El Gobierno de Pedro Sánchez no llamará a consultas a su embajadora en Tel Aviv pese a las amenazas de la diplomacia israelí a España tras la decisión de reconocer a Palestina junto con Irlanda y Noruega. "Estamos en el año 2024. Se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a cambiar de religión ni amenazará nuestra existencia. Dañaremos a quien nos dañe", aseguró este lunes el ministro de Exteriores, Israel Katz, en una nota diplomática en la que prohíbe al Consulado de España en Jerusalén prestar servicios consulares a los palestinos en Cisjordania y carga contra las "declaraciones antisemitas odiosas e incitadoras" de altos cargos del Ejecutivo español. "Si esta política no se cumple, el ministerio no dudará en tomar más acciones", advierte.
Estos ataques han provocado que el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, haya pedido abiertamente la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y, en consecuencia, la retirada de la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Salomón. Aunque el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, celebró la decisión de España de reconocer formalmente a Palestina como Estado, incidió que ante el "crimen de guerra" de Israel en Rafah es necesario tomar más medidas. Con todo, el propio Urtasun admitía que la decisión de romper le corresponde tomarla al ministerio de Exteriores, liderado por José Manuel Albares, fuentes de la formación se mostraban convencidas de que terminarán rompiendo.
En Exteriores enfrían esa ruptura que también demandan otros socios parlamentarios del Gobierno, aunque Albares sí mostró su enfado por las palabras de Katz y el vídeo difundido por el Ejecutivo de Netanyahu, que presenta la decisión de España de reconocer a Palestina —al igual que la de Irlanda y Noruega— como un premio al terrorismo de Hamas. Para el jefe de la diplomacia española se trata de "provocaciones absolutamente injustificadas y absolutamente reprobables" en las que no quiere entrar porque su "objetivo" es "hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir un alto el fuego permanente".
Sin embargo, Albares tampoco cerró la puerta a que en un futuro haya una respuesta conjunta de los tres países. "En algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo a algo que no está dentro de la cortesía diplomática ni de los usos de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", afirmó esta lunes el ministro español tras reunirse con sus homólogos de Irlanda y Noruega. A juicio de voces de Sumar es llamativo que el ala socialista del Gobierno tenga "tantos reparos" en romper relaciones con Israel, especialmente "tras la masacre" de Rafah pero sí lo hiciera rápidamente cuando el presidente argentino, Javier Milei, insultó al presidente Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez.
La UE consensua convocar a Israel y se abre por primera vez a tomar medidas
Aunque Albares descartó por el momento romper con Israel, el Gobierno español sí logró que una petición conjunta de España e Irlanda haya sido respaldada por los 27 países miembros tres meses después de proponerla. En una carta remitida a la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, tanto Pedro Sánchez como su homólogo irlandés, pedían a Bruselas que analizara si el Gobierno de Netanyahu estaba cumpliendo con sus obligaciones respecto al Acuerdo de Asociación UE-Israel, ya que este se sustenta en el cumplimiento de los derechos humanos y los principios democráticos por ambas partes.
Este lunes, tras una reunión de los ministros de Exteriores de la UE y con las imagenes de Rafah presentes, se ha acordado convocar al país hebreo en el marco del Consejo de Asociación para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, tal y como había reclamado previamente Albares. Y, por primera vez, la UE abrió la puerta a tomar represalias contra Tel Aviv después del bombardeo de un campamento de desplazados en Rafah pese a la orden para que pusiera fin a su ofensiva militar.
El responsable de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell, fue el encargado de anunciar la decisión y recordó que las resoluciones de este tribunal son de obligado cumplimiento para todos los miembros de Naciones Unidas. A diferencia de otras ocasiones, tal y como destacó Borrell, la medida contó con la unanimidad necesaria para llevarse a cabo porque todos han presentado "graves preocupaciones" por la situación en Gaza, en palabras del Ministro de exteriores irlandés, Michael Martín.
La ruptura de relaciones, el embargo comercial o el apoyo a Sudáfrica: otros pasos que podría dar España
Fue en el año 1986 cuando Felipe González abrió oficialmente las relaciones con Israel. Lo hizo siete años después de que Adolfo Suárez se entrevistara con el líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, en la primera visita de este a un jefe de Gobierno occidental. Con la incorporación de España a la OTAN, el histórico líder del PSOE reconoció oficialmente al país hebreo para poder integrarse en la Unión Europea. Después de González, el resto de presidentes españoles también impulsaron las relaciones con el país, pero sin descuidar tampoco a Palestina en una suerte de equilibrio que les permitía no tomar partido.
Al igual que ocurrió con el caso argentino, el Gobierno tiene en su mano llamar a su embajadora en España y lo cierto es que este Gobierno ya ha vivido esas primeras tensiones diplomáticas. Tras el ataque de Hamás y la contraofensiva de Israel, la embajada del país hebreo en España pidió a Sánchez que condenara las declaraciones "absolutamente inmorales" y "vergonzosas" de "algunos miembros del Gobierno" sin especificar qué declaraciones ni qué miembros, aunque todo indicaba a que se refería a las palabras de las entonces ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. Poco después, el presidente cuestionó que Israel respetara el derecho internacional humanitario, lo que provocó que la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas, lo que supuso dejar vacante su representación diplomática. Volvió a principios de 2024 y hace escasos días se marchó de nuevo entre críticas al Ejecutivo de Sánchez.
El Ejecutivo español también tiene en su mano poner fin al comercio de armas con Israel —nuestro país compra más que vende—. Según se desprende del informe anual sobre exportación de armamento y tecnologías de uso militar elaborado por el Consejo de la UE, el Gobierno aprobó durante el pasado año 34 licencias de exportación de armamento y equipos militares a Israel por un total de 9.292.235 euros. Fue el sexto país de la UE, empatado con Italia, que destinó más recursos. En cuanto a las exportaciones, España destinó armamento por valor de 2,3 millones. El pasado mes de diciembre, después de que varios grupos solicitaran al Gobierno que decretara un embargo de las ventas de armamento, el ministro de Exteriores aseguró que no se había exportado material militar a dicho país desde el 7 de octubre.
Otra de las medidas que puede llevar a cabo nuestro país y que reclama también Sumar es sumarse a la ofensiva judicial impulsada por Sudáfrica, que el pasado 29 de diciembre demandó a Israel por vulnerar la Convención sobre el Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas o también seguir la estela de Irlanda para que Netanyahu responda ante la Fiscalía de Corte Penal Internacional. Fuentes del ministerio de Exteriores aclaran que, por el momento, lo único que está encima de la mesa es la celebración de una Conferencia de Paz.
El Gobierno de Pedro Sánchez no llamará a consultas a su embajadora en Tel Aviv pese a las amenazas de la diplomacia israelí a España tras la decisión de reconocer a Palestina junto con Irlanda y Noruega. "Estamos en el año 2024. Se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a cambiar de religión ni amenazará nuestra existencia. Dañaremos a quien nos dañe", aseguró este lunes el ministro de Exteriores, Israel Katz, en una nota diplomática en la que prohíbe al Consulado de España en Jerusalén prestar servicios consulares a los palestinos en Cisjordania y carga contra las "declaraciones antisemitas odiosas e incitadoras" de altos cargos del Ejecutivo español. "Si esta política no se cumple, el ministerio no dudará en tomar más acciones", advierte.