"Un orden internacional de Estados soberanos e iguales al amparo de la Carta de las Naciones Unidas [...] no puede verse menoscabado por intentos privados de sustituirlo por un orden internacional gobernado por empresas transnacionales carentes de legitimidad democrática". Así de duro se muestra Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU, en un informe relativo a los acuerdos de libre comercio que presentará el próximo 26 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El documento fue presentado este jueves en el Parlamento Europeo por el propio De Zayas, doctor en Historia y en Derecho, y la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez. El informe del experto se refiere de forma genérica a "los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión" y libre comercio, pero también menciona expresamente el Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) que negocian actualmente la UE y EEUU y que, a juicio del experto de la ONU, sería uno de los acuerdos que podrían agravar "el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables".
Buena parte del informe elaborado por De Zayas gira en torno a la inclusión en los acuerdos de libre comercio de mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados –conocidos como ISDS, por sus siglas en inglés–, unos tribunales que, según aseguró el experto en la presentación, van "contra el derecho internacional". "Muchos observadores han expresado preocupación por ciertas sentencias arbitrales de solución de controversias entre inversores y Estados que en la práctica han invalidado el desempeño por el Estado de su función de regular las políticas nacionales en materia laboral, de salud y de medio ambiente", sostiene el documento sobre este tipo de cortes, que podrían acabar figurando dentro del texto del TTIP.
"Mantener el ISDS no es una opción"
En este sentido, De Zayas rechazó durante la presentación de su informe el cambio de posición de la Comisión Europea con respecto al ISDS, que cristalizó hace unas semanas en una propuesta formal en la que el Ejecutivo comunitario cedía a parte de las exigencias de los grupos contrarios al establecimiento de este tribunal pero no ponía en duda que su misión seguirá siendo dirimir conflictos entre empresas y Gobiernos al margen de la Justicia ordinaria. “Mantener el ISDS no es una opción, debería ser abolido como un sistema fallido y con un impacto adverso sobre los derechos humanos”, afirmó tajantemente el experto de la ONU.
Y es que la experiencia demuestra, según recoge el informe, que este tipo de cortes ponen "en entredicho" la "función reguladora de muchos Estados y su capacidad de legislar en interés del público". "Una de las principales amenazas a un orden internacional democrático y equitativo es el funcionamiento de tribunales arbitrales que actúan como si estuvieran por encima del régimen internacional de derechos humanos", sostiene De Zayas en el documento, que critica que estos mecanismos de resolución de disputas están compuestos por "árbitros mercantiles" que "no son los guardianes naturales del interés público, sino de los intereses comerciales".
“Tampoco es una opción la estrategia de la comisaria de Comercio Cecilia Malström de presentar un sistema de arbitraje alternativo al ISDS”, criticó De Zayas este jueves en referencia a la última oferta de la Comisión, que planteaba que el mecanismo estuviera compuesto por jueces y no por árbitros y que existiera un mecanismo de apelación a sus sentencias, también al margen de la Justicia ordinaria. “El problema es que la fundamentación de un sistema de arbitraje privado que esté por encima de la soberanía democrática de los Estados no es admisible, va contra el derecho internacional y la obligación ontológica de cada Estado de legislar y regular para el bienestar de su población”, señaló el experto.
Por ello, el informe pone en duda "la legitimidad de tribunales en los que el inversor puede demandar al Estado, pero no viceversa". "La experiencia demuestra que los árbitros interpretan los acuerdos internacionales de inversión sin limitaciones por lo que respecta a los derechos humanos o el medio ambiente. Sus procedimientos no son transparentes y ni siquiera se sabe cuántos procedimientos arbitrales han tenido lugar en realidad, porque la mayoría no se han publicado", critica el documento, que cita un informe de 2012 de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo para afirmar que una interpretación amplia de las atribuciones de un mecanismo ISDS "puede dar lugar a que se socave la legitimidad de la intervención del Estado con finalidades económicas, sociales, ambientales y otras finalidades de desarrollo”.
"Cabe subrayar que la posibilidad de que en un proceso de arbitraje se dicte sentencia a favor del Estado y contra el inversor no elimina el peligro ni legitima el modelo de solución de controversias entre inversores y Estados, ya que la mera amenaza de un proceso de este tipo ha disuadido incluso a Estados desarrollados como Canadá de adoptar legislación social", concluye el informe, que además sostiene que "los países en desarrollo son aun más vulnerables a la amenaza , ya que carecen de los recursos para defenderse contra grandes empresas transnacionales".
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Pero el informe no sólo critica los mecanismos de resolución de conflictos, sino las consecuencias económicas de los tratados. En este sentido, el documento recoge otro ejemplo negativo relativo a un tratado de libre comercio que involucra a Canadá: el que tiene firmado con México y EEUU, conocido como NAFTA, en sus siglas en inglés, que "ha dado lugar a la reubicación de industrias manufactureras, con la consecuencia de una pérdida de empleo en los EEUU (estimada en 850.000 puestos de trabajo) y la proliferación de los centros de montaje [...] en México, donde el costo de la mano de obra es inferior y la protección social está por debajo de las normas de la OIT".
Consecuencias similares, según De Zayas, podría traer la aprobación del TTIP para Europa. El experto de la ONU basa su afirmación en un estudio realizado por Jeronim Capaldo, profesor de la Universidad Tufts, que asegura que la firma del tratado provocaría la destrucción de 600.000 empleos sólo en la UE, y también cita al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para criticar "las previsiones sorprendentemente optimistas" sobre los acuerdos.
“Se ha demostrado que las proyecciones de diferentes instituciones se basan en el mismo modelo de equilibrio general computable que ha demostrado ser inadecuado como instrumento para el análisis de la política comercial", sostiene Capaldo, unas palabras recogidas en el informe del experto de la ONU. Por contra, aplicando el Modelo de Política Global de la ONU –una herramienta para investigar los efectos de determinadas políticas en la economía que la organización pone a disposición de los investigadores– este informe que recoge el documento de De Zayas asegura que el TTIP "llevará a una contracción del PIB, el ingreso personal y el empleo".
"Un orden internacional de Estados soberanos e iguales al amparo de la Carta de las Naciones Unidas [...] no puede verse menoscabado por intentos privados de sustituirlo por un orden internacional gobernado por empresas transnacionales carentes de legitimidad democrática". Así de duro se muestra Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU, en un informe relativo a los acuerdos de libre comercio que presentará el próximo 26 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas.