El Parlamento europeo recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de fumus persecutionis, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".
Fue el caso de al menos uno de los cinco suplicatorios que la Eurocámara tumbó en el periodo de sesiones de 2014 y 2019, el del griego de Nueva Democracia Manolis Kefalogiannis, al que la justicia helena investigaba por un presunto fraude con fondos europeos pero los eurodiputados se negaron a suspender su inmunidad.
En octubre de 2018 el pleno del Parlamento europeo, siguiendo la recomendación de la comisión de Asuntos Jurídicos, rechazó el suplicatorio contra el eurodiputado conservador porque tenía "serias dudas" sobre el procedimiento abierto en Grecia.
Así, el dictamen de la institución europea resolvió rechazar el suplicatorio con el argumento de que temía que la intención subyacente del proceso judicial contra Kefalogiannis fuera "dañar la actividad política del diputado o su reputación" y, con ello dañar también la independencia de la Eurocámara.
Calendario abierto
Los plazos para resolver un suplicatorio de levantamiento de inmunidad en la Eurocámara no están fijados, aunque se cuenta con que se concluyan "a la mayor brevedad" posible. El calendario depende en gran medida de la complejidad del caso, que puede tener respuesta en semanas o alargarse meses, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press.
El primer paso debe darlo las autoridades competentes nacionales, en el caso de España el Tribunal Supremo, que son las encargadas de dirigirse al presidente de la Eurocámara si quieren que se suspendan las inmunidades que corresponden a un miembro de la Cámara.
Una vez el presidente de la institución recibe el suplicatorio debe trasladarlo a la comisión de Asuntos Jurídicos en la que se designará al ponente responsable de redactar el informe que al final se someterá a votación en dicha comisión y en sesión plenaria.
Antes de llegar al pleno, el caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle. Si el reclamado no puede acudir en un plazo de tiempo "razonable" el procedimiento debe continuar sin esta sesión.
Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute también a puerta cerrada y se somete a votación. El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.
No examina sistemas judiciales
La tarea de la comisión europarlamentaria es la de decidir si existe un obstáculo para el procedimiento judicial derivado de la necesidad de garantizar la independencia del Parlamento y, en ningún caso, examinar las cuestiones de fondo sobre la culpabilidad o no del eurodiputado cuya inmunidad se cuestiona.
Además, la comisión "no examina los méritos relativos de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales", por lo que las "supuestas deficiencias de los sistemas judiciales nacionales no pueden motivar una decisión de suspensión o de amparo de la inmunidad de un diputado", según las normas de la institución.
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La decisión de la Eurocámara sobre el suplicatorio tampoco constituye un veredicto de culpabilidad, sino que permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio.
En la gran mayoría de los casos estas peticiones superan los distintos filtros que prevé el reglamento interno del Parlamento europeo y se acepta el suplicatorio para que el eurodiputado en cuestión rinda cuentas ante las autoridades de su país.
El Parlamento europeo recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.