El debate migratorio ha estado en el centro de la política europea en la última semana. Las decisiones de dos nuevos Gobiernos, el de Italia y el de España, lo han situado en el foco. Y lo han hecho por las decisiones tan distintas que adoptaron y que, de este modo, ejemplificaron la división de los países de la Unión Europea en esta materia. Aun así, en la noche de este jueves al viernes todos ellos alcanzaron un acuerdo en el que, en resumen, acordaron crear centros de migrantes dentro de la UE –tal y como propuso Sánchez tras la reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron– "sobre una base voluntaria" desde los cuales se podría reubicar a los beneficiarios de asilo en los países miembros que así lo acuerden, pero también de manera voluntaria.
¿Qué suponen estas decisiones? ¿Marcan el inicio de un nuevo rumbo en la política migratoria europea? infoLibre ha preguntado a Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que fue fundador. Es una de las figuras más representativas en la lucha a favor de los derechos de inmigrantes y refugiados. Durante más de veinte años ha trabajado en la defensa de los derechos humanos y del cumplimiento del derecho de asilo como una obligación jurídica internacional más allá de exigencias morales. Además, en 2015 escribió el libro Mediterráneo: el naufragio de Europa (Tirant Editorial, colección Plural), donde analiza la deficiente respuesta de la política europea. También colabora en el blog de derechos humanos de este diario, Al revés y al Derecho.
PREGUNTA. El Consejo Europeo ha pactado la reubicación "voluntaria" de refugiados desde centros "controlados" de la UE. Por empezar por el primer concepto, ¿qué implica que la reubicación sea voluntaria?
RESPUESTA. Lo primero que implica, aunque pueda ser acusado de pesimista, es que desaparece una pieza fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. En el momento en el que el criterio de solidaridad es voluntario desaparece la asunción obligatoria de cuotas, o del sistema de reubicación y reasentamiento. En ese sentido, hay que reconocer que el sistema voluntario es una victoria del frente duro [de Europa]. Yo creo que, con eso, contra lo que se dice, no se da una respuesta europea, sino que se rebaja la dimensión europea. Entonces, si se trataba de hacerse fuerte al menos en decir "la política tiene que ser europea porque el desafío es europeo, porque las fronteras son europeas", la primera valoración tiene que ser pesimista.
P. ¿Y en cuanto al segundo concepto? ¿Qué quiere decir centros "controlados"?
R. Ese es el segundo eufemismo, en el cual sorprende que haya quien diga que estamos preparados para eso. Nadie sabe exactamente qué es. Se ha querido utilizar deliberadamente una noción suficientemente ambigüa como para que pueda dar un juego que lo primero que hace –y las ONG lo han dicho– es presentar un problema de garantía de derechos y de tutela judicial efectiva. Es decir, se pongan como se pongan, tanto si son inmigrantes irregulares –que en el documento aparecen con la ambigüedad de "inmigración ilegal"– como si son solicitantes de asilo y de la protección internacional subsidiaria, lo que es imposible negar es que tiene que haber un procedimiento en el que tiene que intervenir en algún momento un juez. Esos centros, ¿en España a qué corresponden?
P. ¿Podrían ser un sinónimo de lo que aquí llamamos CIE?
R. Claro. En España hay dos soluciones. Una son los CETI [de Ceuta y Melilla], que son abiertos porque las plazas son en sí una fortaleza. Es decir, de Melilla y de Ceuta no te puedes escapar. El problema es que, si son un CIE, a mí me preocupa enormemente porque estoy de acuerdo con todo lo que han subrayado sobre las deficiencias de la institución en sí por el hecho fundamental de que supone una privación de libertad a personas que no han sido objeto de una condena por comisión de un delito. Así se está infringiendo un principio penal básico: no puedes privar de libertad a una persona por una conducta que no constituye un delito dictaminado por una sentencia firme. Entonces, ¿qué van a ser? Es donde yo creo que no hay ninguna claridad. Por otra parte, hay que pensar que el punto más débil de nuestro sistema, ahora más débil que el italiano y el griego, es la atención en costas. A nosotros nos llegan por ahí y el problema es que no hay un sistema coordinado de acogida en costas, porque el sistema no es sólo que Cruz Roja te dé una atención primaria.
El problema es después, ¿qué se hace con esas personas? Vienen derivados a las comisarías y, en su caso, derivados a los CIE. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Crear hotspots especiales en España? ¿Y España se va a prestar voluntariamente a acoger uno de esos centros "controlados", no cerrados? Yo creo que el Consejo, deliberadamente, por la dificultad también de obtener un acuerdo, ha dejado un concepto ambigüo. Pero, claro, los juristas sabemos que en materia de derechos fundamentales no hay nada peor que lo que llamamos conceptos jurídicos indeterminados, es decir, conceptos suficientemente ambigüos como para ser interpretados dentro de un margen que puede rayar la arbitrariedad. Es un centro "controlado" pero no se dice si ahí están privados de libertad o no. Y privar de libertad sin una decisión judicial es jurídicamente inadmisible y es uno de los argumentos contra los CIE. Había un temor a que se impusiera la posición más radical de Italia y el Grupo de Visegrado [Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia], apoyado también por Austria. Una de las claves de preocupación es que quien toma la Presidencia de la Unión Europea ahora es Austria, y va a tener la iniciativa en relación con estos acuerdos cuando ya se ha significado con un documento en el que propone la asociación de inmigración irregular y terrorismo. Establece una conexión causal directa entre los inmigrantes irregulares y el caldo de cultivo de células terroristas, cosa que no se sostiene con ninguna prueba científica. Los que somos un poco más viejos nos acordamos de que en 1998, cuando Austria tomó la Presidencia de la UE, se descolgó con un documento explicando que la reagrupación familiar era el mayor desafío de la política migratoria y, por tanto, no sólo no era un derecho, sino que era un problema que había que tratar de reducir al mínimo.
Yo, históricamente, veo que estamos igual, con un canciller aliado con la extrema derecha que va a gestionar esto. También, en las conclusiones del Consejo hay dos párrafos enteros en los que se refiere a la guardia costera libia y a la obligación de no obstruir sus operaciones. Parece un mensaje sobre todo destinado a los barcos de las ONG, en este momento el de Proactiva Open Arms y el Aquarius. Pero sabemos que la guardia costera libia, cuando devuelve a las personas a su territorio, no las devuelve a cárceles, sino que las pone en manos otra vez de esos centros que están manejados por las mafias. Esa es la denuncia de las ONG y por lo que no las quieren allí.
P. Otro concepto del que se ha hablado mucho es el de las plataformas europeas de desembarco. Según dijo Amnistía Internacional, pretenden fundamentalmente distinguir entre los solicitantes de asilo y los migrantes económicos. A estos se les devolvería directamente a sus países. ¿Qué opinión tiene de esto?
R. En realidad, las plataformas de desembarco es el nuevo nombre para los hotspots, es decir, tener una especie de centros para hacer esa diferenciación. A mí eso me preocupa enormemente porque la práctica demuestra que los hotspots son centros en los que la gente está internada y privada de libertad, lo que, cuando se trata de solicitantes de asilo, es ilegal. Además, ahí tampoco está controlada la tutela judicial efectiva que, entre otras cosas, asegura el derecho a una asistencia letrada, y eso es gravísimo, aunque es verdad que de los derechos sólo se habla al final de las conclusiones del Consejo y casi como una cláusula final. Lo han subrayado todas las organizaciones y en España las secciones de extranjería de los colegios de abogados. El problema es que la asistencia letrada es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva en caso de, digamos, restricción o afectación los derechos. Y aquí estamos hablando de un derecho fundamental como es el asilo. Entonces, ¿cómo se garantiza todo eso en los hotspots? ¿Cómo se garantiza que se cumple el mínimo del proceso individualizado en relación luego con los procedimientos de expulsión?
Parece que respecto a los inmigrantes vale todo pero que en cuanto a los refugiados hay que tener un poco más de cuidado. Eso parece olvidar que los inmigrantes tienen derechos que deben ser respetados, pero los Estados rechazan la convención en la que se les da derechos a los irregulares. Pero, por ejemplo, el fondo de ayuda dedicado al asilo debe incluir un componente para trabajar el control migratorio exterior. Pero es que, además, el párrafo uno es contradictorio porque indica que las llegadas han disminuido, entonces no hay crisis. Es lo que también venimos diciendo: estamos ante una crisis política, no de inmigración. Lo que están haciendo es ceder al chantaje de los Estados que están utilizando la inmigración como un instrumento de política interna, no para hacer una política de inmigración, sino para hacer política con la inmigración. Y esta es una crítica que llevamos haciendo desde hace 30 años. Eso se refleja claramente en el párrafo segundo. ¿Cuál es el objetivo principal? Aquí vuelven a utilizar otro eufemismo: retorno. No es retorno, es expulsión. Retorno tiene una dimensión de voluntariedad y de vuelta al país de origen.
Pero aquí se trata de quitarse de encima a esa gente aunque no se les devuelva al país de origen. Eso es ceder a esa lógica que está utilizando el Grupo de Visegrado y Austria y Salvini. Pero él tiene razón en un punto: a Italia, que asumió en su momento la operación Mediterráneo y tuvo una posición solidaria, se le ha dejado en la estacada mucho más que a Grecia. Por eso se está tolerando que Italia tenga unos acuerdos con Libia que son indecentes. Salvini está presionando porque sabe que, en el fondo, el resto de los Estados europeos no ha respondido con la solidaridad obligatoria. Ahí se ha conseguido salvar los muebles por la vía de la participación voluntaria en mecanismos de solidaridad, pero la noción misma de voluntariedad desmiente la noción de solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria no es exigible. Cuando se trata de ser bueno, uno espera que los demás lo sean, pero no le puedes exigir a la gente que sea buena. En cambio, la solidaridad de la que habla el tratado es una obligación de los Estados de acudir en ayuda de otros en situaciones de emergencia como es, supuestamente, esta. Pero claro, no se quiere hacer, y yo creo que, por eso, las palabras de Macron de que se responde con más Europa a un problema europeo no es verdad. Se ha quitado la dimensión europea al hacer uso de la voluntariedad.
P. En la línea de lo que comentaba, las conclusiones del Consejo hablan de la necesidad de evitar que se "reanude la afluencia descontrolada de 2015 y a seguir conteniendo la migración ilegal en todas las rutas existentes y que puedan abrirse". Pero los flujos migratorios, como decíamos, están disminuyendo. ¿Tiene sentido justificar las políticas de contención con este argumento?
R. Yo creo que aquí estamos ante un efecto inducido como consecuencia de lo que son políticas internas de países que utilizan una variante del argumento clásico del miedo para conseguir cohesión interna agitando el viejo argumento del agresor externo o del enemigo que se te infiltra. No son novedades, esto se ha utilizado siempre. Son argumentos de competencia desleal en el mercado de trabajo, de rebaja del nivel de las prestaciones de servicios, de incremento del ejército de reserva de delincuencia y, últimamente, el de que por la diferencia cultural supuestamente incompatible tenemos el peligro de perder nuestra identidad. Eso lo ha utilizado también Alemania porque el movimiento social del que se apoya el partido de la oposición –que es neonazi– tiene por nombre Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida). Eso es un disparate. Es increíble que vayan con esos argumentos, pero tienen la ventaja de todo este discurso. Lo que funcionan son categorías binarias: esto es bueno y esto es malo.
P. Por otro lado, llama la atención que destacan como "requisito imprescindible" el "control más efectivo de las fronteras exteriores de la UE". ¿Qué opina de las políticas migratorias basadas en el refuerzo de la seguridad exterior? Ya en 2015 propusieron como solución el refuerzo de Frontex.
R. Todas esas son políticas que, primero, son de probada ineficacia. Llevamos mucho tiempo poniendo más metros en los muros y poniendo fuerzas militares y lo que se está haciendo así es deslizándose del terreno de control y policía al terreno de seguridad y defensa, que entra en la lógica cuasi militar. Eso son medidas que se toman contra un enemigo, no frente a una persona que comete una irregularidad traspasando una frontera. Hay que controlar, pero legalmente. Es decir, controlar sin anular derechos y, sobre todo, controlar de una manera que no convierta el llegar en algo tan imposible que le dé el mercado a las mafias. Si las mafias tienen negocio es porque las vías legales y seguras no existen, ni siquiera para los refugiados, que es el problema. Hemos vaciado hasta tal punto el derecho de asilo, hemos dificultado tanto su ejercicio, que con los inmigrantes prácticamente hemos hecho imposible que circulen. Tampoco hay ningún plan realmente ambicioso de intervenir en las causas de lo que hace que los movimientos migratorios sean un destino forzoso y no una elección. Pero la solución a esto no es dar dinero, porque el dinero se lo quedan las élites y es una máquina de corrupción. No se trata de eso, se trata de ver dónde y en qué hay que invertir y, para ello, utilizar a los agentes de la sociedad civil y a los propios inmigrantes. Hay que diseñar un programa a medio y largo plazo que mejore las condiciones de democracia, de Derechos Humanos y de desarrollo en esos países. Sin embargo, decimos "toma el dinero y controla a la gente". Y controlar a la gente puede ser como hace Argelia o como hace Marruecos, que es poner a una persona en un desierto con una botella de agua.
P. Además, el acuerdo propone el aumento de fondos para el Fondo fiduciario de emergencia en África. ¿Estas medidas se basan simplemente en contener la migración en origen?
R. Claro. Desde el párrafo segundo la obsesión es que no se repita, dicen, la emergencia de 2015. Pero esto es un disparate. La emergencia de 2015 no es migratoria, sino que es el resultado de la guerra civil siria que provoca un éxodo de gente que, en su mayoría, son refugiados. Es decir, están mintiendo descaradamente. Si dentro de dos años se produce una emergencia de ese tipo en Sudán del Sur o en Marruecos y la gente quiere huir... ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que hay una emergencia y que es una situación incontrolable? Hombre, las emergencias de verdad son las que vive Uganda, a donde llegan un millón de personas en un año. Por otra parte, los gobernantes europeos, para mi sorpresa, no se leen las cosas más elementales. En este momento, Naciones Unidas tiene en marcha dos procesos en los que hay un montón de documentos con sugerencias, discutibles, pero que brillan por su ausencia en la discusión del Consejo Europeo. No hay la menor referencia al Global Compact, en el que hay un montón de documentos en los que, por cierto, se discute lo que, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es la emergencia básica de movilidad forzada, que son los mal llamados refugiados climáticos, de los que no hablamos aquí. En Europa seguimos considerando que son inmigrantes. Como no vienen de una persecución, son inmigrantes. Esto no es verdad.
Pero en ese Global Compact hay propuestas que ni siquiera se han utilizado. Se está discutiendo otro pacto global con propuestas para una migración ordenada, regular y segura. Bueno, pues de todo eso no se ha discutido nada en este Consejo Europeo. ¿Funcionamos al margen de Naciones Unidas? El Gobierno de Rajoy se puso de perfil y no intervino nada en el proceso de ese Global Compact. A mí me gustaría saber si el Gobierno de Sánchez va a tener una participación activa en el debate porque eso tiene que concluir en una reunión en Marrakech en noviembre. ¿Se han leído eso? ¿Se lo han estudiado? Ahí se habla de otras medidas como, por ejemplo, otras soluciones distintas de los centros de internamiento para los inmigrantes irregulares que llegan. Por otra parte, están mintiendo doblemente. No hay crisis de inmigración, hay una crisis política. Entonces, ¿por qué este resultado? Están omitiendo algo que para España ha recomendado el FMI y que han estudiado todas las agencias. Nos han dicho que en nuestro sistema de pensiones y de bienestar no es sostenible sin un mínimo de cinco millones de inmigrantes en el horizonte de cinco a 10 años. Está claro que necesitamos que lleguen. De modo ordenado y legal, pero lo necesitamos. Pero aquí parece que nos asedian y nos sobran inmigrantes.
P. En cuanto a la sensación que comentaba de que parece que los líderes europeos no se han leído algunos documentos básicos, han insistido en la necesidad de reforzar el acuerdo UE-Turquía, que ha sido muy criticado. ¿Qué opina de esta externalización de fronteras?
R. Eso es lamentable. Este mal llamado convenio tiene problemas gravísimos. Todos sabemos que Turquía hizo una firma restringida del Derecho Internacional de Refugiados, del Convenio de Ginebra y del Protocolo de Nueva York. Sólo admite como refugiados a las personas que vengan de territorio europeo. Pero como la gente que se devuelve no son europeos, no los tienen porqué considerar refugiados. Además, que la Turquía de Erdogan siga siendo en este momento invocada por el Consejo Europeo como un país seguro... ¿Cómo es posible que con el retroceso de las libertades en Turquía estemos diciendo que es un país seguro? Es increíble. De todas maneras, ahí hay un párrafo también en el que se habla de socios en la región occidental de los Balcanes. Eso es un eufemismo para decir "los Estados europeos que no pertenecen a la UE". Yo creo que ahí se está apuntando directamente a Albania y Macedonia, que está claro que son dos de los candidatos a esos campos a donde se quiere echar a los que nosotros no queremos reconocer y que, al no ser ya territorio de la UE, dejamos de ser responsables. A cambio, nosotros les damos dinero, que es lo que hemos hecho siempre. Se hizo con Turquía y con la Unión Africana. Sorprende que Europa pida que haya estados que le restrinjan a sus propios nacionales la libertad de salir de su país. Eso es pedirle que no cumplan los DDHH.
P. Respecto a esto, otra de las conclusiones es que, "por lo que respecta a la situación en el interior de la UE, los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros amenazan con poner en peligro la integridad del Sistema Europeo Común de Asilo y el acerco de Schengen". ¿Qué significa esto?
Los centros “controlados” de la UE: ¿nuevos 'hotspots' donde quedan atrapados los migrantes?
R. Así formulado, eso es verdad. Decir que el problema fundamental del problema de asilo es que, una vez que entras en el espacio de seguridad, justicia y libertad, se puede circular libremente. Teóricamente, alguien que entra por España puede ir a Alemania o a Suecia. Desde el punto de vista de la abolición de controles fronterizos en Schengen, eso plantea problemas. Ahora bien, una cosa es que genere problemas y otra es que queramos restringir esa libertad para un tipo de personas que, además, tienen el derecho de asilo, que no puede significar la restricción de la libertad deambulatoria de las personas, salvo que se pacte con garantías. Pero de nuevo estamos ante una contradicción. Estamos diciendo que queremos un espacio de libertad, seguridad y justicia y luego, en realidad, sólo lo queremos para los propios europeos.
P. ¿Cuál hubiera sido, a su juicio, un acuerdo beneficioso para los migrantes, los refugiados y los países de la UE?
R. Yo creo que hay que reconocer que las condiciones políticas en el seno de la UE hoy hacen imposible lo que sería no ya deseable, sino necesario, es decir, una política europea común de asilo y una política migratoria común que no se centraran en el aspecto punitivo del castigo y la expulsión de los excedentes y sobrantes. Así le damos la razón al argumento de Zygmunt Bauman de que Europa ha creado una industria del deshecho humano, una fórmula brutal pero que, en el fondo, hay que pensar si no es eso lo que estamos haciendo. Queremos escoger y dejar fuera a todo lo que nos parece un deshecho. Las condiciones políticas reales hacen imposible una política migratoria común y una política de asilo común ambiciosas cuyo primer pilar sea otro modo de enfocar las relaciones internacionales para reducir la desigualdad y la ausencia de libertades en los países que generan flujos migratorios y, en segundo lugar, para establecer un sistema común de vías legales y seguras. Esos serían los dos objetivos. Pero entre eso y pactar unas soluciones que deliberadamente son ambigüas, que deliberadamente plantean un problema de preguntarse cuál es la garantía de derechos... Me parece lamentable que hayan ganado, nuevamente, los malos. Ya sé que esto no se debe decir porque no es verdad que sean malos, pero ha ganado la eurofobia frente al deseo de Europa. Han ganado los característicos eurófobos, es decir, sólo quieren Europa para que les den fondos, pero cuando tienen que portarse como socios europeos y asumir solidaridad han impuesto la voluntariedad, que es lo mismo que la ausencia de solidaridad.
El debate migratorio ha estado en el centro de la política europea en la última semana. Las decisiones de dos nuevos Gobiernos, el de Italia y el de España, lo han situado en el foco. Y lo han hecho por las decisiones tan distintas que adoptaron y que, de este modo, ejemplificaron la división de los países de la Unión Europea en esta materia. Aun así, en la noche de este jueves al viernes todos ellos alcanzaron un acuerdo en el que, en resumen, acordaron crear centros de migrantes dentro de la UE –tal y como propuso Sánchez tras la reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron– "sobre una base voluntaria" desde los cuales se podría reubicar a los beneficiarios de asilo en los países miembros que así lo acuerden, pero también de manera voluntaria.