"En 20 años nunca he visto una actuación tan torpe, Díez Picazo tendría que dimitir". Quien así se pronuncia es Joaquín Giménez, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde febrero. Giménez es uno de los juristas que, destinados durante buena parte de su carrera en el alto tribunal y cuya opinión ha sondeado infoLibre, subrayan lo inédito del comportamiento del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo. Todos los consultados coinciden en que su decisión de propiciar una rectificación a contrarreloj justo tras la sentencia que obligaba a la banca a asumir el impuesto de las hipotecas carece de precedente. "La doctrina –recalca otro magistrado emérito que pide no ser identificado– no es inamovible, pero lo que no se puede hacer es cambiarla como consecuencia inmediata de una sentencia que acaba de dictarse".
Y si la meteórica convocatoria del pleno desencadenó una profunda crisis de confianza en la institución, ahora se ha visto agravada por el modo en que Díez-Picazo condujo el pleno de la Sala que este martes, tras dos días de deliberación y por 15 votos a 13, revocó la nueva doctrina para endosar otra vez a los clientes el pago del tributo.
Pero ni el presidente de la Sala de lo Contencioso ni su mentor Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, parecen dispuestos a asumir responsabilidades. Hace diez días, Lesmes pidió disculpas por la "deficiente gestión" del asunto y sostuvo que la idea de que el pleno convocado por Díez-Picazo buscaba dejar en papel mojado la nueva doctrina era una "percepción" errónea. Este miércoles, Lesmes atribuyó en cambio lo sucedido a la "falta de claridad" en la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados. Y dejó a los periodistas con la palabra en la boca cuando uno de ellos le preguntó si se planteaba dimitir.
El Supremo, coinciden las fuentes consultadas tras el episodio del pleno de las hipotecas, ya había modificado su doctrina sobre distintas materias en otras ocasiones. Pero de lo que no hay antecedente conocido, sostienen los juristas, es en que un presidente de Sala avoque a pleno la competencia para resolver sobre determinados recursos nada más conocerse una resolución –en este caso tres, la cifra a partir de la cual el criterio seguido adquiere la condición de jurisprudencia– dictada sobre la misma materia. Eso –dijo este miércoles durante una entrevista en Onda Cero el también magistrado emérito Rafael Fernández Montalvo– "es indefendible".
Una situación "insostenible"
Fernández Montalvo, que define la vía elegida por Díez Picazo como "un camino tortuoso" que ha llevado al tribunal a una situación "insostenible para mantener su prestigio", presidió la Sección Segunda de la Sala Tercera hasta 2015. Es decir, la misma sección que el 16 de octubre le había dado la razón al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid al resolver que son las entidades financieras y no los clientes las que deben asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. En su opinión, no obstante, el reproche mayor lo merecen los partidos políticos por no haber cambiado la ley.
"Por supuesto –razona el exmagistrado de lo Penal Joaquín Giménez– que se puede cambiar la jurisprudencia pero lo que ha hecho Díez-Picazo es poner el carro delante de los bueyes. Si no sabía que la sección segunda iba a debatir unos recursos que podían implicar un cambio de doctrina, falta gravemente a sus obligaciones como presidente de la Sala; y si lo sabía pero no convocó el pleno tras la admisión de los recursos porque no lo consideró importante, no puede ahora rasgarse las vestiduras".
Todo lo que ha pasado, concluye Giménez, denota "o un nivel de ignorancia que le hace incompetente para el cargo o un nivel de despreocupación que le hace igualmente incompetente". Díez-Picazo, enfatiza Giménez, "tendría que dimitir". ¿Y Lesmes? "Es –responde– quien le propuso. Díez-Picazo salió elegido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el apoyo de Lesmes. Había mucho interés en que [José Manuel] Sieira no siguiera siendo el presidente de la Sala Tercera, que es la encargada de resolver los recursos contra las decisiones del CGPJ". El mandato de Lesmes expira en diciembre, aunque su duración efectiva dependerá de cuánto tarden los partidos políticos en pactar quiénes van a ocupar en la nueva etapa los 21 asientos del órgano de gobierno de los jueces: 20 vocales y el presidente, que a su vez ostenta la presidencia del Tribunal Supremo.
Un tercer magistrado que pide expresamente no ser identificado abunda en la misma idea de cómo Díez-Picazo invirtió lo que habría sido el orden –sustancial aquí– correcto: encomendar –avocar– al pleno la competencia para resolver sobre los recursos formulados por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por cuanto cabía la posibilidad de que la sección segunda imprimera un giro drástico a la jurisprudencia vigente. Aunque, a través de su entorno, el presidente de lo Contencioso difundió en los primeros momentos una versión según la cual ignoraba que la sección segunda estuviera a punto de darle la vuelta el impuesto de actos jurídicos en lo que a las hipotecas concierne, lo cierto es que él mismo firmó en enero el auto de admisión de los recursos del Ayuntamiento de Rivas.
Ese tercer magistrado hace memoria de su larga experiencia en el Supremo y reafirma la inexistencia de casos anteriores: "No hay precedente de una reacción tan súbita y mucho menos de que se convoque un pleno bajo el argumento de la 'enorme repercusión social y económica' generada por una sentencia".
La posición "autoritaria" de Díez-Picazo
Un cuarto jurista, también vinculado durante lustros al alto tribunal, insiste en la misma idea. Y añade un elemento adicional para el reproche: que, tras dos días de intensísimo debate entre los 28 magistrados que acudieron al pleno –hubo tres ausencias– y con la sala fracturada por la mitad, Díez-Picazo nunca debió utilizar su voto para "inclinar la balanza" hacia el platillo que "desautorizaba a la sección segunda", la que dictó las sentencias de Rivas-Vaciamadrid. "Lo que tenía que haber hecho es prolongar el debate, sobre todo porque diez magistrados acababan de pedir la palabra, en lugar de decantarse por la posición autoritaria que mantuvo".
En opinión de la fuente, resulta "jurídicamente injustificado" que Díez-Picazo "sostuviera una interpretación jurídica, en la dirección de que era el banco el que debía pagar" y que la cambiase cuando se abrió paso el debate sobre la retroactividad aplicable. Eso –acusa el jurista– "pone de relieve sus escasas dotes para dirigir el debate". Que estuviera a punto de producirse un empate –concluye– solo constata "la complejidad" del asunto sujeto a discusión, con lo que interrumpir de manera abrupta las intervenciones y someter el dictamen a votación constituía la única solución indeseable.
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¿Debería haberse abstenido Díez-Picazo en ese pleno por el hecho de que, durante seis cursos y hasta 2017, impartiera clases en Cunef, el centro universitario propiedad de la patronal española de banca, la AEB? La fuente, muy cualificada y que continúa adscrita al ámbito jurídico, prefiere no pronunciarse.
Sí lo ha hecho ya Podemos, cuya querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso fue inadmitida de plano por el Supremo la semana pasada y que sostiene que ese vínculo con Cunef pudo "conducir al magistrado querellado" a avocar al pleno los recursos pendientes sobre el impuesto de las hipotecas. Tras el rechazo, el partido de Pablo Iglesias recurrirá en súplica ante el Supremo y se declara decidido a llevar el caso "hasta el Tribunal de Estrasburgo", aseguran los dirigentes consultados.
En medio de este clima de sospecha general sobre la capacidad real del Supremo para sustraerse a las presiones de la banca, las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) reprocharon este martes tanto al presidente del tribunal como a los magistrados de la Sala de Contencioso la forma de gestionar la resolución de los recursos. El laberinto en que aparece enredado el Supremo arroja "dudas razonables" sobre la independencia del alto tribunal. Las dos asociaciones creen que la elección por el CGPJ de los presidentes de las Salas del Tribunal Supremo y demás órganos colegiados, "está viciada de base". El argumento: que su nombramiento se rige no tanto por criterios de mérito y capacidad como por "afinidad ideológica o afinidad personal". El martes, Juezas y Jueces para la Democracia ya pidió la inmediata dimisión de Lesmes y Díez-Picazo.
"En 20 años nunca he visto una actuación tan torpe, Díez Picazo tendría que dimitir". Quien así se pronuncia es Joaquín Giménez, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde febrero. Giménez es uno de los juristas que, destinados durante buena parte de su carrera en el alto tribunal y cuya opinión ha sondeado infoLibre, subrayan lo inédito del comportamiento del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez-Picazo. Todos los consultados coinciden en que su decisión de propiciar una rectificación a contrarreloj justo tras la sentencia que obligaba a la banca a asumir el impuesto de las hipotecas carece de precedente. "La doctrina –recalca otro magistrado emérito que pide no ser identificado– no es inamovible, pero lo que no se puede hacer es cambiarla como consecuencia inmediata de una sentencia que acaba de dictarse".