Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2115) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) fue arrestado esta mañana en la empresa familiar situada en el polígono industrial de esta localidad. Poco a poco se sucedieron las detenciones, hasta 24 (hay 29 imputados en total), en una macro redada anticorrupción ordenada por el juzgado de instrucción número de 18 de Valencia con el apoyo de ocho juzgados más. También interviene la Guardia Civil y dos fiscales anticorrupción: Vicente Torres y Pablo Ponce. De momento, se han bloqueado 252 corrientes y se han embargado 150 vehículos de alta gama. Y se han efectuado 33 registros simultáneos en empresas, domicilios particulares y sedes del Partido Popular como el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia.
La operación ha sido bautizada con el nombre de Taula, mesa en valenciano, y tiene su origen en el lápiz de memoria con diez horas de grabaciones que la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, aportó a la Fiscalía el 31 de julio de 2014. Un material altamente sensible sobre un presunta trama de comisiones entre 2004 y 2009 con la diputación de Valencia como epicentro. Y con un nombre clave: Marcos Benavent, exmano derecha de Rus (fue su concejal de Ferias en Xàtiva) y gerente de Impulso Económico Local (Imelsa), principal empresa pública de la Diputación, con un presupuesto anual de 25 millones.
Benavent llegó a estar huido durante meses y después ha colaborado con la investigación para disminuir el alcance de su pena con más de 30 horas de confesiones a la Guardia Civil y con dos discos duros que sustrajo de la sede de Imelsa antes de esfumarse en diciembre de 2014. Arrepentido, admitió haber creado en 2007 la empresa pantalla Berceo Mantenimiento, que con un único trabajador facturó 561.401€ entre julio de 2008 y enero de 2009. Y junto a una segunda firma, Spartaki Sinergies, también sin apenas plantilla, facturó servicios inexistentes a siete adjudicatarias de la Diputación: Ommega Mmoe SL, Excavaciones Jemar, Carsan Rent a Car S.A., Genius Sport, Forval CB, Carlady y Thematica Events.
Según el escrito de Esquerra Unida, una parte de las comisiones fraudulentas se destinaron a inmuebles. Al menos se gastó 1,1 millones en dos áticos en Xàbia y en una nave industrial. Pero las pesquisas judiciales, con el apoyo de Benavent, han ido aumentando el radio de acción de la supuesta trama hasta ensombrecer el grueso de la gestión de Alfonso Rus, en particular respecto a un puñado de concesiones no del todo claras como los 32 millones que en 2008 se adjudicaron para césped artificial en los polideportivos municipales a Hermanos Hermanos Doménech y Benigrass, sin experiencia en el sector y propiedad de Vicente Cuquerella, quien también cuenta con el 37,2% del número 102 de la calle Quart, sede del PP valenciano. Tampoco ha quedado bien explicado el destino de 38 millones en 2012 a Inelcom, empresa de Vicente Quilis, íntimo de Rus, para substituir bombillas convencionales por leds (bajo consumo). O los 12 millones, con un 100% de sobrecoste, que costó el techado de la plaza de toros de Xàtiva.
En el radio de acción de Barberá
Benavent no solo frecuentaba la Diputación, sino que, en el Ayuntamiento de Valencia, contaba con gente de confianza con la que, supuestamente, perpetrar mordidas. Entre ellas está María José Alcón, también detenida esta mañana. Alcón, exconcejal de Cultura, fue asesora de Barberá hasta la víspera de las elecciones locales, cuando fue cesada tras su implicación en proyectos bajo sospecha como la reforma de las Torres de Quart, la peatonalización del puente de Serranos, la Mostra de Cine de Valencia (uno de los contratistas era Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la entonces primera edil) y la adjudicación de espacio cultural y artístico La Rambleta. Alcón es la actual esposa de Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. Además, el cerco sobre Barberá, también alcanza a la imputación y detención de Mari Carmen García Fuster, histórica secretaria del grupo municipal del PP.
Entre los principales arrestados este martes también se encuentra Màximo Caturla, exvicepresidente de la diputacón y exgerente de Ciegsa, la empresa pública que construía las escuelas y cuyo sobrecoste alcanzó los 1.000 millones, según denunció la Generalitat Valenciana la semana pasada tras una auditoría llevada a cabo por la Intervención General. Asimismo, bajo custodia policial también han quedado Emilio Llopis, exmunícipe de Genovés y hombre muy cercano a Rus, y David Serra, exvicesecretario general del Partido Popular valenciano y también procesado en rama que investiga un supuesto delito fiscal y electoral asociado a la trama Gürtel. De hecho, entre los delitos que se investigan en la operación Taula se incluyen los de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), los registros y detenciones podrían extenderse durante las próximas 48 horas, ya que la causa sigue abierta y bajo secreto de sumario.
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Reacciones
Uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha acusado al PP de “actitud desleal con los valencianos” por “cobijar la corrupción durante mucho tiempo”. Puig ha definido al partido conservador “no como una manzana podrida sino un cesto que ha propiciado la podredumbre”. De manera similar se ha pronunciado la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, quien ha manifestado que el PP “no puede gobernar España” y ha admitido sentir vergüenza porque las noticias “de esta Comunitat siempre estén ligadas a la corrupción del PP”.
Por su parte, Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida, conocedora de los entresijos de la investigación, ha augurado “nuevas” y “destacadas” detenciones en el Ayuntamiento de Valencia. Y Carolina Punset, portavoz de Ciudadanos en Les Corts, ha descrito la operación como “la guinda del sumatorio de casos de corrupción de la mafia calabresa del PP”. Además, los arrestos han generado un profundo eco a nivel estatal. “El suma y sigue de corrupción el PP exige enviarles a la oposición”, ha escrito Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, en su cuenta de Twitter. Y desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado que la operación pueda afectar a las negociaciones de su formación para formar gobierno. Finalmente, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha suspendido de militancia a los detenidos esta mañana.
Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia (2007-2115) y exalcalde de Xàtiva (1995-2015) fue arrestado esta mañana en la empresa familiar situada en el polígono industrial de esta localidad. Poco a poco se sucedieron las detenciones, hasta 24 (hay 29 imputados en total), en una macro redada anticorrupción ordenada por el juzgado de instrucción número de 18 de Valencia con el apoyo de ocho juzgados más. También interviene la Guardia Civil y dos fiscales anticorrupción: Vicente Torres y Pablo Ponce. De momento, se han bloqueado 252 corrientes y se han embargado 150 vehículos de alta gama. Y se han efectuado 33 registros simultáneos en empresas, domicilios particulares y sedes del Partido Popular como el grupo municipal del Ayuntamiento de Valencia.