La pelota del controvertido sistema hipotecario español se posa ahora sobre tejado europeo. Aunque desde perspectivas diferentes, afectados por las hipotecas, políticos de uno y otro signo y entidades financieras, tienen la vista puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves dictaminará si el marco legal español es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la directiva 93/13/ECC.
Rafael Mayoral, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y participante del turno solidario de asistencia a afectados, señala que la sentencia podría poner en cuestión la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil en procedimientos de ejecución hipotecaria, una norma que deja sin derecho a tutela judicial efectiva a los deudores. Es decir, de ser favorable para los intereses de los afectados, la sentencia daría herrramientas a los jueces para que, al contrario de lo que ocurre ahora, no se vieran forzados a aplicar de forma automática la ejecución hipotecaria sin escuchar a los deudores.
La resolución cuenta con un importante precedente. En noviembre de 2012 la abogada general del TJUE Juliane Kokott dictaminó en un informe que la normativa española sobre desahucios incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas. La conclusión de ese dictamen respondía a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debía dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, entidad que había forzado su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. Aunque esta resolución no tiene carácter vinculante, el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos.
Según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, es posible que el TJUE también se pronuncie sobre otras cuestiones de fondo como el vencimiento anticipado y unilateral de la hipoteca. Según la legislación actual, la entidad financiera puede reclamar toda la deuda a un cliente si éste se retrasa en un único pago o debe, por ejemplo, un recibo de los gastos de la comunidad. Otro de los asuntos en los que podría entrar el tribunal es la aplicación de intereses de demora por las cuotas que no se han pagado y que pueden llegar a ser del 29% según la PAH.
La banca teme el reproche de la UE al negocio hipotecario
Los afectados esperan que el dictamen de Luxemburgo pueda, en última instancia, “forzar un cambio legislativo” en la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil “para armonizarlas con los derechos de los consumidores”, señalan en un comunicado. De hecho, el PP decidió aplazar la carrera parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago y los desahucios presentada por la PAH con el aval de más de un millón y medio de firmas hasta que se diera a conocer la sentencia del Tribunal de la UE.
Aunque el equipo jurídico de la PAH intenta tomar “con cautela” todo lo referido a esta sentencia y las consecuencias que podría tener en el sistema hipotecario español, su portavoz, Ada Colau, sí se mostró optimista. "Mañana mismo [por hoy] va a llegar una sentencia de la Unión Europea que, con toda probabilidad, lo que va a decir es que tenemos una ley que incumple la seguridad jurídica de los ciudadanos", indicó este miércoles en una entrevista en TVE.
En el lado opuesto están las entidades financieras, que temen que la sentencia europea pueda dar un giro de 180 grados al actual sistema hipotecario. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos”, aseguran fuentes de la Asociación Española de la Banca (AEB) consultadas por infoLibre. La patronal de los bancos sostiene que “algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario”. Además, según la AEB, las entidades financieras “han ayudado” a más de 400.000 familias a refinanciar sus deudas.
La pelota del controvertido sistema hipotecario español se posa ahora sobre tejado europeo. Aunque desde perspectivas diferentes, afectados por las hipotecas, políticos de uno y otro signo y entidades financieras, tienen la vista puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que este jueves dictaminará si el marco legal español es compatible con los derechos de los consumidores que consagra la directiva 93/13/ECC.