporte", que no toda la población posee. Por otro lado, en suelo español el mayor problema relacionado con el derecho a sufragio tiene que ver con el voto exterior, especialmente desde la implantación del sistema rogado, mientras que en Estados Unidos "hay distintas formas de votar, para que más gente pueda ejercer su derecho". Eso, apunta la politóloga, "genera debates" porque rompe la uniformidad. Texas y otras ciudades, por ejemplo, han implantado en las presentes elecciones un sistema para "votar desde el coche porque la gente tenía miedo a salir", lo que implica "un sistema nuevo sin regulación específica".
Y en ese conjunto de fórmulas diversas entra el juego el voto online, especialmente sonado en un momento de pandemia mundial. Para Berta Barbet, este sistema puede generar algunos problemas, especialmente porque "no puedes garantizar que la gente esté votando sola", de manera que podría "no ser seguro del todo". También la ausencia de un documento como el DNI causaría otros problemas para el voto online, expone Senserrich, quien estima que en Europa sería viable pero en EEUU no. A ello le suma Pascual la animadversión hacia la tecnología. "La gente tiene miedo todavía a abandonar el papel, una prueba física. Esa resistencia a la tecnología existe", pero además, en el caso de EEUU, sobrevuela el conflicto en torno a la "ciberseguridad y la sospecha de una injerencia rusa" constante, de manera que "si el voto fuera por internet se podría temer un ataque para modificar su sentido". Algo así sucede con el voto a través de "máquinas electrónicas, también objeto de discusión en torno al software". Aquí fueron los demócratas, señala el docente, quienes hace cuatro años sospechaban de que "el software en las máquinas electorales pudieran cambiar el resultado de manera interna", aunque aquella conjetura "jamás se demostró".
Otra gran diferencia es aquella relacionada con el recuento. En España, los tiempos son mucho más acotados y "hasta que no se acaba, el presidente de la mesa electoral no se puede mover", en palabras de Ernesto Pascual. En EEUU es distinto y el recuento se puede posponer, un hecho en el que también repara Roger Senserrich. Ocurre, en añadido, que si un interventor español detecta fallos en el recuento, se hace de nuevo. "Puede haber alguna duda sobre los votos nulos, pero la manipulación electoral, el pucherazo, hoy en día es bastante difícil", señala el profesor.
Sistema sólido y garantista
Tal y como recuerdan los politólogos consultados, el sistema electoral español se asienta, en comparación con el estadounidense, sobre unos cimientos sólidos y garantistas. Los principales problemas detectados tienen que ver habitualmente con el escrutinio o con dudas respecto a la nulidad de alguna papeleta.
En las últimas elecciones andaluzas, en diciembre de 2018, la noche electoral se alargó dos horas más de lo previsto. Pero el motivo fue sencillo: aquel 2 de diciembre se registraron incidencias en Sanlúcar de Barrameda, respecto a miembros del colegio electoral que no habían asistido a la cita. A ello se sumó la falta de papeletas en algunos centros. En otras ocasiones, los problemas detectados fueron producto de fallos informáticos vinculados a las empresas encargadas del recuento, que el propio Ministerio del Interior reconoció tras los comicios de mayo de 2019.
En cuanto al voto por correo, la Junta Electoral Central ha tenido que ampliar los plazos en diversas ocasiones debido a los colapsos en las oficinas postales. Pero si algo ha sido decisivo en diversas ocasiones es el voto exterior. El caso de Galicia es paradigmático. Los electores en el extranjero constituyen lo que se conoce como "la quinta provincia" gallega y su voto ha sido determinante en varias ocasiones. En el año 2005, todas las miradas estaban puestas en ellos. Entonces, el Partido Popular se quedaba a un escaño de la mayoría absoluta: Manuel Fraga aguardaba en calma tensa el voto emigrante para saber si podría iniciar su quinto mandato. Al otro lado, el PSdG y el BNG sumaban las actas suficientes para poder gobernar. Pero el voto exterior ya le había dado la victoria a los conservadores en ocasiones anteriores. Hubo que esperar nueve días para, finalmente, confirmar que el PP gallego se quedaba fuera de poder gobernar. Fraga perdió su mayoría absoluta y se abrió, por primera vez, un gobierno progresista de coalición.
En Estados Unidos, el voto por correo ha sido un fenómeno de características muy excepcionales. "Muchos estados lo han implantado por la pandemia, pero además se ha politizado: los demócratas han votado por correo y los republicanos en persona", reseña Roger Senserrich.
Tensión política
Aunque la estructura electoral española es sólida y el margen para un posible fraude es estrecho, lo cierto es que algunas voces sí han sugerido irregularidades. Lo hizo Vox recientemente, tras las elecciones autonómicas en Euskadi y Galicia. La extrema derecha denunciaba "agresiones, amenazas y fraude electoral" en su página web, en palabras de un apoderado de la formación. "En las recientes elecciones vascas ni ha habido libertad ni se ha respetado la legalidad", afirmaba y añadía que "desde primera hora de la mañana hasta el cierre de los colegios electorales, incluso durante el recuento", los apoderados de la ultraderecha "fueron amenazados, insultados y agredidos", además de haber sido "expulsados de manera violenta de algunos centros cuando denunciaban la manipulación del escrutinio". La ultraderecha mencionó igualmente "falta de limpieza" durante los últimos comicios gallegos.
De pucherazo habló, aunque de forma más velada, José María Aznar en 1989. El entonces vicepresidente nacional del PP y presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, acusó públicamente a los socialistas de ser capaces de "hacer trampa" para ganar las elecciones gallegas. Más tarde, en 1993, fueron Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas los que hablaron de fraude electoral tras la victoria de Felipe González. Años después, Rodrigo Rato, entonces portavoz de los conservadores, sugirió durante la jornada electoral de 1996 –antes de conocer los resultados– la posibilidad de un recuento "nada fiable" y predijo "una noche muy larga" debido a "errores del censo".
En este punto se detiene Braulio Gómez, politólogo y director del Deusto Barómetro de la Universidad de Deusto. A su juicio, el debate tiene dos vertientes: litigar en un tribunal para buscar las garantías jurídicas cuando existe una sospecha fundada de fraude o proponer esta herramienta como estrategia política. Aunque en EEUU la justicia está "ampliamente politizada", España tampoco se libra de episodios en los que "no se ha aceptado el resultado electoral". "Sobre todo desde que [José María] Aznar tomó las riendas del PP hemos visto una escalada de tensión política alrededor de los resultados electorales", expone el politólogo. En 2004, recuerda, "vivimos una tensión política en la que se sostenía que [Mariano] Rajoy había perdido las elecciones por un atentado teledirigido y se llamaba golpista a [José Luis Rodríguez] Zapatero". El propio Manuel Fraga afirmaba entonces que las elecciones habían estado "trucadas".
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Gómez recuerda, asimismo, que en 1989 se llegó al Tribunal Constitucional debido a supuestas irregularidades en los distritos de Murcia, Pontevedra y Melilla, con el objetivo de ordenar una repetición. "Se creó también en las elecciones de 1989 una tensión con la repetición electoral, porque esos escaños le daban al PSOE una mayoría", recuerda el politólogo. Más tarde, la reforma de la ley electoral "limitó la posibilidad de llegar a ese tribunal", pero no estamos libres de esquivar por completo esa atmósfera de tensión, opina el experto, especialmente desde la irrupción de la extrema derecha.
Por otro lado, se han hecho públicas otras denuncias de irregularidades en distintas jornadas electorales, la mayoría relacionadas con inducir el voto de personas mayores o utilizar el censo de personas fallecidas, esto último especialmente en el voto exterior antes de implantar el ruego. Todas estas prácticas son, a juicio de los expertos, anecdóticas. "En un sistema proporcional tendría un impacto bajísimo, aunque puede pasar, pero no es lo habitual", señala Ernesto Pascual, quien recuerda que precisamente hace poco se decidió ampliar el espectro y permitir el sufragio a personas con discapacidad, lo que da cuenta de que hasta ahora el sistema "había sido muy restrictivo".
También Roger Senserrich cree que este tipo de fenómenos al final son "perfectamente normales y se hacen en todas partes" pero a su vez son "muy anecdóticos" en cuanto a impacto, especialmente a nivel nacional. El multipartidismo, además, hace que en cualquier colegio electoral haya "muchos ojos", de manera que cualquier tipo de fraude es "prácticamente imposible".
"Esto es un fraude para el pueblo americano", clamaba tajante Donald Trump en la madrugada de este miércoles sembrando sospechas sobre el recuento del voto por correo en las elecciones presidenciales estadounidenses. Horas más tarde, sostenía sin pruebas vía Twitter: "Anoche estaba liderando muchos Estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaba el voto sorpresa". El recurso a la vía judicial, que no ha dejado de estar presente durante los días previos a los comicios, se hace cada vez más tangible. Lo que en Estados Unidos parecería estar normalizado, ¿sería viable en España? ¿Permite el sistema electoral y la legislación una impugnación similar? ¿Podría un líder político sostener que unas elecciones son frauduentas?