Los expertos lo aseguraron cuando empezó todo, se fue confirmando con el paso de los días y se insistió en ello en distintas ocasiones, también ahora: los mayores y las personas con patologías previas son las más vulnerables frente al covid-19. Por eso son a las que más hay que proteger. Sin embargo, las residencias de ancianos se convirtieron ya en el mes de marzo en la zona cero de la pandemia. Suman esos dos ingredientes: acogen a personas mayores que, casi en la totalidad de los casos, tienen patologías previas. Y ya no sólo asociadas a la salud física, sino también a la mental. Pero quizá quienes sufren este tipo de enfermedades han sido doblemente olvidados. Un informe elaborado por el International Long-term Policy Network ha querido arrojar luz sobre el impacto que ha tenido el covid-19 en las personas con demencia. Sobre todo en quienes, además, han vivido las semanas más duras de la pandemia en una residencia de mayores. Según el documento, hasta 15.000 personas con demencia podrían haber fallecido en estos centros durante la crisis del coronavirus.
Es una estimación, señala el informe. Y eso, precisamente, es el primer síntoma de un problema que se ha hecho patente durante la pandemia: no hay datos concretos que permitan conocer el alcance del covid-19 en las residencias. Cada comunidad ha recogido los datos de una manera y ha contabilizado fallecidos por la enfermedad según su propio criterio. Tal y como recoge el informe, a 28 de junio 19.576 personas habían muerto en residencias de ancianos con covid-19 confirmado o probable. Teniendo en cuenta que entre un 61% y un 76% de los residentes tiene demencia, la cifra de víctimas mortales con esta patología en los centros de mayores estaría en una horquilla de entre 11.941 y 14.877 personas.
Pero la estimación puede estar infravalorada. Y es que el exceso de mortalidad recogido por el Instituto de Salud Carlos III habla de 44.006 fallecidos entre el 13 de marzo y el 22 de mayo —44.636 hasta el 14 de agosto—, una cifra muy superior a la de 28.838 víctimas mortales totales actualizadas este viernes por el Ministerio de Sanidad. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el exceso de mortalidad no recoge necesariamente las muertes asociadas directamente a la pandemia, sino todas las que tuvieron lugar entre esas fechas, independientemente del motivo.
El hecho de que los datos tengan que ser una estimación y que nunca se sepa hasta qué punto está o no ajustada, además, empeora la situación. Así lo dice Aída Suárez González, neuropsicóloga e investigadora en el Dementia Research Centre, University College London (UCL), y primera firmante del estudio. "Los datos de buena calidad salvan vidas porque nos permiten entender el problema e implementar medidas para mitigarlo. Además, si se publican en tiempo real, permiten reaccionar a tiempo", señala. Por eso "necesitamos una base de datos mínima para residencias y demencias". "Como la disponible en Estados Unidos", dice, donde existe una ley que obliga a las residencias para personas dependientes a tener una base de datos actualizada cada tres meses. "Aquí si no se hace es porque falta voluntad política. Que no podamos comparar Cantabria con el País Vasco o con Asturias es un despropósito", critica.
Precisamente esa es la única comunidad que, tal y como señala el informe, ofrece datos de cuántas personas con demencia han fallecido dentro de sus fronteras autonómicas. Del total de víctimas mortales por covid-19 —que este viernes ya se situaba en Asturias en 334, según el último informe de Sanidad—, el 43% tenían demencia. Allí, señala la experta, la población con demencia supone el 8%. "Es una barbaridad", dice. Y no debe ser una excepción, cree. "Sabemos que el 70% de las muertes que tenemos en España son en residencias y que en torno al 80% de sus usuarios tienen demencia, así que parece muy posible y muy lógico que alrededor del 50% de las muertes que tenemos sea de estas personas", estima.
La patología y el edadismo como telón de fondo
¿Por qué? Porque han sido doblemente olvidados. "Absolutamente", dice Suárez González. La mayoría de las personas con demencia son, a su vez, personas mayores, así que ya cumplen el primer requisito para que el covid-19 complique más las cosas para ellos. Pero es que, a su vez, la demencia ya es en sí misma una patología previa que lo agrava. Y no sólo mental, sino también física. "Las personas con demencia son más vulnerables físicamente, es más probable que desarrollen formas más complicada de covid. Suelen tener problemas vasculares y hay algunos estudios internacionales que relacionan factores genéticos que predisponen a la demencia con factores que predisponen a problemas cardiovasculares. Además, tampoco podemos olvidar que estas personas son más vulnerables a las infecciones", explica.
A eso hay que sumarle los problemas que trae consigo el mero hecho de tener demencia, independientemente de la edad. Las medidas de seguridad que se han revelado como imprescindibles a la hora de frenar la expansión del virus no pueden ser aplicadas a las personas con demencia del mismo modo que se aplican al resto de ciudadanos. Suárez González lo explica: "A una persona con demencia bajo ningún concepto se la puede tener en aislamiento, privada de estímulos y separada de su familia. Es inhumano y se le causa un sufrimiento tan grande que puede traer complicaciones letales. El aislamiento en sí es una medida muy agresiva que puede dejar secuelas muy importantes en personas sanas, pero en una persona con demencia el efecto es mucho peor porque tiene una enfermedad neurológica que afecta a su cerebro y capacidad para entender el mundo a su alrededor", explica.
Y el problema es que en las residencias el aislamiento ha sido mucho más severo, puesto que muchos centros procedieron al aislamiento de cada usuario en su propia habitación. Estas personas "no pueden entender por qué se las aísla y por qué no pueden ver a su familia". En lugar de eso, continúa la experta, "sólo entienden la emoción de terror, tristeza y abandono" que sienten. "Es muy peligroso porque si se deprime alguien con demencia puede dejar de comer, de beber, de andar y, finalmente, morir de pena", lamenta. El informe, en este sentido, habla de que estas personas han sufrido "desafíos excepcionales".
¿Y por qué no se ha tenido en cuenta esto a la hora de implementar medidas para luchar contra el virus? Porque la vida de las personas mayores "no ha sido una prioridad porque existe un estigma de base". Se llama, explica Suárez González, edadismo. Y es una discriminación igual que lo es el machismo y el racismo. "Se trata del estigma social más ampliamente aceptado en el mundo. Asumimos que la vida de una persona que se hace mayor vale menos", dice. "Y ni te cuento si encima tiene demencia", añade.
De ahí que se hayan vivido situaciones como la de la Comunidad de Madrid, que impidió las derivaciones de los usuarios de las residencias a los hospitales a partir de un protocolo enviado a los centros, tal y como desveló infoLibre. "Se les negó el derecho a la asistencia sanitaria, se les denegó el derecho a la vida", lamenta la experta. Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, no fue a pocas personas. En marzo y abril fallecieron 7.291 personas en las residencias madrileñas sin ser trasladadas a un hospital.
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Y esto, ¿es evitable? "Esa es la cuestión", dice la experta que, no obstante, tiene clara la respuesta. Lo es. "La pandemia estalló de una manera tremenda, pero las muertes no son inevitables", advierte. Y pone el ejemplo de Hong Kong, donde no hubo mortalidad en este tipo de centros durante la primera ola de coronavirus. La razón, dice, está clara. La experiencia del SARS del año 2003 —un virus similar al SARS-CoV-2 que causa el covid-19— hizo que se cambiaran todos los protocolos de control de epidemias en las residencias, unas normas que, aplicadas ahora, han resultado ser efectivas. "Esto es lo que tenemos que hacer en España. Hemos aprendido en estos meses, ahora implementemos los protocolos, ya sabemos qué hay que hacer", demanda.
Todo pasa por dotar a los centros de más personal que, además, esté "adecuadamente formado" en covid y demencias, que esté suficientemente equipado y que tenga las condiciones necesarias para trabajar con seguridad y sin poner en riesgo a los mayores, algo que se consigue también acabando con las rotaciones entre los distintos centros. "Y todo esto está basado en evidencias, no son opiniones mías", señala.