La lucha por recuperar el 'dinero rojo' incautado en el franquismo: "Mi abuela tuvo que empezar de cero"

A finales de los treinta, Amadeo Bordalba Armengol se ganaba la vida como comerciante. Era propietario de una fábrica de aguardientes y no le iba nada mal. Pero, de la noche a la mañana, estalló la guerra. Y en algo menos de dos años, las tropas franquistas tomaron su Lleida natal. Fue entonces cuando este empresario aficionado a la fotografía tuvo que poner todos sus ahorros en manos de las autoridades franquistas, que solo unos meses antes habían creado todo un entramado legal para requisar el dinero rojo "en las plazas que se fueran liberando del dominio marxista". El comerciante entregó ochenta y cuatro billetes. Por un montante total de 6.695 pesetas. Un dinero que la familia nunca más volvió a ver.

Los franquistas decidieron en 1938 convertir en papel mojado todo el dinero republicano. Por un lado, se establecieron normas para el canje de billetes puestos en circulación antes del 18 de julio de 1936. Y, por otro, se prohibió la tenencia de aquellos emitidos después del golpe de Estado, el "papel moneda puesto en curso por el enemigo". "Constituye acto de contrabando, que será juzgado y sancionado conforme a lo establecido en la legislación", se advertía por decreto. Cuando las zonas leales a la República caían en manos sublevadas, los ciudadanos no tenían más remedio que acudir ante las sucursales bancarias o las autoridades. Allí, entregaban el dinero. Y recibían, a cambio, un resguardo acreditando la recogida de ese dinero.

En La España de Franco (1939-1975). Economía (Síntesis, 1999) se estima que en 1939 las autoridades franquistas habrían anulado unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y otros 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas. Muchos de los resguardos expedidos acabaron convertidos en polvo. Pero no pocas familias decidieron conservar como oro en paño los documentos que acreditaban el expolio. Así ocurrió con la de Bordalba Armengol. "Encontré el papel, del que nunca me habían hablado, cuando mi madre falleció", explica en conversación con infoLibre Laureana Cervera, nieta de este comerciante. En su caso, se trata de un recibo de la comandancia militar de Lleida en el que se recoge una relación pormenorizada de cada billete entregado, incluyendo, incluso, su numeración.

También en la familia de Joaquim Gràcia se guardaron todos estos comprobantes. En su caso, suman unas 70.000 pesetas. Y se corresponden con el dinero incautado a su madre, a sus tíos o a su abuela. Esta última fue la más afectada. En su caso, cuenta su nieto, le "jodieron" 46.000 pesetas, todo lo que Paquita Mercet había ahorrado regentando una mercería en la Travessera de Gràcia, en Barcelona, un negocio "próspero". "Tuvo que empezar de nuevo de cero. Les arruinaron", comenta el hombre. Misma situación en la que quedó Bordalba. Afortunadamente, el comerciante ya tenía pagada la maquinaria. Sin embargo, no era sencillo vender el género en un momento de enorme miseria. "¿Cómo iba a vender ginebra cuando lo que necesitaba la gente era pan?", desliza su nieta.

Setecientos títulos de incautación

Cervera y Gràcia son, respectivamente, presidenta y secretario de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, que aglutina a más de cuatro centenares de personas de todo el país. "Algunos de ellos, con papeles por un total de 300.000 pesetas", sostiene el secretario. Un colectivo que lleva dos décadas batallando por la reparación económica de todas estas familias, igual que se hizo con los judíos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora, todos los intentos han caído en saco roto. En 2016, el Consejo de Ministros rechazó reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado interpuestas por este motivo. Y lo hizo al entender que la petición llevaría años prescrita, algo que confirmó el Tribunal Supremo.

Pero ahora, sin embargo, opera una nueva ley de memoria democrática. Una norma que "reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura". Y, para ello, contempla la elaboración por parte de la Administración General del Estado de una "auditoría" de los "bienes expoliados", incluyendo "obras de arte", "papel moneda" u "otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas". Una nueva realidad para la que el colectivo se ha puesto en manos del bufete Vosseler Abogados, que es quien está preparando el terreno para la cascada de reclamaciones que se avecina.

Los argumentos del Supremo para no devolver el dinero republicano incautado en el franquismo

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La letrada Leire López cuenta que tienen sobre la mesa alrededor de siete centenares de títulos de incautación –es decir, de resguardos conservados por las familias–. En conversación telefónica con este diario, sostiene que el Gobierno se ha mostrado en las reuniones mantenidas predispuesto a abordar este asunto. Ahora bien, reconoce que poco a poco todo se ha ido ralentizando. Explica que se encuentran a la espera de la auditoría, que por el momento solo se ha hecho de obras de arte, y de que se fije la equivalencia de las pesetas de entonces con los euros de ahora. El despacho ya tiene algunas cifras en la cabeza, si bien prefiere no destapar por el momento esa carta. "No tendría que ser una cantidad inasumible para el Gobierno", expone López.

"Trabajos lentos dadas las dimensiones"

Justo antes de la pandemia, el Ayuntamiento de Sant Juliá de Ramis también intentó, de nuevo sin éxito, que el Estado devolviera el dinero incautado por el franquismo. Entonces, puso sobre la mesa un peritaje del economista Lluís Planas que situaba el valor de la peseta de la época en los 13,91 euros. Con esta cifra sobre la mesa, a Cervera le corresponderían 93.127 euros. Y a la familia de Gràcia, 973.700 euros. López deja claro que serán razonables, pero no se conformarán con cualquier cosa. "Se les quitaron los ahorros de toda una vida, con los que podían estudiar sus hijos, con los que se podían comprar una casa", expone. "Además de jodidos, apaleados", acierta a resumir Cervera.

Si no hay acuerdo, siempre queda abierta la vía de la reclamación judicial. Pero ese no es, en este momento, el escenario en el que se encuentran. Por ahora, se mantienen a la espera del Gobierno, mientras se reúnen con otros líderes políticos en busca de apoyos en torno a sus reclamaciones –en abril estuvieron en Waterloo con Carles Puigdemont–. Sobre la auditoría, que la ley daba un plazo de un año para hacerla, fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario explican que se ha iniciado sobre "bienes inmuebles" y que, después, "continuará sobre los otros supuestos". "Son trabajos lentos dadas las dimensiones", justifican. Una vez ultimada, culminan, "se impulsará una norma que precise el resarcimiento".