El eterno conflicto de los fosfoyesos: el Gobierno acusa de mentir a la empresa responsable de 40 años de residuos en la ría de Huelva

Cuando un problema ambiental se ve desde el cielo, es que se trata de algo serio. Los habitantes de Huelva capital llevan décadas cohabitando con la enorme balsa de fosfoyesos, un residuo procedente de la generación de fertilizantes, que pesa unas 70 millones de toneladas, mide 25 metros de alto y ocupa unas 1.200 hectáreas de las marismas que forma el río Tinto a su paso por la localidad. El responsable: Fertiberia, que debe hacerse cargo de lo vertido: así lo establece una sentencia de la Audiencia Nacional. Esta semana se conoció, aunque aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la evaluación ambiental positiva del Ministerio para la Transición Ecológica con respecto al proyecto de la compañía para tratar el material. El Gobierno ha dado su ok, pero con muchos matices, y fuentes del gabinete de la ministra Ribera acusan a Fertiberia de mentir. En todo caso, pase lo que pase, salgan adelante o no sus planes, una cosa está clara: los fosfoyesos se quedarán en Huelva aún durante mucho tiempo, sea cual sea la decisión de la Junta de Andalucía, que es quien tiene ahora la pelota sobre el tejado. Con todos sus impactos sobre la salud y sobre los ecosistemas asociados. 

Las cifras, así sin más, no son demasiado ilustrativas. Así que hay que tirar de comparaciones: las balsas ocupan, en cuanto a extensión, aproximadamente lo mismo que la propia ciudad de Huelva. Y pesan el doble que todo el parque automovilístico español. Es decir: imagine todos los coches, autobuses, motos en circulación en el país y duplíquelos en su cabeza: es lo que pesan las balsas. Es evidente que tal concentración de material, junto a otros restos radioactivos, no puede dejar al ecosistema de la zona indiferente. Impacta directamente en la vida de un estuario muy especial, donde no se juntan aguas dulce y salada, sino ácida y salada, fruto de la carga en PH de un río Tinto que pasa por antiguas y abandonadas explotaciones mineras. También en la salud de los onubenses, aunque, aseguran los científicos, de manera indirecta y limitada. Y supone un riesgo: el colapso de tal cordillera blanca podría arruinar definitivamente el medioambiente y expulsar a la atmósfera partículas muy peligrosas. También priva a los habitantes del disfrute de ecosistemas únicos cuando se mantienen ajenos a la mano del hombre, aunque cada vez cuesta más encontrar a un huelveño que recuerde cómo era el estuario antes de la llegada de la industria a la zona. 

Vista aérea de la ciudad de Huelva, con las balsas de fosfoyesos al sureste.

El debate se remonta a 1967, año en el que Franco decide convertir a Huelva en una potencia industrial y concede los terrenos para ser usados como vertedero. Se inauguran décadas de intensa actividad industrial, que trae tanto puestos de trabajo como auténticas barbaridades ambientales. No solo Fertiberia: otras compañías utilizan tanto los terrenos de las balsas como la propia marisma y el mar, vertiendo directamente los residuos en el agua. La concesión caducó en 2003, y hasta 2010 no se dejaron de depositar residuos allí.

Tras la finalización del permiso, el Ministerio de Medio Ambiente de la época instó a Fertiberia a dejar de verter fosfoyesos. El Gobierno tomó esa decisión ante, rezaba la orden, los "incumplimientos" de la empresa. La concesión limitaba las acumulaciones a montículos de unos metros de altura, no de 35: y prohibía subcontratar el espacio, algo que hizo, sirviendo de vertedero incluso para los residuos del accidente de Acerinox en Cádiz, contaminados del elemento radioactivo cesio-137. La compañía recurrió la decisión, y la determinación del Ejecutivo fue ratificada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo.

Desde 2010, en base a la sentencia de la Audiencia Nacional, Fertiberia tiene prohibido verter más fosfoyeso a las marismas del Tinto. Pero también le impuso la obligación de llevar a cabo la "regeneración ambiental" de la zona y presentar un plan cuyo aval ascendió hasta los 65 millones de euros: un aval que, a día de hoy, aún no ha presentado, a pesar de los requerimientos de Transición Ecológica ante el juez. La compañía aceptó la obligación de hacerse cargo de lo vertido: pero ahora el debate, tras 40 años de conflicto, es cómo piensa regenerar ambientalmente la zona. Resumiendo: Fertiberia pretende tapar con arena el fosfoyeso y dejarlo ahí para siempre. Y Transición Ecológica ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, según se conoció este miércoles. Sin embargo, el equipo de la vicepresidenta Ribera no considera, ni mucho menos, idóneo el proyecto. ¿Cómo es posible entonces que hayan dado su visto bueno? 

Fuentes de Transición Ecológica responden con claridad: es lo menos malo. Acusan de mentir a Fertiberia por asegurar, en su reacción a la DIA, que la resolución del Ministerio demuestra que es "la solución técnica y medioambiental más idónea para la restauración y clausura de los apilamientos de fosfoyesos". "La declaración no dice que este proyecto sea más seguro. Es el que nos dice la Audiencia Nacional que hay que valorar. Y la DIA analiza los impactos ambientales y concluye que son asumibles, porque es mejor que no hacer nada. Están intentando mezclar las cosas", aseguran estas mismas fuentes. El Gobierno, explican, no tiene margen para instar a Fertiberia a realizar una regeneración ambiental de verdad, quitando los residuos de la marisma: están atados por el visto bueno de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, bajo el Gobierno de Rajoy, que comunicó al juez en 2016 que consideraban idóneo el proyecto: y es en lo que se basa la sala. 

Además, no se trata de un sí al proyecto completo: en la declaración, aún no difundida, se explica que una de las zonas que Fertiberia pretende regenerar necesita de un proyecto específico, ya que se aplican cambios que no habían sido comunicados y que se incluyeron a lo largo del proceso de evaluación. Por lo tanto, la luz verde definitiva aún tardará años, teniendo en cuenta además que la empresa necesita otras dos evaluaciones: la de la Junta de Andalucía, que dirimirá sobre la estabilización de las balsas y sobre la salud, y la del Ayuntamiento de Huelva, que se pronunciará sobre si los planes son compatibles con su normativa urbanística. Además, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tiene que dar su ok en cuanto a los riesgos de carácter radioactivo. 

Rafael Gavilán, concejal del partido Mesa de la Ría, explica a infoLibre que tienen sus esperanzas puestas en la evaluación del Consistorio, ya que el Ayuntamiento ya tiene en su poder un informe técnico que explica que la intevención que pretende Fertiberia no es compatible con la legislación municipal. Explica que son perfectamente conscientes de que el rechazo al proyecto implicaría esperar varios años o décadas más hasta que la empresa presente otro proyecto y pase por la larguísima burocracia ambiental de este país. "En las reuniones con el Ministerio, nos preguntaban: '¿conocéis las consecuencias?'", relata. El Gobierno, pese a asegurar en público y en privado que la solución de la multinacional no es ni mucho menos la idónea, apuesta por lo menos malo. "Significa poner el contador a cero", reconoce el político. "Pero es que no podemos cerrar en falso". 

¿Por qué los ecologistas, decenas de asociaciones y miles de onubenses se oponen al plan de Fertiberia, pese a que –reconocen– es mejor que, simplemente, dejarlo como está? En primer lugar, interpretan que la Audiencia Nacional establece que es la empresa administradora la que tiene que asumir la regeneración ambiental de la zona, por lo que no vale ni que lo público acabe pagando por los excesos de lo privado ni una chapuza que mantenga los químicos por los siglos de los siglos. En segundo lugar, el enterramiento de los fosfoyesos, "aunque le pongan arbolitos encima", conlleva un riesgo de lixiviación de los restos que hará que tanto este residuo como otros elementos, como el radón, sigan filtrándose a la ría, impidiendo la completa restauración del ecosistema. Consideran que hay otras alternativas: por ejemplo, la conversión del fosfoyeso, gracias a su reacción con otros elementos químicos, en productos aprovechables para asfaltar carreteras, y el traslado de los restos radioactivos a vertederos habilitados a tal efecto. En todo caso, tanto Gavilán como todos los actores implicados reconocen que la solución, de consensuarse, tardará décadas: montañas de tal calibre no se eliminan de un día para otro. "Pero, aunque nosotros no podamos verlo, que al menos lo vean nuestros hijos", defiende. 

Los científicos también tienen sus reservas. El investigador Jesús De la Rosa, que ha pasado años midiendo el impacto de las balsas, calcula que, en la actualidad, la acumulación de fosfoyesos es responsable de un 5% de la mala calidad del aire que se sufre en los barrios del sur de Huelva, impactados en este sentido por el tráfico y las industrias que siguen operando en el polo químico de la capital andaluza. No es una cifra muy destacable, pero avisa: "Tenemos que tener todo el cuidado del mundo", y así se lo exige a las administraciones, si finalmente Fertiberia se pone manos a la obra: la aplicación de maquinaria pesada puede levantar grandes cantidades de polvo, que afectarían directamente a la salud cardiovascular y respiratoria de los onubenses. Otros científicos llevan años constatando el daño ambiental de las balsas al estuario, así como la radioactividad que, aunque no afecta directamente a los vecinos, se traspasa a la flora y a la fauna: es por ello que está prohibido pescar en la zona desde hace décadas. 

La protesta contra las balsas de fosfoyesos de Huelva se reactiva tras 43 años de vertidos en las marismas del río Tinto

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Una lucha de décadas

"El tema de los fosfoyesos era tabú en Huelva", rememora Gavilán. Nadie se atrevía a poner el tema sobre la mesa: la conversión de Huelva en un epicentro industrial andaluz daba empleo y, por tanto, daba de comer a muchas familias en una región habitualmente castigada por el paro y la precariedad. Pero eran otros tiempos. La capital onubense ya no es una potencia, y el polo químico apenas da trabajo a 500 personas. Muchas, tras años de impunidad como la que disfrutó Fertiberia, prefirieron trasladar su producción a países con menos regulaciones. Otras cerraron, ya que su actividad no era rentable si se consideraba el respeto al medioambiente. La empresa de fertilizantes, tras el fallo de la Audiencia Nacional, cerró tres de sus cuatro plantas, hizo un ERE que dejó en la calle a la mayoría de sus empleados y empezó a producir en Marruecos, donde sí se permite tirar los fosfoyesos directamente al mar.

En paralelo, asociaciones como la Mesa de la Ría hicieron durante décadas un trabajo de hormiga para concienciar a los onubenses y convencerlos de que el estuario era un entorno natural que podía volver a ser disfrutable tras décadas de vertidos, más allá de los peligros asociados. Todos los partidos del Consistorio salen a la calle todos los años para exigir una solución. "Hay mucha sensibilidad", constata Gavilán. El próximo 3 de diciembre, volverán, como cada año, a manifestarse por las calles de la capital andaluza. Años y años de permisividad no se arreglan de la noche a la mañana, pero en Huelva nunca han dejado de pelear.