Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, promete "defender" la moción de censura impulsada por el PP, en Orihuela (Alicante) incluso "en los tribunales", para que "se pueda dejar al partido que ha sido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos que gobierne". Estas declaraciones del jefe del Consell, ayer jueves en Castellón, podrían pasar desapercibidas. Pero no. Era la primera vez que se pronunciaba abiertamente sobre la moción fallida de Orihuela. Moción que además está manchada de origen: la suscribieron cuatro imputados, un condenado en firme y dos considerados tránsfugas. Y eso que Fabra predica la doctrina anticorrupción, pese a tener una decena de acusados en Les Corts. El golpe del PP, sin embargo, no ha funcionado, porque la solicitud no cumplía los requisitos previstos en la Ley Electoral, que se blindó frente a casos de transfuguismo.
Orihuela (90.087 habitantes en 2012), sexta ciudad más grande de toda la comunidad y epicentro de la corrupción en la región, cambió de color con las municipales de 2011. Tras 25 años de gobiernos ininterrumpidos del PP, el bastón de mando pasó al verde Montserrate Guillén, en virtud de una inicial alianza de Los Verdes (tres ediles), PSPV-PSOE (seis concejales) y la coalición Centro Liberal Renovador-Claro (cuatro). Los 12 ediles conservadores, entre ellos la exalcaldesa Mónica Lorente, imputada por el caso Brugal y por las obras de una plaza que se adjudicaron después de su inauguración, pasaron a la oposición.
Pero fueron las tensiones en CLR-Claro las que hicieron ambicionar al PP la vuelta al Gobierno local. En noviembre de 2011, el grupo municipal, encabezado por Pedro Mancebo, expulsó a uno de sus concejales, Bob Houliston, presidente de Claro (Partido para Orihuela Costa, integrado por residentes extranjeros). Lo hizo ante las sospechas de que estaba "fraguando" una posible moción de censura con el PP. Houliston dijo entonces que aceptaba la decisión, aunque no la creía "justificada". Poco después, en febrero de 2012, dimitió como responsable de Costa, Playas y Residentes Internacionales, dejando en minoría al tripartito. Poco después, en julio Guillén retiró a Asunción Mayoral sus competencias por decisión del CLR. El pasado septiembre, Mancebo comunicó la expulsión de Mayoral del grupo municipal. A diferencia de Houliston, la edil rechazó la defenestración y la recurrió judicialmente. El pasado 31 de enero, Guillén comunicaba la decisión de Los Verdes y del PSPV de destituir al portavoz de CLR, lo que desencadenó la salida del grupo del Ejecutivo local. El tripartito se disolvía: se convertía en una alianza de socialistas y ecologistas (nueve actas) frente a una oposición de 16 ediles. En marzo, el partido CLR comunicó que echaba a Mayoral de sus filas.
Necesarias, 16 firmas, no 14
Con el verano, el PP oriolano calentó motores para una moción de censura. Primero, machacó con que la candidata a la Alcaldía tenía que ser Lorente, una opción a la que se oponía la dirección provincial y regional del PP, con el argumento de que quien encabezase la lista debía ser un edil no imputado. Los conservadores de la localidad, presididos por la también concejal Pepa Ferrando, se negaban a asumir esa directriz. "No tenemos candidatos de quita y pon", dijo a finales de julio. La moción nació muerta, porque uno de los ediles del PP, Antonio Rodríguez Barberá, se negó a firmarla por contravenir las condiciones establecidas por Fabra. "Estoy convencido de que ni encabezará la lista del Partido Popular, ni será propuesta. Ella es consciente de su situación", señaló el president el 29 de julio.
La situación interna se desencasquilló cuando el PP local cedió la cabeza de Lorente y bendijo que liderase la candidatura Ferrando. Así, el martes 6 de agosto, firmaron la moción de censura contra Guillén los 12 concejales del PP y los dos no adscritos, Houliston y Mayoral, expulsados del grupo CLR-Claro. Pero con eso no se abrillantaba del todo la operación. Porque, como recuerda el PSPV, la exregidora sigue imputada por la Brugal y por la adjudicación de las obras de la plaza de El Escorratell, pero también están imputados por varios delitos de corrupción los ediles David Costa, Araceli Vilella y José Manuel Cutillas. Otro más, Roberto López, fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Alicante el pasado febrero por una falta de lesiones y otra de amenazas a una mujer. Los jueces consideraron probado que la cogió por el cuello y le ocasionó varios moratones en una refriega en la que participaron varias personas, entre ellas su esposa, en medio de las fiestas de una pedanía de Orihuela. Los cinco ediles siguen ocupando sus actas.
El mismo 6 de agosto, el secretario general del Ayuntamiento, Virgilio Estremera, firma un informe en el que deja claro que la moción "no reúne los requisitos exigidos" en el artículo 197. 1 a) de la Ley Electoral. O sea, que no eran suficientes los 14 ediles firmantes. Y es que en la pasada legislatura los dos grandes partidos impulsaron la reforma de la norma para impedir más casos de transfuguismo, y para ello modificaron el citado artículo 197. ¿Cómo? Desde 2011, no basta con que suscriban la operación la mayoría absoluta de ediles –fijada, en el caso de Orihuela, en 13 concejales–. La ley dice ahora que si alguno de los proponentes de la moción ha formado parte del grupo municipal al que pertenece el alcalde o pertenece a un grupo distinto al que estaba adscrito al comienzo del mandato, entonces la mayoría absoluta exigida se verá "incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias". El secretario municipal, el facultado para acreditar que se cumplen todos los requisitos, consideró que tanto Houliston como Mayoral habían sido expulsados de CLR-Claro, por lo que se necesitaban no 14 rúbricas, sino 16.
El jefe del Consell censura la "ingobernabilidad" de la ciudad
Estremera, sin embargo, entendía que podían existir "incorrecciones procedimentales" en la expulsión de Mayoral puesto que el pleno del Ayuntamiento no pudo tomar en consideración su condición de edil no adscrita mediante un "acuerdo reglado". Esa fisura abierta que dejaba la diligencia del secretario hizo que el PP formalizase la presentación de la moción y la petición de un pleno para derrocar a Guillén el miércoles por la mañana. Y ahí el funcionario emitió una resolución más contundente: recordó que no se cumplen los requisitos legales, por lo que la Secretaría General "no va a proceder a la notificación de la convocatoria plenaria solicitada". Estremera tumbaba así la operación.
"En estos momentos hay una situación de ingobernabilidad en el Ayuntamiento de Orihuela y los partidos que componen el Gobierno tenían que ver que no vale quedarse en el gobierno a toda costa, porque los perjudicados son los ciudadanos de Orihuela", aseguró ayer Fabra en Castellón. "Lo que vamos a hacer es defender" la moción "en los tribunales", amplió, dando así cobertura clara a la opa de sus compañeros de partido. Estos, por su parte, no han desistido, y amenazan con retomar su propuesta a la vuelta del verano. Pero sólo podría triunfar si arrimasen a su ascua a los dos ediles que sí siguen en CLR-Claro: Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas. ¿Qué va a alegar el PP? ¿Considera ético hacerse con una alcaldía con el voto de cuatro imputados, un condenado y dos tránsfugas? No hubo forma de responder a estas cuestiones. "Nos remitimos a las palabras de Fabra", apuntaron lacónicas fuentes oficiales del partido en la Comunitat.
El PSOE, mientras, amenazó también con acudir a la Justicia si el PP –y singularmente su vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas– no impide la moción. Los socialistas irán a los tribunales "para desplegar todos los argumentos jurídicos necesarios de forma que se mantenga la legalidad establecida", señaló Gaspar Zarrías, secretario federal de Ciudades y Política Municipal. "Esto es una auténtica fechoría. Jurídicamente, la moción, con los dos tránsfugas de CLR, es ilegal, pero políticamente es impresentable. Hay varias sentencias claras en ese sentido que impiden mociones con el voto sólo de los tránsfugas", ampliaba, en declaraciones a infoLibre. El secretario municipal hacía de hecho referencia a la sentencia 90015/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que consideraba suficiente para paralizar una moción que alguno de los firmantes haya sido suspendido cautelarmente de militancia de su partido.
José Manuel Orengo, vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, calificó de "pataleta ridícula" el anuncio de Fabra. Orengo, que ha seguido muy de cerca los movimientos en Orihuela, insistía en que es "irrefutable" que Mayoral y Houliston son tránsfugas. Estremera señala en su diligencia que "no es posible decidir [...] si el complejo proceso de expulsión de Mayoral fue correcto", pero también advierte de que la concejala, aunque nunca reconoció que fuera no adscrita, "terminó usando las atribuciones" que el reglamento le confería: participó en comisiones, presentó iniciativas, intervino de forma separada a CLR-Claro, realizó preguntas... Asimismo, el recurso contencioso-administrativo presentado por Mayoral fracasó, y se le dijo que en todo caso debería emprender un procedimiento civil.
"Una sinvergonzonada y un fracaso"
Por medio se cruzó un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat requerido por el alcalde, Guillén, y emitido el pasado 13 de junio, al que Mayoral se agarró para afirmar que no había sido "expulsada" de su partido, CLR, ni de la coalición CLR-Claro. Ese hecho suponía abrir la posibilidad de negociar una moción con el PP. Ese informe requería que el pleno municipal tomase en consideración la expulsión de un edil mediante un acuerdo reglado y precisaba que cuando un concejal ya está como no adscrito por una circunstancia (salida decretada por su grupo, lo primero que le pasó a Mayoral) no es posible que sea de nuevo no adscrito por otra circunstancia (la marcha fulminante de Mayoral dictada por su formación, CLR).
Diligencia del secretario municipal de Orihuela a la moción de censura contra Montserrate Guillén (PDF, 06/08/2013)
"Las palabras de Fabra son una sinvergonzonada y un fracaso. La única opción que tiene es que los dos ediles de CLR le apoyen. Todo lo demás es hacer el imbécil y el ridículo. Y además, esa moción es inmoral porque está apoyado por menuda tropa. Lo que molesta al PP es un Gobierno como el de Orihuela que limpia. El presidente debe preocuparse por pagar lo que debe y no por meterse en fregados que huelen mal, y el de Orihuela huele muy mal", sentenciaba Orengo. La ciudad, capital de la comarca de la Vega Baja, ha visto cómo cuatro de sus siete alcaldes han sido imputados por corrupción, y dos de ellos (Luis Fernando Cartagena y José Manuel Medina), condenados. Guillén es el único regidor no salpicado desde 1986, cuando los conservadores se hicieron con el poder.
El cargo regional del PSOE y la primera teniente de alcalde de la ciudad, la socialista Antonia Moreno, denuncian la "hipocresía ya no creíble" del jefe del Consell, que habla de "limpieza" y luego mantiene "imputados", como los que se sientan en Les Corts, la exalcaldesa Mónica Lorente (diputada provincial de Ciclo Hídrico) o la regidora de Alicante, Sonia Castedo. Pero Moreno no tiene tan claro que el Ejecutivo local se vaya a mantener hasta 2015. "En Orihuela, todo es posible por dinero. Si el CLR apoya finalmente una moción con el PP, es que habrá negocio, porque el odio entre ellos es terrible. La pregunta sería cuál es la cifra". La concejala se remite a un dato demoledor: según un estudio reciente, el coste de la corrupción en la ciudad alcanza "los 500 millones de euros". "El saqueo a las arcas públicas ha sido mayor que en Marbella en estos 20 años".
Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, promete "defender" la moción de censura impulsada por el PP, en Orihuela (Alicante) incluso "en los tribunales", para que "se pueda dejar al partido que ha sido respaldado mayoritariamente por los ciudadanos que gobierne". Estas declaraciones del jefe del Consell, ayer jueves en Castellón, podrían pasar desapercibidas. Pero no. Era la primera vez que se pronunciaba abiertamente sobre la moción fallida de Orihuela. Moción que además está manchada de origen: la suscribieron cuatro imputados, un condenado en firme y dos considerados tránsfugas. Y eso que Fabra predica la doctrina anticorrupción, pese a tener una decena de acusados en Les Corts. El golpe del PP, sin embargo, no ha funcionado, porque la solicitud no cumplía los requisitos previstos en la Ley Electoral, que se blindó frente a casos de transfuguismo.