El PP dio este martes un paso al frente y, empujado por la iglesia y los empresarios que demandan trabajadores extranjeros, y se sumó a la apertura de un debate en el Congreso de los Diputados para abrir la puerta a una regularización de migrantes. Será, si llega a materializarse, la primera que tenga lugar en España desde 2005.
La formación de Alberto Núñez Feijóo no ha dado detalles de hasta dónde están dispuestos a llegar, pero su líder, en una entrevista radiofónica, prometió abiertamente “una solución” para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país.
“Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”, señaló.
La actitud del PP de Feijóo, que hasta ahora nunca se había manifestado a favor de una regularización, facilitó que este martes el Congreso diese luz verde a la tramitación de una iniciativa legislativa popular que persigue precisamente solucionar el problema en el que viven decenas de miles de extranjeros en España. Aunque su voto no era necesario, porque la propuesta solamente contó con la oposición de la extrema derecha de Vox.
Un consenso insólito e inesperado, al tratarse de un asunto que divide a PSOE y PP desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, y que abre al mismo tiempo una brecha profunda entre la derecha de Feijóo y los ultras de Santiago Abascal.
Cerrar las fronteras y expulsar a todos los migrantes, tengan o no arraigo y empleo, es una de las principales señas de identidad de Vox desde su creación y un objetivo que la extrema derecha trasladó a sus acuerdos de gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. Los ultras planean hacer de este asunto uno de los ejes de su oferta electoral en las europeas de junio, especialmente ahora que el PP parece dispuesto a apoyar una regularización.
Que viene la yihad
Lo dejó claro la diputada ultra Rocío de Meer, que en el debate en el Congreso reprochó a los promotores de la iniciativa, entre los que están organizaciones sociales de la iglesia católica, pensar “que las naciones son una cosa facha”.
La extrema derecha se opone a la regulación con el argumento de que quieren que “España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal”. E insiste en relacionar a los migrantes con la delincuencia en general y la violencia sexual en particular. Son personas que viven en “la precariedad, en la pobreza, en las economías sumergidas, pidiendo en los semáforos durante diez años sin otro futuro y sin otro recorrido”.
Todos los partidos e incluso la Iglesia, acusó, son culpables de una situación que pone en peligro la cultura, modo de vida, costumbres y la “visión sobre el bien y el mal” de los españoles. “Si importas 200.000 nigerianos de uno de los países más inseguros y donde más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad aquí. Y ustedes no quieren traer 200.000. Han dicho que quieren traer a siete millones de personas de estos países”, proclamó De Meer. “Cambiarán nuestros barrios y nuestra configuración social y política”, profetizó.
La portavoz del PP en materia de migraciones, Sofía Acedo, rehuyó el debate con sus socios en comunidades y ayuntamientos y se limitó a anticipar que el PP daría “salida a esta toma en consideración”, pero únicamente “para que se aborde con responsabilidad”. Y solo “porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los migrantes nos lo han pedido”, así como “los empleadores que necesitan, imperiosamente, mano de obra”.
En todo caso, advirtió, el PP se reserva su posición final a la espera de que el debate saque a la luz “la población objetiva que, a día de la fecha, se encuentra en una irregularidad sobrevenida en nuestro país” y que, asegura, el Gobierno “oculta para esconder su fracaso” en materia de migraciones.
El problema, en todo caso, acusó Acedo, es culpa del Ejecutivo. Sea por “la entrada por vías irregulares, por pérdida del permiso de trabajo por una penalización, por exceso de burocracia, por las dilaciones en los procedimientos administrativos como consecuencia del abandono al que tiene sometido el Gobierno a las oficinas de extranjería o por no haber sido beneficiario de la protección internacional solicitada”.
Regularización sí; expulsiones, también
La toma en consideración abre el debate para determinar las condiciones concretas en las que se puede acceder a un permiso de trabajo y residencia y viceversa, pero debe incluir también, advirtió, el abordaje de los mecanismos de expulsión cuyos expedientes “el Gobierno no está ejecutando”. “No sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegadas acaban siendo homologadas a través de los procedimientos extraordinarios de regularización”, remarcó. “No pueden contraponer permanentemente el necesario y exigido control de nuestras fronteras con el respeto a los derechos humanos”.
Según Feijóo, “es evidente que tenemos un problema de trato con los migrantes sin papeles en nuestro país, pero también tenemos un problema de que España en este momento es el mayor coladero de las mafias que impulsan a los migrantes a llegar de forma ilegal a las costas españolas. Y el problema es encontrar el justo término”.
El resultado de la votación arrojó un consenso poco frecuente estos días en el Congreso: 310 votos a favor (incluido el PP) y 33 en contra (únicamente los de Vox).
La posición fijada por el PP en torno a esta regulación cambia, de forma inesperada, el rumbo fijado durante la etapa de Pablo Casado como presidente del partido, contrario radicalmente a lo que llamaba despectivamente una política de “papeles para todos”.
De hecho, en el programa con el que Feijóo se presentó a las elecciones el pasado 23 de julio no hay ni rastro de propuesta de regularización alguna y sí, en cambio, numerosas medidas dirigidas a reforzar el control de las fronteras y a expulsar extranjeros en situación irregular.
Si el actual presidente del PP acaba sumándose a este intento de regularización, no hará otra cosa que seguir el camino que ya transitó José María Aznar, que cuando era el líder de la oposición apoyó la segunda regularización impulsada por Felipe González, en abril de 1991.
El entonces diputado del PP Javier Rupérez, respaldó entonces una “interpretación favorable a los derechos del extranjero, a sentimientos y a realidades de solidaridad, a una comunidad nacional comprensiva y compasiva”. Ante la “vecindad africana” no cabía “construir un espíritu de barrera”. “Ni por razones prácticas, ni por razones teóricas, ni por razones de filosofía o de creencias”, añadía, defendiendo “una pedagogía antirracista, antixenófoba, integradora y generosa”.
Las regularizaciones de Aznar
Ya como presidente, Aznar no hizo nada por derogar ni frenar el reglamento de extranjería redactado por los socialistas y que dio lugar a miles de regularizaciones. Y en el año 2000 aprobó la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España que establecía como condiciones para la regularización estar en España desde antes del 1 de junio de 1999, haber tenido algún permiso desde 1986 o ser familiar de los solicitantes. Un real decreto permitió revaluar solicitudes con criterios más flexibles de los que se beneficiaron casi 200.000 personas.
El reglamento de extranjería de 2001 fue parte esencial de la cobertura a una nueva regularización ese año, que ponía como requisitos estar en España desde antes del 23 de enero de aquel año, haberse incorporado al mercado de trabajo y vínculos familiares con extranjeros legales o con españoles. Por esta vía lograron regularizar su situación más de 230.000 migrantes.
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Con Aznar en la oposición o en La Moncloa la inmigración no llegó a ser objeto de refriega política de primera línea. Actuó con criterios economicistas y abrió la mano a las regulaciones. No recibió por ello críticas ni se le acusó de repartir “papeles para todos”.
Lo que sí creció durante los ocho años de Aznar fue la bolsa de inmigración de irregular, al menos 700.000, según desveló a su llegada al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que cambió a partir de entonces fue la posición del PP. Ya con Mariano Rajoy como líder de la oposición, la derecha colocó la inmigración en el centro del debate y el PP la convirtió en arma de oposición.
Rajoy empezó el mismo 2004 a exigir mayor control sobre la inmigración. A juicio del dirigente conservador, la política de Zapatero al respecto era “un disparate” y se opuso a la regularización aprobada por su Gobierno.
El PP dio este martes un paso al frente y, empujado por la iglesia y los empresarios que demandan trabajadores extranjeros, y se sumó a la apertura de un debate en el Congreso de los Diputados para abrir la puerta a una regularización de migrantes. Será, si llega a materializarse, la primera que tenga lugar en España desde 2005.