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El ex consejero andaluz acusado de prevaricación se escuda en los técnicos

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Á.M.

Luciano Alonso, ex consejero andaluz con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, ex senador y ex parlamentario autonómico, se sentó este lunes ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acusado de prevaricación. Tres personas de su confianza fueron contratadas como directores de organismos públicos cuando Alonso era consejero de Cultura, sin que realizaran en realidad las tareas propias de esos cargos, según el TSJA. La Fiscalía solicita 14 años de inhabilitación para Alonso, que se ha defendido escudándose en los técnicos y alegando que su cometido como consejero no incluía estos contratos. El ex consejero ha dicho que nunca supo que las personas contratadas ocupaban formalmente cargos que en realidad no desempeñaban, ya que la contratación era una cuestión administrativa ajena a sus cometidos como consejero. Alonso dimitió como diputado autonómico en diciembre, tras producirse incluso un incumplimiento del código ético del PSOE.

A lo largo de su instrucción, el magistrado del TSJA Miguel Pasquau cuestionó tres nombramientos realizados cuando Alonso era consejero de Cultura: el de un director del Centro Andaluz del Flamenco y el de dos directores de la Filmoteca de Andalucía. Por ejemplo, Luis Guerrero fue designado director del Centro Andaluz del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y ocupó el cargo entre agosto de 2012 y junio de 2015, pero en realidad le fue encomendada "una tarea completamente ajena, [...] el impulso de determinadas actividades culturales en Málaga", según un auto de septiembre.

Luis Guerrero era "persona de confianza" de Alonso y, hasta su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, "personal eventual del Grupo Socialista de la Diputación de Málaga", según el auto. En su escrito de acusación, la Fiscalía recoge que "durante los casi tres años que Luis Guerrero percibió el sueldo presupuestariamente asignado al puesto, continuó residiendo en la ciudad de Málaga y ni siquiera visitó la sede oficial" del órgano que sobre el papel dirigía. Guerrero afirmó este lunes que ni siquiera sabía que era director del Centro Andaluz del Flamenco.

El juez también apuntó a dos nombramientos de directores de la Filmoteca de Andalucía, el de Alejandro J. Cárdenas (septiembre-diciembre de 2013) y el de María Centeno (diciembre de 2013-junio de 2015), hijos de la ex alcaldesa de Jaén y del ex alcalde de Genalguacil (Málaga), respectivamente. Según el auto de septiembre, el nombramiento de Cárdenas pretendía en realidad "aumentar la nómina de personal eventual para asesoramiento de confianza" en la consejería que dirigía Alonso. La Fiscalía, en su escrito de acusación, señala que cuando fue nombrado Cárdenas tenía 24 años y acababa de licenciarse en Derecho.

En cuanto a Centeno, tampoco ejerció realmente como directora de la Filmoteca de Andalucía, sino que se dedicó a la "preparación del anteproyecto de Ley Andaluza del Cine" y "al asesoramiento de la viceconsejera de Cultura", afirmaba el auto. Según Pasquau, esta forma de realizar nombramientos "puede constituir un deliberado torcimiento de la normativa". A María Centeno, señala la Fiscalía en su escrito de acusación, "se le comunicó que, a pesar de ostentar el cargo de directora de la Filmoteca de Andalucía y percibir el sueldo que a este puesto correspondía, no iba a desempeñar función alguna relacionada con el mismo, razón por la cual, durante el más de año y medio en que ocupó dicho cargo ni siquiera visitó la sede que la Filmoteca tiene en Córdoba, donde era totalmente desconocida".

Descartada la malversación

El auto de septiembre descartaba que hubiera malversación, porque el dinero sirvió para pagar trabajos efectivamente realizados en el ámbito de lo público. Las tres personas contratadas también fueron exculpadas durante la instrucción. Pero no Alonso, que en su defensa ha dicho este lunes que no intervino en el procedimiento administrativo para el nombramiento de Luis Guerrero, cuyo "encaje" como director del Centro Andaluz del Flamenco desconocía, puesto que de hecho no supo que ostentaba este cargo en "toda la legislatura", hasta que "salió en prensa".

Alonso negó tener una relación de amistad con cualquiera de las tres personas que lo asesoraban y afirmó que ninguno de ellos se ofreció para el puesto o realizó ninguna petición para acceder a estos cargos, sino que se les buscó. A Luis Guerrero lo conocía por sus referencias en el ámbito profesional y los otros dos surgieron "a propuesta de la Consejería", ha dicho.

"Cadena de confianza"

Alonso ha afirmado que no tiene conocimientos jurídicos y entre sus cometidos como consejero no se encuentra conocer al detalle la normativa de función pública. Según puntualizó, del expediente de estos nombramientos se encargaron los funcionarios de la secretaría técnica y de la Dirección General de Recursos Humanos. Sobre el director del Centro Andaluz del Flamenco, ha señalado que fue contratado como personal eventual de libre designación, en concepto de asesor de la Consejería sobre cultura para la provincia de Málaga ante la necesidad de reforzar esta área. No obstante, ha insistido en que él no intervino directamente en el expediente administrativo, un proceso que se llevó a cabo por los técnicos, en el marco de una "cadena de confianza" de las personas que se encargan de la materia y dentro de la "legitimidad de lo que ellos proponen", ha argumentado.

"Yo necesitaba un refuerzo en Málaga, pregunté si había un puesto de libre designación, me dijeron que sí; punto", ha relatado para describir que, dada la gran cantidad de trabajo que afronta un consejero y al no tener conocimientos en la materia, él no se encargaba de articular técnica, jurídica o administrativamente los nombramientos. A este respecto ha afirmado que no recibió ningún tipo de "alarma" por parte de los funcionarios, "ni interna ni externa", y que no supo que Luis Guerrero iba a ocupar el cargo de director del Centro Andaluz del Flamenco. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre los otros dos cargos, sobre los que tampoco recibió, según ha dicho, advertencia alguna.

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Un ex director dice que no sabía que lo era

Los tres ex cargos, Luis Guerrero, Alejandro J. Cárdenas y María Centeno, también han comparecido ante la sala. Sus declaraciones plantean incógnitas sobre la forma de funcionar de la Administración en relación con las contrataciones del personal de confianza de los políticos. Guerrero, que fue director del Centro Andaluz del Flamenco, ha afirmado ante los jueces que no supo que ostentaba ese cargo, porque siempre le hablaron como "asesor de cultura".

Cárdenas, en cambio, ha afirmado que él sí supo en calidad de qué fue contratado, aunque jamás estuvo en la sede del organismo que teóricamente dirigía. "Me dijeron que eran conforme a la ley y que no había problema", ha asegurado. María Centeno, que también fue directora de la Filmoteca de Andalucía, ha asegurado que sí conocía que fue nombrada para esta responsabilidad, lo cual le "pareció raro" porque su tarea era otra. Se le trasladó, ha dicho, que era "un procedimiento normal", ya que al ser un cargo eventual podía hacer otro tipo de trabajo.

Luciano Alonso, ex consejero andaluz con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, ex senador y ex parlamentario autonómico, se sentó este lunes ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acusado de prevaricación. Tres personas de su confianza fueron contratadas como directores de organismos públicos cuando Alonso era consejero de Cultura, sin que realizaran en realidad las tareas propias de esos cargos, según el TSJA. La Fiscalía solicita 14 años de inhabilitación para Alonso, que se ha defendido escudándose en los técnicos y alegando que su cometido como consejero no incluía estos contratos. El ex consejero ha dicho que nunca supo que las personas contratadas ocupaban formalmente cargos que en realidad no desempeñaban, ya que la contratación era una cuestión administrativa ajena a sus cometidos como consejero. Alonso dimitió como diputado autonómico en diciembre, tras producirse incluso un incumplimiento del código ético del PSOE.

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