Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha admitido este martes en el juicio por el procés en el Tribunal Supremo que la Generalitat de Cataluña pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", ha reconocido.
Así ha respondido este exalto funcionario a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal sobre la fiabilidad de los controles que se impusieron a los gastos autonómicos en Cataluña, que comenzaron en 2015 y llegaron a ser de carácter semanal en verano de 2017. Se trataba, según Martínez Rico, de un sistema de intervención común a todos que se realizan en diferentes organismos públicos y "persiguen hacer una certificación de gastos, pero no son la realidad material de los hechos", que es "más compleja", según ha señalado. "¿Una contratación irregular podría haber eludido el control?", le ha preguntado la fiscal, a lo que el funcionario, actualmente residente en Londres, ha respondido que siempre que sea contraria a las pautas de contratación del sector público se puede hablar de contratación irregular, sea esta certificada o no, y en este caso quedaría "fuera del margen de control".
Las inexactitudes se denunciaron a la Fiscalía
Pese a no recordar las certificaciones concretas referidas a determinados gastos realizadas por la Generalitat en relación con la empresa Unipost -donde la Guardia Civil se incautó de miles de tarjetas censales y cartas dirigidas a integrantes de mesas electorales para el referéndum del 1-O- este funcionario ha reconocido que otra cosa diferente es que la información que se remitía fuese completa y exacta.
"En muchos casos se consideró que era inexacta y se tomaron medidas, se denunció a la Fiscalía", ha explicado, en alusión a las siete denuncias que se remitieron desde Hacienda al Ministerio Público durante esos meses. Según este exmiembro del equipo de Montoro el Ministerio puso todos los instrumentos elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto en la Comunidad, aunque cosa diferente es que luego ello se ajustara o no a "la realidad material de los hechos".
Un guardia civil relata que los manifestantes trataron de sustraer a un detenido
Un guardia civil que participó en el registro de la Consejería de Exteriores de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017, ordenado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, en el marco de la investigación de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, ha relatado este martes en el juicio por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo que los manifestantes que se concentraron a las puertas de dicha sede trataron de sustraer a un detenido de la "cápsula de seguridad" habilitada para sacarle del edificio, llegando a golpear y romper los cristales del vehículo policial.
Así lo ha dicho el sargento durante su declaración como testigo en la que ha recordado que el propio detenido, el responsable del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Xavier Puig Farré, pidió "por favor" que le "sacasen de ahí", porque estaba viviendo un "capítulo de terror total". Asimismo, el testigo ha desvelado que la letrada de la Administración de Justicia –anteriormente denominada secretaria judicial– que formó parte de esa comitiva judicial sufrió también un episodio de acoso cuando se trató de evacuarla porque tenía que acudir a otro registro y preveía la posibilidad de que los concentrados entrasen en la Consejería, ya que, según ha dicho, el "ambiente estaba muy crispado".
"Empezaron a llover botellas de agua" y los "insultos y las amenazas de muerte eran ya algo suave con lo que estaba ocurriendo", ha narrado. "Los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo y la secretaria empezó a llorar (...) estaba horrorizada, con las manos en la cabeza", ha añadido.
El mismo testigo sitúa a Forcadell agitando "a la masa"
El agente de la Guardia Civil que ha comparecido como testigo este martes en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo ha situado a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la violenta salida de uno de los detenidos en los registros ordenados el 20 de septiembre de 2017 en diferentes organismos públicos de la Generalitat, concretamente en el realizado en la Consejería de Exteriores. "Iba en un coche oficial y movía la mano para agitar a la masa", ha señalado a preguntas del fiscal Javier Zaragoza.
La sorpresiva aparición de Forcadell en este episodio –que la acusada de rebelión ha escuchado negando con la cabeza en la silla que ocupa en la sala tras su abogada, Olga Arderiu– se ha producido al término del prolijo relato que este testigo ha realizado del registro en dicho departamento, que se centró en el despacho del que fuera responsable del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Xavier Puig Farré.
Según el agente, que participó en la entrada en la Consejería, la concentración que se generó ese día a las puertas del edificio empezó siendo lo que ha calificado de "normal", primero con funcionarios del departamento que seguidos de otros ciudadanos protestaban "con la libertad que tiene la población para expresarse". No obstante, la actuación concluyó en medio de un "capítulo de terror" con insultos, violencia, lanzamiento de botellas y el coche con el detenido en su interior zarandeado, golpeado y con los cristales rotos.
La evolución de la protesta en la calle fue tal, según este testigo, que le obligó –tras la negativa de auxilio de los Mossos d'Esquadra– a improvisar la creación de dos "cápsulas de seguridad" con los ocho agentes que integraban la comitiva judicial. Primero para sacar a la secretaria judicial y más tarde al detenido, que según el testigo casi llego a ser sustraído por los concentrados, que le agarraban violentamente por el cuello y la ropa.
Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante el mandato de Cristóbal Montoro, ha admitido este martes en el juicio por el procés en el Tribunal Supremo que la Generalitat de Cataluña pudo burlar el control que se le impuso en 2017 porque la certificación de gastos no tenía por qué ser "la realidad material de los hechos". Estos sistemas "llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen", ha reconocido.