Diez años después de que el diario El País revelase cómo el entonces vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el exvicepresidente regional Alfredo Prada habían sido sometidos a seguimientos por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, el caso llega este lunes a juicio. En el banquillo, y ante un jurado popular, se sientan quien en el momento de los hechos era director general de Seguridad de la Comunidad, su número dos, otro funcionario y tres guardias civiles igualmente contratados por el Gobierno autonómico. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por malversación. Ningún cargo público de la época compartirá asiento ni riesgo penal con los encausados.
Aquella operación de espionaje, diseñada y ejecutada a tenor de los indicios como una muestra a pequeña escala de lo que el caso Villarejo ha inmortalizado ya como las cloacas del Estado, tuvo un trasfondo netamente político: la guerra de poder que zarandeó en 2008 al PP, el año en que Esperanza Aguirre intentó desbancar a Mariano Rajoy: Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Prada, alineado con Rajoy, aparecían en el bando de los enemigos de Aguirre.
La Fiscalía sostiene que no hubo delito y pide la absolución. Lo hace bajo el argumento de que "no consta acreditada" la "intención" de los acusados de utilizar dinero público para fines "ajenos a la función pública". Su escrito llega a aducir que los famosos y "supuestos" partes de seguimiento a los espiados "no han sido obtenidos de expedientes administrativos" sino que los facilitó el periodista del diario El País que firmó buena parte de las noticias del caso. Esos partes, añade el ministerio público, no responden a "seguimientos reales" sino que pudieron ser elaborados "con un interés espurio".
Fraguada y consolidada durante el mandato de Manuel Moix como fiscal jefe de Madrid, años antes de su ascenso a la Fiscalía Anticorrupción y su rápida dimisión tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña, la posición de la Fiscalía topa con la de la Comunidad de Madrid. La paradoja estriba en que el Gobierno madrileño, en cuyos engranajes se gestó el presunto espionaje fuera quien fuese su autor intelectual, decidió en marzo de 2014, bajo el mandato de Ignacio González, personarse como acusación particular en el caso del espionaje. En el juicio, ejercerá la acusación particular. Y sí ve delito. Sus abogados propugnan para los seis procesados penas –leves, solo multas– por malversación.
Los socialistas, personados como acusación popular, reclaman en cambio cárcel para los acusados. La pena más alta, aquí, es la solicitada para Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad: cuatro años. Le sigue en gravedad la de tres años para su número dos, Miguel Castaño. El PSOE demanda por último dos años de reclusión para los cuatro espías de base: el antiguo empleado de la Consejería de Interior José Manuel Pinto y los guardias civiles Antonio Coronado, José Oreja y José Luis Caro, este último ya condenado en la primera pieza de Púnica, la del chivatazo a Francisco Granados sobre la investigación penal de que estaba siendo objeto en 2014.
Francisco Granados —sucesor de Alfredo Prada como consejero de Interior y Justicia—, Ignacio González, que ostentaba la vicepresidencia del Ejecutivo regional, y la propia Esperanza Aguirre declararán como testigos. En un juicio que, como mínimo, se extenderá hasta el día 20, las suyas se perfilan como las declaraciones estelares por su rango personal, si bien solo un terremoto o viraje imprevisto proporcionarían novedades. En la abultada lista de testigos –18 en total más ocho peritos– destacan también los espiados. Y hay un nombre en esa nómina que genera expectación entre quienes siguen el caso: el de Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón y exsecretaria de Esperanza Aguirre. En junio de 2010, Laviana le dijo esto al diario El País: "Gamón ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González".
Tanto Aguirre como González y Granados han sostenido siempre lo mismo que la Asamblea de Madrid ya aprobó en marzo de 2009 con los votos de la mayoría absoluta del PP: que la Comunidad de Madrid no amparó ni ordenó convertir la Dirección General de Seguridad en una unidad cuyo objetivo fuese neutralizar enemigos mediante seguimientos que pudieran reportar un buen botín de información comprometedora.
La retirada de los espiados
La discrepancia entre los postulados de la Fiscalía y los de la Comunidad de Madrid no constituye la única paradoja que afronta el juicio. Hay otra más. Y de calado: porque ninguno de los presuntos espiados, sin cuya denuncia difícilmente habría arrancado la maquinaria judicial, ejerce la acusación.
Presa de indignación, Cobo no había dudado en definir aquel aparato policial o parapolicial como una "gestapillo", pero acabó retirándose en junio de 2016 cuando llegó el momento de calificar penalmente los hechos. Prada, bestia negra de Aguirre desde el momento en que se alineó con Rajoy en la lucha interna por la presidencia del partido y defenestrado como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de Madrid en junio de 2008, se declaró igualmente vapuleado: "La Fiscalía debería actuar de forma urgente", aseguró en febrero de 2009. Pero, como Cobo, también abandonó la escena en junio de 2016. La exconcejal Carmen Rodríguez Flores, muy amiga del ahora ya fallecido Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP y que completaba el terceto de espiados denunciantes, ya había desistido del proceso con anterioridad.
Aunque ninguno ha pronunciado jamás en público una sola palabra sobre su mutis jurídico, todas las fuentes consultadas entonces y ahora coinciden en el porqué de aquella marcha atrás: desistieron –es el mensaje unánime entre quienes conocen los entresijos del caso– por petición del PP, al que los tres seguían perteneciendo. Ninguno de ellos reclamó tampoco durante la instrucción que Francisco Granados o Ignacio González, jefes políticos de los investigados, fuesen objeto de imputación judicial.
En la primera fase, González permaneció en un segundo plano. En el proscenio de las sospechas era Granados quien ocupaba el lugar más visible. Pero en enero de 2013, cuatro meses después de que, desde el trampolín del delfinato de Aguirre, González hubiese dado su gran salto a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, uno de los imputados le mandó a la jueza instructora una declaración escrita de ocho folios. Y allí, en el párrafo central de la página 6 [pincha aquí para verlo], el guardia civil José Oreja escribió lo siguiente: "A principios de 2008 –se lee en el texto–, los señores Gamón y Castaño nos trasladan, de forma verbal (...) una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente D. Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos". Y de esa lista, Oreja recordaba varios nombres. No solo los de Manuel Cobo y Alfredo Prada sino el de Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes. Entre otros. La revelación pasó inadvertida a efectos procesales.
Granados, la jueza para servirle y el manuscrito de 'Lezo'
En medio de una accidentada instrucción con tres intentos de cerrojazo que tumbó uno tras otro la Audiencia de Madrid, el tiempo y los casos de corrupción en que ahora están inmersos Granados –Púnica– y González –Lezo y también Púnica– fueron haciendo aflorar datos inéditos.
Por ejemplo, uno de los pinchazos telefónicos a Granados en los meses previos al estallido de Púnica dejó al aire una conversación con su esposa fechada el 16 de septiembre de 2014. El político acababa de terminar su declaración como testigo ante la jueza instructora del caso, Carmen Valcarce. Y el agente de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil encargado de transcribir el diálogo [pincha aquí para leerlo] plasmó así lo que el político le dijo esa tarde a su mujer: "Que la jueza llamada Carmen, cuando estaba él hablando con varias personas en el pasillo ha llegado, le ha dado dos besos y ha dicho en voz alta delante de los ocho abogados que Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle, que Francisco le ha dicho [a la jueza] que se cortara un poco delante de esas personas".
Para entonces, Valcarce había archivado el caso dos veces. En febrero de 2015 lo intentó por tercera y última vez. Al año siguiente, y una vez que la Audiencia madrileña le había impuesto la tercera reapertura de diligencias, la jueza denegó la petición de Coronado, Oreja y Pinto para que Granados y González declarasen como imputados.
Viraje en el juicio de los espías de Madrid: un excomisario involucra al fiscal Moix en la estrategia para impedir que se investigase al PP
Tres años después de aquella conversación donde Granados presentaba a la magistrada casi como una fan cuyo entusiasmo él mismo se había visto forzado a refrenar, se produjo un segundo hallazgo inesperado. Durante un registro de la Operación Lezo, el delas oficinas de Ildefonso de Miguel, uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante sus primeros años en el Gobierno de Madrid, la UCO encontró un esquema manuscrito sobre las relaciones de quienes fueron objeto de espionaje en el PP: Gallardón, Cobo, Prada y Carmen Rodríguez Florez. Como publicó este periódico, el gráfico [pincha aquí para verlo] subraya literalmente el círculo que envuelve el nombre de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la cita tres veces.
En ese manuscrito, otro gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". Y en posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. En el esquema abundan las flechas que enlazan unos nombres con otros. Una de ellas, acotada por la palabra "mensajean", lleva de Cobo a Cifuentes.
Ildefonso de Miguel, que hasta 2008 fue gerente del Canal de Isabel II bajo la batuta directa de Ignacio González, niega haber sido el autor de ese esquema, que no aparece datado. Pero personas de su entorno ofrecieron a este periódico su interpretación de qué significa ese papel: es un "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.
Diez años después de que el diario El País revelase cómo el entonces vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el exvicepresidente regional Alfredo Prada habían sido sometidos a seguimientos por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, el caso llega este lunes a juicio. En el banquillo, y ante un jurado popular, se sientan quien en el momento de los hechos era director general de Seguridad de la Comunidad, su número dos, otro funcionario y tres guardias civiles igualmente contratados por el Gobierno autonómico. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por malversación. Ningún cargo público de la época compartirá asiento ni riesgo penal con los encausados.