Pablo Casado siempre subraya que su partido, el PP europeo, es el que gobierna el continente porque la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, forma parte de la misma familia política. Y alardea de que una de las bases de su oposición al Gobierno de coalición es el recurso a Bruselas para frenar las políticas de Pedro Sánchez.
Desde luego lo han intentado sin descanso. En el último año son numerosas las iniciativas, de todo tipo, que ha puesto en marcha para trasladar a la Unión Europea el debate político español. Se trate de las víctimas del terrorismo, de Venezuela o, en el ejemplo más reciente, del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El PP ya ha anunciado su intención de denunciar al Gobierno en Bruselas porque al ser una ayuda pública a una empresa privada entiende que debe ser examinada por las autoridades comunitarias. Detrás de este rescate, en torno al cual el PP quiere una comisión de investigación, el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, ve riesgo de que dinero público invertido por el Gobierno vaya “a acabar en las cuentas de Podemos”, según él mismo afirmó en una sesión de control del Congreso.
Ya desde el inicio de la legislatura el PP hizo de las instancias europeas un escenario para la batalla política interna. En abril, en pleno pico de la primera ola de la pandemia, con toda España confinada, Dolors Montserrat denunció ante la UE que se en nuestro país se perseguían las críticas al gobierno por su gestión sobre el coronavirus basándose en la declaración en rueda de prensa del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago —que él mismo precisó al día siguiente— en la que aseguró que se estaban monitorizando las críticas al Ejecutivo cuando en realidad se refería a la desinformación.
En junio la misma portavoz escribió a la Comisión acusando a España de falsear las cifras de fallecidos por covid-19. Que no son otras que las que facilitan las comunidades autónomas —también las del PP— aplicando el criterio de que la muerte haya sido certificada por esta enfermedad.
Montserrat ha sido el ariete habitual de Casado en el Parlamento Europeo. En julio, a través de una pregunta escrita, acusó a Pablo Iglesias y Pablo Echenique de amenazar a varios medios de comunicación y a periodistas como Vicente Vallés “por haber informado”, según ella, “de la evolución del caso Dina.
Una información del diario El País denunció en su día que cuando los gobiernos de Europa negociaban la creación de un fondo extraordinario para reconstruir la economía de los países que más sufrieron las consecuencias del virus en la primera ola, el PP tomó partido del lado de los estados miembros contrarios a su aprobación. El PP, según fuentes del partido en Bruselas, lo niega y sostiene que lo que cuenta el diario nunca ocurrió, pero según El País los de Casado apoyaron en junio del año pasado una iniciativa del Partido Popular europeo en línea por los gobiernos de los países autodenominados frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) que trataba de dificultar el acceso a los fondos. La paradoja es que todavía hoy el líder del PP asegura que si los fondos se hicieron realidad fue gracias a su partido. Y sostiene que sólo han pedido que se haga un buen uso de estos fondos, en línea de la posición de instituciones europeas como la Comisión Europea o el Parlamento Europeo.
Ese mismo mes, Dolors Montserrat envió una carta al comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. El PP europeo niega que las afirmaciones contendidas en la carta pusiesen en cuestión el estado de derecho, a pesar de que acusaba al Gobierno de Sánchez de atacar la libertad de expresión, suspender el derecho a circular libremente y abusar de su poder sancionador durante el estado de alarma. Criticaba también la limitación del derecho fundamental de reunión y de manifestación e incluso de la libertad religiosa.
También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer “propaganda”.
Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea.
El siguiente intento tuvo lugar en septiembre, cuando el PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de reforma de la ley reguladora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para incluir una cláusula antibloqueo que impidiese a ningún partido vetar la renovación de este órganos siempre y cuando existe un acuerdo de la mayoría absoluta de los grupos representados en el Congreso.
Casado trasladó inmediatamente a las instituciones europeas la intención del Gobierno de “tomar al asalto el Consejo”. Lo hizo dejando constancia, además, de que esa denuncia podía hacer que España tuviese problemas para recibir los fondos de reconstrucción que tanto necesita, igual que pasa con Polonia y Hungría, a quienes la Comisión Europea amenaza con limitar el dinero después de que ambos países hayan suspendido el examen de calidad del estado de derecho al que la UE acababa de someter a los 27. La denuncia de los de Casado sí tuvo eco en este caso y mereció la crítica explicita por parte de la Comisión Europea, subrayan fuentes del PP.
“Países tan criticados por Sánchez como Polonia y Hungría tienen ya dificultades para recibir los fondos de reconstrucción porque han modificado leyes de elección de su justicia. No es propio de democracias europeas desarrolladas”, declaró el líder del PP el pasado mes de septiembre.
Lo curioso es que unos meses antes, en enero, el PP se había opuesto sancionar a los Gobiernos de estos dos países por sus políticas contrarias el estado de derecho. El Parlamento Europeo aprobó a comienzos de año una dura resolución exigiendo a la Comisión Europea que presionase a Polonia y Hungría “para prevenir la ruptura de los valores comunes”. El texto salió adelante con 446 votos a favor, 41 abstenciones y 178 en contra, entre ellos los del Partido Popular español. Partido Popular Europeo, socialistas, el Grupo liberal, los Verdes y la Izquierda Unitaria votaron sí. Los de Casado, en cambio, se unieron al grupo de reformistas y conservadores (ECR) de Vox y a los euroescépticos de Salvini y Le Pen.
El “ministerio de la verdad”
Uno de los episodios más llamativos de esta política tuvo lugar en noviembre, cuando el Gobierno aprobó un procedimiento para crear un mecanismo que permita advertir a los medios de comunicación y a la sociedad civil de las campañas de desinformación que los técnicos del departamento de Seguridad Nacional decidan que es necesario denunciar para contrarrestar sus efectos. Una decisión que el PP, además de Vox, Cs y la derecha mediática, convirtieron en un intento de Pedro Sánchez de controlar a los medios de comunicación, cuando únicamente desarrollaba un mandato de la Unión Europa para prevenir y combatir la influencia de la desinformación en las democracias del continente, especialmente cuando son impulsadas por potencias extranjeras.
La inocuidad de la medida motivó semanas después un pronunciamiento de la Unión Europea desechando las acusaciones del PP. La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Vera Jourová, concluyó que la orden ministerial del Gobierno de Sánchez sobre este asunto “actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación” y no constituye "una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación”, que es lo que aseguraban —y todavía hacen— los de Casado.
Más recientemente, los esfuerzos del PP por trasladar a Bruselas los debates de la política española se han centrado en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y en la nueva ley de educación. Desde hace tiempo, Casado y los suyos se esfuerzan en hacer ver a sus socios del PP europeo, entre los que se cuentan partidos con responsabilidades de Gobierno en países tan significativos como Alemania o Austria, algunos de los cuales ya eran contrarios a la concesión de estas ayudas, que el Gobierno español no es de fiar y que planea repartir el dinero de forma “clientelar”.
Argumentan que las ayudas se van a entregar sin control, ignorando que el decreto que los regula establece la vigilancia del IGAE y de la Oficina Antifraude, y exigen que se repartan a través de una agencia independiente, algo que no tiene previsto hacer ningún país de nuestro entorno.
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Más reciente ha sido el intento del PP de buscar el apoyo de Europa contra la nueva Ley de Educación, aprobada en diciembre por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. Pablo Casado reafirmó este objetivo en una intervención este lunes en un colegio concertado de Madrid.
Hace pocos días la Comisión Europea recordó que no solo no tiene "ninguna autoridad y carece de competencias" para ocuparse de este asunto sino que tampoco ve "ninguna violación de ninguna norma de la UE" en las quejas sobre la nueva ley de Educación trasladadas a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeopor varias asociaciones de padres y plataformas educativas apoyadas por PP, Vox y Cs.
La política del PP es tan recurrente que Socialistas, Verdes y La Izquierda han llegado a denunciar ante el presidente de la Eurocámara el “uso partidista”denunciar que la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, hace de la comisión de Peticiones, que ella misma preside y en la que agenda española tiene un enorme protagonismo. No obstante, las fuetnes del PP consultadas por infoLibre subrayaron que en la legislatura pasada (cuando la comisión de Peticiones estaba presidida por una diputada sueca del Grupo Liberal, Cecilia Wikström), “el número de peticiones españolas tramitadas en la comisión de Peticiones fue mayor que en la actual legislatura. No hay, aseguran, “una influencia de Dolors Montserrat” en el número de peticiones procedentes de España que se discuten en esta comisión.
Pablo Casado siempre subraya que su partido, el PP europeo, es el que gobierna el continente porque la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, forma parte de la misma familia política. Y alardea de que una de las bases de su oposición al Gobierno de coalición es el recurso a Bruselas para frenar las políticas de Pedro Sánchez.